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sábado, 26 de abril de 2025

“TACTICA de GUERRA como en TAMAULIPAS”: “PRENSA NACIONAL YA se DIO CUENTA que NARCOS le BAJARON al ASESINATO en PUBLICO para SUBIRLE al LEVANTON con ASESINATO en PRIVADO”…no hay muerto,no hay evidencia,no hay delito,


Qué bien. Siempre será una buena noticia que haya una disminución en las ejecuciones que provocan las guerras narcas. Sin embargo, si se comparan las cifras anualmente, si exponemos los homicidios dolosos que hubo en marzo del 2024 (2,412) contra los que se registraron en marzo de este año (2,317), el descenso es de apenas 3.94 %. El dato es bueno, pero a secas: se trata de una disminución insuficiente. Para subrayarlo más: 72 ejecuciones cada día son inadmisibles.

Vuelvo a una mirada positiva: que se presente lo que parece una tendencia a la baja genera esperanza luego de tantos años de violencia, sí, es verdad, y que la mayoría de los homicidios dolosos estén concentrados en siete estados también representa un cierto alivio territorial, ya que eso permite intensificar esfuerzos de seguridad en zonas específicas: más de la mitad de los homicidios dolosos (51.4%) se perpetra en Guanajuato (11.8% del total nacional), Estado de México (8.2%), Sinaloa (6.9%), Jalisco (6.5%), Guerrero (6.1%) Michoacán (6%) y Baja California (5.9%).

Pero… en periodismo siempre hay un pero: mientras bajan los homicidios, suben las desapariciones. Y eso es una muy mala noticia. Una pésima noticia porque ya hay suficientes indicios en diferentes estados para afirmar que se trata de una táctica de guerra consolidada por los criminales para evitar el calentamiento de las plazas y la sobreexposición mediática de sus actividades delictivas y de la corrupción policial y gubernamental que suele acompañarlas: no hay muerto, no hay evidencia, no hay delito, no hay nota, no hay despliegue de seguridad importante.

Para comparar, dejo estos datos: en los últimos meses del sexenio anterior, de enero a septiembre, hubo 9,867 desapariciones, personas desaparecidas que ya no fueron halladas. Eso daba un promedio de 1,096 casos por mes. Y la tendencia era al alza: en enero y febrero de 2024 hubo un promedio de 961 desapariciones y en agosto y septiembre el promedio mensual ya era de 1,209 casos, casi trescientos más por mes.

Ahora, en lo que va de este sexenio, de octubre a marzo, la tendencia se consolidó: van 7 mil 538 desapariciones en seis meses, lo que da un promedio 1,256 casos por mes, 160 más que el promedio final del sexenio anterior (1,096). Además, mal augurio, el peor mes fue el pasado, que registró a 1,408 desapariciones.

Hace algunos años los desplantes machistas de los capos del crimen organizado requerían exhibir sus atrocidades para generar terror entre la población y las autoridades y respeto en la mente de sus rivales: tú me matas a tres, yo te ejecuto a nueve; tú me descuartizas a once, yo te decapito a quince; tú me encajuelas a siete, yo te cuelgo a otros en un puente. Eso les daba rating no sólo en los medios sino entre la población que, de boca en boca, hablaba de los muertos que veía cualquier día normal. El desaparecido no vendía, más allá del dolor que generaba directamente en las familias.

Poco a poco, en los últimos años, los jefes del sicariato se percataron que tanto cadáver regado no era buen negocio. Se les calentaba de más la plaza, se llenaba de fuerzas federales, y eso les dificultaba el negocio. porque hasta los gobernadores, que llevan décadas haciéndose güeyes con la inseguridad, tenían que reaccionar ante semejantes tiraderos de cuerpos.

Por eso optan ahora por los desaparecidos, porque los capos se fueron percatando que los levantados no hacían tanto ruido… hasta que las madres buscadoras y los medios empezamos, cada vez más enfáticamente, a alertar sobre esta creciente y miserable táctica de guerra. Afortunadamente, el gobierno federal y algunos mandatarios estatales han entendido que no pueden desaparecer dos veces a los desaparecidos ignorando su existencia y el sufrimiento desgarrador de sus familiares. Empiezan a comprender que tienen que tener tantita humanidad y que por lo menos deben acompañar en sus búsquedas a las madres de desaparecidos.

Bien que desciendan las cifras de los muertos visibles, pero en el gobierno federal no deben echar las campanas al vuelo porque el narco hoy está matando de otra manera: está desapareciendo cada vez más gente, y eso no sólo se tiene que contar y denunciar una y otra vez, sino que se tiene que combatir con toda la fuerza del Estado.

