La Guardia Nacional formada a partir de una “mezcolanza de federales, marinos y militares”, creada como la apuesta central del gobierno federal en materia de seguridad pública durante el sexenio pasado, encabeza la lista de autoridades imputadas en casos de tortura y tratos crueles o inhumanos en México.
Esta conducta, reiterativa en ecosistémas policiaco-militares, nos deja reflexiones profundas sobre su papel y mal desempeño que podemos ejemplificar con reflexiones sobre el poder y la corrupción:
- “El poder, cuando se entrega sin control ni rendición de cuentas, suele atraer a los peores y sacar lo peor de los que llegan. La Guardia Nacional, creada para proteger, terminó perfeccionando el arte de infligir daño: salieron buenos… pero para ser malos”.
- “La historia lo confirma: el poder absoluto corrompe absolutamente. La Guardia Nacional, llamada a ser escudo, se convirtió en espada contra los derechos humanos. Salieron buenos para lo que no debían”,
- “En México, el experimento de militarizar la seguridad pública terminó como muchos advirtieron: quienes debían proteger a la sociedad, se graduaron con honores en el abuso. Salieron buenos para ser malos,malisimos”.
Estas frases retoman la idea de que el poder, lejos de ennoblecer, puede corromper y que, en este caso, la apuesta por la Guardia Nacional resultó en una paradoja: la institución que debía garantizar la seguridad, que debía proteger y servir, encabeza las denuncias por tortura y tratos crueles o inhumanos.
Cualquiera de estas reflexiones refuerzan la ironía y subrayan el fracaso institucional avalado en las cifras oficiales.
Según datos del Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET) de la Fiscalía General de la República, entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de diciembre de 2024 se abrieron 7,749 expedientes judiciales federales por denuncias de estos delitos.
De ese total, 710 expedientes corresponden a 2018 y 7,039 al periodo 2019-2024, es decir, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. En promedio, cada año se abren 1,107 expedientes por estos delitos a nivel federal.
Solamente el 1.24% de los responsables ha sido identificado en las actas; de estos, la mayoría pertenece a la Guardia Nacional, seguida por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y, en tercer lugar, personal de centros penitenciarios.
Distribución geográfica y perfil de las víctimas
Las entidades con mayor número de expedientes abiertos son:
- Oaxaca: 11.7% (904 expedientes)
- Veracruz: 11.2% (870)
- Estado de México: 8.1% (626)
- Durango: 7.4% (571)
- Jalisco: 7.1% (552)[1]
A nivel federal, se han abierto 4,130 expedientes por tortura y 3,619 por tratos crueles o inhumanos. Oaxaca concentra el 16.2% de los expedientes de tortura, Jalisco el 11.3% y el Estado de México el 9.8%. En cuanto a tratos crueles, Veracruz lidera con el 19.3%, seguido por Durango (14.3%) y Nayarit (13.3%)[1].
En total, los delitos se perpetraron contra 7,943 víctimas (promedio anual de 1,135 personas), siendo la mayoría hombres (69.7%). Las víctimas masculinas se concentran principalmente en Oaxaca, Veracruz y Durango, mientras que las mujeres víctimas destacan en Morelos, Ciudad de México y Nuevo León.
Contexto y relevancia
Estos datos ponen en relieve un ángulo crítico del fracaso de la estrategia militarizada de seguridad pública en México: lejos de reducir la violencia y garantizar derechos humanos, la principal fuerza de seguridad federal es señalada como la mayor perpetradora de tortura y tratos inhumanos.
El bajo porcentaje de responsables identificados (1.24%) y la alta incidencia de denuncias sugieren graves deficiencias en los mecanismos de control, rendición de cuentas y prevención de abusos dentro de las corporaciones de seguridad.
El Registro Nacional del Delito de Tortura, creado para dimensionar y analizar la incidencia de este delito, confirma el carácter sistemático de las violaciones y la urgencia de fortalecer tanto la prevención como la investigación y sanción de estos hechos.
Conclusión
La información oficial evidencia que la militarización de la seguridad pública, lejos de resolver la crisis de violencia, ha profundizado patrones de abuso y tortura, con la Guardia Nacional como principal responsable en el periodo reciente. Esto subraya la necesidad de replantear la estrategia de seguridad y fortalecer los mecanismos civiles y de derechos humanos en la persecución y sanción de estos delitos.
Con informacion: EMEEQUIS/
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