Ante la entrega de 29 criminales a Estados Unidos, entre ellos capos del narcotráfico, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, previó una reacción del crimen organizado.
“El que el Gabinete de Seguridad haya actuado de esta manera, nos da seguridad. Obviamente tenemos que estar pendientes de las reacciones que pudiera suscitarse con motivo de los vacíos que se dejan frente al traslado de estos personajes”.
El morenista llamó a respaldar a la Presidenta Claudia Sheinbaum ante lo que llamo “hostilidades” del Gobierno de Donald Trump y que México tiene que estar unido y México tiene que respaldar a la Presidenta Sheinbaum,que la curricula manchada,Omar García Harfuch,dijo que no tuvo nada que ver en la entrada de capos a EE.UU.
“Son momentos críticos, difíciles, que estamos viviendo frente a la hostilidad de un Gobierno extranjero, que la única manera de aguantar, de resistir y enfrentar con éxito esta embestida es con la unidad de mexicanas y mexicanos”.
Monreal también achacó a jueces el retraso para entregar a estos delincuentes.
“Se demuestra que muchos de ellos en su mayoría no estaban siendo trasladados ni extraditados por obstáculos que la justicia federal interpuso, y que la justicia federal de manera recurrente evitaba al otorgar amparos y suspensiones que evitaban la extradición”, indicó.
Ricardo Monreal, fundamenta sus advertencias sobre reacciones del crimen organizado en un contexto marcado por tres factores clave: la presión geopolítica de la administración Trump, la narrativa oficialista sobre obstrucción judicial para justificar una medida ilegal y los antecedentes de infiltración criminal en instituciones mexicanas de las que Morena es lider..
1. Tensión bilateral y cálculo político La extradición, entrega o expulsión, ocurre en un escenario de creciente amago del gobierno de Donald Trump por la tambien creciente desconfianza hacia México, de lo que MORENA es en gran parte responsable y Shenbaum beneficiaria, no se olvide que es continuida_”.
Monreal busca el protagonismo par capitalizar este escenario en su favor,dizque fortaleciendo la unidad nacional alrededor de Sheinbaum, muy deteriorada en su caso personal y repitiendo el discurso soberanista de la “segunda independencia” que propone reducir la dependencia económica de EE.UU. Aunque la sedicente acción antinarcóticos coordinada ,contradice parcialmente esta retórica, mostrando la dualidad del gobierno morenista: defensa de soberania,confrontación discursiva con cooperación operativa al nivel del entreguismo bajo el “flojitos y cooperando”.
2. Judicialización de la seguridad Las críticas de Monreal a los jueces federales replican el argumento central de la reforma judicial morenista que vaticina ser un completo caos:
Acusa al poder judicial de proteger criminales mediante amparos, como sucedió con proyectos de AMLO bloqueados por tribunales, quien paradogicamente ejerció un gobierno protector de criminales.
Omite que 83% de extradiciones a EE.UU. entre 2019-2023 fueron aprobadas bajo su gobierno, de tal suerte que el argumento no es valido ,basado una generalidad que se fundamenta en la suposicion.
Ignora que los Abogado ligados a Morena fueron quienes demoraron la extradición del Z-40 por mas de 10 años y hasta el dia del escandalo de la “Carta del Mayo Zambada”, no les incomodaba,se beneficiaban de ella.
Este discurso justifica la elección popular de jueces (vigente desde 2025), medida que expertos consideran riesgosa por exponer el sistema judicial a influencia criminal,como quedo acreditado hace tan solo unos dias en que una madre irrumpió en un congreso para tumbar la candidatura de un ligado a doble ejecución que quería ser juez.
3. Riesgos reales de la reacción criminal La advertencia de Monreal tiene sustento en:
El histórico control de cárteles sobre estructuras estatales, locales y federales operando en todo el pais en cientos de células ayudadas por todo los gobierno,ahora fragmentadas,aunque ceñidas a Carteles.
El asesinato de 35 candidatos en elecciones 2023-2024, mostrando capacidad de cooptación violenta del proceso político y los alcances materiales de su control.
El precedente de represalias tras capturas de líderes ,las que terminan beneficiando a otros segmentos del crimen organizado, convirtiendo esto en un mero enroque, que siempre nos trae nuevos liderazgos, cada vez mas violentos que los que ya se fueron, que obliga la asunción de perfiles menos pensantes y desde los estratos mas bajos,mas torvos, cruentos y sanguinarios,porque la realidad nos advierte siempre se puede estar peor.
