Una carta redactada desde la perspectiva de un ciudadano decepcionado, en tono crítico y reflexivo, va dirigida al gobernador de Morena en Tamaulipas,Américo Villarreal Anaya:
Carta abierta al gobernador Américo Villarreal:
Señor Gobernador:
Cd.Victoria a 8 de Junio de 2025
Le escribo estas líneas como un ciudadano común, de esos que usted prometió defender y representar con honestidad. Hoy, con el peso de la decepción y la indignación, me veo obligado a preguntarle: ¿cómo puede dormir tranquilo? ¿Cómo puede mirar a los ojos a su familia, a sus hijos, pero no “Pancho ni Americo”, a los otros de buena conducta, sabiendo que su nombre está manchado por acusaciones que, lejos de disiparse, se acumulan como nubes negras sobre Tamaulipas ?
Usted llegó al poder bajo la bandera del humanismo transformador y aunque la reversa también es cambio,este no fue el prometido,asi que la pregunta es obligada, donde esta el gobierno distinto ?, el cercano a la gente, pero esa gente con las que traba acuerdos en lo oscurito, la otra gente,no esa con la que se confabula y arregla alcaldías como Matamoros para entregárselas completas, donde quedo la transparencia y donde el hombre que iba ser justo antes que se atravesaran cientos, miles de pipas del huachicol.
La realidad ha sido otra: hemos visto un vulgar enroque de bandidos, una indiferencia ante el sufrimiento con poca o nada de empatia,seguramente porque tiene anestesiada esa zona del cerebro que la provoca y que han generado ademas una serie de decisiones que han puesto en entredicho no sólo su capacidad y desempeño ,ese que nos ha dejado ver repetidamente evaluado como el peor gobernador de pais,pero eso si,uno de los primeros en falta de integridad.
¿Dónde quedó ese humanismo que tanto pregonó? ¿Cómo puede presumir de conciencia limpia mientras la violencia, la corrupción y el abandono se han vuelto el pan de cada día en nuestro estado,sera que esta limpia porque no la usa ?
Me pregunto, señor Villarreal, si alguna vez reflexiona sobre el daño causado. ¿No le pesa la traición a quienes creyeron en usted? ¿No le duele saber y conocer los entresijos de un arreglo mañoso en Reynosa que llevó a la carcel por la muerte de y jovenes exitosos en la musica y que los culpables no son todos los que estan, ni estan todos los que son.
Mientras usted disfruta de privilegios de gobernador poco austero volando en avión del gobierno para turistear en la CDMX,la mayoría viajes inecesarios mientras muchos otros no pueden transitar por las calles,las carreteras o las brechas con temor de pisar alguna narcomina.
Miles de tamaulipecos viven no solo con carencias,tambien con el miedo de ser levantados si no pagan la cuota y si la pagan también ,por culpa de la esperanza rota de promesas de cero impunidad contenidas en 23 palabras que seguramente las escribio “ebrio de poder”.
¿Pero y cómo puede llevarse el pan a la boca, sabiendo que claramente no esta cumpliendo el encargo por el que se le paga,eso aqui y en China es un fraude y lo peor es que viene acompañado de un exceso de atole con el dedo” y tambien con costo al contribuyente.
No le escribo esperando respuestas, porque las palabras ya no bastan y con usted tambien se las lleva el viento del cambio. Sólo le pido, por un momento, que mire a su alrededor, que vea el rostro de los Tamaulipecos de frente y confiese que les esta viendo la cara.Preguntese si realmente ese era el legado que buscaba dejar y que ya tiró a la basura de la historia. Porque la conciencia no se presume, se ejerce. Y la dignidad no se compra, se demuestra.
Ojalá algún día usted pueda entender el verdadero significado de la responsabilidad y la empatía, ademas de la honestidad,porque Tamaulipas merece mucho más que excusas y simulaciones.
No le quiero echar mentiras, pero ud. ya es un caso perdido y no entiendo porque sigue gobernando, ya deberia estar en la carcel.
