«QUE dice el PUBLICO…le CREEN al GENERAL ?»: «CUENTAS ALEGRES de MILITAR de la SSP de AMERICO CHOCAN BIEN GACHO con la REALIDAD LASTIMOSA de TAMAULIPAS»…subcampeon nacional en levantones.

Tamaulipas bajo gobernanza del crimen organizado,administrado por Americo Villarreal en lo politico y en seguridad” por el General Arturo Pancardo,presume avances , pero los datos oficiales y los diagnósticos del mismo tipo, incluidos los penitenciarios, retratan a la entidad como lo que es: un estado bajo control del crimen,con cárceles colonizadas por bandidos, que suman los malos oficios de sus autoridades que han dejado como saldo que la entidad sea galardonada como segundo lugar nacional en desapariciones y una consumada fabrica de no localizados ,mientras el gobernador y su General venden humo como si fuera estrategia.

Entre los avances que Pancardo destaca y cacaraquea,es que Tamaulipas se ubica entre los primeros cuatro estados del país con mayor índice de obtención del Certificado Único Policial (CUP), al alcanzar un 98.8% de cumplimiento, algo meramente administrativo para satisfacer requerimientos en la licencia colectiva de portación de armas, pero que el General traduce en profesionalización, tanta que acaban de ser detenidos 4 de sus agentes por extorsion.

Aunque la captura casi obligada, sea solo un botón de muestra del «puerco de policia» ,gardonado tambien como Segundo Lugar Nacional en Abusos,los mismo que ya fueron «tercero» bajo el gobierno del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca (2016-2022).

Tamaulipas: segundo lugar en desapariciones

El propio Registro Nacional de Personas Desaparecidas No Localizadas (RNPDNLO) coloca a Tamaulipas en el segundo lugar del país en número absoluto de desaparecidos: alrededor de 13 ,724 personas que crece diariamente a dia y se situa ya sólo por debajo del Estado de México,pues ya desbancó a Jalisco,lo que no es poca cosa.

En el mapa oficial de la CNB, en la foto de esta madrugada aparece con una cifra que escenifica la magnitud del desastre: 13, 724 casos frente a los 14 600 del Edomex y por encima de los 12 700 de Jalisco.

A pesar de esa tragedia masiva que crece y crece un dia si y otro también, el General sinverguenza se atreve a vender «avances»,cuando después de la vida, la integridad física,la libertad, es lo mas preciado.

El cuento presupuestal del general Pancardo

El gobierno de Americo Villarreal presume “más de 567 millones de pesos” en equipamiento, 15 “Estaciones Seguras” donde se encierran de noche porque es mas seguro y un sistema penitenciario supuestamente fortalecido, pero por los reos que lo gobiernan,carceles soné tensión del poder que domina la plaza en cada jurisdicción,como advierte de manera pormenorizada el ultimo Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria. 

Paralelamente, notas oficiales celebran aumentos presupuestalesde más de mil millones adicionales para seguridad estatal y un disparo de casi mil por ciento en el presupuesto de la dependencia encabezada por Carlos Arturo Pancardo Escudero, como si el Excel fuera chaleco antibalas, pero solo exhibe la vocación gastaron.

Sin embargo, el ultimo CENSO NACIONAL de SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL 2024 con actualización a Marzo de 2025, muestra que Tamaulipas apenas aporta 4, 522 elementos a las instituciones de seguridad pública estatales, menos del 2 % del total nacional, y que su tasa de policías preventivos es de 1.1 por cada mil habitantes, lejos del “estado blindado” que vende el general

Tabla: gasto triunfalista vs realidad básica

Indicador 2024	Tamaulipas	Contexto nacional
Policías adscritos a instituciones estatales	4 522 elementos	235 832 en todo el país
Tasa de policía preventiva por 1 000 hab.	1.1	0.9 de promedio; CDMX llega a 3.4
Presupuesto ejercido en seguridad pública	Mas de 1 000.6 millones de pesos	113 946 millones totales
Enfrentamientos con civiles armados	145 (segundo lugar nacional, sólo detrás de Veracruz)	667 en todo el país
Civiles armados lesionados / muertos / detenidos (nacional)	67 / 241 / 555	Tamaulipas forma parte del bloque de estados con mayor participación en esos números de violencia

La aritmética es brutal: muchos balazos, poca policía, segundo lugar en desaparecidos,segundo lugar en abusos policiacos y un gobierno que prefiere presumir facturas antes que explicar dónde están los miles de ausentes.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Publica (ENVIPE 2024) para Tamaulipas, muestra que más del 70% de la población considera corruptas a las autoridades de seguridad; la cifra negra es abrumadora, con solo 5.3% de los delitos denunciados y aún menos con carpeta de investigación.