Colusión y contradicciones La acusación implícita de “traición” conecta con:
Denuncias recientes sobre vínculos entre Morena y Juan Pablo Penilla, abogado de “El Mayo” Zambada, donde Monreal apareció fotografiado.
La estrategia de AMLO de culpar a jueces por problemas de seguridad, mientras reformas morenistas debilitaban órganos autónomos anticorrupción.
El antecedente familiar que lo ubica por informes del ejercito en el decomiso de 14 toneladas de mariguana, cuya inacción penal no prueba su inocencia, sino la influencia que ejercen narcopoliticos en el sistema judicial que hoy critican, porque ahora lo quieren tambien a su servicio, para hacerlo igual o incluso peor.
La paradoja radica en que Monreal, cuestionado por presuntos lazos criminales, ahora se erige como portavoz de la “unidad nacional” contra el narcotráfico.
Esta contradicción refleja la compleja dinámica del morenismo: un partido que se ha colegiado con el crimen organizado,que lo combate narrativamente mientras absorbe prácticas clientelares tradicionales, generando riesgos reales de cooptación por grupos delictivos
Policías municipales de Puebla ,bajo el gobierno de Morena,llevaron a cabo una protesta en el Zócalo de la capital del estado la noche de ayer sábado por el asesinato con ráfagas de metralleta y con mas de 150 disparos,de dos de sus compañeros la madrugada de este mismo día.
Los uniformados arribaron a bordo de sus patrullas con las sirenas encendidas para exigir las renuncias del Secretario de Seguridad Ciudadana de la capital que gobierna el Morenista Jose “pepe” Chedraui,de Fernando Rosales, y del Subsecretario de Operatividad Policial, Gustavo Alonso Zapata.
Con cartulinas, los inconformes se apostaron en la puerta principal del Palacio Municipal y advirtieron que se mantendrían en el lugar sin permitir el acceso hasta ser escuchados.
“Asesino, asesino, asesino”, gritaron los policías, que colocaron unas veladoras por sus compañeros asesinados en la Colonia Del Valle,quienes, según los inconformes, ni siquiera se encontraban armados al momento del ataque.
Este hecho inusual —uniformados manifestando contra sus superiores— expone cuatro dimensiones críticas:
Contexto inmediato de la movilización
Doble asesinato impune: Los agentes Alejandro Osorio Santellán y Edgar Jesús Popoca Gutiérrez del Grupo Guardianes fueron ejecutados con ráfagas de arma automática en la colonia Del Valle durante la madrugada del 1 de marzo. Los agresores permanecen prófugos.
Falla en cadena de mando: Los manifestantes acusan al subsecretario Gustavo Alonso Zapata “Sauce” de ignorar pedidos de refuerzo durante el ataque, dejando a los agentes sin apoyo operativo.
Respuesta institucional tardía: La renuncia de Zapata se produjo 24 horas después de iniciadas las protestas, tras presión masiva de 300 uniformados que bloquearon el Palacio Municipal con patrullas y sirenas, cita MILENIO.
Condiciones laborales denunciadas
Jornadas extenuantes: Turnos forzados de hasta 36 horas continuas sin descansos adecuados, violando normas laborales básicas.
Abuso jerárquico: Acusaciones de maltrato psicológico por parte de mandos medios, incluyendo humillaciones públicas y órdenes ilegales para inflar estadísticas de arrestos (…que luego Harfuch presume)
Extorsión institucional: Denuncias de cobros hasta de $2,000 pesos por el uso de patrullas, transformando recursos públicos en mecanismos de lucro interno.
Implicaciones sistémicas
Desprotección operativa: Agentes realizan labores de alto riesgo sin equipo balístico completo, según testimonios recogidos durante las protestas.
Fractura institucional: La dimisión de Zapata —vinculado a la Fiscalía General del Estado— evidencia tensiones entre corporaciones policiales y organismos de procuración de justicia.
Cooptación criminal: La ejecución de los agentes se atribuye al grupo La Barredora que opera en Tabasco con protección de Morena, sugiriendo infiltración de células delictivas en áreas urbanas estratégicas.
