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lunes, 11 de mayo de 2026

LA "VIDA y OBRA de ROCHA MOYA: NARCOGOBERNADOR NUNCA IMAGINÓ que PASARIA a la HISTORIA por ser QUIEN es y NO lo que PARECIA SER"...una copia al carbon de Americo Villarreal y el resto.


Nunca imaginó Rubén Rocha Moya que pasaría a la historia como personero de uno de los momentos más oprobiosos de la vida política de Sinaloa y México de finales del siglo XX y principios del siglo XXI.

La impronta de narcogobierno quedará atada a su gestión de Gobernador por verse obligado el primero de mayo de 2026 a pedir permiso del cargo (que quizá sea definitivo), a raíz de la solicitud de detención con propósito de extradición del 28 de abril que envió al gobierno mexicano la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York a través del Departamento de Estado.

Son requeridos también nueve personajes ligados a su grupo cercano y colaboradores: Enrique Inzunza Cázarez (senador y ex Secretario de Gobierno), Juan de Dios Gámez Mendívil (Alcalde de Culiacán), Enrique Díaz Vega (ex Secretario de Administración y finanzas), Gerardo Mérida Sánchez (ex Secretario de Seguridad pública), Dámaso Castro Saavedra (vicefiscal de Sinaloa) y los mandos policiacos Marco Antonio Almanza AvilésAlberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito.

Conozco a Rubén Rocha desde hace medio siglo, militamos juntos en el Partido Comunista Mexicano (PCM) y en un tiempo trabajé con él a mediados de los noventa, cuando fue Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y con el tiempo tuvimos contactos esporádicos que pueden calificarse de lazos amistosos, pero no tuvimos coincidencia política. Incluso trabajamos como asesores del Gobernador Jesús Aguilar Padilla (2005-2010).

Es alguien sin vicios, extrovertido, dicharachero, confianzudo y de buen trato. Por supuesto que no deseo que le vaya mal y no recitaré en este artículo las atrocidades que le imputan y los señalamientos que está recibiendo en los medios y círculos políticos. Me propongo reflexionar sobre su situación a partir del problema del mal radical y la culpa que Kant asocia a la atrofia del juicio que distorsiona el sentido de lo que está bien y mal en un individuo por priorizar el interés personal, una corrupción de la voluntad como pareciera ser el caso suyo. Por ello, me formulo tres preguntas básicas.

¿Quién es Rubén Rocha Moya y cómo llegó a Gobernador de Sinaloa? ¿Por qué cayó en ese precipicio político? ¿Podrá salir de esta crisis?

Nacido en Batequitas, Badiraguato, en 1949, con 76 años en la actualidad, Rocha epitomiza una trayectoria política desde muy abajo de la escala social hasta la mayor responsabilidad política de Sinaloa, producto de una voluntad de poder muy empeñosa y verse favorecido por la fortuna, pues no estamos ante un hombre de proyectos sociales, sino ante un buscador de poder por el poder mismo.

De niño cursó la primaria en la escuela «Justo Sierra», en Pericos, cerca de su pueblo natal, y de ahí realizó de un tirón secundaria y normal básica en la Normal Rural «Plutarco Elías Calles» (El Quinto), en Sonora, y la preparatoria en la escuela «Cultural México» en Ciudad Obregón.

En sus primeros pasos en política como estudiante y luego como docente fue militante de grupos de izquierda radical antidemocrática; luego, al ingresar a la UAS como profesor y luego director de la preparatoria Guamúchil, en 1973, se identificó con grupos antisindicalistas y seguidores del Rector Arturo Campos Román (1973-1977) asociado a uno de los momentos de mayor corrupción y caos político en esa institución.

En 1977 se incorporó como docente a la Preparatoria Salvador Allende, en Culiacán, y en un proceso de «rectificación» de grupos radicales, se incorporó al Sindicato de Profesores e Investigadores de la UAS (SPIUAS) e ingresó al PCM.

Por su evidente carisma, fue dirigente sindical hasta ocupar la secretaría general, formando desde ahí su propio grupo «tercerista» en las filas del PCM. Fue diputado plurinominal del Partido Socialista Unificado de México (PSUM, originado desde el PCM) de 1983 a 1986. En ese último año, fue candidato a Gobernador por una alianza de izquierda: el PSUM, Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores) y la Corriente Socialista, obteniendo menos de dos por ciento de los votos.

Entre 1987 y 1989 obtuvo la maestría en educación por la Universidad Autónoma de Querétaro. Luego, después de deslindarse del PSUM, fue secretario general de la UAS en el rectorado de David Moreno Lizárraga(1989-1993) de la Corriente Socialista; a medio periodo fue destituido por Moreno, regresando con sus antiguos compañeros del PSUM para arribar a la Rectoría de la UAS (1993-1997), donde dejó de militar en algún partido. Durante su gestión, intentó de manera infructuosa encarcelar a Moreno y enfrentó al grupo que lo llevó a la Rectoría para controlar al sindicato universitario e imponer sucesor.

Ya jubilado de la UAS, en 1998, después de generar un fuerte divisionismo en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y apoyado por el líder de ese partido, Andrés Manuel López Obrador, fue por segunda ocasión candidato a Gobernador en alianza con el PVEM (Partido Verde Ecologista de México) y el Partido del Trabajo (PT), logrando cerca de 20 por ciento de los votos.

Pasado el proceso electoral, cursó en 2000-2004 el doctorado en Ciencias Sociales en la UAS. Desde ese tiempo surgió un «nuevo Rocha», como él mismo acostumbraba a decir. Trabajó como asesor en gobiernos priistas de Sinaloa: Juan Millán (1999-2004), Jesús Aguilar (2005-2010) y dos años con Quirino Ordaz (2017-2021). También tuvo varios cargos menores en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) en la Ciudad de México, tiempo en el que cursó la licenciatura en derecho en la UNAM.

En 2018 llegó a senador por Morena y ya en el cargo se afilió a ese partido. Fue hasta 2021 un senador de fuerte presencia mediática, se mostró como gran parlamentario y orador. En este mismo año, en su tercer intento, ganó la elección a Gobernador. En ese momento, su grupo histórico no era mayor de una docena de amigos de toda la vida. 

Hasta antes de la gubernatura, Rocha seguía siendo un hombre austero, recatado personalmente, no hacía alarde de voracidad por hacer dinero que si fue ostensible en Melesio Cuén. Por eso su esposa Socorro le decía que era un «persignado» y Jorge Medina lo apodaba «el padrecito Rocha». No obstante, era algo egocéntrico; alguien dijo que si Rocha iba a un entierro era capaz de llevar su propio muerto.

La vida fue generosa con él, pues llegó a Gobernador a los 72 años de edad, habían pasado 35 años después de su primer intento y 22 del segundo. En su larga experiencia previa podemos encontrar elementos que nos expliquen por qué terminó como terminó.

