Morelos ha inaugurado la temporada de caza esta semana, con el exgobernador, Cuauhtémoc Blanco, en el punto de mira, luego de que el Gobierno del Estado, encabezado Margarita González, de Morena, presentara hace unos días cuatro denuncias penales y dos administrativas, contra funcionarios de la Administración pasada, dirigida por Blanco, por presuntas irregularidades cometidas en el gasto de 40 millones de pesos del presupuesto estatal, alrededor de dos millones de dólares.
Fuentes que ha consultado el diario español EL PAÍS, y auditorías federales que este diario ha revisado indican que esas denuncias son solo la punta del iceberg de las corruptelas que habría cometido el Gobierno de Blanco.
De momento, el exfutbolista, ídolo nacional, controvertido como pocos, guarda silencio. En las elecciones de junio, obtuvo un curul en la Cámara de Diputados por Morena, mismo partido de Margarita González, formación que, con sus satélites, ha cobijado a Blanco estos años.
El fuero protege a Blanco, también el partido, que ahora mismo se antoja como el principal obstáculo para que la justicia llame directamente a su puerta.
El caso contra Cuauhtémoc Blanco: Más allá de la justicia
Pero la reciente serie de denuncias contra el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, como cita EL PAIS, parece ser la punta del iceberg de un conflicto político más profundo dentro de Morena. Aunque las acusaciones de corrupción son graves y aparentemente fundamentadas, el contexto sugiere que estamos ante un ajuste de cuentas político más que un simple acto de justicia.
Las acusaciones y su alcance
Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre 2019 y 2023, años del gobierno de Blanco, se señaló el gasto irregular de 3.269 millones de pesos por parte de diferentes dependencias del Ejecutivo estatal. Las áreas más afectadas incluyen:
- Obra pública
- Educación
- Salud
En estos sectores se detectaron irregularidades como:
- Otorgamiento de contratos de manera directa sin justificación
- Adjudicación a empresas sin experiencia en el sector
- Inconclusión de obras ya pagadas
- Compra de medicamentos con sobrecostos o sin evidencia de recepción
El contexto político
La situación actual de Blanco no puede entenderse sin considerar su compleja relación de complicidad inicial con Morena:
- Alianza pragmática: Blanco llegó al gobierno de Morelos en 2018 como candidato del Partido Encuentro Social (PES), en coalición con Morena, una alianza más pragmática que ideológica.
- Conflictos internos: A lo largo de su gestión, Blanco tuvo enfrentamientos con figuras clave de Morena, incluyendo la entonces dirigente nacional, Yeidckol Polevnsky.
- Acusaciones de traición: Varios actores políticos de Morena han acusado a Blanco de traicionar los ideales del partido, gobernando “de espaldas al pueblo”.
- Protección inicial de AMLO: A pesar de las acusaciones, Blanco contó inicialmente con la protección del presidente López Obrador, quien defendió a Blanco de acusaciones previas, calificándolas de “politiquería”.
El cambio de marea
La llegada de Margarita González Saravia al gobierno de Morelos representa un punto de inflexión:
- González Saravia es parte del núcleo fundador de Morena, a diferencia de Blanco.
- Su administración parece estar dispuesta a investigar a fondo la gestión de Blanco, algo que no ocurrió mientras él estaba en el poder.
Este cambio refleja las pugnas internas en Morena entre los fundadores del partido y los políticos que se sumaron posteriormente para aprovecharse del oportunismo.
Conclusión
Aunque las acusaciones de corrupción contra Blanco parecen tener fundamento según las auditorías y denuncias presentadas, el timing y la forma en que se están llevando a cabo sugieren que también hay un componente de ajuste de cuentas político.
Morena está aprovechando la oportunidad para distanciarse de un aliado incómodo y reafirmar su supuesto compromiso con la lucha contra la corrupción, aun a costa de uno de sus miembros más prominentes.
El caso Blanco ilustra las complejidades de la política mexicana, donde las alianzas son a menudo efímeras y las lealtades pueden cambiar rápidamente.
Queda por ver si estas investigaciones llegarán hasta las más altas esferas o si se limitarán a ser un ejercicio de depuración política dentro de Morena.
en compra de medicamentos y contratación de servicios médicos, en el fideicomiso de la laguna, en el presupuesto de construcción y rehabilitación de escuelas, en el Instituto de Educación Básica”, enumera.
