Las autoridades en el estado fronterizo de Tamaulipas trataron de ocultar el asesinato dentro de la prisión en Nuevo Laredo de un miembro de Los Zetas originales. Ese narco-líder había sido un miembro del ejército de México y tenía entrenamiento de fuerzas especiales.
El asesinato tuvo lugar a finales de la semana pasada en el Penal Estatal de Tamaulipas en Nuevo Laredo cuando dos reclusos del Cártel Del Noreste asesinaron a Ciro “Cirilo” Pérez González, mejor conocido con el nombre de Z-37 o Perro de Evelio. Al igual que con la mayoría de los delitos violentos en Tamaulipas, las autoridades estatales trabajaron para minimizar la información disponible sobre el caso como una forma de dar una apariencia de paz.
El hombre conocido como Z-37 fue uno de los últimos miembros restantes de Los Zetas que se unió a la organización criminal como parte de una segunda generación que llegó poco después del inicio de la organización cuando el grupo era solo un ala del Cartel del Golfo. Fuentes policiales revelaron que Z-37 fue reclutado originalmente por el líder supremo del grupo, Heriberto “Z-3” Lazcano, para ayudar a expandir la organización criminal de drogas en sus operaciones de tráfico de drogas y personas en todo México.
Como la mayoría de los miembros originales, Pérez González era un ex miembro de las fuerzas armadas de México que recibió entrenamiento en las fuerzas especiales pero desertó en 1994 para convertirse en un ejecutor del crimen organizado. Luego de unirse a Los Zetas, se convirtió en uno de los aliados de mayor confianza de Lazcano y de 2012 a 2015 fue el jefe regional de Los Zetas en los estados de Guanajuato, así como parte de San Luis Potosí y la zona norte de Veracruz.
Después de su arresto en 2015, Pérez González pasó varios años en una prisión estatal en Oaxaca pero fue liberado el 10 de abril, sin embargo, agentes de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas estaban allí en el momento de su liberación y lo volvieron a arrestar por varios cargos estatales que tenia pendientes en ese estado fronterizo por el asesinato de una mujer y un ataque a una segunda mujer.
El miércoles, poco después de las 11 de la noche, ingresó al Penal Estatal de Tamaulipas en Nuevo Laredo, sin embargo, las autoridades lo ubicaron en una oficina en lugar de llevarlo a la población general porque sus abogados habían presentado una medida cautelar contra su arresto. Fue dentro de esa oficina que Ernesto Alonso García, de 39 años, y Víctor Morelos Soto, de 33 años, lo apuñalaron más de 60 veces con puntillas hechizas. Ambos presos son miembros conocidos de la facción Cartel Del Noreste de Los Zetas, enemigos a muerte de los Zetas originales.
Durante la tarde de este jueves, Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC), atendieron al llamado de emergencia que se hizo en el interior de Plaza Carso, al indicar que un hombre había sido asesinado con arma de fuego cuando tomaba un café en Starbucks del centro comercial.
Autoridades acudieron al lugar del homicidio, ubicado en la calle Lago Zurich, colonia Ampliación Granda, alcaldía Miguel Hidalgo, cerca de Polanco. Se abrió una carpeta de investigación por los hechos, señalando que, el ahora occiso consumía alimentos en la cafetería cuando un sujeto se acercó y de manera directa realizó varios disparos en su contrata y como ocurrio el pasado 10 de abril en otra sucursal de Starbucks en Tulum.
Con información preliminar, se ontinúa con el videoreplay de las cámaras de videovigilancia de la plaza comercial y de los Centros C2 y C5 para la identificación del probable responsable.
#ÚltimaHora 🚨Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encuentran presentes en Plaza Carso, Polanco, después de un ataque a mano armada dentro de un Starbucks#VIDEO 📹Valente Rosas/ EL UNIVERSAL pic.twitter.com/bnIr8ekyzn
El periodista Carlos Loret de Mola denunció que el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Pio López Obrador, lo demandó a él y su medio de comunicación, Latinus, por 400 millones de pesos.
La noche del 19 de abril, el comunicador reveló en su espacio noticioso que el hermano del Presidente requirió que cada demandado le pague 200 millones de pesos para la reparación del daño, por la difusión de videos en donde aparece recibiendo sobres con dinero en efectivo.
“¿400 millones de pesos? ¿Pues qué negocio le tiramos? ¿Eso esperaba ganar en el gobierno de su hermano? ¿Qué compromisos tenía, qué expectativas tenía? O en el fondo esta es una estrategia más del Gobierno para tratar de intimidarnos, para tratar de callarnos”, cuestionó el periodista.