Cárceles: “reprobadas”

• Mientras los comunicados oficiales jura que los CEDES de Tamaulipas “superan la media nacional” y que el estado pasó del lugar 32 al 15 en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), el propio Diagnóstico 2024 revela deficiencias críticas en Reynosa y Matamoros: autogobierno del crimen, control del Cártel del Golfo, corrupción estructural y fallas en seguridad interior.
• En los penales de Reynosa y Matamoros están, de hecho, en manos del Cártel del Golfo, con ingreso y salida de armas, drogas y teléfonos, cobro de piso dentro de los módulos y total ausencia de gobierno efectivo, a pesar del “avance” que cacarea el boletín estatal.
• El diagnóstico de la CNDH evidencia que, aunque la calificación global sube unas décimas, los rubros de seguridad, prevención de violencia, reinserción social y respeto a derechos humanos se mantienen en rangos de reprobación, algo que el comunicado de prensa omite con la elegancia de una cortina de humo.

Lo que dice el último Censo sobre Tamaulipas

• Tamaulipas reporta 43 unidades administrativas de seguridad pública, nivel similar a Quintana Roo y muy por debajo de la maraña burocrática de CDMX, pero no existe una estructura robusta específica para búsqueda de personas ni combate al secuestro: la prioridad orgánica es “prevención del delito” genérica, no desapariciones ni macrocriminalidad.
• Es uno de los estados con más personal proveniente de otras instituciones de seguridad (sin arraigo, delinquen y se van): 4 522 elementos de los cuales 4 372 vienen directamente de policías municipales y 145 de la Sedena, lo que indica reciclaje de cuadros y no depuración de estructuras contaminadas.
• El mismo censo lo coloca segundo en enfrentamientos: 145 choques armados con civiles, sólo detrás de Veracruz con 154, lo que contradice cualquier narrativa de “pacificación” y sugiere una guerra de baja intensidad normalizada.
• En materia disciplinaria, Tamaulipas reporta apenas 56 sanciones a personal de seguridad en 2023, cifra ridícula frente al número de enfrentamientos, quejas ciudadanas y violaciones sistemáticas documentadas, lo que deja ver un sistema de impunidad interna casi perfecto.
• En el renglón de personal lesionado, fallecido o desaparecido, el estado admite 125 lesionados, 25 muertos y 4 desaparecidos o no localizados dentro de sus propias filas, otra señal de que el crimen no sólo disputa la calle: también está cobrando vidas dentro de la estructura que Pantardo vende como “blindaje”.

Conclusión traducida para el general

En resumen, mientras el gobierno de Américo Villarreal y su jefe de seguridad, el general Arturo Pancardo, se sacan fotos frente a patrullas nuevas y hablan de “voluntad política” y “equipamiento histórico”, los números oficiales dicen otra cosa: Tamaulipas está en segundo lugar nacional en desaparecidos, segundo lugar nacional en abusos policiacos multiplica enfrentamientos armados, administra penales donde manda el Cártel del Golfo y mantiene una policía pequeña, reciclada,mañosa y casi nunca sancionada, pese a un presupuesto que crece más rápido que la seguridad real.

Si eso es “avanzar en seguridad”, entonces las miles de familias que buscan a sus desaparecidos deberían estar agradecidas… por al menos tener cifras alegres con qué forrar la carpeta de investigación y prevención del delito que nunca AVAnzan.

Con informacion: SNPDNLO/ DIAGNOSTICO NACIONAL PENITENCIARIO/ENVIPE/ CENSO NACIONAL SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL/

«ACLARAR NO es DESPEJAR»: «PAJARO de CUENTA en la UIF de HARFUCH CONFIRMA las SOSPECHAS con ACLARACIONES de CONGELAMIENTO de CUENTAS»…fallo a favor de Yarrington ilustra lo fallido, pudieron congelar, nunca probar.