Este episodio refleja un colapso en la gobernanza de la seguridad pública, donde los primeros respondientes se convierten en víctimas de estructuras que priorizan la simulación sobre la protección efectiva.
La paradoja de policías protestando —usando sus propias patrullas como barricadas— simboliza la quiebra del pacto básico entre Estado y fuerzas del orden bajo otro Gobierno Municipal de MORENA,la principal organizacion delictiva que opera en pais y que lastima que no sea infundio.
Tras la “entrega u expulsion,pues no fue extradición”, de 29 narcos a los EE.UU el pasado jueves, el diario español,EL PAIS,nos habla de un reclamo subyacente con una crítica profunda al enfoque binacional del combate al narcotráfico donde las víctimas de estos criminales quedaron relegadas a un segundo plano.
Priorización de intereses políticos sobre justicia local
La entrega de criminales a EE.UU. se presenta como una medida cosmética que evade la responsabilidad de México de garantizar su estadía en prision con procesos judiciales transparentes y las víctimas cuestionan por qué no se juzga a los narcos en el país donde cometieron los crímenes, especialmente cuando su extradición obstaculiza la búsqueda de desaparecidos.
El dolor como consecuencia geopolítica
La publicación enfatiza que el sufrimiento de las víctimas no es transferible: mientras los gobiernos negocian las entregas, el trauma permanece en comunidades como San Fernando o Ciudad Juárez. Luz María Dávila lo sintetiza: “Así se los lleven hasta el fin del mundo, no me traerán de vuelta a mis hijos”. Esto subraya una desconexión entre las acciones de seguridad y las necesidades emocionales de las familias.
Falla sistémica en la reparación integral
Información truncada: Madres buscadoras como Susana Ayala ven la extradición como un obstáculo para obtener datos sobre sus hijos desaparecidos, ya que pierden acceso a interrogatorios directos.
Impunidad histórica: Casos como el de Rafael Caro Quintero (vinculado al asesinato del agente Kiki Camarena en 1985) muestran cómo décadas de impunidad minan la confianza en las instituciones.
Violencia cíclica: La entrega de líderes cartelarios podría exacerbar conflictos locales, como señala Susana Ayala respecto a los enfrentamientos entre facciones en Sinaloa.
Cuestionamiento al modelo de “guerra contra el narco”
La masacre de Salvárcar (2010), donde el gobierno de Calderón criminalizó a las víctimas, simboliza cómo las estrategias de seguridad estigmatizan a la población en lugar de protegerla y sugiere fundadamente que las extradiciones actuales repiten este patrón: se enfocan en resultados mediáticos sin abordar las redes de complicidad política y judicial que permiten actuar impunemente al crimen organizado que se convirtió en el crimen autorizado por acción del mismo gobierno.
En esencia, el reclamo implícito exige un enfoque centrado en justicia restaurativa —no solo punitiva— que priorice la verdad, la reparación comunitaria y el desmantelamiento de estructuras corruptas, en lugar de trasladar el problema a través de la frontera.
…Hay un consenso entre las víctimas de los criminales que han sido entregados esta semana a Estados Unidos: el dolor no se repara, ni allá ni acá. ¿Quién le devuelve a Luz María Dávila a sus dos hijos asesinados por Los Aztecas en Ciudad Juárez? ¿Va a encontrar la Administración de Donald Trump a la hija, al hermano y a la sobrina de Rosa García en San Fernando? ¿O al hijo de Susana Ayala en Culiacán? Los Gobiernos se intercambian a los narcotraficantes y los mueven como fichas al otro lado de la frontera, pero el dolor no cruza con ellos. El dolor se queda en Chihuahua, en Tamaulipas, en Sinaloa, en Veracruz, en Jalisco y en Michoacán. El dolor es, sin duda, mexicano.
En una operación sin precedentes, México ha entregado a 29 criminales de alto perfil a Estados Unidos. No es una extradición, ha aclarado este viernes el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que tampoco ha explicado qué es entonces, más allá de “una solicitud de seguridad nacional”. El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, ha justificado que estos narcotraficantes, que han cometido “delitos atroces” en el país, representaban una amenaza para México porque “existía un riesgo de que fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición por acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos”. Todos estaban requeridos por el departamento de justicia de Estados Unidos.