En la demanda, la defensa de Pio López reclamó daño moral y daños punitivos, por lo que pide la millonaria reparación del daño, asegurando que su reputación fue afectada, así como su posibilidad de establecer negocios en la actualidad.
“Actualmente me encuentro inactivo, precisamente a causa del actuar ilícito de los demandados es que no puedo estar metido de tiempo completo con mi proyecto de vida”, señala un fragmento de demanda que compartió Latinus.
Requirió en la demanda presentada ante un juzgado de la Ciudad de México que se declarara como “información confidencial reservada” toda causa judicial.
“Solicito que no se hagan públicos los nombres de las partes en el boletín judicial y se ordene su publicación como secreto”, indica el documento presentado a favor del hermano del Presidente.
El comunicador extendió que por revelar la demanda en su contra y Latinus por 200 millones de pesos cada uno, podría ir a la cárcel o recibir una multa, pues la jueza interina del Juzgado 62 de lo Civil de la Ciudad de México, Beatriz Elizabeth Silva Mata, ordenó que la información del caso se mantuviera confidencial y no se hiciera del conocimiento público.
“Ha estado actuando muy a favor de Pio López Obrador en este expediente, y nos ha amenazado con una mordaza. Si decimos algo sobre el juicio. Si yo digo algo sobre el juicio, me puede meter a la cárcel por 36 horas. Ahí tiene, para un presidente que se queja tanto de los jueces corruptos”.
Dijo que el hermano del mandatario calcula que la afectación que le hicieron con el reportaje tiene un valor de 400 millones de pesos, y se quejó del “mundo al revés”, donde el medio de comunicación que revela un posible caso de corrupción es el demandado, “no el hermano, no el Presidente, que fue a quien iba destinado el dinero, según su propio hermano”.
El columnista apuntó que esta acción legal surge de las grabaciones donde Pío López Obrador recibe dinero en efectivo por parte del entonces asesor del exgobernador de Chiapas, David León, pero principalmente, porque hasta el momento no han podido ser desmentidos por el Ejecutivo Federal.
“El Presidente no ha podido desmentirnos, por eso prefiere mentir, calumniar, insultar, amedrentar y cuando ni eso es suficiente, su hermano nos denuncia (...) nosotros vamos a seguir ejerciendo la libertad de expresión, como nos gusta decir, al costo que sea”, finalizó.
Durante 2022, la deuda pública de los estados y los municipios aumentó en 17 mil 571 millones de pesos. Un informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas señala que cerró en 684 mil 395.8 millones el 31 de diciembre pasado. Coahuila aparece con motivo de preocupación en todos los indicadores. A contracorriente de la política federal, los gobiernos de las entidades siguen endeudando a sus poblaciones.
Al cierre de 2022, la deuda de los estados y municipios mexicanos se colocó en 684 mil 395 millones 800 mil pesos. El monto es superior en 17 mil 571 millones 500 mil con respecto de diciembre de 2021.
El estudio Obligaciones financieras de las entidades federativas de México. Cuarto trimestre de 2022, elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, ubica al estado de Coahuila en los primeros lugares de todos los indicadores con los que se evalúa el nivel de endeudamiento.
Fechado el 10 de marzo pasado, el documento identifica al conjunto de la deuda de los estados y municipios como “deuda subnacional”, para diferenciarla de aquella “nacional” adquirida por el gobierno federal.
Los estados con los mayores montos de la deuda contraída no necesariamente son los que presentan problemas de endeudamiento. Por ello, el estudio evalúa las capacidades de pago con base en siete indicadores. En todos ellos aparece Coahuila entre los cinco primeros lugares.
La entidad es uno de los últimos bastiones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que, junto con el Estado de México, tendrá elecciones este año. El 4 de junio próximo ambas entidades elegirán nuevo gobernador. Y en el caso de Coahuila, se renovará también el Congreso local.
El priísta Miguel Riquelme Solís dejará el gobierno de Coahuila con una deuda de, al menos, 39 mil 552 millones de pesos, considerada alta según el tamaño de la economía estatal y de su población.
FOTO: CUARTOSCURO
En el caso del Estado de México, el también priísta Alfredo del Mazo Maza dejará el cargo de titular del Poder Ejecutivo estatal con una deuda de 64 mil 455 millones 900 mil pesos. Aunque el monto es mayor en casi 95 por ciento con respecto de Coahuila, el gobierno mexiquense está en mejores condiciones de hacer frente a sus obligaciones contraídas, debido al tamaño de su economía y nivel de ingresos totales.