La frase intenta verse técnica y tranquilizadora, pero en realidad suena a aclaración que confirma la sospecha: cuando un funcionario necesita insistir tanto en que no hay “fines políticos”, es porque sabe que esa lectura ya está instalada. Y en el caso de la UIF, la promesa de “bloqueo contra el crimen” convive con una herramienta que, por diseño, castiga primero y justifica después.

Dichos y expediente

Omar Reyes Colmenares afirma que el congelamiento de cuentas no es arbitrario, que requiere sustento, indicios y motivación legal, y que sólo aplica frente a actividad inusual o criminal detectada por bancos o autoridades.

Pero ese discurso llega en medio de una discusión pública sobre una facultad que la propia Corte validó como medida preventiva, con control judicial posterior, no previo.

El problema no es sólo lo que dice, sino quién lo dice y desde dónde lo dice. La narrativa de “tranquilidad ciudadana” choca con el historial político-administrativo de una estructura que ha sido usada como arma de presión institucional, aunque se le maquille con vocabulario antilavado.

Aclarar no es despejar

“Aclarar” no siempre diluye una duda; a veces la fija. En política, aclarar demasiado suele equivaler a subrayar lo que se quiere negar, como quien repite “no es persecución” mientras deja intacto el mecanismo que permite perseguir sin pasar primero por un juez y que incluso no fue avalado por todos los Ministros y Ministras. 

Aquí la aclaración del funcioanrio estrechamente ligado a Omar García Harfuch, no debilita la sospecha, la reafirma: si la UIF necesita explicar con tanta energía que no actúa por consigna, es porque la herramienta tiene el aroma de un poder discrecional que ha generado desconfianza desde antes de la entrevista.

Omar Reyes Colmenares salió a vender la vieja mercancía del Estado bondadoso: que la UIF bloquea cuentas sólo para cazar criminales, que no persigue inocentes, que no hay carga política y que todo pasa por “motivación legal”.

El detalle es que esa explicación suena menos a deslinde que a blindaje verbal: cuando un funcionario tiene que jurar que no usará un poder como garrote político, suele ser porque el garrote ya existe y lo único pendiente es decidir contra quién cae,auqnue ya sabemos contra quienes no caen.

La entrevista pretende domesticar una facultad intrusiva con frases de manual: que todo es preventivo, que todo es técnico, que todo es legal. Pero la realidad jurídica es más incómoda: el bloqueo ocurre antes de que el afectado vea a un juez, y eso convierte la “tranquilidad” oficial en un acto de fe más que en una garantía.

Quien es el funcionario cercano a Harfuch y la corrupcion

Lo que dicen sus actos, en conjunto, es que su paso por readaptación social en la CDMX quedó marcado por una mezcla de señalamientos de corrupción, arbitrariedad y encubrimiento interno, según denuncias publicadas.

El texto lo presenta como parte de una red donde subordinados y mandos operaban con extorsión, favoritismo y trato abusivo hacia el personal, especialmente mujeres, dentro del sistema penitenciario capitalino.

Qué le atribuyen

La publicación lo señala por presuntas conductas de corrupción y por tolerar o favorecer a operadores cercanos, en particular José Iván Barillas Cervantes, a quien acusa de mantener control interno con prácticas ilegales, extorsión y vínculos con grupos de poder dentro del sistema.

También sostiene que, bajo esa lógica, hubo omisiones frente a riñas, fugas, motines y violencia, lo que pinta un aparato de seguridad penitenciaria más preocupado por sus lealtades que por la readaptación social.

Qué revela el señalamiento

El señalamiento no apunta sólo a irregularidades administrativas; sugiere una cultura de captura interna del penal, donde el cargo sirve para operar favores, presiones y negocios.

En ese contexto, la denuncia no busca describir una anécdota aislada, sino construir la imagen de un funcionario que habría llegado a ese ámbito ya asociado con prácticas opacas y que habría reproducido ese patrón desde el puesto.

