Hoy Americo Villarreal Santiago,alias «Ameriquin y/o Ameriking», hijo consentido del gobernador de Morena multiacusado en EE.UU, Americo Villarreal Anaya, presumió con bombo y platillo su “Maestría en Desarrollo de Políticas Públicas en Materia de Seguridad”, como si un título impreso borrara de golpe todas las historias de extorsión, tráfico de influencias y ligas con el crimen organizado que lo persiguen con nombre y apellido desde el inicio del gobierno en Tamaulipas.
No se debe perder de vista que la citada Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT) ,que hasta hace poco operaba bajo la responsabilidad de un expresidiario del penal de Tamatan,enclaustrado casi dos años,pertenece a la misma estructura gubernamental que encabeza su padre,aun en libertad.
Aqui la escena no solo huele a conflicto de interés: huele a sumisión institucional, a trámite con apellido y a una “ceremonia académica” convertida en acto de complicidad política. Cuando la universidad que debería resguardar el mérito termina prestándose para legitimar al hijo del poder, ya no entrega un título: entrega una foto útil para la propaganda.
Porque, de pronto, el personaje multiseñalado en una reciente trama de extorsión, en la que incluso la víctima también señala a su madre, Ma. Santiago de Villarreal.
Aqui aparece disfrazado de estudiante ejemplar, junto a Juan Carlos Soto Garcia director académico de la Universidad de Seguridad y Justicia, como si la foto con sonrisa forzada fuera un certificado de honestidad.
Habla de “recorrer el territorio y escuchar a la gente”, pero en Tamaulipas todo mundo sabe que el territorio no se recorre, se administra: se reparten plazas , contratos y favores. La “gente” nunca es la ciudadanía, son los mismos grupos de siempre, los que hacen fila para recibir impunidad a cambio de lealtad. Eso no es servicio público, es control político.
La publicación intenta vender la idea de que estudiar equivale automáticamente a servir mejor. Pero aquí la “preparación permanente” suena más a blindaje académico: acumular diplomas para decorar el currículum mientras las acusaciones de extorsión se acumulan en la realidad. No se trata de tomar mejores decisiones, sino de construir un relato donde el hijo del gobernador se vea serio, responsable y técnico… aunque el expediente político-criminal diga otra cosa.
Agradece a maestros y autoridades universitarias como si fueran aval moral, pero esa foto no limpia nada. Que lo feliciten en la universidad del gobierno no borra las sospechas de que el verdadero mérito del alumno es llevar el apellido correcto, no el promedio más alto. El título colgado en la pared no es un compromiso con los ciudadanos; es un escudo para cuando llegue la crítica, la investigación o la denuncia.
“Porque la preparación nunca termina cuando el objetivo es servir mejor”, remata. Y sí, la preparación nunca termina… sobre todo cuando el objetivo real es seguir acomodando la familia en puestos, contratos, candidaturas y maestrías hechas a la medida.
La farsa no está en el papel membretado, está en el intento de convertir a un personaje señalado por extorsión en modelo de servicio público, usando la universidad como escenografía y la foto como coartada.
La fiscal de la Republica Ernestina Godoy nos ofreció en su habitual articulo de opinión para El Universal, un texto que, en apariencia, advierte sobre los riesgos de la inteligencia artificial, pero en el fondo repite una vieja estrategia del poder: convertir un problema real en pretexto para ampliar el control.
Sí, la trata de personas existe. Sí, es brutal. Sí, la tecnología puede facilitarla. Hasta ahí, nadie discute. El problema empieza cuando el argumento salta —sin escalas y sin evidencia concreta— de “hay riesgos” a “necesitamos intervenir más en lo que la gente hace en internet”. Ese salto es el truco.
Porque si algo hace el texto es construir un clima de alarma. La IA “probablemente el desarrollo más trascendente”, “influye en nuestras acciones”, “puede identificar vulnerables”, “relaciones afectivas simuladas”… Todo cierto en abstracto, pero presentado como si estuviéramos a un clic de un apocalipsis digital donde cualquier interacción termina en trata. Es una exageración funcional: infla el miedo para legitimar la vigilancia.