Al 31 de diciembre pasado –cierre del cuarto trimestre de 2022– el monto total de la deuda del gobierno estatales y municipales en México sumó 684 mil 395 millones 800 mil pesos. El monto es superior en 17 mil 571 millones 500 mil pesos con respecto del último trimestre de 2021. Al final de ese año la deuda era de 666 mil 824 millones 200 mil pesos, advierte el documento.
La deuda de los gobiernos de los estados alcanza, en conjunto, 601 mil 117 millones 600 mil pesos (el 87.8 por ciento). La de los entes públicos estatales, 43 mil 342 millones 200 mil (el 6.3 por ciento). La de los municipios, 37 mil 701 mil millones 100 mil (el 5.5 por ciento). Finalmente, la de los entes públicos municipales suma 2 mil 234 millones 800 mil pesos (el 0.3 por ciento).
Los principales acreedores de los gobiernos estatales y municipales son los bancos privados, es decir, la banca múltiple. Ahí se concentra más de la mitad del crédito otorgado: 367 mil 722 millones 700 mil pesos, que representan el 53.7 por ciento del total. Por su parte, la deuda con la banca de desarrollo (pública) es de 254 mil 498 millones 500 mil pesos, lo que significa el 37.2 por ciento. Mientras, los compromisos contraídos mediante emisiones bursátiles suman 53 mil 530 millones 900 mil pesos, el 7.8 por ciento. Y otros conceptos, como los fideicomisos, significan el 1.3 por ciento: 8 mil 643 millones 600 mil pesos.
La deuda por sí misma no debe ser motivo de preocupación si se cumple con la normatividad ya establecida, advierte César Armando Salazar López, doctor en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la misma Universidad, César Salazar señala que no se debe “estigmatizar” la adquisición de deuda ni pensar que “es necesariamente mala”. A menos, ataja, que no se cumpla con la normativa y no se tenga claridad del destino de los recursos.
Experto en problemas de crecimiento y distribución del ingreso en los países de industrialización tardía, explica que algunos estados de la República resultaron más afectados que otros a causa de la pandemia de Covid-19, que impuso medidas de aislamiento. “Lo que se tiene que observar es función de para qué se contrata la deuda. Si el tema de la deuda tiene que ver con generar capacidades productivas o infraestructura, es es una buena inversión de corto plazo o de mediano plazo”.
De manera absoluta, las entidades que mayores montos de deuda presentan son la Ciudad de México, con 98 mil 937 millones 700 mil pesos; Nuevo León, con, 98 mil 575 millones 300 mil; el Estado de México, 64 mil 455 millones 900 mil; Chihuahua, 50 mil 881 millones 300 mil, y Veracruz, 46 mil 817 millones de pesos.
Sin embargo, no necesariamente las entidades con los mayores montos son las que tienen problemas para enfrentar sus compromisos. Se deben considerar el tamaño de sus respectivas economías, el número de sus poblaciones y, entre otros indicadores, el porcentaje que representan los compromisos con respecto de sus ingresos, las participaciones federales y el producto interno bruto estatal (PIBE).
De hecho, el documento asienta que “el peso relativo de la deuda subnacional entre las entidades federativas puede apreciarse mejor mediante el uso de un conjunto de indicadores”. Además de los anteriores, cita la tasa de interés y el plazo de financiamiento.
La deuda per cápita se refiere al “monto de la deuda que le correspondería pagar a cada habitante de un estado si la misma se repartiera equitativamente entre el total de la población”.
Las cinco entidades que presentan un mayor endeudamiento según el indicador per cápita son: Nuevo León, con una deuda de 17 mil 112.7 pesos por persona; Chihuahua, con 13 mil 146.3; Quintana Roo, 13 mil 48.4; Coahuila, 11 mil 973.8 y la Ciudad de México, con 11 mil 9.3 pesos.
Con respecto de la deuda como porcentaje del PIBE, el informe advierte un “repunte” de los montos de la deuda durante el periodo de la pandemia de Covid-19. En términos generales, en 2020 el incremento fue del 2.8 por ciento; mientras que en 2021, fue del 3 por ciento.
Cuatro casos son motivo de preocupación, de acuerdo con el documento. “Por entidad federativa destaca Quintana Roo por presentar una deuda casi tres veces mayor al promedio subnacional de 2.6 por ciento, con un saldo de la deuda subnacional de 6.6 por ciento del PIBE. Asimismo destacan otros estados por sus altas proporciones en este indicador”.