Su paso por readaptación social no parece haber dejado huella de reforma institucional, sino de viejos vicios con uniforme nuevo: acusaciones de corrupción, mano blanda con los leales y mano dura con los subordinados incómodos.

Si el sistema penitenciario debía corregir conductas, el retrato que dejan estas denuncias es el inverso: un funcionario y su círculo usando la estructura para administrar miedo, favores y negocios, mientras la “readaptación” se queda como adorno retórico.

El señalamiento más grave no es sólo que haya acusaciones, sino que describen un entorno donde la autoridad habría perdido autoridad moral y operativa, y eso en prisiones equivale a entregar el control a la conveniencia.

Con informacion: ELUNIVERSAL/ PERIODISTAS SON CENSURA/

«3 AÑOS,6 MESES,1 SEMANA,1 MILLON 850 MIL 723 MINUTOS y AMERICO NO HA PODIDO METER al BOTE NI a CABEZA de VACA,NI al BANDÓN del CDV»…basta confrontar la realidad con video de su «Primer Informe de Saliva».

Americo Villarreal Anaya,aun gobernador de Morena,para desgracia de Tamaulipas,prometió castigo, no venganza,por los multimillonarios quebrantos cometidos por su antecesor en el gobierno (2016-2022), el panista Francisco «Pancho» García Cabeza de Vaca. Asi lo dijo en aquel «Primer informe de Saliva», pero lo unico que ha cumplido el mandatario manchado por la sospecha, pero mas por la evidencia,han sido años de impunidad, pues no hay un solo cabecista que haya sido detenido por actos de autoridad de este gobierno que este en la cárcel, pero sí toneladas de discursos reciclados en medio de sospechas no tan frescas de complicidad.

La promesa

En su arenga solemne de aquel informe que también debió ser forense,Don Américo enumeró el desastre heredado:

• Ejercicio de recursos sin documentación, contratos violando todos los procedimientos, caros para el erario y baratos para los amigos.
• 392 hallazgos de irregularidades: contratos fantasma, obras inexistentes, compras infladas, la biblia completa del desfalco público.
• 167 expedientes de presunta responsabilidad administrativa, como si fueran a perseguir a alguien más allá del boletín de prensa.
• Opacidad total en el destino de 18 mil 309 millones de pesos entre 2015 y 2021, señalados por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.
• 42 denuncias penales por cohecho, coalición de servidores públicos y robo, turnadas –según él– a la Fiscalía estatal para que “no haya impunidad”.

Remató con frase de campaña, no de gobierno: “No se trata de venganza, se trata de justicia, se rendirán cuentas”. Traducción: «el prometer no empobrece, cumplir es lo que aniquila».

El calendario de la impunidad

Desde aquel discurso inflamado por la simulación ,han pasado años completos de gobierno morenista. Cada año con sus 12 meses, cada mes con sus semanas, cada semana con sus días, y cada día con sus minutos de pura inacción judicial contra los responsables del saqueo que él mismo cuantificó. Y en todo ese larguísimo reloj político, ni un solo exfuncionario de alto perfil de la era Cabeza de Vaca está tras las rejas por esos hechos que haya sido detenido por actos de autoridad y aprehensores de Tamaulipas.

En lugar de ver fotos de detenidos, solo hemos visto conferencias de carpetas y encarpetados vendidos cono victorias, más declaraciones solemnes y uso propagandístico del “quebranto heredado”. 

Américo convirtió la denuncia del desfalco en un activo retórico, no en una agenda de persecución penal real. Cada minuto sin órdenes de aprehensión efectivas y cumplimentadas,se ha ido convirtiendo en prueba circunstancial de algo peor que la simple ineptitud premiada al responsable con una fiscalía general a un expresidiario que tuvo menos suerte que el «bandon del CVD» ,pues fue recluido por sus malos oficios ,7 meses en una carcel federal de alta seguridad en 2002.

De incompetencia a sospecha fundada

Cuando un gobernador detalla un hoyo de 18,309 millones, presume 392 anomalías, 167 expedientes y 42 denuncias penales, y después de años no tiene un solo pez gordo preso, el problema ya no es solo burocrático: huele a arreglo. 