En este particular momento,los datos de prueba (indicios) ya son suficientes para establecer, de manera razonable que existe la probabilidad de que ud. ya cometió uno o varios delitos y tiene responsabilidades penales tanto en Mexico como en los EE.UU,por lo que ningún juez batallaría sin calculo politico para obsequiarle una orden de captura.
Aunque durante el proceso penal y con debido proceso, usted, su defensa y el Ministerio Público podran presentar pruebas para demostrar su responsabilidad o inocencia. La orden de captura se emite en una etapa previa, con base en indicios, mientras que en el juicio se valoran todas las pruebas presentadas y se determina la responsabilidad penal.
Como se advierte señor gobernador, hay agravantes, pero también diluyentes ,pero sería mejor que se entregara a la justicia ,porque finalmente y aunque cojea,lo va alcanzar.
Aunque sabemos que esta justicia ramplona esta convertida en una telaraña que atrapa moscas y deja pasar pájaros y que esto se agravara, pero déjeme decirle, que cruzando el rio ese “paro no sirve”, asi que vaya calculando como quiere caer o se quiere entregar ?.
Un beneficiario de DACA, Mario Elier Leal, de 22 años y residente de Edinburg, Texas, fue sentenciado a 97 meses de prisión federal por su papel en un esquema de compra y tráfico ilegal de armas de fuego destinadas a México, específicamente para cárteles del narcotráfico. Junto a él, Rodolfo Benitez-Garza, de 24 años, recibió una condena de 18 meses de prisión por participar en la misma red de “straw purchases” o compras simuladas de armas.
¿Qué es una “straw purchase”?
La “straw purchase” consiste en que una persona legalmente habilitada para adquirir armas compra armas en nombre de otra que no puede hacerlo, ya sea por antecedentes penales, estatus migratorio o cualquier otra restricción legal. En este caso, Leal, como beneficiario de DACA, tenía prohibido por ley poseer armas de fuego en EE.UU., por lo que pagaba a terceros (como Benitez-Garza y otro cómplice de apellido López) hasta 300 dólares por cada arma adquirida a su nombre.
Detalles del caso y la sentencia
Modus operandi: Leal organizaba y financiaba la compra de armas a través de intermediarios, quienes mentían en los formularios federales al declarar que las armas eran para uso propio.
Destino de las armas: Las armas adquiridas eran traficadas a México y presuntamente entregadas a cárteles del narcotráfico.
Sentencias:
Mario Elier Leal: 97 meses de prisión federal.
Rodolfo Benitez-Garza: 18 meses de prisión federal y tres años de libertad supervisada tras cumplir su condena.
Situación migratoria: Tras cumplir su condena, Leal enfrentará un proceso de deportación, ya que carece de estatus migratorio legal permanente en EE.UU.
Contexto legal: En 2022, el Congreso de EE.UU. endureció las penas por este delito, permitiendo hasta 15 años de prisión y multas de hasta 250,000 dólares, o hasta 25 años si las armas se usan en delitos graves, terrorismo o narcotráfico.
Relevancia y contexto
DACA y criminalidad: El caso de Leal es uno de miles donde beneficiarios de DACA han sido condenados por delitos en EE.UU. Según datos oficiales, en los primeros cinco años del programa, cerca de 80,000 beneficiarios de DACA fueron liberados en EE.UU. pese a tener antecedentes de arresto.
Impacto en la frontera: El tráfico de armas desde EE.UU. hacia México alimenta la violencia de los cárteles. Se estima que entre el 70% y el 90% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México provienen de EE.UU.
Presión política: El caso ocurre en medio de litigios para terminar con DACA y en un contexto de creciente presión sobre EE.UU. para frenar el tráfico de armas hacia México, mientras el gobierno mexicano busca responsabilizar a fabricantes y distribuidores estadounidenses por el flujo de armas que alimenta la violencia en su territorio.
Enriquecimiento: otras redes y casos similares
El caso de Leal no es aislado. En los últimos años, varias investigaciones han revelado redes de tráfico de armas donde ciudadanos estadounidenses y migrantes, incluidos otros beneficiarios de DACA, han sido detenidos por facilitar la compra y el contrabando de armas hacia México, muchas veces a cambio de sumas relativamente bajas y bajo presión de organizaciones criminales.