Se refiere a Chihuahua, con el 5.8 por ciento; Chiapas, 5.5 por ciento; Nuevo León, 4.9 por ciento y Coahuila, con un 4.4 por ciento.
Otro indicador del manejo de la deuda de los estados se obtiene como porcentaje de los ingresos totales de cada entidad. Desde este punto de vista, “destaca el estado de Nuevo León, con una cifra de 88.3 por ciento de sus ingresos totales. Asimismo, resaltan: Coahuila, con un 69.5 por ciento; Quintana Roo, 67.8 por ciento y Chihuahua, 64.2 por ciento”. Le sigue Sonora, con un cociente del 44.4 por ciento.
Uno de los indicadores en los que pone énfasis el documento es el de la deuda como porcentaje de las transferencias del ramo 28. Se refiere a uno de los dos rubros mediante los cuales la Federación entrega recursos a los gobiernos estatales.
“Las Participaciones Federales a estados y municipios constituyen uno de los componentes más relevantes de sus ingresos, al representar el 48.3 por ciento del Gasto Federalizado presupuestado para el ejercicio fiscal 2022. Asimismo, éste último es el componente más relevante de los ingresos locales, pues representa el 88.8 por ciento de los mismos.”
Sobre los estados de la República peor calificados según este indicador, el documento del CEFP advierte:
“Por presentar niveles de este indicador de más de dos veces y medio el promedio subnacional de 62.2 por ciento, sobresalen las siguientes entidades federativas: Nuevo León, con una deuda que representa un 195.4 por ciento de sus participaciones; Quintana Roo, 166.4 por ciento; Chihuahua, 161.1 por ciento, y Coahuila, 159.7 por ciento”. Enseguida se encuentra Sonora, con 110.1 por ciento.
Otro indicador es el de la tasa de interés promedio ponderada. Con datos al 31 de diciembre pasado, las más elevadas son las de Querétaro, con un 12.3 por ciento; Durango, 12.2 por ciento; Zacatecas, 11.7 por ciento, y Sonora, Coahuila y Quintana Roo, con el 11.6 por ciento.
Finalmente, de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios –en específico en su artículo 43– los estados pueden afectar sus participaciones federales en garantía o como fuente de pago a través de un fideicomiso público sin estructura que funja como acreditado en el financiamiento u obligación correspondiente.
Los estados con las mayores proporciones de afectación son la Ciudad de México, con el ciento por ciento; Coahuila, 90.2 por ciento; San Luis Potosí, 86.4 por ciento; Estado de México, 85.7 por ciento, y Guerrero, con el 84.5 por ciento.
El doctor en Economía César Salazar advierte que, en el caso de aquellas entidades con deudas que puedan generar problemas también debe revisarse la actuación de los Congresos locales. Explica que un gobierno por sí solo no puede endeudar al estado.
“Las deudas tiene necesariamente que pasar por los congresos locales”, explica. Advierte que, con frecuencia, en las entidades de la República se generan “ciertas mayorías políticas en los Congresos” que terminan por endeudar a los estados.
De ahí la necesidad de que se estén realizando auditorías al proceso de adquisición de la deuda y, sobre todo, los usos que se les da a esas deudas.
Salazar López señala que se deben hacer uso de los mecanismos de supervisión para que haya seguridad en el uso de los recursos y castigar la opacidad o mal uso de los mismos.
El gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca dejó inconsistencias financieras por un monto de 30 mil 300 millones de pesos, cuyo destino es investigado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría Gubernamental de Tamaulipas.
La contralora Norma Angélica Pedraza Melo dio a conocer que la ASF realizó observaciones por 17 mil 909 millones de pesos de las cuentas públicas del 2020 y 2021. Esa cantidad se suma a 408 millones de pesos cuyo ejercicio dudoso indaga la Secretaría de la Función Pública.
De esa manera, los recursos federales que andan “perdidos” suman 18 mil 317 millones de pesos, que pertenecen principalmente al ramo 28. Sin embargo, la Contraloría investiga también un daño al patrimonio estatal por un monto de aproximadamente 12 mil millones de pesos.
Al comparecer ante el pleno del Congreso del Estado para la glosa del Primer Informe de Gobierno de Américo Villarreal Anaya, Pedraza Melo dio a conocer que por estos hechos se han integrado 560 expedientes administrativos, de los que 167 fueron documentados solamente durante el proceso de entrega-recepción. Tan solo de estos últimos se estima un daño patrimonial al estado por cuatro mil 500 millones de pesos.
