La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadosaprobó “sin chistar y sin modificar nada”, pues estan lejos de ser un poder independiente, el dictamen de reforma que plantea la creación de un registro de usuarios de líneas telefónicas móviles que permitira a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que comanda una “probada curricula mañosa que estuvo al servicio del narco”, solicitar a cualquier institución de seguridad, del Estado o privada, información contenida en cualquier registro, incluidos biométricos, para la investigación de delitos.
El dictamen avalado con 25 votos a favor de Morena, aliados y Movimiento Ciudadano (MC), tres en contra del PRI y cuatro abstenciones del PAN y del morenista Manuel Espino, expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, ambas reglamentarias de la reforma al artículo 21 de la Constitución en materia de seguridad pública.
El proyecto fue aprobado en medio de críticas de la Oposición y de legisladores de Morena, quienes advirtieron riesgos ante la prisa con la que fue procesado el dictamen que hoy será discutido en el pleno.
Damián Retes, del PAN, dijo que les preocupa sobremanera que los cambios legales puedan violar el derecho a la privacidad y el uso indebido de datos por parte de la autoridad, ya que la iniciativa insiste en la creación de un registro de telefonía móvil similar al que la Corte declaró inconstitucional, y que incluso Arturo Zaldívar y las Ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, cercanas a Morena, votaron en contra, por considerarlo violatorio de los derechos humanos.
El legislador agregó que hay riesgos en la falta de control judicial y el uso de la información por parte del Estado y por entes privados, ya que podría ser una amenaza a la presunción de inocencia.
“Hoy, si el Estado, la Fiscalía está llevando a cabo una investigación y considera que hay la probable comisión de un delito, pide la intervención de un juez para intervenir un teléfono celular, ahora dicen: eliminemos eso, quiten ese formato único, quiten esa ventanilla única y simplemente, porque yo, autoridad, quiero, intervenir un teléfono, que por cierto, parece espionaje, lo puedo hacer con el argumento de prevenir delitos”.
Retes agregó que en materia de interconexión de bases de datos tampoco hay una regulación clara, ya que se faculta para que los entes privados tengan acceso a la información de seguridad.
“¿Qué significa eso? ¿Qué una policía privada puede tener acceso a eso? ¿Qué algún banco con fines de inteligencia puede recabar información que esté en diferentes bases de datos?”, cuestionó.
El priista Emilio Lara dijo que su bancada no acompaña el dictamen que fue entregado unas horas antes de la reunión en comisiones y porque parte de una premisa falsa, al señalar que el Ejecutivo federal presentó ante el Senado la Estrategia Nacional de Seguridad, aunque no existe constancia alguna de ella.
Lara agregó que el dictamen retoma la militarización de personal a cargo de la seguridad pública y aunque la coordinación se menciona muchas veces, en la práctica ésta se traduce en la ampliación de las facultades de la SSPC.
Juan Zavala, de MC, subrayó la necesidad de construir y apostar sin regateos por instituciones fuertes, capaces y profesionales que no sólo reaccionen con fuerza de combate frente al crimen organizado, sino que lo sometan por medio de inteligencia, tecnología e investigación criminal.
El emecista dijo que parte de lo que le preocupa a su bancada es que el dictamen tiene candados presupuestales que buscan blindar el dinero que hoy se envía a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que implica que se le niegue al aparato civil esos recursos.
El morenista Manuel Espino, quien votó en abstención, reconoció las buenas intenciones de la reforma, pero advirtió que ésta se encuentra incompleta, mientras que el trabajo de la Comisión de Seguridad fue precipitado y deficiente.
“Parece que tenemos prisa ya en pasarlo mañana, y mañana, pues ya nos veo, subiendo reservas para decir algo para entrarle a la guerra sucia, a los dimes y diretes y, al final, retirar la reserva, pero ya me subí a tribuna, ya van 20 veces que me subo a la tribuna y en eso medimos el éxito legislativo”.