En el trayecto al poder hubo dos etapas muy claras en su forma de operar políticamente. Hasta 1999 fue un militante de izquierda y siempre lo caracterizó un estilo pragmático, divisionista, que se conoce como realpolitik. Cuando tenía poder siempre atacaba a sus antiguos aliados, para ejercerlo de manera vertical y lograr mayor poderío. En la segunda etapa, de 2000 a 2021, fue un burócrata disciplinado al poder de Mandatarios priistas y luego senador disciplinado a la nomenklatura de Morena. La simbiosis de ambas experiencias definiría un estilo de gobernar que lo condujo hasta su debacle. 

De su paso por la izquierda retomó en la gubernatura su estilo golpeador, pues recién ungido se deshizo de su principal aliado, el ex Rector de la UAS y líder del Partido Sinaloense, que fue su Secretario de Salud, además cooptó a los funcionarios administrativos y electos de ese partido. Acto seguido logró que el Congreso local desaforara a los tres principales Presidentes Municipales que le habían disputado la candidatura de Morena a Gobernador: Luis Guillermo «El Químico» Benítez, de Mazatlán; Jesús Estrada Ferreiro, de Culiacán, y Gerardo Vargas Landeros, de Ahome, alterando con ello los arreglos que esos personajes tenían con el «bajo mundo».

Colonizó al Poder Legislativo y Judicial. Combatió a los medios de comunicación, entró en conflicto con grupos de derechos humanos, feministasbuscadoras de desaparecidos y los partidos de Oposición. Se sintió invencible. Intentó infructuosamente en 2024-2025 destruir políticamente al grupo dominante de la UAS y encarcelar a sus principales autoridades, que gobernaban bajo la égida de Cuén desde 2005. Esta manera de ejercer el poder lo desgastó fuertemente y, ante la rampante violencia inseguridad del estado, su figura era cada vez menos respetada por la ciudadanía.

De sus enseñanzas en el actuar en las estructuras de poder vertical del priismo y Morena, practicó la férrea disciplina al jefe superior, en su caso a AMLO y luego a Claudia Sheinbaum. Y exigía lo mismo con sus subordinados. Su «pecado original» como Gobernador inició desde su campaña paralela a la de AMLO, quien estaba convencido que para ganar la Presidencia de la República en el tercer intento (también era el tercero de Rocha) necesitaba dinero y se propuso conseguirlo donde lo hubiera, y lo sacó concertando alianzas con grupos no convencionales para financiar a Morena: huachicoleroscárteles y el gran capital. Rocha fue un alfil de AMLO y, según la información de autoridades estadounidenses y revelaciones de investigaciones periodísticas, fue el operador de su alianza con el Cártel de Sinaloa con todas las consecuencias que de ello emanan: la exigencia de participar en el Gobierno, negocios turbios, tener cobertura policiaca para sus operaciones e impunidad. Bajo la estrategia de «abrazos, no balazos», la narcopolítica se «naturalizó «en varios estados, Sinaloa entre ellos. Pero tanto va el cántaro al agua, que se rompe. 

El jueves 25 de julio de 2024, en la Finca San Julián del fraccionamiento campestre Huertos del Pedregal, en CuliacánJoaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, y agentes de la DEA, secuestraron a Ismael «El Mayo» Zambada y lo llevaron al aeropuerto de Santa Teresa, cerca de El Paso, Texas, de donde fue remitido para ser juzgado al Distrito Este de Nueva York (Brooklyn). En el lugar del secuestro fue asesinado, entre otros, Héctor Melesio Cuén. La Fiscalía estatal pretendió encubrir el crimen como si hubiese sido un asalto letal, pero pronto, por una carta pública de Zambada, del 10 de agosto de 2024, se supo que fue un «montaje».

Rocha fue inodado por el capo, que se llamó estafado y reveló que se le citó a esa reunión con el señuelo de que estaría Rocha para tratar el conflicto de la UAS, donde el capo tenía mando bajo la sombra. Tanto Cuén como el Mayo cayeron redonditos en la trampa que les tendieron, quizá con la anuencia de la Presidencia de la República.

Ante el escándalo, Rocha argumentó que había viajado ese día a Estados Unidos, pero nunca lo comprobó fehacientemente. La Fiscalía General de la República atrajo el expediente, sin abrirle carpeta de investigación a Rocha. A partir de ese affaire se desató una guerra sangrienta entre el grupo de «Los Chapitos» y el hijo del Mayo Zambada, intensificándose la violencia en el estado que, de acuerdo a Adrián López Ortiz, director de Noroeste, del 9 de septiembre de 2024 al 4 de mayo de 2026, se refleja en 2 mil 188 homicidios dolosos, 3 mil 821 desapariciones, 10 mil 938 autos robados y 3 mil 531 detenidos.

A medida que la violencia se recrudecía, los medios nacionales e internacionales pusieron el ojo en Rocha; se especulaba con su posible renuncia, pero pudo continuar en el cargo gracias al control corporativo que fue logrando Morena en más de siete años de Gobierno y «engallado» intentó dejar como sucesor a su pariente Enrique Inzunza o a su ahijado Juan de Dios Gámez que están en la lista para ser extraditados. 

Los operadores de las alianzas de Morena con el narco gozaron de impunidad hasta que llegó Donald Trump en su segundo mandato como Presidente de Estados Unidos en enero de 2025 y «mando a parar»*. Declaró a los cárteles como grupos terroristas y a sus aliados como objetivo de la justicia estadounidense. Desde ese momento, la suerte de Rocha estaba echada, tarde o temprano irían tras él, lo que ocurrió el 28 de abril de 2026, que lo obligó a separarse del cargo, al igual que Juan de Dios Gámez, Alcalde de Culiacán.

La Presidenta Claudia Sheinbaum trata hasta hoy el caso como un asunto de Estado. Se ha negado a obsequiar las detenciones solicitadas con propósitos de extradición de Rocha y los nueve señalados, y Morena y el statu quo cierran filas con ellos considerándolos chivos expiatorios del intervencionismo gringo, ensayando un conjunto de argucias legales y políticas que tensarán gravosamente la relación de México con Estados Unidos. Al margen del desenlace que tenga el conflicto, el grupo de Rocha está periclitando aceleradamente en la historia sinaloense y junto al líder, decenas, o quizá cientos de carreras políticas irán al «basurero de la historia» de Sinaloa.

Muchos de sus recientes compañeros de viaje brincan por la borda como las ratas cuando se hunde el barco.  En la UAS, Rocha no dejó a su grupo en el poder porque nunca tuvo un proyecto universitario; fue un Rector incrementalista moderado de la estrategia de universidad crítica, pergeñada en los rectorados de Eduardo Franco (1977-1981) y Jorge Medina Viedas (1981-1985). Gobernó con un pragmatismo excesivo, que se apegaba a la normatividad sólo cuando le convenía, pero fue un buen Rector a secas.