Las autoridades estadounidenses han incrementado las operaciones conjuntas entre agencias federales (ATF, DEA, FBI, HSI) para desmantelar estas redes, logrando sentencias de hasta 19 años de prisión para traficantes vinculados directamente a cárteles como el de Sinaloa.
Conclusión
El caso de Mario Elier Leal ilustra la compleja intersección entre migración, legislación de armas en EE.UU. y el poder de los cárteles mexicanos. La utilización de beneficiarios de DACA y otros migrantes como intermediarios en el tráfico de armas representa un desafío para las autoridades de ambos países, que buscan frenar la violencia y el flujo ilegal de armas en la frontera.
Un juez federal amparó a Gerardo Saade Murillo, nieto de Jesús Murillo Karam, exgobernador de Hidalgo y exprocurador General de la República, acusado de intento de homicidio contra su esposa Krista Noval Hillman, y sus suegros, confirmaron fuentes cercanas al caso a Aristegui Noticias.
La investigación podría quedar cerrada, de acuerdo con la fuentes consultadas. Asimismo, la resolución judicial aún puede ser impugnada por las víctimas o por la Procuraduría estatal.
El juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, Francisco Aguilar Pérez, concedió el amparo y la protección de la justicia federal a Saade Murillo, señalado de haber ordenado el asesinato de su esposa, Krista Noval Hillman, su suegra Karem Hillman y su padrastro Sergio Beltrán.
Este último, exesposo de la senadora y secretaria general del PRI, Carolina Viggiano,sobrevivió tras recibir seis disparos en octubre de 2021.
El imputado es nieto del exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien aún enfrenta proceso penal en prisión domiciliaria por su participación en el Caso Ayotzinapa sobre la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero.
De acuerdo con el expediente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, encabezada por Francisco Ángel Fernández Hasbun, los autores materiales del ataque —ya sentenciados— declararon que recibieron instrucciones precisas, junto con fotografías de las víctimas, para ejecutar el crimen.
Señalaron que el encargo incluía asesinar a Sergio Beltrán, y que, en caso de fallar, debían atentar contra Karem Hillman o Krista, madre de Luciana, de dos años de edad, hija que tuvo con Gerardo.
El pago por el atentado habría sido de 140 mil pesos.
Proceso judicial y resolución del amparo
El 27 de junio de 2023, la jueza de control Janett Montiel Mendoza dictó un auto de no vinculación a proceso en favor de Gerardo Saade Murillo. Sin embargo, no declaró ilícitas las pruebas recabadas durante la investigación, entre ellas registros de llamadas entre los teléfonos de los sicarios y el del imputado. Esto permitió que la Procuraduría de Justicia de Hidalgo continuara con la indagatoria.
Pese a que el plazo legal para solicitar un amparo había vencido, el juez Francisco Aguilar Pérez, admitió el juicio promovido por la defensa de Saade Murillo fuera de tiempo. Además, le permitió ampliar la demanda, lo que abrió la puerta para que el asunto fuera sobreseído definitivamente.
Con la resolución del amparo 1241/2023, la investigación podría quedar cerrada y el caso, sin posibilidad de continuar en sede penal en Hidalgo, actualmente gobernado por Julio Menchaca, expriísta ahora militante de Morena.
Gerardo Saade Murillo cuenta con antecedentes de violencia
Gerardo Saade Murillo también ha enfrentado señalamientos previos por violencia familiar. En mayo de 2013, su entonces pareja, Alexia Imaz —hija del exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional ( Cisen), Eugenio Ímaz, y sobrina de la actual presidenta Claudia Sheinbaum— lo acusó públicamente de haberla golpeado.
A través de sus redes sociales, la joven compartió fotografías con visibles hematomas en el rostro y denunció agresiones físicas.
Nieto de Murillo Karam llamó 11 veces a sicario que participó en atentado contra abogado Sergio Beltrán
En Aristegui Noticias dimos a conocer en julio de 2023, una audiencia privada permitió a Gerardo Saade Murillo librar un proceso penal por intento de homicidio.
En dicha audiencia, una jueza de control, dictó un auto de no vinculación a proceso en favor de Saade, pero se trata de una resolución que no es definitiva y que no extingue las investigaciones en su contra.