A algunos nombres los llevaban esperando décadas al otro lado. Las esposas del agente de la DEA Kiki Camarena aguardaban desde 1985 a Rafael Caro Quintero, quien ordenó su salvaje asesinato. Estados Unidos también quería desde hace tiempo a José de Jesús Méndez, alias El Chango, fundador de la Familia Michoacana, o a Erick Valencia, conocido como El 85, que dio origen al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Mucho más rápida ha sido la entrega de José Alberto García, La Kena, del Cartel del Golfo, quien estuvo detrás del secuestro de cuatro estadounidenses —y el asesinato de dos de ellos— en Matamoros en 2023. En la lista también están piezas del Cartel de Sinaloa claves para la cruzada de la Administración estadounidense contra el tráfico de fentanilo.
Es difícil calcular el rastro de víctimas que dejan estos 29 criminales, que son fundadores, líderes regionales, operadores y sicarios de las organizaciones criminales más importantes de México. ¿Cuántas familias destrozaron los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, Z-40 y Z-42, los últimos líderes de Los Zetas? Son cientos las personas que mandaron desaparecer solo en la masacre de Allende (Coahuila) o 72 los migrantes ejecutados de una sola vez en Tamaulipas. “Son miles los que han desaparecido aquí en San Fernando”, dice la buscadora Rosa García, “el 90% de las familias de aquí somos víctimas indirectas o directas, o como en mi caso, los dos”.
El terror de Los Zetas en San Fernando
Entre 2010 y 2012, Rosa perdió a su hermano, a su sobrina, a su madre y a su hija a manos del cartel. El primero fue José Guadalupe Portales Espinosa, de 60 años, quien no quiso darles el trascabo de su empresa de construcción y se lo llevaron junto a su herramienta de trabajo. Siguió en 2011 su sobrina Milvia González Dávila, que trabajaba haciendo pasaportes. No ha vuelto a tener una pista de ambos. El 19 de abril de 2012, los criminales mataron a su madre, María de Jesús Espinosa, para robarle el coche. “Yo no tuve tiempo del dolor de mi madre”, explica Rosa García, “porque tres semanas después pasó lo mío”.
El 12 de mayo, García estaba con su hija, Dulce Yamelí González Cisneros, de 20 años, en su tienda de venta de tenis. Llovía cuando entraron dos muchachos, nervioso, a preguntar algunos precios. Inmediatamente después, aparecieron dos hombres para meterlas en una camioneta. Rosa y Dulce pelearon. “Uno me cortaba en el brazo, yo no lo sentía por la adrenalina, porque veía cómo estaba luchando mi hija”, cuenta con detalle la mujer por teléfono desde Tamaulipas. Las doblegaron cuando entró un tercer hombre armado. A Rosa la metieron a una casa de seguridad de Los Zetas, de donde pudo escaparse cuando su vigilante se quedó inconsciente. Liberada, buscó a su hija por todas partes, pero no estaba allí. Se guio por el canto de un gallo hasta la siguiente casa, donde la refugiaron hasta que llegó su marido a por ella. De las heridas se recuperó después de muchas cirugías, de lo de su hija, nunca.
“¿De qué sirve que se los lleven a Estados Unidos si no reparas el dolor de esta madre que está buscando a su hija y arriesgando su vida para encontrarla?”, pregunta la buscadora, que trata de sobrevivir al miedo. Rosa García es muy crítica con el “mal servicio del Gobierno mexicano” que permitió que los narcotraficantes se empoderaran en todo el país: “Nos hicieron tanto daño… yo soy una madre muerta en vida. El daño lo hicieron aquí y aquí deberían pagar, pero como tenemos un Gobierno muy corrupto, pues están más seguros allá y allá ya no van a poder operar los carteles de acá. Los ponen como está El Chapo, los ponen aislados, y si les dan la pena de muerte, qué bueno”.
Los desaparecidos del Mayo
Esa misma sensación ambivalente es la que tiene Susana Ayala. “La noticia de que se los lleven me hace sentir tranquila, pero a la vez no, porque no vamos a poder entrevistarlos y que nos digan dónde están nuestros hijos”, cuenta esta madre buscadora de Culiacán, Sinaloa. El 31 de marzo se van a cumplir nueve años desde que desapareció Ricardo Alexander Méndez Ayala. Tenía 23 años y trabajaba con su madre. “Él fue desaparecido en El Salado, que es de pura gente de Los Mayos, pero a mí me dijeron que mi hijo fue levantado por soldados, pero yo no puedo saber si fueron Los Mayos que andaban uniformados”, explica. Uno de los puntos que le han dicho que puede estar su hijo pertenece justamente al “señor del sombrero”, Ismael El Mayo Zambada.