Los quebrantos a detalle en informes de la ASF
El primer año de gobierno de Blanco, 2019, fue uno de los más problemáticos en la transparencia de las cuentas. Solo en ese periodo dejó un hueco en las finanzas de 2.200 millones de pesos, sobre los cuales no dio explicaciones. Al grueso de ese monto, unos 1.850 millones, se le perdió el rastro al llegar a las diferentes dependencias estatales, que no rindieron cuentas sobre el dinero. La ASF hace una lista de órganos que no informaron el destino de los fondos, entre los que se encuentran la Comisión Estatal del Agua, el Colegio de Educación Profesional Técnica o el Régimen Estatal de Protección Social en Salud. Durante esos 12 meses, no justificaron cientos de gastos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados.
Obra pública, Educación y Salud son tres áreas que concentran enormes faltantes de dinero. Las auditorías sirven para pintar el panorama de cómo se manejaba la Administración de Blanco. El otorgamiento de contratos a empresas de manera directa era un factor común, como también lo era la adjudicación a compañías que no tenían experiencia en el sector o la inconclusión de construcciones que ya se habían pagado. En 2019, el órgano contralor detectó que Morelos había abonado 7,9 millones de pesos por cuatro obras supuestamente terminadas –un colector sanitario en Amayuca, un cruce de carretera en Jantetelco, un pozo de agua potable en Temixco y una cancha de fútbol 7 en Emiliano Zapata–, pero que no consiguieron entrar en operación.
En Salud, la compra de medicamentos presentó múltiples irregularidades. La Auditoría revisó una adquisición el primer año de Gobierno de medicinas y materiales de curación por 206 millones de pesos. El contralor federal no encontró ninguna evidencia de que esos insumos hayan sido recibidos en algún momento, aunque sí fueron pagados. En 2020, el año siguiente, la ASF detectó la falta de 52,8 millones de pesos en un programa creado para atender a quienes no tenían seguridad social, formado entre el Estado y el extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). La irregularidad más onerosa en este último caso fue el sobrecosto en el pago de los medicamentos.
Mientras que en Educación, por ejemplo, el Ejecutivo de Blanco recibió dinero a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa para pagar a los profesores y maestros en 2019. A pesar de que no utilizaron todo el presupuesto de ese año, no devolvieron el excedente a la Secretaría de Hacienda, como establece la ley. Una auditoría hecha a ese fondo detectó un desfalco de 28,2 millones de pesos por motivos como pagos a docentes que tenían licencias sin goce de sueldo o que ya habían muerto. El Programa de Escuelas de Tiempo Completo, en el primer año de operación de Blanco, dejó una cuenta en rojo de 16 millones de pesos por servicios de alimentos que no se pudo comprobar se habían brindado. En el segundo año, volvió a reportar el mismo faltante por el mismo problema.
La Secretaría de Hacienda le dio al Gobierno de Morelos, a través del extinto Fonden, unos 2.165 millones de pesos para que reconstruyera la infraestructura educativa del Estado que había sido dañada en el sismo de septiembre de 2017. De ese dinero, el Ejecutivo estatal destinó unos 110 millones a la rehabilitación del Instituto Tecnológico de Zacatepec. Los trabajos consistían en volver a poner en pie tres aulas nuevas, el laboratorio de fisicoquímica, un tanque elevado, la biblioteca, el laboratorio de cómputo, un colector pluvial y sanitario y el laboratorio de idiomas. Cuando la Auditoría revisó las cuentas de esa obra, encontró un posible daño de 31 millones, un 34% del presupuesto que había sido asignado.
La reconstrucción comenzó antes de que Blanco llegara al cargo, pero su Administración fue responsable de terminar anticipadamente unos contratos que ya se habían pagado, para reasignarlos a otros proveedores. Tan solo ese movimiento le costó a la entidad unos 15,3 millones de pesos. Entre las irregularidades halladas por el órgano contralor, hay adjudicaciones directas sin fundamentar y participación de empresas que no tenían experiencia o habían sido creadas poco antes de recibir el contrato. El Gobierno estatal pagó insumos y servicios “muy por encima” de los precios del mercado, asegura la ASF, y algunos gastos los reportó duplicados, como si hubiese pagado dos veces por el mismo servicio.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/GEORGINA ZEREGA/PABLO FERRI
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