Los graves conflictos que provocó los superó por un clima de impunidad que le permitía la autonomía de la UAS y la política de no intervención que tenían los gobiernos priistas frente a la institución, después del gran fracaso que tuvieron en 1966-1973 al intentar ceñirla a sus dictados. Asimismo, esos conflictos fueron subsumidos en un ambiente de mayor pluralidad interna que creaba pesos y contrapesos efectivos. Al salir de Rector quedó proscrito y el rochismo desapareció en la UAS.  

Pero esa cultura de golpeteo político la retomó como Mandatario estatal y fue un factor determinante de su ruina. Al asumir la gubernatura en diciembre de 2021 las luces brillaban en su horizonte; por su gran votación de 56.6 por ciento del total (al margen del apoyo recibido del Cártel de Sinaloa), una amplia experiencia política, administrativa, académica e intelectual, pero sobre todo por el abierto apoyo del Presidente, Andrés Manuel López Obrador. Lamentablemente carecía de un proyecto específico para los grandes retos de Sinaloa, que vivía desde hace más de dos décadas un grave atraso económico.

Simplemente se concretó a «aterrizar la 4T en Sinaloa», es decir, impulsar los programas sociales y realizar lo poco con lo que quedara de presupuesto. Soslayó que Sinaloa estaba urgido de salir de un atraso económico que no le permitía, por ejemplo, superar los niveles de hace tres décadas de la participación de Sinaloa en el PIB nacional de 2.1 por ciento. 

En lugar de un robusto proyecto de Gobierno con vistas a futuro, se abocó a colocar a sus incondicionales, parientes y amigos en el Congreso localPresidencias Municipales, dependencias gubernamentales, el Poder Judicial, las Policías, al margen de perfiles idóneos. Habilitó a sus hijos, junto con Enrique Inzunza, como los principales operadores y lobistas de la política estatal. Tornó más mediocre de lo que era la gestión pública de Sinaloa. Además, la mayor parte de los sectores productivos de Sinaloa, con excepción del turismo en Mazatlán, resultaron dañados por el clima de inseguridad violencia que sentó sus reales en la entidad. En este contexto irrumpe la embestida de Trump.  

Rocha deja a un Sinaloa peor de como lo recibió. Su infortunio será una delicia para los historiadores tradicionales que gustan de relatos anecdóticos de escándalos y tragedias de los personajes famosos. Pasará a los anales de la historia local como uno de los tres Gobernadores que no terminaron su gestión desde la segunda posguerra, junto a Rodolfo T. Loaiza (1941-1944) y Enrique Pérez Arce (1951-1952). Pero lo más lamentable es que él y Héctor Melesio Cuén, también Rector de la UAS (2005-2009), aparecerán como personajes patéticos, aventureros, que persiguieron el poder a toda costa y mostraron que estaba envenenada la placenta política de una UAS aparentemente democrática de donde emergieron. Dejan tras de sí, una estela de oprobio.

Su presunta conversión en socio del Cártel de Sinaloa patentiza una descomposición moral, en un contexto descivilizatorio de Sinaloa que, de acuerdo a Norbert Elías, ocurre cuando los mecanismos institucionales del control social se quebrantan y la psicología de autocontrol personal se rompe. Por ello, individuos como Rocha terminan rompiendo límites morales, porque se sienten impunes y naturalizan realizar actos de maldad. Hemos visto aquí, que su experiencia como político universitario fue un condicionante de su metamorfosis, de luchador de izquierda a narcopolítico a las órdenes de AMLO.

Los ensayos académicos que en el futuro se publiquen sobre este tiempo sinaloense, tendrán como palabras clave algunas de éstas: MéxicoSinaloaMorenaUAScártelescaposnarcopolíticacorrupciónnepotismoimpunidadlavado de dineroenriquecimiento ilícitotrumpismo, y otras similares. 

DINAMISMO FRENADO

La Administración del hoy Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos de vínculos con el crimen organizado, sumió a Sinaloa en una crisis de violencia que ha impactado prácticamente todos los rubros de la economía local.

En los últimos años, el estado ha registrado caídas en materia de inversión empleo, ha sufrido el cierre de empresas y hoy se encuentra en la mira de calificadoras, lo que podría endurecer las condiciones de crédito.

En 2021, cuando el morenista llegó al Gobierno local, Sinaloa registraba 556 homicidios dolosos, pero en los siguientes años, la cifra aumentó sistemáticamente hasta llegar a mil 355 en 2025, es decir, 3.7 diarios, un incremento de más de 143 por ciento.

Los secuestros se dispararon 120 por ciento en el mismo periodo, los robos en más del 54 por ciento y las extorsiones en más del 70 por ciento.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la cifra alcanzada por el Gobierno de Rocha Moya en homicidios dolosos es la más alta registrada en la entidad en la última década.

Además, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, desde el inicio de su Administración, el 1 de noviembre de 2021, hasta el día que pidió licencia al cargo, el 1 de mayo pasado, en el estado se registraron 2 mil 467 desapariciones, un promedio de 1.5 diarias.

La crisis de violencia que padece la entidad la ha llevado a registrar descensos en prácticamente todos sus indicadores económicos.

En 2019, con un 2.3 por ciento, el Inegi ubicó a Sinaloa entre los estados que reportaban el mayor crecimiento económico, junto con entidades como TlaxcalaColimaBaja CaliforniaDurango Nuevo León.

Según el Instituto, el crecimiento del PIB local ese año fue incluso superior a la media nacional, de apenas 0.1 por ciento.

Luego de que en 2020, el PIB de Sinaloa tuvo una caída del 7 por ciento, los siguientes tres años fueron de recuperación, pero a partir de 2023, el crecimiento de la entidades comenzó a presentar dificultades.

Ese año, el crecimiento local fue de apenas 0.2 por ciento, para el siguiente año cayó 0.5 por ciento y para el tercer trimestre de 2025 volvió a contraerse 0.5 por ciento.

Aunque al cierre de 2025, el estado registró un crecimiento de 12.3 por ciento, especialistas advierten que esta cifra se debe a que la economía sinaloense tiene un marcado comportamiento estacional, de ahí que la cifra podría ser una ilusión.

En materia de empleo, en los primeros tres años de la Administración de Rocha Moya se incrementaron las plazas laborales, al pasar de 586 mil a 607 mil empleos registrados ante el IMSS entre 2021 y 2023. Pero desde ese momento y hasta marzo de 2026, la entidad había perdido 12 mil 699 empleos formales, resultado del impacto de la violencia y la inseguridad en diversos sectores de la entidad.

El Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (Codesin) indica que, en 2025, 14 de los 18 municipios del estado registraron un desplome en la generación de empleos, entre ellos CuliacánBadiraguatoSinaloaNavolatoMazatlán Guasave. Y es que según fuentes oficiales, entre septiembre de 2024 y el mismo mes de 2025, en la entidad se han perdido más de 2 mil empresas, como consecuencia del comportamiento negativo en todas las actividades económicas de la entidad, principalmente el sector comercio y servicios.

