La localización de un ex policía ministerial asesinado por la facción de La Mayiza,que obedecía a los Chapitos del Cartel de Sinaloa,del que ha sido beneficiario el gobernador de Morena Rubén Rocha Moya, cuyo cadaver tiraron afuera del Congreso del Estado,un acto desafiante al que le siguió la publicación en redes de sus testimonios incriminatorios contra todo el aparato de procuración de justicia en Sinaloa ,incluido Rocha Moya, no le preocupan al mandatario.
El jueves pasado el ex agente de la Policía Investigadora del Estado, Luis Alberto “N” quien previamente habia sido detenido por tripular una lujosa camioneta robada, fue localizado asesinado afuera del Congreso del Estado.
Posteriormente se difundieron videos en los que el agente menciona que el gobernador, el senador Enrique Inzunza, la exfiscal Sara Bruna, el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra y funcionarios de la Fiscalía y la Policía Ministerial estuvieron presuntamente vinculados al caso de Héctor Melesio Cuen Ojeda, exrector de la UAS, quien fue asesinado el 25 de julio de 2024, el mismo día de la detención de Ismael el Mayo Zambada,en cuya traición hubo otra previa que líga al gobernador, pues una cosa siempre lleva a la otra.
Que dijo el gobernador narcosolapado por Sheinbaum,Harfuch y el ejercito:
“Puede ser mensaje y a eso estamos expuestos los que gobernamos, pero debe quedar claro terminantemente, terminantemente, que son cuestiones falsas”.
“Yo no me preocupo por nada de eso porque no tengo nada porqué preocuparme, claro, te preocupas, por eso pueden ser mensajes, como andas en la calles como andas acá, andas alla, yo me muevo en todas partes, no tengo porqué preocuparme por temas de credibilidad de ese tipo de declaraciones, dichos, son dichos sin sustento, falsos totalmente, no tengo nada nada que ver”, expresó.
En los videos, un hombre le pregunta al exagente, quien se observa visiblemente golpeado, sobre quiénes estuvieron involucrados en el caso Cuen, y este responde: “El señor gobernador Rocha Moya, Dámaso Castro Saavedra, la señora exfiscal Sara Bruna, Pablo Sergio Pérez Cebreros y el comandante Camilo, el licenciado Fernando de la coordinación de homicidios”.
En las grabaciones, el expolicía ministerial también señala una presunta red de vínculos de los mandos de la Policía Ministerial con una facción del Cártel de Sinaloa,lo que ya ha sido acreditado en el pasado, muy semejante como ocurre ahora en Tamaulipas.
Que debían hacer las autoridades si no fueran complices
Bajo un estado de derecho legítimo, donde prevalezca el imperio de la ley, las autoridades competentes deberían tomar las siguientes acciones con respecto al gobernador Rubén Rocha Moya y las acusaciones en su contra:
- Iniciar una investigación exhaustiva e imparcial
Las autoridades judiciales, específicamente la Fiscalía General de la República (FGR), deberían abrir de inmediato una investigación formal sobre las acusaciones contra el gobernador Rocha Moya y los demás funcionarios mencionados. Esta investigación debe ser independiente, imparcial y exhaustiva para determinar la veracidad de las acusaciones. - Protección de testigos y evidencias
Se deben tomar medidas para proteger a posibles testigos y preservar todas las evidencias relacionadas con el caso, incluyendo los videos mencionados y cualquier otra prueba documental o testimonial. - Suspensión temporal de funciones
Considerando la gravedad de las acusaciones, que involucran presuntos vínculos con el crimen organizado y un posible homicidio, se debería considerar la suspensión temporal del gobernador Rocha Moya de sus funciones mientras dure la investigación. Esto para garantizar que no pueda interferir en el proceso. - Colaboración interinstitucional
Dada la complejidad del caso y su alcance, que involucra a funcionarios de alto nivel, se debería establecer un equipo especial de investigación que incluya a la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera y otras agencias federales relevantes. - Garantizar el debido proceso
A pesar de la gravedad de las acusaciones, es fundamental que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia del gobernador Rocha Moya y los demás acusados, muy y pese al reiterado caudal de evidencias, pues deben tener la oportunidad de defenderse ante un tribunal imparcial. - Investigación de posible obstrucción de justicia
Las declaraciones del gobernador Rocha Moya desestimando las acusaciones como “falsas” y “sin sustento” deberían ser analizadas para determinar si constituyen un intento de obstruir la justicia o influenciar la investigación. - Protección de derechos humanos
Durante todo el proceso, se debe garantizar el respeto a los derechos humanos tanto de los acusados como de las víctimas y testigos involucrados en el caso, bajo consideraciónes de que los Derechos Humanos son extensivos a “Humanos Poco Derechos”. - Transparencia y rendición de cuentas
Las autoridades deben mantener informada a la ciudadanía sobre el avance de las investigaciones, respetando la confidencialidad necesaria para no entorpecer el proceso. - Evaluación de reformas institucionales
Este caso debería llevar a una revisión profunda de los mecanismos de control y supervisión en el gobierno estatal de Sinaloa para prevenir la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas, aunque esto ya parece tardío.
En resumen, un estado de derecho legítimo exige que se investigue a fondo estas graves acusaciones, sin importar el cargo o la influencia política del acusado, para determinar la verdad y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes conforme a la ley.
Con información: RIODOCE/MEDIOS