Luego aparece el encuadre político. No es casual que se mencione el debate abierto por la presidenta sobre redes sociales y jóvenes. Ahí está el corazón del asunto: no es solo seguridad, es regulación del discurso y del comportamiento digital, envuelto en una causa moralmente incuestionable: proteger a las infancias. Porque, claro, ¿quién se atrevería a oponerse a eso?
El texto también desliza otro sesgo: el tecnológico-determinista. Se sugiere que la IA es casi un agente autónomo que “facilita” el delito, cuando en realidad los problemas estructurales de la trata —pobreza, impunidad, corrupción, redes criminales toleradas— apenas se mencionan. Es más cómodo culpar al algoritmo que explicar por qué, con o sin IA, México sigue siendo terreno fértil para estas redes.
Y aquí viene la omisión más reveladora: no hay una sola línea sobre resultados. La Fiscalía presume unidades, nombres largos y burocráticamente impresionantes —Unidad de Investigaciones Cibernéticas, Fevimtra— pero no ofrece datos duros. ¿Cuántas redes desmanteladas? ¿Cuántas víctimas rescatadas gracias a estas herramientas? ¿Cuántas sentencias? La retórica institucional sustituye a la rendición de cuentas.
También hay una apropiación conveniente del discurso internacional. La ONU menciona riesgos de la IA en la trata, cierto, pero el texto lo usa como aval automático para políticas internas que no se explicitan. Es el clásico “lo dice la ONU” como argumento de autoridad, sin detallar qué medidas específicas se justifican ni cuáles serían sus límites.
Asi lo cita la Fiscal de FGR:
«La Inteligencia Artificial (IA) representa, probablemente, el desarrollo tecnológico más trascendente de nuestro tiempo. Su propósito es intervenir en muchas de las tareas que tradicionalmente realizan las personas para facilitar su realización. Pero el verdadero reto está en comprender qué podrá ocurrir cuando estos sistemas se integren cada vez más en la sociedad, influyan en nuestras acciones y en la manera en que nos relacionamos unos con otros.
Recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abrió un debate sobre el uso que niñas, niños, adolescentes y jóvenes hacen de las redes sociales; es una polémica que involucra a toda la sociedad, por tanto también atañe a la Fiscalía General de la República pues las herramientas de IA están siendo utilizadas para facilitar conductas delictivas como la trata de personas, uno de los delitos que más vulnera la dignidad humana.
La trata consiste en captar, enganchar, trasladar, retener o recibir personas con fines de explotación, mediante engaño, violencia, amenazas o el abuso de una situación de vulnerabilidad. Puede manifestarse como la explotación sexual, el trabajo o los servicios forzados, la esclavitud, la mendicidad forzada, el matrimonio o el embarazo forzados, la utilización de personas en actividades delictivas, así como el tráfico de órganos, tejidos y células, entre otras previstas por nuestra legislación.
Como la IA procesa enormes cantidades de información provenientes de nuestra actividad cotidiana en el entorno digital, esta puede ser usada para convertirse en una herramienta a fin de que redes criminales identifiquen y seleccionen a personas en situación de vulnerabilidad. Hoy, la suplantación de identidad, la generación de imágenes o voces falsas, así como la creación de ofertas de empleo aparentemente legítimas pueden ser mecanismos de engaño cada vez más sofisticados; lo mismo pasa con relaciones afectivas simuladas que terminan siendo la puerta de entrada a la privación de la libertad y de ahí, a las distintas formas de explotación.
Por ello, en la Fiscalía General de la República la protección de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas es una tarea de Estado que nos exige comprender cómo evolucionan la tecnología y también las formas de operar de la delincuencia. En la Agencia de Investigación Criminal, contamos con la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas, especializada en el análisis de evidencia digital y el combate a las redes criminales que operan en el entorno digital. Por su parte, en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), trabajamos para que las víctimas reciban una atención integral y especializada colocando siempre en el centro la dignidad y los derechos de las personas.
Este año la Organización de las Naciones Unidas, en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, puso énfasis en el uso de la inteligencia artificial para facilitar la captación de víctimas; se trata pues de un reto global.
En la FGR asumimos la responsabilidad de participar activamente en esta lucha, fortaleciendo nuestras capacidades institucionales en favor de la Ley y del pueblo de México.