De acuerdo con el Codesin, en el periodo mencionado, la entidad perdió 2 mil 324 patrones, de ellos, mil 676, es decir, más del 72 por ciento, pertenecían a este sector. En cerca del 75 por ciento de los casos, se trataba de microempresas, 23.6 por ciento eran pequeñas empresas y el 2 por ciento medianas empresas, mientras que sólo el 0.4 por ciento eran grandes empresas.

La situación de Sinaloa también ha impactado negativamente la Inversión Extranjera Directa (IED), que a partir de 2022 presenta una caída sostenida. Datos de la Secretaría de Economía indican que la IED para Sinaloa ascendió a cerca de 977 millones de dólares en 2022 y para el año siguiente cayó a 415.5 millones de dólares, lo que implicó una reducción de 52 por ciento.

En 2024, volvió a descender en un 24 por ciento, para colocarse en 316 millones de dólares, pero para 2025, la cifra fue de sólo 20.8 millones de dólares, equivalente a una caída de 93.4 por ciento.

En Sinaloa lo que sí ha crecido es la deuda del Gobierno local, que pasó de 4 mil 631 millones de pesos en 2021 a 7 mil 546 millones en 2025, a esa cifra se suman los 593 millones de pesos que adeudan los municipios del estado y los 94 millones que adeudan los organismos municipales.

En las últimas semanas, luego de que Estados Unidos acusó formalmente a Rocha Moya y nueve funcionarios más por narcotráfico y conspiración con el Cártel de Sinaloa, dos calificadoras han encendido las alertas sobre las finanzas del estado.

La calificadora S&P Global Ratings colocó la calificación crediticia del estado en Revisión Especial negativa, con lo que abrió la puerta a una posible baja en su nota en el corto plazo. Moody’s´s también modificó la perspectiva crediticia del estado de estable a negativa, al considerar que existe un incremento en el riesgo de acceso a fuentes de financiamiento, particularmente financiamiento bancario de corto plazo.

«El cambio de la perspectiva a negativa desde estable en la calificación de Sinaloa refleja la evaluación de Moody’s Local México sobre un incremento en el riesgo de acceso a fuentes de financiamiento -en particular, crédito bancario de corto plazo- tras la revelación pública de una acusación formal presentada por la Fiscalía Federal de Estados Unidos (Distrito Sur de Nueva York) contra diversos funcionarios del estado, entre los que se menciona al Gobernador con licencia por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y armas», explicó en un comunicado.

AL ALZA, LOS DELITOS

Las investigaciones federales por delitos cometidos por servidores públicos en Sinaloa mantienen una tendencia al alza en los últimos años, en medio de la crisis de violencia, disputas criminales y presión política que enfrenta la entidad.

Datos del reporte de incidencia delictiva federal de la Fiscalía General de la República (FGR) muestran que las carpetas relacionadas con funcionarios pasaron de 36 casos en 2023 a 52 en 2024 y posteriormente a 69 investigaciones durante 2025.

La comparación refleja un aumento de 91.7 por ciento entre 2023 y 2025. El incremento ocurre en paralelo al deterioro de seguridad en Sinaloa, marcado por la confrontación interna entre facciones del Cártel de Sinaloa, el reforzamiento de operativos federales y las tensiones políticas generadas por señalamientos e investigaciones relacionadas con mandos y funcionarios de seguridad.

Sólo entre enero y marzo de 2026, la entidad acumuló 19 carpetas federales por delitos cometidos por servidores públicos.  Aunque el volumen aún se mantiene por debajo del total anual de 2025, el ritmo diario de investigaciones muestra una ligera alza.

Mientras en 2025 Sinaloa promedió 0.18 carpetas diarias en ese rubro, durante el primer trimestre de 2026 el promedio subió a 0.21 casos diarios. Eso representa un incremento de 11.7 por ciento en el ritmo diario de apertura de investigaciones contra funcionarios.

El comportamiento forma parte de un aumento más amplio en algunos delitos federales estratégicos en Sinaloa. Por ejemplo, las investigaciones relacionadas con armas de fuego y explosivos crecieron de 304 casos en 2023 a 550 en 2024 y posteriormente se dispararon a mil 916 carpetas durante 2025.

En delitos contra la salud, Sinaloa pasó de 612 carpetas en 2023 a 684 en 2024 y 758 en 2025, mientras que sólo entre enero y marzo de 2026 ya acumula 198 investigaciones federales. Ese arranque equivale a un ritmo de 66 carpetas por mes, por encima del promedio mensual de 63 registrado durante 2025, lo que apunta a un repunte sostenido en casos vinculados con narcóticos.

El incremento también se observa al proyectar el primer trimestre de 2026: de mantenerse esa tendencia, el año podría cerrar con alrededor de 790 a 800 carpetas por delitos contra la salud, superando el nivel de 758 registrado en todo 2025.

Este comportamiento, aseguran fuentes, está ligado a operativos federales, aseguramientos, destrucción de laboratorios y detenciones, en un contexto de mayor presión sobre Sinaloa por el tráfico de drogassintéticas.

Así, el alza en narcóticos se suma al aumento en delitos cometidos por servidores públicos y refuerza el diagnóstico de un deterioro en el frente federal. No sólo crece la violencia, también se incrementan las investigaciones por actividades ligadas al negocio de las drogas, en una entidad que sigue siendo clave para la producción y trasiego.

En delitos contra la integridad corporal, la entidad pasó de 30 investigaciones en 2023 a 35 en 2024 y posteriormente a 63 casos en 2025. Sólo entre enero y marzo de 2026 ya acumulaba 30 carpetas federales en ese rubro.

También los delitos patrimoniales federales mostraron presión sostenida al pasar de 288 casos en 2023 a 289 en 2024 y posteriormente a 347 investigaciones en 2025. Entre enero y marzo de este año la entidad acumulaba ya 83 carpetas.

QUITÓ ‘OBSTÁCULOS’ A SUS ALFILES

Melesio Cuén y Rubén Rocha

Desde que llegó a la gubernatura de Sinaloa, en el 2021, Rubén Rocha Moya se dedicó a construir las candidaturas de sus posibles sucesores: el senador Enrique Inzunza y el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez. Ambos también están acusados por autoridades de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

No importó cuánto costara quitar los obstáculos. Los propios morenistas lo acusan de fabricarles delitos e incluso cuestionan si está detrás de algunos asesinatos de políticos.

El 25 de julio del 2024, en circunstancias sospechosas, asesinaron a Héctor Melesio Cuén Ojeda, el principal adversario político de Rocha. Justo el mismo día, el hijo de «El Chapo»Joaquín Guzmán López, secuestraba a Estados Unidos a Ismael «El Mayo» Zambada. A partir de entonces, no sólo la violencia se intensificó, también el ataque contra políticos rivales de Rocha Moya. 

Sus baterías se enfocaron a Gerardo Vargas Landeros, Alcalde de Ahome, cuya aspiración al 2027 crecía cada vez más.  