Estas madres, orilladas a convertirse en investigadoras, terminan identificando a los grupos relacionados con su tragedia. “A nosotras no nos convendría que se los llevaran a Estados Unidos, porque si se los llevan, menos vamos a saber si ellos hicieron un daño a nuestros hijos”, dice Ayala, fundadora de Padres y Madres Hijos de Desaparecidos: “Es mucha información la que tienen, sería que los dejaran aquí para poder hablar con ellos y que nos digan qué hicieron”. Tanto Susana Ayala como Rosa García han visitado penales y tienen previstos viajes a otras prisiones para entrevistarse con integrantes de estos carteles. “Si ya es una dificultad cuando se los llevan a Ciudad de México, imagínese si se los llevan a Estados Unidos”, apunta.
Además, Susana, que lleva desde septiembre atenazada por la batalla entre Los Chapitos y Los Mayos, ve también un riesgo de todas estas entregas: “Cuando se traslada a esas personas, la gente que los rodea empieza más fuerte con las matanzas, la quemadora de casas. Y nosotros vivimos un miedo aún más fuerte. Ya lo vimos en 2019”.
La masacre de Salvárcar
Luz María Dávila responde al teléfono desde su papelería en Ciudad Juárez. La mujer que se enfrentó al presidente Felipe Calderón en 2010 ha visto la noticia de las entregas de los narcotraficantes, pero “honestamente”, no ha prestado mucha atención a quiénes eran. En la lista de los 29 criminales que entrega México está Luis Gerardo Méndez Estevane, conocido como El Tío, quien fue líder de Los Aztecas, el brazo armado del Cartel de Juárez en los años que la ciudad fronteriza era el lugar más violento del planeta. Arrestado en 2020 en Cuernavaca, le adjudicaron cientos de asesinatos. Entre ellos, el de los hijos de Luz María.
Marco y José Luis Piña (de 19 y 16 años) salieron el 30 de enero de 2010 a una fiesta en Villas de Salvárcar con otras decenas de jóvenes. En la madrugada, un comando armado entró y acribilló a los jóvenes, la mayoría estudiantes. Acabó con la vida de 15 e hirió a otra docena. Esa noche, Luz María perdió a sus dos únicos hijos. Calderón, que había iniciado la llamada guerra contra el narco, que sembraría un país lleno de cadáveres, trató de quitarle importancia a la masacre porque, dijo, los muchachos eran pandilleros. Dávila se puso enfrente y le anunció: “Yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es”. “Aquí Juárez está en luto. No es justo. Mis muchachitos estaban en una fiesta. Ahora lo que quiero es que usted… usted se retracte de lo que dijo: que eran pandilleros. Mentira. Uno de mis hijos estaba en la Universidad Autónoma de Chihuahua y el otro estaba en la prepa”, señaló la mujer y su coraje.
“Yo no sé por qué los extraditan a EE UU, no le halló chiste a eso, también pudieran estar en México”, dice Dávila, “mientras los sujetos estos estén en un lugar que no puedan salir, ya no importa en donde estén, que estén encerrados, pero nunca van a pagar lo que hicieron, aunque les den 1.000 años”. El Tío es considerado el autor intelectual de la masacre de Salvárcar, también el de la pareja de estadounidenses Leslie Ann Enríquez Catton y el sherriff Arthur H. Redfels, quienes trabajaban en el consulado. Por estos crímenes, Méndez Estevane es uno de los seis narcotraficantes que puede enfrentar la pena de muerte en Estados Unidos. “Yo tengo 15 años de lo que pasó de mis hijos”, apunta Luz María Dávila, “así se los lleven a estos sujetos hasta el fin del mundo, no me van a traer de vuelta a mis hijos”.
Con informacion: BEATRIZ GUILLEN/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS
El ultimo parte de guerra de los datos recopilados en Sinaloa ,entre septiembre de 2024 y febrero de 2025 evidencian un colapso institucional y una incapacidad estructural para garantizar seguridad, lo que refuerza la tesis de la ausencia efectiva de autoridades frente al dominio criminal,paradogicamente en una entidad con mas militares y policías que turistas.