La narrativa oficial de “estamos investigando” como lo hacia Cabeza de Vaca con su antecesor el Priista Egidio Torre Cantu y nunca cumplió, caducó hace mucho; lo que queda es la lectura política: o no saben gobernar, o no quieren tocar a quienes verdaderamente se beneficiaron del saqueo.

La Fiscalía Anticorrupción, entonces a cargo de Jesus Eduardo Govea Orozco,subordinada al gobernador y Tania Contreras, servió más como bóveda de expedientes congelados que como aparato de justicia. 

Los delitos que Américo recitó –cohecho, coalición de servidores públicos, robo– siguen mejor tipificados en el Código Penal y en alguna carpeta judicial sin resultados tangibles. 

La ineficacia ya cruzó la línea y se volvió sospecha fundada de complicidad por acción y omisión : cuando todos los caminos llevan a la impunidad, no parece un accidente, parece pacto.

Con informacion: VIDEO/REVISTA VERTICAL

UNO «HABLÓ de MAS y el OTRO CALLÓ de SOBRA»: «JUBILAN GENERAL SINCERO que dijo GUERRA de SINALOA depende de NARCOS y lo SUSTITUYEN por OTRO con PASADO OPACO en REYNOSA»…ahi donde ex-militar lugarteniente del CDG ha tenido derecho de picaporte.

El general del ejercito Francisco Jesús Leana Ojeda,que se atrevió a decir la «verdad» —que la paz de Sinaloa no la garantiza el Estado, sino los acuerdos del narco— ya salió por la puerta de la jubilación. Lo satanizaron, lo tacharon de imprudente y hasta de “irresponsable por desmoralizar a las tropas”. Hoy, meses después, el tiempo hizo su trabajo: el general “sincero” que encabezaba la Comandancia General del ejercito,tenía razón.

Pero mientras la verdad se jubila, el silencio asciende

Pero el nuevo comandante del Ejército —sí, el mismo que pasó por la Octava Zona Militar en Reynosa con más señalamientos que resultados— el Divisionario Juan Jose Gomez Ruiz,fue premiado con el mando absoluto. Aquel que no pudo frenar la violencia en Reynosa,Tamaulipas, donde ya gobernaban dos ex-militares que cenan, gobiernan y hacen negocios con el gobernador desde su posición de mandos del Cartel del Golfo,tambien han tenido derecho de picaporte en los cuarteles durante su estadia, ahora será el encargado de “proteger la soberanía nacional”. 

El mensaje, por si alguien dentro todavía no lo entiende, es clarísimo: no se te ocurra decir que la guerra depende de los narcos; mejor finge que depende del presupuesto.

Aunque no hay que soslayar que la frontera entre ser honesto y ser cinico,no esta claramente circunscrita y el recien jubilado fue lo segundo.

Con informacion: INFODEFENSA/REDES/

«EJECUTAN y ESCAPAN ?»: «COMANDO ATACA FAMILIA,MATA MUJER,HIEREN HOMBRE y NIÑO SOBREVIVE de MILAGRO»…mas de 3,000 asesinatos 99.90% impunes, 100% si sonpolicias.

En la Miguel Hidalgo de Culiacán, la ley sigue siendo la de criminales, los que portan fusiles ,controlan cuadras y matan impunemente en Sinaloa en nombre de una guerra de bandos, de la misma banda, que pronto cumplirá dos años por accion del crimen y la responsabilidad incumplida del gobierno y sus autoridades . 

Ayer,una familia fue atacada en plena avenida: una mujer asesinada, un hombre herido, un niño que de milagro sobrevivió… y un comando que, fiel a su costumbre, apareció, ejecutó y se desvaneció como quien conoce cada callejón mejor que cualquier patrulla policial o militar.

Mientras los sicarios huían sin prisa, el aparato estatal activó su ritual de emergencia: sirenas, uniformes, retenes improvisados y comunicados donde la “coordinación interinstitucional” promete resultados tan espectrales como los agresores. La llamada “presencia del Estado” llegó, sí, pero sólo a acordonar la escena y medir con cinta amarilla el territorio que ya le pertenece a otro poder.