El 25 de abril del 2025, la Fiscalía de Sinaloa pidió al Congreso local desaforarlo ante la acusación de presuntas irregularidades en el arrendamiento de 126 patrullas por 171 millones de pesos. La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, la ahora Gobernadora suplente, Yeraldine Bonilla, tramitó la petición, y, en un proceso exprés, que duró seis días, fue desaforado.

«Este proceso no tiene que ver con la legalidad, tiene que ver con el miedo, miedo al liderazgo que ha crecido desde abajo, con la fuerza del pueblo», afirmó el Edil refiriéndose al grupo del Gobernador.

Esa distracción orilló a que la Secretaría de Gobernación enviara a uno de sus funcionarios, esa misma semana, para «aplacarlo», y recordarle que la entidad se le «desmoronaba» en manos del crimen. Empoderado, el Mandatario estatal mantuvo su enfrentamiento con liderazgos morenistas.

Juan Guillermo Benítez Torres, conocido como «El Químico», y Rubén Rocha

El proceso contra Vargas Landeros no se ha cerrado, por lo que sigue inmovilizado políticamente. Apenas en marzo, la Suprema Corte de Justicia rechazó un recurso con el que buscaba volver a la Alcaldía.

Rocha Moya utilizó la misma estrategia con otros Presidentes Municipales para quitarlos del camino, acusarlos de «desempeño irregular de la función pública».

En junio del 2022, el Mandatario estatal logró el desafuero de Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán, quien en el 2021 fue reelecto. Se le acusó de anomalías en el arrendamiento de 40 camiones para recolectar basura. La imputación tampoco procedió, el morenista se fue al PT y acusó a Rocha de «persecución política». Casualmente, su lugar fue ocupado por el «ahijado» y alfil del Gobernador, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien en el 2024 fue reelecto.

A finales del 2022, aplicó lo mismo con Juan Guillermo Benítez Torres, conocido como «El Químico», entonces Alcalde de Mazatlán, quien, en entrevista con REFORMA, acusa que fue presionado por el Gobernador para que renunciara al cargo, ante acusaciones de violencia de género y desvío de recursos.

«El Gobernador me dijo: ‘mira, Químico, si no firmas tu renuncia, ya sabes lo que te puede pasar. Tú sabes de dónde soy (Badiraguato, tierra del Chapo). Yo lo entendí muy bien, renuncié», relata.

Aceptó el ofrecimiento de encabezar la Secretaría de Turismo, cargo en el que estuvo unos meses, pues, como temía, el Mandatario estatal le tenía preparada otra trampa: su desafuero por presuntas irregularidades en la compra de luminarias, por 400 millones de pesos, por lo que le pidió la renuncia. 

Tampoco procedió la acusación. Se retiró de la escena pública. Se mantuvo en Morena, enfocado en sus negocios, y, asegura, creó una estructura de morenistas paralela a la red gubernamental.

En Turismo, el Gobernador nombró a Estrella Palacios Domínguez, a quien después la impulsó para ser Alcaldesa de Mazatlán, y, ahora, aseguran morenistas, es la tercera opción de Rocha para que compita por la gubernatura.

Fuente.-ELNORTE/Guillermo Ibarra Escobar, Martha Martínez, Benito Jiménez y Érika Hernández/

"SOY CHIVO EXPIATORIO ?: MAGENTA se FUE a ARGENTINA y CONTRAMIRANTE le CONTÓ que TRAFICO de HUACHICOL FUE OPERACIÓN del GOBIERNO"... extraditarlo a Mexico pone en peligro su vida,no asi a EE.UU

Desde Buenos Aires, Argentina.- Desde que en diciembre de 2025 huyó de México porque temía por su vida, el Contralmirante Fernando Farías Laguna -acusado con su hermano Manuel de operar desde la Secretaría de Marina una vasta red de huachicol- venía guardando prudente silencio, esperando que la conclusión de las investigaciones le dieran la razón.

“Somos chivos expiatorios”, confiesa tajantemente desde el interior de un centro de detención en Buenos Aires, hasta donde acudió Código Magenta para conocer de viva voz su historia, el otro lado de la moneda. Fernando Farías Laguna está confinado en ese centro desde que fue detenido al intentar ingresar a Argentina con un pasaporte falso, bajo el alias de “Luis Lemus”. No se permite la entrada de cámaras ni de teléfonos celulares. Pero accedemos al lugar para sostener una amplia conversación.

El Contralmirante rompe el silencio con esta entrevista y advierte que dos marinos -como él y su hermano, detenido en México y recluido hoy en el penal del Altiplano- no tienen relación alguna con el huachicol, y menos la capacidad de crear las redes criminales que lo operan desde el sexenio pasado. Y, advierte, que el tráfico ilegal de combustibles es una operación de Estado en la que estarían involucradas distintas secretarías y dependencias gubernamentales.

Desde junio de 2024, los apellidos Farías Laguna inundan los espacios mediáticos bajo la acusación de que los dos marinos de alto rango facilitaban -a cambio de sobornos millonarios- una de las redes más complejas que permitían la entrada a México de buques con millones de litros de combustible de contrabando, para ser descargados en puertos como Ensenada y Tampico.

El caso estalló todavía más, porque el Contralmirante Fernando y el Vicealmirante Manuel Farías Laguna son sobrinos del Almirante Rafael Ojeda Durán, quien fuera Secretario de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. 

Fernando Farías Laguna rechaza cualquier acusación de nepotismo. Dice que él y su hermano Manuel son -desde su abuelo- tercera generación de marinos militares, que el mar lo navegan en su ADN. Precisa que, en vida, su papá -el Almirante Manuel Roberto Farías Gutiérrez- invitó de jóvenes a comer a su casa a su entonces amigo y colega marino Rafael Ojeda. Ahí conoció a Sandra Laguna, la hermana de su mamá, con quien contrajo matrimonio. De ahí, el parentesco. La madre de Fernando Farías Laguna y la esposa del Almirante Rafael Ojeda son hermanas.

Y para deslindarse del posible favoritismo, demanda que se revisen sus expedientes de sus estudios en la escuela de Marina, en la que ambos hermanos acabaron con las mejores calificaciones de su generación, lo que les abrió las puertas al ascenso en esa Secretaría.

Fernando Farías Laguna descarta estar enterado -más allá de los comentarios que circulaban entre pasillos- de la presunta protección que la Marina daba a las redes de huachicoleros. Dice que él se enteró de esos ilícitos por el Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien lo buscó para informarle que existía una red de marinos que protegían el contrabando de combustibles y que estaban utilizando los nombres de ellos -como sobrinos del Secretario de Marina- para que se facilitara el tráfico de permisos. De las carpetas de investigación en curso, lo único que conoce es que en ellas se involucra, en el epicentro de esa red, al Capitán de Corbeta, Miguel Ángel Solano. A ese personaje -mejor conocido como “Rey Sol” o “Capitán Sol”- se le acusa también en esos expedientes, sujetos a investigación, de traficar incluso con fentanilo y de lavar millones de pesos de sobornos a través de casinos.