La víctima en ese caso es el abogado Sergio Beltrán Merino, quién sufrió un atentado el 5 de octubre del 2021 a las puertas de su despacho.
Ese día recibió seis impactos de bala, con clara intención de asesinarlo. Un séptimo disparo no dio en el blanco ya que se cubrió con su portafolios que adentro tenía una laptop.
Sergio Beltrán se debatió entre la vida y la muerte por meses. Tras recobrar fuerzas comenzó a participar de forma activa en la defensa de su caso para tratar de identificar a los responsables materiales e intelectuales del atentado en su contra.
Ya para entonces, en mayo del 2022, habían sido detenidos tres autores materiales de su intento de homicidio.
Se trata de Diego Mauricio Aburto, la persona que conducía el vehículo en el que llegó y huyó el tirador que atentó contra el abogado Sergio Beltrán; de Mauricio González Acosta, alias “El Tijuano”, el sicario que dispara al menos seis veces contra la víctima, y de Alejandro “N”, alias “Pato“, la persona que contrató a los dos anteriores.
Además, el día del atentado “Pato” fungió como “muro” para ayudar al escape de sus cómplices en un segundo vehículo que se utilizó para estorbar el tráfico y dar el aviso de que el abogado ya había llegado a su despacho.
Era abril del 2022 y comenzaba a develarse un entramado que finalmente llevó las sospechas contra Gerardo Saade Murillo, esposo de su hijastra Krista, una mujer de 28 años que ha sufrido violencia intrafamiliar de parte de Gerardo, por lo que incluso existe una denuncia previa del 2020 que se cerró tras un acuerdo entre las partes.
Señalado en la carpeta de investigación como probable autor material o partícipe inductor del delito de homicidio doloso calificado en grado de tentativa, el nieto de Jesús Murillo Karam habría pagado 150 mil pesos por el “trabajo” contra Sergio Beltrán.
Así lo indica un testimonio de uno de los autores materiales en el atentado contra el litigante de Pachuca, Hidalgo.
Además, un informe de la Procuraduría de Hidalgo señala que existió comunicación telefónica y a través de mensajes de texto entre Gerardo Murillo Saade y el coordinador del atentado contra Sergio Beltran, Alejandro “N”, alias “Pato”, por lo que dicha persona fungió como el contacto directo de los sicarios con el nieto del extitular de la PGR.
Dos de los autores materiales, el chofer y el tirador se declararon penalmente responsables del delito de tentativa de homicidio doloso calificado en un procedimiento abreviado, por lo que fueron condenados a 11 años, un mes y 10 días de prisión.
La audiencia para su condena se celebró este miércoles 5 de julio, mientras que el proceso penal contra el coordinador del atentado y autor material del mismo sigue su curso y todavía no hay fecha para que se emita una sentencia en su contra.
Las llamadas
Uno de los principales datos de prueba contra contra Saade Murillo, un hombre que se define en sus redes sociales como ‘emprendedor’, son las 11 llamadas telefónicas y dos mensajes de texto o multimedia que este hombre tuvo con el “Pato” el 4 de octubre del 2021, un día antes del atentado, y el 5 de octubre de ese mismo año, apenas unos minutos después de que el abogado Sergio Beltrán cayera víctima de las balas.
Un informe de la Policía de Investigación de la Procuraduría de Hidalgo, firmado por el agente Yolotzin Trejo, afirma que existe una llamada de la línea telefónica a nombre de Gerardo Saade con el número telefónico de Alejandro, alias “Pato” el día 5 de octubre del 2021 a las 11:52 horas, la cual fue geolocalizada muy cerca del lugar del atentado contra el abogado Sergio Beltrán, unos minutos después del atentado.