1. Escala de violencia como indicador de impunidad
Homicidios dolosos: 917 casos en seis meses (5.3 diarios), con un promedio móvil de 4.2 asesinatos diarios en febrero. Estas cifras superan la capacidad de respuesta de las instituciones, ya que implicarían un operativo permanente que no se materializa.
Privaciones de libertad: 1,030 víctimas reportadas, pero solo 626 denuncias formalizadas ante la Fiscalía General del Estado (61% del total). Esta brecha revela desconfianza ciudadana en las autoridades y falta de mecanismos eficaces para proteger a las víctimas.
2. Inoperancia frente a delitos patrimoniales
Robo de vehículos: 3,355 casos en el mismo periodo (19.4 diarios), con 531 solo en febrero. La persistencia de estos delitos —generalmente vinculados a redes criminales— demuestra que las estrategias de vigilancia y recuperación de autos son insuficientes o inexistentes.
3. Contraste entre acciones estatales y poder criminal
Detenciones vs. abatidos: 917 detenidos y 62 abatidos, una proporción que sugiere operativos reactivos y no preventivos.
Disputa intercarteles: La guerra entre los Guzmán y Zambada —sin contención efectiva— ha convertido a Sinaloa en un campo de batalla, donde el Estado actúa como espectador.
4. Indicadores de gobernanza fallida
Subregistro de denuncias: Solo 75 fichas de búsqueda activa en febrero (2.7 diarias), cifra irrisoria frente a la magnitud de desapariciones.
Tendencias ascendentes: Comparativos mensuales muestran que homicidios y robos superan promedios históricos, confirmando la escalada sin control.
Conclusión: La persistencia y crecimiento de estas cifras no reflejan “presencia” estatal, sino su fracaso sistémico. El Cártel de Sinaloa capitaliza esta vacuidad institucional, operando con una estructura logística y territorial que las autoridades no han logrado desmantelar, ni siquiera contener.
Cada homicidio no resuelto, cada vehículo robado no recuperado, y cada denuncia de desaparecidos por la accion del Cartel,ademas no investigadas, son síntomas de un Estado ausente y una sociedad secuestrada por el poder territorial que ejercen criminales en sinaloa.
La estrategia del gobierno federal ,con el acompañamiento de una estrategia militar con apoyo de la sedicente inteligencia y coordinación de Omar García Harfuch,nos hablan de colosal fracaso.
Que dice la infausta realidad
Bajo un análisis histórico-estructural de la guerra contra el narcotráfico en México, proyectar su duración requiere considerar tres variables clave: fracaso sistémico de estrategiasque resultan ser las mismas con ligeros cambios, lo que equivale a ilusamente esperar un resultado distinto con la misma formula, raíces socioeconómicas del crimen y capacidad real de transformación institucional.
1. Lecciones de 18 años de estrategias fallidas (2006-2024)
Decapitación de cárteles: La eliminación de líderes como Arturo Beltrán-Leyva (2009) o Joaquín “El Chapo” Guzmán (2017) solo multiplicó los grupos criminales: de 6 organizaciones en 2006 a más de 16 en 2024. Cada fragmentación generó guerras internas y aumento de homicidios (de 8,000 anuales en 2007 a 34,600 en 2019).
Militarización: La inauguración formal de la guerra al Narco con el despliegue de tropas del ejercito en Michoacan en 2007,ha ido ascendiendo en la misma proporción de los asesinatos , el incremento del despliegue de soldados ha sido proporcional al aumento de la violencia, no querer verlo es simplemente seguir “haciéndose tarugos solos ,con costo al ciudadano.
2. Factores que perpetúan el conflicto
Economía criminal diversificada: Los cárteles ya no dependen solo del narcotráfico. El robo de combustible, la extorsión y el tráfico de personas generan ingresos anuales de $30,000 millones, comparable al PIB de Honduras.
Colusión institucional: En 2024, 72% de los municipios de Sinaloa registraron infiltración de cárteles en policías locales, según el Secretariado de Seguridad Federal,cita AP y asi esta todo el pais.