Indicó además que las secretarías con más observaciones por parte de las instancias federales de fiscalización son: Finanzas, Bienestar Social, Obras Públicas, Educación y Salud.
Por lo que hace a los recursos estatales que son rastreados por la Contraloría, el 93 por ciento pertenecen a la Secretaría de Salud. El 80 por ciento de las observaciones se relaciona con la falta de documentación comprobatoria y justificación del gasto, además de pagos indebidos e injustificados.
Por estos conceptos el monto de irregularidades es del orden de los diez mil millones de pesos, de los cuales tres mil 700 millones pertenecen a la Secretaría de Salud; dos mil 400 millones a la Secretaría de Obras Públicas y dos mil millones de pesos a la Secretaría de Administración.
Formalizan 45 denuncias penales
Por otra parte, Pedraza Melo confirmó que suman 45 las denuncias penales contra exfuncionarios cabecistas formalizadas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, por presuntos desvíos de recursos públicos por un monto de 402 millones de pesos.
La dependencia con mayor número de denuncias penales es la Secretaría de Desarrollo Económico con 18; la Secretaría General de Gobierno, con 11; y la Secretaría de Administración con tres.
Los presuntos delitos que se les imputan a los exfuncionarios públicos son: coalición de servidores públicos, peculado, cohecho y uso indebido de atribuciones.
Desde principios de 2019, uno de los jefes de más alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación, Gonzalo Mendoza Gaytán, apodado El Sapo, envió células operativas a Guadalupe, Zacatecas.
Se trataba de una estrategia del Cártel Jalisco encaminada a controlar los municipios cercanos a la capital del estado: Fresnillo, Jerez y Cuauhtémoc, entre otros.
El resultado fue una serie de choques con las organizaciones criminales que tenían fuerte presencia en la zona: el Cártel de Sinaloa (que bajaba desde Coahuila y Durango), el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste y un remanente de los Zetas conocido como Los Talibanes.
La región se llenó muy pronto de cadáveres que aparecieron en bolsas, y también colgados en racimos de hasta nueve cuerpos que se balanceaban espantosamente bajo los puentes.
Algunos alcaldes recomendaron a la población que no saliera de noche de sus casas. En buena parte de esos municipios los policías municipales ya no se presentaron a trabajar. En otros, corporaciones completas fueron dadas de baja.
En Fresnillo diez cuerpos envueltos en cobijas o en bolsas de plástico negro fueron abandonados una madrugada en pleno centro: los sicarios los habían bajado de una camioneta, para colocarlos (“acomodarlos”, dijo un testigo) a cinco metros uno de otro.
Los cadáveres ocuparon dos calles principales del centro.
La violencia tocaba también al municipio de Guadalupe. Ahí fue baleado a fines del año pasado el juez de control Roberto Elías, al que desconocidos atacaron al salir de su domicilio. El juez sobrevivió 24 horas y murió en el hospital al día siguiente.
Una semana después, un grupo de sicarios asesinó en la calle a una mujer, que fue identificada como elemento activo de la policía municipal. No se dio con los responsables.
El 24 de noviembre, el general José Silvestre Urzúa, coordinador de la Guardia Nacional, fue asesinado durante un operativo efectuado en el municipio de Jaltomate.
Cuatro días más tarde, siguiendo la pista de los asesinos del militar, el Ejército llegó a un domicilio ubicado en Guadalupe. De acuerdo con el reporte correspondiente, en ese domicilio fueron detenidos 12 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación: se hallaron armas largas y cortas, bombas molotov, envoltorios con pólvora, vehículos, motocicletas…. y el cuerpo desmembrado de una mujer.
La célula llevaba tiempo operando desde aquel municipio.
Entre enero y febrero del presente año, cinco jóvenes fueron asesinados en Guadalupe. A tres de ellos, de entre 20 y 25 años, los acribillaron en la calle de terracería en donde se habían reunido. Las autoridades solo hallaron la motocicleta empleada para cometer el crimen.
En marzo, un comando disparó contra las clientes de un billar en la comunidad de Tacoaleche. El reporte indicó que luego de completar el atentado, los “civiles armados” subieron a un vehículo y se alejaron del lugar. En el establecimiento quedaron dos muertos y cuatro heridos.
Se señaló que la agresión se debía a que los propietarios se habían cansado de pagar “derecho de piso” a los criminales.