TRASFONDO

Más allá de la estadística, está el México real y palpable del sicariato nacional…

María del Carmen Morales, de 43 años, madre buscadora de Jalisco, junto con su hijo Jaime Daniel Ramírez, de 26 años, fueron acribillados la noche del miércoles en un parque público en Tlajomulco de Zúñiga (zona con fuerte presencia criminal desde hace muchos años), donde estaban captando agua en recipientes porque no tenían abasto en su colonia, según reportaron medios locales. 

El crimen se registró en el fraccionamiento Las Villas. El colectivo señaló que María del Carmen ya había recibido amenazas anteriormente por sus labores de búsqueda. ¿Qué pasó? Alrededor de las once y media de la noche sicarios a bordo de motocicletas les dispararon y huyeron.

El sello de la casa narca.

No es nueva la saña de los criminales con las madres buscadoras de esa región. Navegando en internet rápidamente encontré que apenas a inicios de este mes murió en un hospital Teresa González Murillo, buscadora del colectivo Luz de Esperanza: una semana antes, tres sujetos ingresaran a su domicilio en Guadalajara y le dispararan. Por si había dudas del odio y del mensaje intimidante de los sicarios hacia otras madres buscadoras, uno de los impactos, según leo, lo recibió Teresa en la cara.

Sí Jalisco de Movimiento Ciudadano no protege a esas mujeres, Claudia Sheinbaum debería ordenar que fuerzas federales las cuiden: es una infamia que sean ejecutadas por buscar a sus hijas e hijos y por denunciar a los criminales y las ineficiencias de las autoridades, que no pocas veces son cómplices de los criminales.

Con informacion: jp.becerra.acosta.m@gmail.com/Twitter: @jpbecerraacostaELUNIVERSAL+

"CASI 8 MIL CARPETAS por TORTURA y TRATOS CRUELES": LA "GUARDIA NACIONAL CREADA para PROTEGER se GRADUO con HONORES en el ARTE de INFLIGIR DAÑO a CIUDADANOS"...salieron muy malos para ser buenos o al revés volteado.


La Guardia Nacional formada a partir de una “mezcolanza de federales, marinos y militares”, creada como la apuesta central del gobierno federal en materia de seguridad pública durante el sexenio pasado, encabeza la lista de autoridades imputadas en casos de tortura y tratos crueles o inhumanos en México.

Esta conducta, reiterativa en ecosistémas policiaco-militares, nos deja reflexiones profundas sobre su papel y mal desempeño que podemos ejemplificar con reflexiones sobre el poder y la corrupción:

  • “El poder, cuando se entrega sin control ni rendición de cuentas, suele atraer a los peores y sacar lo peor de los que llegan. La Guardia Nacional, creada para proteger, terminó perfeccionando el arte de infligir daño: salieron buenos… pero para ser malos”.
  • “La historia lo confirma: el poder absoluto corrompe absolutamente. La Guardia Nacional, llamada a ser escudo, se convirtió en espada contra los derechos humanos. Salieron buenos para lo que no debían”,
  • “En México, el experimento de militarizar la seguridad pública terminó como muchos advirtieron: quienes debían proteger a la sociedad, se graduaron con honores en el abuso. Salieron buenos para ser malos,malisimos”.

Estas frases retoman la idea de que el poder, lejos de ennoblecer, puede corromper y que, en este caso, la apuesta por la Guardia Nacional resultó en una paradoja: la institución que debía garantizar la seguridad, que debía proteger y servir, encabeza las denuncias por tortura y tratos crueles o inhumanos.

Cualquiera de estas reflexiones refuerzan la ironía y subrayan el fracaso institucional avalado en las cifras oficiales.

Según datos del Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET) de la Fiscalía General de la República, entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de diciembre de 2024 se abrieron 7,749 expedientes judiciales federales por denuncias de estos delitos.

De ese total, 710 expedientes corresponden a 2018 y 7,039 al periodo 2019-2024, es decir, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. En promedio, cada año se abren 1,107 expedientes por estos delitos a nivel federal.

Solamente el 1.24% de los responsables ha sido identificado en las actas; de estos, la mayoría pertenece a la Guardia Nacional, seguida por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y, en tercer lugar, personal de centros penitenciarios.