El escándalo de los Farías Laguna se amplificó todavía más, frente a la aparición de audios difundidos por Aristegui Noticias, en los que se revelan conversaciones entre el Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien en junio de 2024 hablaba del tema con el Almirante Secretario Rafael Ojeda Durán.

Cinco meses después de esas denuncias -el 8 de noviembre de 2024- quien más conocía del tráfico de combustibles dentro de la Marina y quien originalmente fue quien lo denunció -el Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar- fue asesinado en el puerto de Manzanillo. El crimen fue cometido apenas 17 días después de que el 21 de octubre fuera asesinada, también en Manzanillo, la funcionaria de la Fiscalía General de la República, Magaly Janet Nava Ramos. A partir de conocer ambos crímenes,  Fernando Farías Laguna sabía que su vida peligraba, porque fue él quien llevó al Contralmirante asesinado a sentarse con su tío -el Secretario de Marina- para exponer los ilícitos. A partir de ese suceso, la vida de Fernando Farías Laguna cambió.

Las amenazas de muerte se hicieron presentes, en al menos, dos ocasiones y las exigencias de esconder la información sobre los encuentros entre el denunciante -Guerrero Alcántar- y el Secretario de Marina -Ojeda Durán- en la residencia oficial -el 29 de mayo de 2024- culminaron con un acuerdo. El Almirante Rafael Ojeda Durán se daba por enterado y les pedía que ya no tocaran públicamente el tema. Que él como titular de la Secretaría de Marina se haría cargo de presentar la denuncia ante el entonces Fiscal, Alejandro Gertz Manero. Y así lo hizo.

De hecho, en los audios divulgados por la periodista Carmen Arisregui, se escucha la voz del titular de la Marina diciéndole al Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar: “O destapamos todo esto y me vale madre a mí quién caiga, porque yo no estoy metido en eso, o tratamos de cerrarlo aquí nosotros con el cambio de toda esa bola de cabrones, mandarlos a otros lugares”. Y así fue. Algunos mandos de la Marina fueron removidos, pero inexplicablemente, algunas semanas más tarde, regresaron a sus puestos.

Hoy, curiosamente, los marinos, políticos, gasolineros, contratistas, transportistas, concesionarios de muelles que sí se enriquecieron con el tráfico de huachicol fiscal, a ellos ni se les está intimidando, ni  se les está investigando y, mucho menos, tienen una orden de aprehensión en su contra, como ya lo hicieron contra los hermanos Farías Laguna. Desde los altos mandos de la Cuarta Transformación alguien ya eligió quiénes eran los culpables.

Del audio y el video que circulan sobre ese tema, Fernando Farías Laguna dice que él mismo lo promovió, basado en sus mensajes fechados de WhatsApp en los que se deja clara la evidencia que él fue quien denunció el tráfico de combustibles, no quien protegía a la red que lo operaba, utilizado en falso y como pantalla su nombre y el de su hermano Manuel, aprovechando su parentesco con el entonces Secretario de Marina.

El Contralmirante, recluido en una comisaría de Buenos Aires, dice a Código Magenta que huyó de México por temor a su vida y por amenazas directas hacia su familia. Fernando Farías Laguna dice que al momento que conoció del asesinato de su colega, el Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, su vida se trastocó. Después de todo, fue el hoy occiso quien se había acercado a Fernando Farías Laguna para sentarse a la mesa con su tío, el Almirante Rafael  Ojeda Durán, para darle los pormenores de los protectores de los huachicoleros desde esa Secretaría. Hablamos de la dependencia que adquirió una enorme relevancia desde que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador les entregó el control de las aduanas en todo el país.

Fernando Farías Laguna revela que, en dos ocasiones, fue informado de que -al igual que al Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar- lo querían matar. Que, de súbito, los amparos que habían conseguido tanto él como su hermano Manuel fueron revocados y no existía autoridad judicial que los escuchara. Las órdenes de aprehensión eran inminentes. El marino detenido en Buenos Aires no quiere volver a México. Acusa que el Poder Judicial ya está subordinado al poder presidencial.

Fernando Farías Laguna revela que hoy, su esposa y sus hijos, son perseguidos por personajes que no identifica si son delincuentes o personal de alguna de las dependencias ligadas al escandaloso y multimillonario tráfico de huachicol.

Por eso, decidió huir a Argentina. Porque cuando se enteró por un conocido cercano al poder que ya les estaban buscando celdas para él y para su hermano, en el penal de alta seguridad del Altiplano, entendió que sin pruebas suficientes irían por ellos y ya privados de la libertad, su defensa se complicaría. Sobre todo, porque nunca fueron citados a declarar y sin tener el derecho a la defensa se enteraron de la orden de captura, y de que se les aplicaría la prisión preventiva oficiosa. De hecho, su hermano no compartió la idea de salir de México porque decía que nada tenían que esconder. Por eso se presentó a declarar y en esa audiencia -la primera- fue detenido y recluido en el Altiplano. Era claro que frente a las denuncias y a su parentesco con el ex Secretario de Marina, fueron seleccionados como “chivos expiatorios”.

La expedición de la ficha roja de la Interpol, solicitada por la nueva fiscalía de Ernestina Godoy, acabó por ser el banderazo para que Fernando Farías Laguna decidiera huir de México y buscara refugio en otro país, mientras se clarificaban las investigaciones.

Fue así como el Contralmirante se hizo de un pasaporte falso, bajo el alias de “Luis Lemus”. Con ese documento apócrifo logró pasar la estación migratoria en Colombia, en su vuelo con destino final en Argentina. Pero estima que algún reconocimiento facial en la ventanilla migratoria del aeropuerto de Bogotá acabó alertando a las autoridades migratorias argentinas. Y fue así, como el pasado 23 de abril, fue detenido al llegar al aeropuerto de Buenos Aires por autoridades federales y de la Interpol. Lo confinaron desde hace dos semanas a esa comisaría, en donde aguarda el inicio del proceso para deslindar su culpabilidad o inocencia. Ahí conversamos con él por espacio de una hora y media, durante el tiempo de visita que se le permite a algún familiar o allegado sólo una vez a la semana.

Al cuestionarlo sobre su patrimonio, que algunos califican como “inexplicable”,  Fernando Farías Laguna dice que son los ahorros de más de 30 años, que tanto él como Manuel, tienen de servicio en la Marina. Esos ahorros incluyen los que acumuló durante dos años como agregado naval en España, donde tenía un sueldo de 18 mil dólares mensuales. El presunto inculpado dice que los supuestos depósitos de 8 millones de pesos recurrentes no son acumulativos, sino es el mismo ahorro renovado cada mes, para buscar los mejores rendimientos. Por eso, para dejar en claro esas dudas, Fernando Farías Laguna solicitó ya un Pericial Financiero Forense, para que se aclare no sólo el monto, sino el origen de esos recursos.