En resumen, el artículo no propone soluciones concretas, no presenta evidencia verificable y no distingue entre prevención legítima y potencial censura. Lo que sí hace, con bastante eficacia, es preparar el terreno narrativo: si mañana hay más control sobre redes, más monitoreo o más restricciones, ya quedó instalado el marco moral para aceptarlo.
Porque en política, como aquí se sugiere entre líneas, el miedo bien administrado es más útil que cualquier dato.
Con información: ELUNIVERSAL+/ERNESTINA GODOY/FISCAL DE LA FGR
No es lo mismo regar gasolina que regar el discurso, pero este gobierno ya hizo ciencia: convirtió una narcorrefinería en “centro de procesamiento” con solo chasquear los dedos semánticos.
En el nuevo diccionario de la 4T, ya no hay huachicol, hay “procesamiento alternativo de hidrocarburos”; ya no hay refinerías clandestinas, hay “centros de procesamiento”, casi casi parques industriales temáticos.
La presidenta Sheinbaum nos dice no es escándalo, es un simple “centro de procesamiento de combustible”, como Dos Bocas… nada más que éste sí procesa algo y no costó un mundo en propaganda.
La historia oficial suena así: la Guardia Nacional vivió años pared con pared con el negocito de huachicol, pero se dio cuenta apenas “hace poquito”, como vecino que descubre en 2026 que junto a su casa hay un Oxxo. Y para rematar, desde el púlpito presidencial se nos sermonea que criticar eso es “desinformar”, porque una refinería “de verdad” lleva procesos muy complejos… no como este changarro, que apenas si calificaba para maquilita de combustibles pirata.
La escena es surreal: mientras el gabinete de seguridad se cuelga la medalla por “descubrir” lo que tenían enfrente, la narrativa oficial se dedica a pulir el eufemismo, no los datos. Hoy el crimen organizado no monta refinerías ilegales, invierte en “centros de procesamiento” con nombre de proyecto federal y vista panorámica a la Guardia Nacional.
Y si alguien se atreve a señalar la contradicción, la respuesta es sencilla: no confunda, ciudadano, refinería es lo que presume el gobierno; lo demás, aunque huela, parezca y funcione como refinería, es solo semántica… procesada.
Mientras el Gobierno federal o bajo la responsabilidad de la Presidenta Claudia Sheinbaum , presume “estabilidad” en las finanzas públicas, la deuda sigue creciendo como si tuviera autopista libre y sin caseta.
Al cierre de junio de 2026, la deuda bruta del sector público federal ya rondó los 20.35 billones de pesos, equivalente a 54.8% del PIB, cuando al cierre de 2025 estaba en 54.2%. Traducido al idioma que sí entiende la gente: el país no está desendeudándose; está viviendo del fiado y además a plazos cada vez más incómodos.
Lo que no quieren decir tan fuerte
Hacienda puede repetir que México todavía está por debajo del famoso umbral de 60% del PIB, pero ese argumento suena bonito solo si se ignora la letra chiquita: México recauda muy poco, crece poco y gasta con una rigidez que no perdona. Como advirtió Fausto Hernández Trillo, comparar a México con países europeos que sí recaudan 40% del PIB es hacer trampa con calculadora ajena; aquí el margen fiscal es mucho más estrecho.
El problema de fondo
El asunto no es solo cuánto debe México, sino para qué se endeuda y si esa deuda produce crecimiento.
Si el dinero se va a cubrir huecos, sostener gasto corriente o tapar ineficiencias, la deuda deja de ser una palanca y se convierte en una muleta cara; y mientras la economía siga creciendo a paso de tortuga, cada peso prestado pesa más. Fitch ya advirtió que un incremento acelerado de la deuda, un fracaso en la consolidación fiscal o un choque económico fuerte pueden presionar la calificación soberana.
La bronca real para el bolsillo
Cuando la deuda sube sin que la economía acelere, el mercado empieza a cobrar más caro el riesgo. Eso significa más presión sobre tasas, menos espacio para inversión pública y, en el peor escenario, la amenaza de perder grado de inversión, lo que encarece el crédito para gobierno, empresas y familias. En pocas palabras: si el gobierno sigue festejando estabilidad mientras el pasivo se infla, la factura no la paga el discurso; la paga el contribuyente.