Porque Culiacán ya no es sólo un municipio: es un tablero donde cada colonia tiene dueño y cada operativo federal juega a fingir que el control se disputa. La Miguel Hidalgo fue, una vez más, ejemplo de quién manda de verdad: quienes deciden cuándo se mata, cuándo se huye y hasta cuándo el gobierno puede aparecer para posar ante la prensa.

Con informacion: RIO DOCE/ INFORMACION GRAFICA/NORESTE

LA «SENTENCIA y su MISERIA»: «SISTEMA de IN_JUSTICIA CASTIGÓ con TIBIEZA y 5 MIL PESOS la EJECUCION de su AMIGA porque la MUERTE LLEGÓ en CUERPO de ADOLESCENTE»…en EE.UU a Juez eso no le importó.

El caso de Leyla Monserrat es una radiografía brutal de un sistema que castiga con tibieza cuando el crimen viene en cuerpo de adolescente, aunque el daño sea de adulto, el ensañamiento sea de narco y la crueldad quede documentada en video. 

Pero al mismo tiempo, el expediente de los dos plebes “gringos” sentenciados en EE.UU. por servir al CDS deja otra lección incómoda: allá sí pueden caer penas mucho más severas cuando la maquinaria judicial decide que el menor también responde por actuar como sicario.

La lección que revienta el discurso

Leyla Monserrat, de 15 años, fue asesinada en Sonora el 25 de septiembre de 2025 tras ser citada por dos adolescentes en una vivienda con el pretexto de una sorpresa; el ataque fue grabado en video y ese material entró al proceso penal como evidencia. El cuerpo fue hallado enterrado en el patio de un domicilio del ejido El Desierto, y los peritajes establecieron que la causa de muerte fue asfixia mecánica. La investigación también documentó mensajes previos, revisión de teléfonos, redes sociales y antecedentes de conflicto entre las menores, además de la reconstrucción completa de la secuencia del crimen.

La sentencia y su miseria

El tribunal especializado aplicó el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes: una de las responsables recibió internamiento por 2 años y 10 meses, y la otra libertad asistida por menos de un año. 

Además, la reparación del daño quedó en 5 mil 677 pesos, una cifra que la propia familia consideró insultante frente a lo que costaron los funerales. Esa resolución explica por qué el caso provocó indignación: el Estado reconoce la brutalidad del hecho, pero responde con una sanción que parece pensada para no incomodar demasiado al agresor ni romper la vitrina del garantismo adolescente.

El contraste con EE.UU.

La otra mitad de la lección es el contraste: el caso de los dos adolescentes estadounidenses vinculados al CDS, que recibieron 25 años por actuar como sicarios, muestra que en EE.UU. el sistema puede traducir la edad en responsabilidad penal seria cuando la conducta alcanza ese nivel de peligrosidad. 

No es que allá exista magia jurídica; es que cuando un menor opera como brazo ejecutor de una estructura criminal, la justicia puede tratarlo como lo que fue funcionalmente: un operador de violencia, no una víctima del entorno. 

Esa diferencia deja una verdad incómoda para México: la edad por sí sola no borra la naturaleza del delito, y la indulgencia automática puede terminar premiando a quienes ya actúan como depredadores.

Leyla no murió en un “pleito entre adolescentes”; fue ejecutada con engaño, videograbación, asfixia, entierro clandestino y una cadena de omisiones legales que convierten la sentencia en una burla con membrete institucional. Y mientras aquí se reparte libertad asistida y cifras de papel, del otro lado de la frontera a los chamacos que jugaron a ser sicarios les cayó una sentencia que por lo menos les recordó que el uniforme de menor no es un amparo universal. En español llano: cuando el sistema penal se vuelve piadoso con la barbarie, lo que hace no es humanismo; es enviar el mensaje de que matar puede salir barato si aún no cumples la mayoría de edad.

Lo que queda

El caso obliga a discutir si el sistema mexicano sigue midiendo el horror con la escala equivocada, porque aquí la víctima quedó enterrada y la sanción parece apenas una nota al pie. El mensaje público es demoledor: en México, ciertos menores pueden cometer crímenes atroces y salir con un castigo que suena más a trámite que a justicia; en EE.UU., cuando el menor es parte operativa de una estructura criminal, la respuesta puede ser mucho más dura.

Con informacion: PROCESO/ REFORMA/