Distribución geográfica y perfil de las víctimas

Las entidades con mayor número de expedientes abiertos son:

  • Oaxaca: 11.7% (904 expedientes)
  • Veracruz: 11.2% (870)
  • Estado de México: 8.1% (626)
  • Durango: 7.4% (571)
  • Jalisco: 7.1% (552)[1]

A nivel federal, se han abierto 4,130 expedientes por tortura y 3,619 por tratos crueles o inhumanos. Oaxaca concentra el 16.2% de los expedientes de tortura, Jalisco el 11.3% y el Estado de México el 9.8%. En cuanto a tratos crueles, Veracruz lidera con el 19.3%, seguido por Durango (14.3%) y Nayarit (13.3%)[1].

En total, los delitos se perpetraron contra 7,943 víctimas (promedio anual de 1,135 personas), siendo la mayoría hombres (69.7%). Las víctimas masculinas se concentran principalmente en Oaxaca, Veracruz y Durango, mientras que las mujeres víctimas destacan en Morelos, Ciudad de México y Nuevo León.

Contexto y relevancia

Estos datos ponen en relieve un ángulo crítico del fracaso de la estrategia militarizada de seguridad pública en México: lejos de reducir la violencia y garantizar derechos humanos, la principal fuerza de seguridad federal es señalada como la mayor perpetradora de tortura y tratos inhumanos. 

El bajo porcentaje de responsables identificados (1.24%) y la alta incidencia de denuncias sugieren graves deficiencias en los mecanismos de control, rendición de cuentas y prevención de abusos dentro de las corporaciones de seguridad.

El Registro Nacional del Delito de Tortura, creado para dimensionar y analizar la incidencia de este delito, confirma el carácter sistemático de las violaciones y la urgencia de fortalecer tanto la prevención como la investigación y sanción de estos hechos.

Conclusión

La información oficial evidencia que la militarización de la seguridad pública, lejos de resolver la crisis de violencia, ha profundizado patrones de abuso y tortura, con la Guardia Nacional como principal responsable en el periodo reciente. Esto subraya la necesidad de replantear la estrategia de seguridad y fortalecer los mecanismos civiles y de derechos humanos en la persecución y sanción de estos delitos.

Con informacion: EMEEQUIS/

EL “PUERCO de POLICIA de AMERICO y el SOPES”: “BLOQUEAN CARRETERA por EXTORSIONES de la GUARDIA ESTATAL SEGUNDO LUGAR NACIONAL en ABUSOS 2024″…con tan solo el 4.9% de efectivos de CDMX el Primer Lugar.


Extorsión, robos y acoso policial son los principales abusos denunciados por comerciantes de autos provenientes de Estados Unidos, quienes bloquearon la carretera Victoria-Matamoros en protesta contra la Guardia Estatal que opera bajo el mando del General Sergio Hernando Chavez y el gobierno de Morena de Americo Villarreal en Tamaulipas ,ostentando nada mas y nada menos que el Segundo Lugar Nacional en Abusos,de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Publica Estatal 2024. 

Naturaleza de los Abusos Denunciados

  • Extorsión y hostigamiento: Los comerciantes, conocidos como “carreros”, acusan a elementos del Grupo Especial de la Guardia Estatal de realizar actos sistemáticos de hostigamiento y extorsión durante los operativos en la carretera federal. 
  • Señalan que estos operativos derivan en decomisos injustificados y revisiones arbitrarias, afectando gravemente su actividad comercial.
  • Decomisos arbitrarios: Se reportan decomisos de vehículos bajo el argumento de irregularidades en la nacionalización de autos, especialmente por supuestas alteraciones en la fecha de ingreso al país, aunque los afectados aseguran haber cumplido con el proceso de regularización. 
  • Los decomisos no solo se realizan en los puentes internacionales, sino también en retenes instalados en carreteras federales.
  • Robos y abandono: Testimonios recogidos durante la protesta señalan que algunos comerciantes han sido despojados de sus pertenencias y, en ciertos casos, abandonados en lugares lejanos o despoblados tras los operativos, lo que agrava la percepción de inseguridad y abuso.
  • Acoso cotidiano: Los manifestantes aseguran que estos actos de acoso y abuso no son hechos aislados, sino que forman parte de una práctica cotidiana por parte de la Guardia Estatal, lo que ha generado un clima de temor y desconfianza en la región.