“El número *** solo tuvo comunicación con el número *** los días de interés que fue el día 04 de octubre cuando intentaron privar de la vida a la víctima y el día 05 de octubre del 2021, día del atentado en donde le dispararon con arma de fuego a Sergio Beltrán Merino, siendo las 11:52:09 horas (minutos después del atentado), el número *** con portabilidad a Alejandro “N”, alias “Pato”, posicionado en las coordenadas geográficas 20°7’3”N98°44’5”w, ubicación Beneficio del Patio 102e, Real de Minas, 42090 Pachuca de Soto, Hgo, cerca del lugar de los hechos, realizó una llamada telefónica con duración de 61 segundos al número *** perteneciente con base a la información contenida en los datos conservador a Gerardo Saade Murillo, estando en la posibilidad de informar que el contacto no era frecuente y solo hubo comunicación por los hechos que se investigan”, señala un extracto del informe.
Además, existen otras 10 llamadas entre ambos números los días 4 y 5 de octubre, así como un mensaje de texto y un mensaje multimedia, a pesar de que Alejandro “N” y Saade Murillo “no tienen ningún vínculo de amistad o parentesco”.
“Por lo que la comunicación entre ambos es atípica y anormal, lo que hace suponer que el objeto de las comunicaciones era precisamente el hecho que se investiga, pues como consta en la investigación, la comunicación se da en fechas y horas específicas (antes, durante y posterior a la comisión del hecho delictivo) que hace presumir un acuerdo previo para la realización del hecho, lo cual robustece lo dicho por el testigo Diego Mauricio Hurtado”, señala el reporte.
Dicha prueba, que a los ojos de la asesoría jurídica de Beltrán Merino, era “contundente”, fue desestimada por la jueza de control Janett Montiel Mendoza, argumentando deficiencias del Ministerio Público de la Procuraduría de Hidalgo al momento de formular la imputación contra Gerardo Saade Murillo en la audiencia inicial celebrada el pasado 28 de junio.
Uno de los argumentos es que Alejandro, alias “Pato”, se refería a Gerardo a la persona que lo contrató como “Toño”, ya que así se habría identificado Gerardo Saade con él. Sin embargo, el teléfono usado para estas comunicaciones era el del nieto del ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.
Esa determinación de la juzgadora adscrita al Primer Juzgado en materia Penal del Sistema Penal Acusatorio para el Primer Circuito Judicial de Pachuca, Hidalgo, no fue la única decisión polémica que tomó la impartidora de justicia.
De acuerdo con la causa penal 899/2021 a la que tuvo acceso Aristegui Noticias, la jueza Janett Montiel accedió a que la audiencia inicial contra el nieto del ex procurador general de la República fuera privada, a petición de la defensa de Gerardo Saade.
La determinación de la juzgadora se dio en sentido contrario a la solicitud de la víctima y su asesor jurídico, así como de la Ministerio Público encargada de presentar la imputación y los elementos de prueba existentes en la carpeta de investigación.
Pero aún más polémica fue la argumentación del fallo judicial: según la jueza Montiel Mendoza era mejor una audiencia privada para proteger a la víctima, ya que el público en la sala de juicio oral podría provocar que el autor intelectual del intento de homicidio contra Sergio Beltrán, imputación que recae contra Saade, pudiera estar presente y así atentar una vez más contra la víctima.
La decisión también contrasta con lo que sucedido en otras nueve audiencias: todas las audiencias contra los autores materiales Diego Mauricio; Mauricio, alias “El Tijuano”, y Alejandro “N”, alias “Pato”, fueron públicas.
Solo las dos audiencias para imputar al “emprendedor” Gerardo Saade han sido privadas.
El trato diferenciado de la jueza entre los autores materiales y el autor intelectual no se puede explicar, pese a la relación filial de Gerardo Saade Murillo con el exprocurador General de la República y ex gobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, actualmente preso y sometido a dos procesos penales por las irregularidades cometidas en el caso Ayotzinapa.
Opacidad judicial y el trasfondo del atentado.
La opacidad de la audiencia de vinculación a proceso contra Gerardo Saade Murillo provocó una cadena de desinformación sobre el verdadero móvil del crimen.
Así, se buscó relacionar el atentado que sufrió Sergio Beltrán Merino con la que fuera su ex esposa: la ex candidata del PRI a la gubernatura de Hidalgo, Carolina Viggiano, quien no ha sido nombrada en la carpeta de investigación, por lo que tampoco tiene ningún vínculo con el caso. La relación entre Beltrán y Viggiano se rompió desde hace más de 18 años .