En México, el crimen organizado autorizado ya no se conforma con ordeñar ductos: ahora refina. Evoluciona, se moderniza, diversifica. Mientras tanto, el Estado… matiza.
Porque no, dice el poder, no son “refinerías clandestinas”; son “centros de procesamiento”. Una precisión técnica que suena más a control de daños semántico que a estrategia de seguridad. Como si cambiarle el nombre al problema redujera su tamaño, o su peligrosidad.
La realidad es más incómoda: los grupos criminales,como el Cartel del Golfo que goza de la protección oficial el Gobierno de Morena de Americo Villarreal,quien ha sido su socio desde 2022, no solo contrabandea o roba combustible, lo industrializan.
Montan complejos con capacidad de procesar millones de litros, operan a escasos kilómetros de instalaciones oficiales militares y desaparecen sin dejar detenidos, pero eso sí, con todo el equipo asegurado para la foto. Una eficiencia quirúrgica… pero solo en el decomiso.
El mensaje es brutalmente claro: cuando el delito no se castiga, se perfecciona. Pasa de la toma clandestina rudimentaria a la torre de destilación; del bidón improvisado al mercado negro con cadena de suministro. Y todo, en un entorno donde comprar una “minirrefinería” en internet es tan sencillo como adquirir maquinaria agrícola. Legal, importable, ensamblable. Casi un emprendimiento, si no fuera porque está sostenido por el saqueo.
El problema ya no es solo el huachicol. Es la capacidad del crimen para escalar mientras la respuesta institucional se queda en el discurso, en la clasificación terminológica y en operativos que aseguran fierros, pero absolutamente ninguno fiero al actuar de manera sesgada en su combate.
Un análisis de los golpes más significativos asestados por las fuerzas federales entre 2019 y 2026 revela un patrón de sofisticación técnica y logística que se extiende por al menos seis estados del país.
El más reciente registro ocurrió el pasado 24 de julio en Reynosa, Tamaulipas, donde las autoridades desmantelaron dos instalaciones mayores: la principal, ubicada en la Brecha El Becerro, que operaba a sólo 1.5 kilómetros de un cuartel de la Guardia Nacional.
En este sitio se incautó la cifra récord de 3 millones 769 mil 500 litros de hidrocarburo.
La otra planta «huachirefineria» se ubicaba en un predio alterno de la misma ciudad. Ahí se aseguraron 109 mil 400 litros de hidrocarburo.
A raíz de este caso, en conferencia de prensa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló el pasado viernes que las refinerías clandestinas incautadas por huachicol, como la de Reynosa, Tamaulipas, no se pueden denominar como tal, sino como centros de procesamiento.
“No son refinerías, son algunos centros de procesamiento, es muy distinto a una refinería, que lleva procesos bastante complejos”, explicó la Mandataria federal.
De patios a centros de refinación
Pero los aseguramientos de infraestructura para refinar combustible a pequeña escala no son nuevos. Existen reportes que datan desde 2022.
El 8 de septiembre de 2022 se tiene reporte del aseguramiento de una destilería ilegal en un predio rural colindante con Michoacán, con 85 mil litros de crudo y gasolinas. El lugar se ubicaba en un área rural de Degollado, Jalisco.
El 14 de mayo de 2023 se ubicó un patio de almacenamiento y destilación artesanal en un parque industrial ejidal, donde se recuperaron 120 mil litros de hidrocarburo robado en el municipio de García, en Nuevo León.
El 18 de junio de 2025, autoridades federales aseguraron en Coatzacoalcos, Veracruz, una instalación empleada como refinería a pequeña escala, con equipo capaz de separar combustibles y tuberías para su traslado, todo ello sin cumplir con las normas de seguridad para el manejo de estas sustancias ni contar con los permisos.
Al dar a conocer un primer balance del operativo en ese lugar, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que la planta era capaz de producir diesel artesanal o alternativo, nafta ligera o solventes y aceites tratados o combustóleo ligero, que operaba sin permisos y representaba un riesgo para los ecosistemas locales.