Espino advirtió que no todo lo que llega del Ejecutivo federal viene completo y recordó que al Poder Legislativo le corresponde resolver reformas y crear nuevas leyes.
“No tiene que pasar como venga del Poder Ejecutivo, tenemos que asumir el papel del Poder Legislativo y aquí también proponer mejorar las propuestas que vengan de allá”.
El ex panista insistió en que no está en contra del propósito de la reforma, pero sostuvo que ésta no se está haciendo bien.
“Me preocupa que algo tan importante le demos un carácter superficial. Voy a favor, pero hago la observación de que esto está incompleto y, en sí mismo implica un riesgo, el riesgo de que por mala definición legislativa se ate la esperanza y la exigencia del pueblo que merece seguridad”.
Politicas fallidas,ineficaces y riegosas
La reciente aprobación del registro de usuarios de líneas móviles en México revive un debate histórico sobre medidas de seguridad que han demostrado ser ineficaces y riesgosas.
Este nuevo intento repite errores de políticas fallidas del pasado, como el padrón implementado entre 2009-2012 durante el gobierno de Felipe Calderón, que fue cancelado por su nulo impacto en la reducción del crimen y sus altos costos. Aquí los argumentos clave que explican por qué estas iniciativas no funcionan:
Ineficacia comprobada contra el crimen organizado
Datos históricos revelan fracasos:
- El registro anterior (2009-2012) aumentó los secuestros en 8% y las extorsiones en 40%, según el informe del GSMA que motivó su cancelación.
- Organizaciones como R3D señalan que los criminales usan técnicas como SIMs clonadas, robadas o adquiridas en el mercado informal (donde se venden sin identificación), lo que hace irrelevante el registro.
Ejemplo reciente de corrupción:
- Durante la administración de Genaro García Luna, se documentó la venta de tecnología de espionaje a autoridades mexicanas para interceptar comunicaciones sin controles legales, demostrando cómo estos sistemas pueden ser desviados para fines ilícitos.
Riesgos para la privacidad y seguridad ciudadana
Vulnerabilidad de datos sensibles:
- México tiene un historial de filtraciones masivas, como la exposición de datos de 830,000 servidores públicos en 2021.
- El 75% de los países con registros biométricos son regímenes autoritarios (China, Venezuela), según R3D.
Colusión autoridades-crimen:
- Luis Fernando García de R3D advierte: “En México, la línea entre crimen y autoridades muchas veces es inexistente”, lo que facilita el acceso ilícito a los datos.
Problemas constitucionales y ausencia de garantías
Precedente judicial:
- En 2022, la Suprema Corte declaró inconstitucional el PANAUT (registro biométrico de 2021) por violar derechos humanos y no requerir órdenes judiciales para acceder a los datos.
Violación a principios fundamentales:
- Presunción de inocencia: La reforma actual permitiría imputar delitos al titular registrado, incluso si su línea fue robada o clonada.
- Ausencia de control judicial: La SSPC podría solicitar datos biométricos sin supervisión de un juez, según críticas de legisladores.
Costos elevados sin beneficio social
- El registro derogado en 2012 costó $700 millones de pesos[1], mientras que el nuevo tendría un costo estimado de $21,000 millones.
- Estos recursos contrastan con el aumento del 7.5% en víctimas de corrupción reportado en 2019, evidenciando prioridades equivocadas.
Conclusión
La insistencia en registros biométricos refleja una estrategia de seguridad obsoleta que ignora lecciones clave:
- Los criminales evaden fácilmente estos controles usando métodos no rastreables.
- Centralizar datos sensibles crea blancos para filtraciones y abusos de poder.
- Se privilegian medidas de vigilancia masiva sobre soluciones estructurales (mejor inteligencia policial, reforma judicial).
Como señaló el senador Emilio Álvarez Icaza: “Estos registros son características de regímenes autoritarios”. La repetición de políticas fallidas sugiere intereses ajenos a la seguridad ciudadana, priorizando el control sobre los derechos fundamentales.
Con informacion: ELNORTE/