Por ello, el propio abogado Sergio considera que el verdadero motivo del intento de homicidio apunta a su familia actual: vive con su esposa Karem y desde los 8 años crió a su hijastra Krista.
Consultados por Aristegui Noticias, Sergio Beltrán Merino y su esposa destacan que el móvil del crimen apunta a los antecedentes de violencia familiar y violencia de género que caracterizan el comportamiento de Gerardo Saade Murillo.
De hecho, existen denuncias previas de Krista tras padecer agresiones físicas y amenazas de muerte del nieto de Murillo Karam, pese a que es su esposa y es la madre de un bebé en común.
Krista reconoce que cayó en una relación de codependencia con Gerardo Saade desde 2016, la cual ha tenido episodios de violencia física y verbal, escenas de celos, chantajes y disculpas falsas que la víctima creía.
Uno de los episodios más graves de esa violencia ocurrió en febrero del 2020, cuando Gerardo Saade con escoltas armados que le proporcionaban las autoridades por su relación con el extitular de la PGR, Jesús Murillo Karam, interceptó a Krista y a uno de sus amigos, después de que ambos se retiraran de un bar.
En mayo del 2021, en la casa de Sergio Beltrán y Karem irrumpió un grupo armado para un presunto robo. Sin embargo, de manera anómala los supuestos ladrones preguntaron por su esposa, que ya se había retirado.
Además, el líder de los asaltantes le confesó que “lo habían puesto” y que el verdadero objetivo de la incursión armada era dañar a su esposa Karem Este incidente tampoco ha sido investigado.
Pero no solo Krista, esposa de Gerardo Saade, lo ha denunciado: también Karem, la mamá de la propia Krista y esposa de Sergio Beltrán, ha solicitado que se investigue al nieto de Murillo Karam tras recibir una amenaza de muerte.
La amenaza de muerte la recibió el 23 de octubre del 2021, 18 días después de que atentaran contra su esposo Sergio Beltrán.
Desde el teléfono celular 556158-4565 llegó el siguiente mensaje a KHC: “SIGUES TU O TUS HIJOS, LOS TENGO UBICADOS”.
Actualmente, ese número se encuentra inactivo y su compra se realizó en una tienda de conveniencia, por lo que fue imposible localizar al autor material de la amenaza.
Sin embargo, de la carpeta de investigación relacionada con este caso se desprende que antes de desechar el teléfono utilizado para amenazar a Karem, ese celular llamó a un número desconocido que no ha sido investigado.
La situación económica de Sinaloa puede compararse con un paciente que ha recibido varios,muchos disparos y está en estado crítico: los criminales le dispararon a la economía, pero aún no ha muerto. Según el “médico” (los analistas y cifras económicas), la economía sinaloense sigue viva, pero se encuentra en terapia intensiva, con signos de coma inducido por la violencia, la parálisis productiva y el abandono institucional,
El diagnóstico es reservado: la economía muestra pérdida de funciones vitales (cierre masivo de negocios, caída del empleo, fuga de capitales, reducción de inversión y consumo), pero aún hay actividad en algunos órganos (sectores económicos que resisten y pequeños repuntes en ciertos indicadores).
Sin embargo, la presión de la violencia, la sequía y la falta de respuesta gubernamental efectiva mantienen al paciente en estado grave, con riesgo de deterioro irreversible y retroceso de décadas en su calidad de vida y desarrollo.
El pronóstico del médico es claro: si no se atiende de inmediato la causa subyacente (la violencia y la inseguridad), el paciente puede pasar de terapia intensiva a coma profundo, y de ahí a la muerte clínica económica. La recuperación solo será posible si se estabiliza el entorno y se aplican tratamientos de emergencia para reactivar el tejido productivo y social.
Los detalles del ataque y su estado de salud
Desde septiembre pasado hemos vivido una crisis de inseguridad sin precedentes en Sinaloa, no sólo por las muertes y la violencia entre grupos del crimen organizado, sino por la paralización económica que se vive.