Por ahora, Fernando Farías Laguna espera impaciente el veredicto de la justicia argentina, a la que le solicita asilo político o que, en el peor de los casos, se le extradite a los Estados Unidos para solicitar allá el asilo. Está convencido de que en México no le van a permitir defenderse. Lo saben él y sus abogados, porque la Secretaría de Marina se ha negado a proporcionar cualquier  información que han solicitado para su defensa los hermanos Farías Laguna. Para todo les contestan que se trata de información “de seguridad nacional”. Peor aún, esa información que daría con la verdad la han reservado por cinco años. Nadie puede tener acceso a ella. Y eso hace prácticamente imposible que se pueda defender por todo lo que resta del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por eso, el Contralmirante Fernando Farías Laguna busca el asilo en Argentina o en los Estados Unidos. Él sabe que si vuelve a México, sus días de vida podrían estar contados.

Con informacion: CODIGO MAGENTA/

EL «SAT DETECTA RED que LAVÓ 10 MIL MILLONES de PESOS en solo 3 AÑOS de EPN a AMLO»…el dinero sucio siempre encuentra caminos sorprendentemente limpios.


Mientras el discurso oficial presumia una cruzada histórica contra la corrupción, la realidad —esa necia que ya no cabia,ni cabe en las mañaneras— vuelve a meter ruido: casi 10 mil millones de pesos lavados en menos de tres años, detectados por la propia Secretaría de Hacienda y la FGR. Sí, leyó bien: un monto que compite tranquilamente con el presupuesto anual de toda la Secretaría de Relaciones Exteriores o incluso con Gobernación. Pero aquí no pasó nada… o al menos no lo suficiente como para incomodar el relato.

El caso gira en torno a tres joyitas empresariales: Optimización Dalga, Lovies y OHAT, firmas que el SAT ya etiquetó sin rodeos como parte del club de las factureras —ese ecosistema donde se simulan operaciones con la misma naturalidad con la que se reparten contratos públicos. 

Entre 2016 y 2019, estas compañías movieron 9 mil 631.8 millones de pesos en más de 17 mil depósitos, y retiraron prácticamente lo mismo mediante más de 55 mil operaciones. Un carrusel financiero de precisión quirúrgica.

La FEMDO, que no suele exagerar cuando se trata de números de este calibre, intentó verificar si estas empresas tenían algún permiso para operar como centros cambiarios o transmisores de dinero. La respuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fue tan contundente como incómoda: no existían. Ni registro, ni autorización, ni rastro legal. Fantasmas con cuentas millonarias.

Las empresas fueron constituidas en 2015,duarnte el sexenio de Enrique Peña Nieto,mucho antes del arranque del sexenio obradorista, pero sus operaciones clave se extendieron hasta 2019, ya bajo el nuevo régimen que prometía barrer la corrupción de arriba hacia abajo. 

En todas ellas aparece un nombre que se repite como firma al pie de página: Vicente Estrada Viveros, ya sea como accionista, apoderado o pieza clave en la estructura. Un viejo conocido en un esquema que, como suele ocurrir, no se sostiene solo.

La investigación establece que las empresas fueron constituidas en 2015 ante Notarios Públicos de la Ciudad de México y del Edomex. En las tres empresas aparece el nombre de Vicente Estrada Viveros.

En Optimización Dalga, en la que figuran como accionistas Diana Luz Torres García y Francisco Manuel González Rodal, Estrada aparece como apoderado.

En Lovies es accionista, al igual que Rafael Solano López, aunque en esta empresa la administradora es Claudia Guzmán Salazar.

Y en OHAT, Estrada es también apoderado legal, mientras que Teresa García Quijano y José Luis Pedraza Ávila aparecen como accionistas y este último además como administrador.

Las empresas registraron operaciones con personas físicas de la Ciudad de México, Metepec, Tlalnepantla, Xalapa y Zapopan.

Fuentes federales informaron que la FGR ya llevó este caso ante un juez y está a la espera de llevar a cabo una audiencia para imputar a las seis personas mencionadas por el delito de lavado de dinero.

El tercer expediente de alto perfil que fue judicializado es el de Manuel Rodolfo Trillo Hernández «La Trilladora», presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa, a quien le imputaron el blanqueo de 6 mil 119.8 millones de pesos de 2013 a 2018.

Por el tamaño del golpe financiero, este caso se coloca entre los tres más grandes judicializados en México: sólo por debajo del escándalo de Black Wallstreet Capital (15 mil millones) y por encima de “La Trilladora”, operador financiero del Cártel de Sinaloa (más de 6 mil millones). Nada mal para un país donde, según el discurso oficial, la corrupción ya es cosa del pasado.

Pero la pregunta incómoda sigue ahí: ¿cómo se mueve un volumen equivalente al presupuesto de una secretaría de Estado sin que nadie lo note… o sin que nadie quiera notarlo? Porque si algo queda claro es que, incluso bajo el gobierno de AMLO —ese que prometía no ser igual—, el dinero sucio seguia encontrando caminos sorprendentemente limpios.

Con informacion: ELNORTE/

«HALLAN MEDIA DOCENA de CUERPOS en VAGON del TREN de la UNION PACIFIC en LAREDO TEXAS»…sin identidad pública, sin narrativa oficial clara y, por ahora, sin responsables.


Seis cuerpos dentro de un vagón de carga en Laredo, Texas. Sin nombres, sin edades, sin país. Sin historia oficial. Solo seis muertos y una respuesta institucional que suena más a protocolo de silencio que a investigación: “es muy temprano”, dijo la policía en Texas. Traducido del lenguaje burocrático: todavía no sabemos cómo decir esto sin incomodar a nadie.

El hallazgo ocurrió el domingo por la tarde, cuando un empleado de Union Pacific —esa arteria ferroviaria que conecta el comercio binacional como si nada pasara— abrió un vagón y encontró lo que nadie quiere encontrar: cadáveres. A 32 grados centígrados, con un metal que funciona como horno industrial, el escenario no necesita mucha imaginación para reconstruirse. Pero la autoridad prefiere no confirmar ni siquiera lo básico: si eran migrantes.

Curioso. Porque en la última década, este tipo de escenas tiene un patrón demasiado claro como para fingir sorpresa. Vagones, tráileres, cajas selladas. Personas que no mueren “de repente”, sino lentamente, asfixiadas o deshidratadas en rutas que combinan desesperación con crimen organizado y omisiones oficiales. Pero otra vez: “no se puede confirmar”.

El portavoz policial Joe Baeza insiste en que la investigación apenas empieza y que habrá autopsias. Como si el problema fuera médico y no estructural. Como si el calor no fuera previsible. Como si las rutas de tráfico humano no estuvieran documentadas. Como si la frontera no fuera, desde hace años, un laboratorio de tragedias repetidas.

Mientras tanto, Union Pacific “lamenta profundamente” lo ocurrido. Una frase que sirve para todo: desde accidentes logísticos hasta la muerte de seis personas dentro de su sistema de transporte. La empresa colabora, dice. Siempre se colabora después.