Dinámica transfronteriza: La demanda de drogas en EE.UU. (90% de cocaína y 70% de fentanilo consumidos allí provienen de México) sostiene financieramente a los cárteles y es materia de escrutinio del Global Conflict Tracker..
3. Proyección temporal basada en patrones históricos
Si México mantiene su enfoque actual, la violencia podría extenderse 15-20 años más, según dos escenarios:
Escenario
Factores clave
Duración estimada
Reforma estructural
Combate a pobreza (40% de mexicanos en pobreza), educación y reforma judicial
15-20 años
Continuismo
Persistencia de corrupción, impunidad (95% de crímenes no resueltos) y militarización
Indefinido (>30 años)
Conclusión
México necesita mínimo dos décadas para revertir la tendencia, siempre que:
Se priorice el desarrollo social en zonas marginadas (ej. Guerrero, Michoacán,Chiapas,Oaxaca y parele de contar.
Se desmantele la escandalosa colusión entre crimen y autoridades sin sesgos selectivos como ahora ocurre,adversarios politicos si, morena no,policias si, soldados no.Sinaloa es el mejor ejemplo de la pudrición institucional intocada.
EE.UU. reduzca su demanda de drogas y flujo de armas (70% de armas en México son traficadas desde EE.UU. y porosamente ingresadas a Mexico.
Se establezca un mecanismo serio y respetuoso en materia de colaboración con EE.UU, bajo el entendido que cuatro manos en mejor que dos ,pero antes abandonando las complicidades sin olvidar el pasado que nos trajo aqui y que catapulto a Morena en la misma proporción que crecían los narcos.
Sin estos cambios, la guerra continuará siendo un ciclo sin fin, donde cada operativo militar solo reciclará violencia, como ha ocurrido desde 2006 cuando una estrategia militar ilusa convirtió un problema de seguridad publica en otro aun mas grave de Seguridad Nacional.
Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán por el PRD (2015-2021), enfrenta una orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República (FGR) por un esquema de corrupción vinculado a la construcción de infraestructura policial. Los cargos incluyen peculado, lavado de dinero, administración fraudulenta y asociación delictuosa.
🔍 Antecedentes del caso
El gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla (actual gobernador) denunció en 2021 irregularidades en siete cuarteles policialesconstruidos durante la administración de Aureoles. Las obras –en Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan y Huetamo– implicaron un desvío de 5,186 millones de pesos.
📜 Mecanismos del fraude
Contratos simulados: Se registraron como arrendamientos para evadir la Ley de Adquisiciones y adjudicarlos sin licitación.
Pagos por obras inexistentes: Empresas como DYF S.A. de C.V. recibieron millones mensuales por cuarteles no construidos. En Uruapan, se pagaron 15.5 millones mensuales durante 36 meses por instalaciones que no existían.
Sobrecostos estratosféricos: El cuartel de Coalcomán costó 645 millones de pesos y presentó daños estructurales a los cinco años. En Uruapan, la compra final ascendió a 1,552 millones tras años de renta.
⚖️ Situación legal actual
Órdenes de aprehensión: La jueza Patricia Sánchez Nava giró mandamientos contra Aureoles y su equipo. La audiencia inicial se pospuso por solicitud de la defensa.
Detenidos clave:
Carlos Maldonado Mendoza (exsecretario de Finanzas): arrestado en Miami y extraditado.
Mario Delgado Murillo y Guillermo Gómez (exfuncionarios administrativos).
Antonio Bernal Bustamante (exsecretario de Seguridad).
🏗️ Impacto en la infraestructura
Cuatro de los once cuarteles construidos bajo el mandato de Aureoles permanecen inhabitables o sin entregar. Autoridades los califican como “elefantes blancos” por su nula utilidad operativa[3][6].
📌 Contexto adicional
Silvano Aureoles fue miembro de la Alianza Federalista que encabezaba el ex-gobernador Panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
intentó ser candidato presidencial en 2024, pero fue descartado por coaliciones opositoras.
La Auditoría Superior de la Federación identificó 32,000 millones de pesos en fondos federales desaparecidos durante su gestión, segundo lugar histórico después de Javier Duarte.
Este caso forma parte de una investigación mayor que incluye 13 denuncias por desvíos, sobreprecios y nexos con empresas fantasma. La FGR mantiene abierta la búsqueda de Aureoles, quien pudo eludir el operativo para su captura y sigue prófugo