Además de las pérdidas económicas de las familias y empresas a quienes les robaron autos, se suman las pérdidas de los transportes y negocios quemados, así como las ya incontables pérdidas humanas. Y digo incontables porque se habla de alrededor de 1,439 personas asesinadas, pero se reportan más de 1,500 desaparecidos, aunque estos números aún son inciertos, de acuerdo con colectivos de búsqueda.
Aunado a ello, se debe contabilizar la pérdida de vidas inocentes, menores de edad, al menos 39 a la fecha, y personas adultas muertas o heridas como víctimas colaterales.
Así, podríamos hablar de unas 3,000 mil familias cuyas vidas han sido trastocadas, cuyas pérdidas van más allá de la muerte o afectaciones graves hacia un familiar, y que hay una disminución en la capacidad de producción y de llevar a cabo una vida normal derivado de ello.
El Instituto para la Economía y la Paz establece en su metodología que la violencia genera la pérdida de la oportunidad de generar ingresos de una persona que pierde la vida tempranamente por la violencia, así como de los desaparecidos.
Asimismo, señala que se debe contabilizar la pérdida de productividad de sus familiares, por ejemplo, padres, hermanos, parejas, hijos.
Además, cobra importancia la dinámica que adquiere una familia cuyo integrante se encuentra desaparecido, ya que uno o más miembros de la familia inician con una búsqueda que definitivamente afecta su capacidad productiva. De forma menos importante, pero significativa, los amigos y círculos cercanos de aquellos fuertemente afectados, también ven afectada su paz y, por lo tanto, su productividad disminuye.
Visto desde esta perspectiva, las pérdidas económicas de la violencia no implican solamente las pérdidas directas e indirectas, sino la disminución de la capacidad de una economía en su proceso de generación de riqueza, que aún es el caso de Sinaloa, ya que después de casi nueve meses aún no se ha asegurado la paz pública.
Por ejemplo, el 27 de mayo se reportaron al menos tres asesinatos, enfrentamientos, fábricas y tráileres quemados en la carretera México 15, por las ya frecuentes “razones desconocidas” o “cortos”. Todo esto afecta las decisiones en el mediano y largo plazos de las personas y las empresas, poniendo en riesgo su permanencia en el estado, o bien el incremento de nuevas inversiones. Con todo, muchas empresas seguirán, pero en definitiva el potencial de crecimiento se reduce.
Así, según los últimos datos publicados por el Inegi, sobre la actividad económica estatal, hasta diciembre del 2024, Sinaloa decreció en 3.9%, con respecto al mismo mes de 2023.
Esta pérdida es una disminución neta de la producción a consecuencia de dos situaciones: la grave sequía y crisis del sector agrícola, y la disminución de la actividad económica derivada de la violencia. Estas pérdidas acumulan al menos 27 mil millones de pesos en pérdidas en valores nominales, o bien 20 mil millones de pesos, en valores constantes.
Adicionalmente, son más de cinco mil autos robados, robos a negocios, asaltos y extorsiones, los cuales aún no se han podido contabilizar a nivel familiar, pero que todo ello acumula pérdidas significativas en lo familiar y empresarial.
¿Pero en cuánto perdió la economía su potencial?
La pérdida de casi 3,000 personas que ya no producirán representa al menos el Producto Interno Bruto anual per cápita de Sinaloa que es $164 mil pesos anuales, multiplicado por las pérdidas humanas, representa una pérdida de 492 millones de pesos anuales. Si las personas eran jóvenes y tenía al menos 20 años más por trabajar, entonces hablamos de casi 10 millones de pesos, esto son casi dos puntos porcentuales del PIB estatal.
Asimismo, asumiendo que las familias afectadas reduzcan su actividad e ingresos a la mitad, nuevamente el potencial económico se ve reducido. Además, la disminución de actividades por la noche, cancelación de conciertos y menos consumo por la violencia han llevado a la paralización de la industria de la recreación, que, según el Inegi, cayó hasta en 28% al cierre de 2024, comparado con el 2023. Pero, no sólo eso, es notorio que muchos pequeños negocios han cerrado, y los músicos se han visto en extrema dificultad para alimentar a sus familias.