Reacción y Contexto de la Protesta

  • Bloqueo de la carretera: La protesta se llevó a cabo en el kilómetro 201 de la carretera federal Victoria-Matamoros, frente al destacamento de la Guardia Nacional. 
  • Los comerciantes bloquearon ambos sentidos de la vialidad utilizando llantas, piedras, tráileres y vehículos, lo que provocó largas filas y una importante carga vehicular en la zona.
  • Exigencias de los manifestantes: Los inconformes demandan el cese inmediato de los operativos y abusos policiales, así como una revisión de los procedimientos de decomiso y regularización de vehículos. 
  • Advierten que no retirarán el plantón hasta obtener garantías de respeto a sus derechos y el fin de los presuntos abusos.
  • Reacción de autoridades: Elementos de la Guardia Nacional que tambien han sido acusados por lo mismo,acudieron al sitio para resguardar la zona y dialogar con los manifestantes, buscando una solución que permita reabrir la circulación y atender las demandas planteadas.

Antecedentes y Movilización Social

  • Recolección de firmas: Además del bloqueo, los afectados han iniciado campañas de recolección de firmas para exigir a las autoridades una revisión de los procedimientos de decomiso y evitar que se afecte a quienes han cumplido con la regularización de sus vehículos.
  • Acusaciones previas: La Guardia Estatal ha sido señalada en varias ocasiones por uso excesivo de la fuerza y presunta falta de respeto a los derechos humanos durante detenciones y operativos en la región.

SEGUNDO LUGAR NACIONAL en ABUSOS 2024

Panorama nacional y contexto local

El Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2024 revela que Tamaulipas cuenta con una de las fuerzas policiales estatales más pequeñas del país , 4,522 elementos en 2023, lo que representaba apenas el 1.9% del total nacional. Sin embargo, esta corporación ocupa un lugar destacado en diversos indicadores de abusos y denuncias, lo que resulta desproporcionado con respecto a su tamaño.

Tamaulipas: menor fuerza, mayor incidencia de abusos

1. Número reducido de efectivos

  • Tamaulipas tiene 4,522 policías estatales, muy por debajo de entidades como Ciudad de México (92,663) o Estado de México (20,797).
  • Su tasa de policías preventivos por cada 1,000 habitantes es de 1.2, apenas por encima del promedio nacional (0.9), pero muy lejos de la CDMX (3.4).

2. Denuncias y quejas ciudadanas

  • En 2023, Tamaulipas recibió 878 quejas ciudadanas contra sus policías, ubicándose en el SEGUNDO LUGAR NACIONAL ntre las diez entidades con más denuncias, muy y pese a su bajo número de efectivos.
  • La Guardia Estatal de Tamaulipas ya acumulaba en la fecha del censo, más de 500 denuncias por violaciones a derechos humanos desde su creación por Americo Villarreal en 2022, incluyendo casos de abuso de autoridad, extorsión, violencia contra mujeres y violaciones a la legalidad y seguridad jurídica.
  • En investigaciones internas, la SSP de Tamaulipas mantenia abiertos casi 3,000 expedientes por presuntos abusos y corrupción entre 2021 y julio de 2024, reflejando una tendencia creciente en las denuncias.

3. Elementos sancionados y denunciados penalmente

  • En 2023, 56 policías estatales de Tamaulipas fueron sancionados por faltas administrativas, cifra similar a la de entidades con mayor número de efectivos.
  • Además, 8 elementos fueron denunciados ante el Ministerio Público por la presunta comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, dato relevante considerando el tamaño de la corporación.

5. Productividad y perfil de detenciones

  • De acuerdo al mismo censo,la policía de Tamaulipas es una de las menos productivas en detenciones de delincuentes: de 8,369 detenciones en 2023, solo 532 fueron puestas a disposición del Ministerio Público por delitos, el resto por faltas administrativas.
  • Esta baja efectividad contrasta con el alto número de quejas y enfrentamientos, sugiriendo un enfoque más reactivo, punitivo y menos orientado a la investigación y prevención.

Comparativo nacional

IndicadorTamaulipasNacional (promedio o contexto)
Policías estatales (2023)4,522235,832 (total nacional)
Quejas ciudadanas (2023)87815,460 (total nacional)
Policías sancionados (2023)5611,784 (total nacional)
Enfrentamientos armados (2023)145667 (total nacional)
Puestas a disposición ante MP (2023)532146,864 (total nacional)
Denuncias por violaciones a DDHH (2022-2024)521+N/A

Interpretación y conclusiones

  • Desproporción: Tamaulipas destaca nacionalmente en indicadores negativos (abusos, enfrentamientos, quejas) pese a contar con una fuerza policial significativamente menor que otras entidades.
  • Contexto estructural: Factores como el alto riesgo, la violencia criminal y la rotación de personal foráneo contribuyen a una cultura policial proclive al abuso, la corrupción y la impunidad.
  • Impunidad y falta de control: El alto volumen de denuncias y expedientes abiertos contrasta con la falta de información sobre sanciones efectivas, lo que sugiere debilidades en los mecanismos de control interno y rendición de cuentas.
  • Impacto nacional: Tamaulipas se ha convertido en un foco rojo en materia de abusos policiales, no por la cantidad de policías, sino por la persistencia y gravedad de las violaciones cometidas bajo el Gobierno de morena, lo que contrasta su humanismo y exige atención y reformas profundas a nivel institucional y de políticas públicas.