El contexto tampoco ayuda a la narrativa oficial de “caso aislado”. Sí, las detenciones han bajado —42% menos en el sector Laredo este año fiscal—, pero eso no significa menos riesgo, sino rutas más invisibles y, muchas veces, más letales. Menos cifras, más clandestinidad.

Y si alguien necesita memoria, basta recordar 2022: 53 migrantes muertos en un camión en San Antonio, también en el mismo corredor. No fue excepción. Fue advertencia.

Hoy, con políticas migratorias más restrictivas y el cierre efectivo del asilo en la frontera sur de Estados Unidos, miles de personas siguen atrapadas en una ecuación brutal: no pueden entrar legalmente, pero tampoco pueden dejar de intentarlo. El resultado se mide en cuerpos que aparecen donde “no debería haber nadie”.

Seis más, ahora en Laredo. Sin identidad pública, sin narrativa oficial clara y, por ahora, sin responsables.

Pero eso sí: con investigación “en fase temprana”.

Con informacion: ELNORTE/

"NOS estan BOMBARDEANDO ?": "COMUNIDAD de GUERRERO GRITA AUXILIO, ACUSA GOBERNADORA MORENA de PROTEGER NARCOS y la INACCION del EJERCITO y la GN"...tiene razon Trump,mas de la que acusa.


En Guerrero y con gritos de auxilio ,el Congreso Nacional Indígena denuncia que “cientos de familias están siendo bombardeadas y desplazadas” por el grupo criminal Los Ardillos en la Montaña Baja, bajo protección del gobierno de Morena de Evelyn Salgado y la inacción del ejercito y la Guardia Nacional. 

El CNI señala que desde el 6 de mayo se intensificaron los ataques armados —incluyendo drones— contra comunidades como Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, con más de 800 familias desplazadas en unas horas de fuego sostenido.

Aqui claramente no hay “descontrol”, es una logística de guerra con geolocalización y tolerancia institucional: los agresores se mueven a escasa distancia de instalaciones militares, mientras la Guardia Nacional, la policía estatal y el Ejército se limitan a servir de escenografía para notas oficiales de “presencia” sin detener nada. 

El CNI habla de 76 integrantes asesinados del CIPOG-EZ y 25 desaparecidos, en un patrón de hostigamiento que huele más a contrainsurgencia tercerizada que a “violencia aislada”.

La gobernadora aparece en el guion como “primera mujer” y como rostro amable de la 4T, mientras por debajo se sostiene una estructura de terror territorial contra comunidades indígenas organizadas, precisamente las que estorban a la combinación de narco, caciques y megaproyectos. El mensaje es claro: el problema no es que maten o desplacen, el problema es que las víctimas se organicen y denuncien, como esta ocurriendo.

De la simulación al crimen de Estado

Cuando un grupo como Los Ardillos bombardea comunidades durante horas, desplaza a cientos de familias, lo hace cerca de instalaciones militares y bajo denuncia sistemática de organizaciones indígenas, ya no estamos hablando de “fallas de coordinación”. Eso se llama tolerancia estructural, complicidad institucional o, si afinamos la puntería, crimen de Estado por omisión deliberada.

En Tamaulipas y Guerrero la constante es la misma: el aparato punitivo del Estado sí funciona, pero solo hacia donde le ordenan desde arriba: opositores internos, alcaldes incómodos, comunidades que resisten, medios críticos. 

La diferencia es que en Guerrero la factura se paga en desplazamientos masivos, bombas desde el cielo y fosas futuras; un laboratorio perfecto para un régimen que aprendió que es más barato gobernar con narcos aliados que con instituciones fuertes.

Con informacion: ARISTEGUI NOTICIAS/

«QUIENES SIGUEN ?…NO se NECESITA ser PITONISOS: MARINA,AMERICO y un ALCALDE de TAMAULIPAS PRESUME LORET»…nos vamos a quedar sin gobernadores porque ellos se quedaron sin verguenza.


La gobernadora de Baja California, y el gobernador y un alcalde de Tamaulipas parecen encabezar la lista de los políticos morenistas contra quienes el gobierno de Estados Unidos estaría iniciando procesos formales de demanda en sus tribunales, de acuerdo con la información que circula en distintas esferas de alto nivel del gobierno mexicano y estadounidense.

No son nombres que tomen por sorpresa a nadie.

Marina del Pilar Ávila, la gobernadora morenista de Baja California, no tiene visa desde hace un año: Estados Unidos se la quitó como parte de un proceso de acusación de lavado de dinero que implica al que en ese momento era su operador político/financiero (y esposo), Carlos Torres.

Américo Villarreal, gobernador morenista de Tamaulipas, ha sido mencionado hasta la saciedad como uno de los ejemplos más descarados de colusión entre políticos y organizaciones criminales. Cuando se habla del financiamiento que recibió Morena del Rey del Huachicol, Sergio Carmona, aparece el nombre de Américo. Cuando se habla del expediente del huachicol fiscal y los buques que llegaban a Tamaulipas, aparece el nombre de Américo. 

Apenas hace unos días, un exalcalde morenista que se pasó a su aliado, el Partido Verde, y se volvió diputado federal, declaró con todas sus letras que Américo estaba metido en el huachicol. Y encima, antes de ser gobernador de Tamaulipas, fue el delegado de Morena en Sinaloa para operar la elección de Rubén Rocha Moya

La colusión entre Los Chapitos y Morena justo en esa elección constituye la columna vertebral de la acusación del Departamento de Justicia contra el gobernador con licencia.

Que esta información sobre tres políticos del régimen -dos gobernadores y un alcalde- sea compartida por Estados Unidos y México es muy significativo: deja abierto el tablero para que suceda cualquier cosa con sus casos. Nada es un hecho cuando todo está sobre la mesa de negociaciones.

Paralelamente, se sabe que en la CIA hay muchísima indignación por el doble rasero que ha aplicado la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo lo ven en la CIA?: les mandamos agentes para ayudarlos contra el narco, se mueren dos tras un operativo para desmantelar uno de los narcolaboratorios más grandes que se hayan incautado en la historia, y el gobierno emprende una embestida mediática y judicial contra la CIA, sus elementos y el gobierno estatal (de oposición) con el que estaban cooperando. 

En cambio, un gobernador de Morena es acusado formalmente de asociarse con el cártel de Sinaloa, y se emprende una defensa que involucra a todo el Estado mexicano. En síntesis: si cooperas con Estados Unidos te cae todo el peso de la ley, pero si cooperas con los narcos te protege la presidenta personalmente.

Por eso, las mismas fuentes revelan que la CIA está tomando nota de quienes se están alineando en su contra y defendiendo a Rocha Moya, no sólo en la política sino también en los medios de comunicación. Preocupante por donde se le vea. Quizá por eso alguna parte del morenismo moderado -en la política y en los medios- ya está dando pasitos para atrás y empieza a plantear romper con Rocha. Se sabe: no hay nada que le duela más a un izquierdista que no poder ir de shopping a Estados Unidos.

Con informacion: CARLOS LORET/ELUNIVERSAL+/