El 30 de septiembre de 2025, en San Juan del Río, Querétaro, se localizó un centro de procesamiento y destilación que operaba oculto bajo la fachada de una planta de reciclaje (el volumen incautado no fue especificado debido al estado del procesamiento).
Mientras que el 5 de noviembre de 2025, el gobierno federal desmanteló una minirrefinería en una zona ejidal aledaña con 250 mil de diesel y crudo listos para su comercialización.
Este cambio de estrategia delincuencial ha permitido a los criminales montar torres de destilación en zonas industriales o ejidos apartados. Las organizaciones delictivas logran limpiar el crudo extraído de los ductos de Pemex y convertirlo en diesel y gasolinas de bajo octanaje. Estas actividades frecuentemente se camuflan detrás de negocios legítimos de reciclaje, pensiones de tráileres o chatarreras para justificar el flujo constante de camiones cisterna.
Los datos públicos señalan que antes de 2022, los grupos criminales no procesaban ni refinaban a los niveles que se registran actualmente: los operativos en los años previos se concentraban principalmente en la distribución masiva, es el caso de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo (21 de noviembre de 2021), donde se desmanteló un centro de almacenamiento y rebombeo en la localidad de Almoloya con 56 mil litros. Asimismo, meses después de la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo (12 de marzo de 2019), se aseguró un predio despoblado con 40 mil litros de gasolina ya refinada.
El mercado en internet y el vacío legal: refinerías en un clic
La proliferación de estos complejos está ligada a la apertura de un mercado en la web que vende dicha infraestructura a la vista todos y no ha sido regulada.
Investigaciones periodísticas de EL UNIVERSAL revelaron que plataformas globales de comercio electrónico —como el consorcio chino Alibaba Group— ofertan catálogos de minirrefinerías de petróleo con columnas de destilación cuyos precios oscilan entre los 2 mil 500 y los 700 mil dólares, dependiendo de su escala y capacidad de producción.
El vacío legal en la Ley de Hidrocarburos mexicana y la falta de regulación permiten la compra de estas instalaciones sin ninguna consecuencia legal.
La legislación vigente regula la construcción y la operación de refinerías en términos generales, pero no contempla las dimensiones de una minirrefinería ni restringe la compra, importación o transportación de estas maquinarias industriales en las aduanas.
Al no ser catalogadas como armas o sustancias prohibidas, los grupos delictivos aprovechan su capacidad económica para importarlas desarmadas de forma legal, requiriendo apenas unos días para montarlas y dejarlas operando en la clandestinidad.
Expertos de seguridad que omitieron dar su nombre indican que no está prohibido adquirir la infraestructura de una minirrefinería. “Si tienes, por ejemplo, 40 mil dólares la pagas, la mandan por barco desarmada, tarda en llegar entre mes y medio a cuatro meses, obviamente en aduanas ven los tubos, llega al domicilio con liberación aduanal… Ya si la pueden montar es problema del comprador y no se cae en ningún delito”.
El doctor Gabriel Vera, investigador en Ciencias Químicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que no es difícil comprar las plantas de refinación que se venden en Alibaba.com y otras plataformas, y puntualizó que en otros países no hay restricciones para la adquisición y operación de este tipo de minirrefinerías.
“Mucho depende de la capacidad de producción que quieran, pero una minirrefinería básica se encuentra en 2 mil 500 dólares y una más grande, entre 40 mil y 80 mil dólares”, argumentó.
El investigador precisó que para la instalación se necesitan ingenieros en petroquímica, “así como comprar la planta y uno sólo ponerse a operar, porque (..) leer el manual es imposible”.
Lo que la federación no ha logrado fortalecer, es la capacidad de inteligencia en los decomisos de minirrefinerías, pues en todos los casos, los aseguramientos materiales se ejecutan en predios abandonados y bajo la constante de cero personas detenidas.
Al final lo que queda es una constante: instalaciones desmanteladas, millones de litros incautados… y cero detenidos. Un modelo de combate al crimen donde el único que no evoluciona es el castigo.
Y así, entre eufemismos oficiales y vacíos legales, el crimen organizado no solo le gana terreno al Estado: le copia la lógica industrial. Produce, distribuye y reinvierte. Con la diferencia de que, a ellos, nadie parece estorbarles demasiado.