Cita relevante

“Más de 500 denuncias por violación a derechos humanos acumula la Guardia Estatal de Tamaulipas, la cual fue creada en el año 2022… la realidad es que reportes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas refieren que la nueva corporación de seguridad pública acumula más de 500 quejas interpuestas por ciudadanos contra los agentes de dicha institución”.

En síntesis: Tamaulipas, pese a tener una de las policías estatales más pequeñas del país, figura de manera destacada en los principales indicadores de abusos y denuncias, lo que evidencia un problema estructural de violencia institucional y debilidad en los controles internos, con impactos nacionales en materia de derechos humanos y confianza pública,en síntesis son un “puerco de policia que no esta hecho para proteger y servir, sino coludirse y ser_vil”.


Con informacion: ELNORTE/

“MEXICO FUE TESTIGO”: “SEMANA con ESCALADA de VIOLENCIA PERMITIO al CRIMEN ORGANIZADO MANDARLE un MENSAJE al GOBIERNO de QUIEN MANDA en MEXICO”…mas alla del rollo mañanero.


México ha vuelto a ser testigo esta semana de una escalada de violencia que no puede ni debe ser normalizada. El hallazgo de 17 cementerios clandestinos con decenas de restos humanos en tres Estados diferentes; la ejecución de María del Carmen Morales, madre buscadora en Jalisco junto a su hijo, también asesinado, y los ataques coordinados del cartel Jalisco Nueva Generación en más de 30 municipios de Michoacán, Jalisco y Guanajuato, son algunos de los sucesos que evidencian la profunda crisis de seguridad y justicia que atraviesa el país.

El descubrimiento de fosas clandestinas en Sinaloa, donde se exhumaron 11 cadáveres, Baja California y Colima refleja una tragedia recurrente que pone en evidencia cómo el crimen organizado permea todo el territorio y la imposibilidad de las autoridades de hacer frente a tamaño reto. 

Las fosas clandestinas son la manifestación más brutal de una tragedia que México arrastra desde hace años. Cada hallazgo revela no solo la dimensión de la violencia, sino también el abandono institucional y el dolor interminable de miles de familias que buscan a sus desaparecidos. Las cifras oficiales apenas alcanzan a describir la magnitud de un fenómeno que sigue creciendo en la sombra, alimentado por la impunidad y la indiferencia.

La violencia del crimen organizado también se ceba con quienes buscan a los desaparecidos. María del Carmen Morales, integrante del colectivo Guerreros Buscadores, fue asesinada junto a su hijo en un parque. Morales había recibido amenazas por su labor en la búsqueda de otro de sus hijos, Ernesto, desaparecido desde febrero de 2024. 

El colectivo al que pertenecía la mujer es el mismo que propició que las autoridades investigaran el rancho de Teuchitlán donde se hallaron crematorios clandestinos y cientos de prendas de ropa apenas hace unas semanas. Su muerte se suma a la de otras dos decenas de madres buscadoras asesinadas desde 2010, evidenciando la vulnerabilidad de estos activistas frente al crimen organizado.

A estas dos tragedias se suma la ola de violencia desatada por el cartel Jalisco Nueva Generación, el más poderoso del país, que bloqueó carreteras y quemó vehículos en al menos 30 municipios de tres Estados distintos. 

Estos ataques, que dejaron dos policías muertos, fueron una respuesta a los operativos del Gobierno contra la organización criminal. 

La magnitud de estos eventos demuestra la capacidad del cartel jalisciense para desafiar al Estado y sembrar el terror en la población. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por combatir el crimen organizado, como los operativos en Teuchitlán y las detenciones de líderes criminales, la realidad es que queda un largo camino por recorrer. 

La impunidad, la corrupción y la falta de coordinación entre las autoridades, sobre todo en el pasado, siguen siendo hoy obstáculos gigantescos para garantizar la seguridad y justicia que los mexicanos merecen.

Fuente.-DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/