Diciembre no permitió la recuperación de las pérdidas y bajas ventas desde septiembre. Según la información de la ENOE, en diciembre 2024 el comercio mostró27 mil empleos menos que en 2023, mientras que las actividades primarias tuvieron casi 22 mil empleos menos.
Con todo, la misma estadística más actualizada hasta marzo 2025, publicada apenas el 27 de mayo, nos muestra que el comercio se recuperó y muestra sólo 1,400 empleos menos que en el 2024, pero la agricultura creció en pérdidas de empleo hasta 23 mil 800 puestos de trabajo.
También es importante mencionar que la estructura del empleo por el tipo de negocios ha cambiado y se muestra una reducción de 36 mil puestos de trabajo en micronegocios con establecimiento. Ello refleja una mayor informalidad en la economía y el cierre de oficinas.
Hasta diciembre había 14 mil empleadores menos y, en marzo 2025, hasta 7 mil menos. Lo que evidencia las pérdidas profundas en el tejido productivo.
Aunado a ello, según el dato del empleo formal, Sinaloa tiene el nivel de salario medio ante el IMSS más bajo de todo el país, y hasta mayo se perdieron casi 15 mil empleos formales.
¿Qué pasará?
El PIB per cápita de Sinaloa, hasta el 2023, no se había recuperado a niveles prepandémicos del 2018. Al mismo tiempo, como ya se dijo, durante el 2024 la actividad económica decreció en al menos 3.9% con respecto al 2023, digo al menos porque estas cifras son preliminares y las definitivas se conocerán hacia finales de este mismo año. Con todo, es probable que Sinaloa cierre el 2024 con un PIB per cápita aún menor al 2023, con unos 158 mil pesos.
Aunado a ello, el 2025 no parece un año mejor, ya que la dinámica de crecimiento nacional muestra ya no solo una recesión económica sino crecimiento negativo, por lo que Sinaloa acumulará aún mayores pérdidas, primero por la menor demanda nacional, y luego por la profunda crisis de la economía local. De esta manera, el 2025, podría cerrar con un decrecimiento acumulado de hasta el 5% de la actividad económica en relación al 2024, cerrando así con un PIB per cápita de 150 mil pesos, esto es 14% menor que el nivel prepandémico, esto en un escenario optimista.
Aunque la última frase pueda sonar fuerte, la realidad es que una caída del 5% de la actividad en el 2025 aún suena optimista, ya no solamente por la pérdida directa e indirecta de la economía, los hogares, empresas y los gobiernos con su menor recaudación y capacidad de gasto, que también ya ha dado evidencias de reducción en el primer trimestre de este 2025.
Además de todo lo anterior se acumula un hecho que es un secreto a voces, los flujos económicos que son gastados e invertidos en Sinaloa por el lavado de dinero traerá consigo también una reducción significativa de la actividad económica. No es un secreto la gran cantidad de locales, restaurantes y pequeñas plazas que han cerrado, no por extorsiones, sino porque los dueños se fueron ya de la ciudad.
Asimismo, en los municipios del sur y los más pobres, los flujos del crimen organizado representaban un ingreso importante que a la fecha se encuentra suspendido o amenazado. Hay desplazados y la violencia aún no frena.
Todo esto llevará a que Sinaloa desafortunadamente retroceda casi 20 años en su bienestar económico. Fue en el 2005 cuando Sinaloa tuvo un PIB per cápita por debajo de los 150 mil pesos, por lo que la actual situación nos llevará 20 años de retroceso, y en la perspectiva aún no se vislumbran salidas, mientras no se restablezca la paz, Sinaloa podría seguir cavando hacia abajo en esta carrera.
Además, dado el menor crecimiento económico nacional, las remesas amenazadas y la menor demanda internacional de exportaciones, con claras amenazas a exportaciones locales de hortalizas, Sinaloa podría no recibir el soporte de políticas públicas que requiere, pues el Ejecutivo federal, aunque quiera, tiene muy limitada capacidad de gasto, debido a los altos niveles de endeudamiento dejados por el ex Presidente López Obrador, y la necesidad imperante de reducir el déficit fiscal en un ambiente de menor crecimiento económico y de enormes necesidades de financiamiento en CFE y Pemex.