Un año antes había sido abatido, en Guadalupe, un sujeto apodado El Gary, jefe de plaza del Cártel del Noreste, a quien policías acribillaron a bordo de un BMW mientras viajaba en compañía de su madre.
Policías de Guadalupe fueron acusados recientemente de haber disparado contra un joven, “porque le vieron en la mano un objeto”. En las últimas semanas, agresiones armadas han roto la noche del municipio. Hace unos días, tras reportes de un tiroteo, la policía encontró a tres personas tendidas en la colonia División del Norte: dos hombres y una mujer. Los dos primeros estaban muertos. Una persona más fue acribillada minutos más tarde, al otro lado de la ciudad. El Viernes Santo otras dos personas fueron atacadas a tiros en una calle del centro.
“Para reforzar las labores de seguridad”, a principios de abril fue cambiado el titular de la dirección municipal de seguridad pública. El cargo lo tomó un exmilitar, con más de 15 años de experiencia en tareas de seguridad.
En medio de este clima irrefrenable de descomposición, el alcalde de Guadalupe, el morenista Julio César Chávez Padilla, fuerte candidato a la gubernatura del estado, ha sido señalado como coautor del asesinato del músico Raúl Calderón Samaniego, miembro del conjunto Los Románticos de Zacatecas, cuyo caso reseñé el día de ayer.
El alcalde se encuentra prófugo y aquel municipio zacatecano, bastión del Cártel Jalisco, totalmente aplastado por la extorsión. Un territorio perdido, cuyo tejido fue carcomido por completo en unos años.
Sujetos armados del Cartel del Golfo al mando del "Comandante Mono" y a bordo de tres camionetas, agredieron a elementos de una patrulla de la Guardia Estatal de Americo Villarreal, lo que desató una persecución que terminó con el aseguramiento de un vehículo y la huida de todos los pistoleros que iban en el convoy de "mañosos" en Reynosa.
Cibernautas reportaron que desde las 06:00 horas se reportaron situaciones de riesgo en el sector poniente de la ciudad, así como persecuciones entre civiles y patrullas.
Cerca de las 8:00 horas, comenzó una agresión a balazos en calles de la colonia Rancho Grande, donde un convoy de tres camionetas blancas emboscaron a una patrulla de la Guardia Estatal, según reportes de brigadistas voluntarios.
Los policías resistieron el ataque y recibieron apoyo de otros compañeros que recorrían la zona, lo que desató la persecución contra los sospechosos.
El convoy se disolvió, pero en la colonia aledaña Leyes de Reforma apareció abandonada una camioneta blanca Silverado, con rastros de sangre.
Las patrullas se concentraron en el lugar donde hallaron la camioneta y la aseguraron. Peritos de Servicios Periciales revisaron interiores, pero no se informó de lo encontrado dentro de la Silverado.
Más tarde, a través de los teléfonos de emergencia, reportaron el arribo de un taxi compacto al Hospital Materno Infantil con un cuerpo en el asiento trasero.
Agentes ministeriales y de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudieron al hospital a revisar y confirmaron el hecho.
El hombre presentaba una herida de bala.
Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía no habían reportado los hechos hasta el mediodía.
La justicia del estado, ahora responsabilidad de Americo Villarreal,que pudo someter a la "prision preventiva" a Enrique Rivas ex-alcalde de Nuevo Laredo ligado al CDV dejandolo preso para evitar que huya,lueogo de que recientemente en Nuevo Laredo,le fue dictado un auto de vinculación a proceso por el juez Isaías Contreras Tamayo y junto a Enrique “N” junto a Dorina “N”, Santiago “N”, como ex funcionarios, así como Rafael “N” y José Luis “N”, en calidad de particulares por los delitos de uso ilícito de atribuciones y funciones, así como ejercicio ilícito del servicio público, al realizar la compra-venta de un bien inmueble a -presunto- sobre costo con recursos público cometido en agravio del Ayuntamiento de Nuevo Laredo durante la administración 2018-2021.
#cdmx,#nuevolaredo "APLAUSOS...y OTRA VEZ se DEJO PERDER AMERICO!!!":COMPARECE EX-ALCALDE PANISTA del CDV ACUSADO de TRANSARSE 50 MILLONES y ABOGADO de AYUNTAMIENTO es del STAFF de ACUSADO de RECIBIR 3 MILLONES de DOLARES del NARCO"..entre abogados te veas https://t.co/QT5ekWqVJUpic.twitter.com/w39M0XAT2z
“El juez quedó convencido de que la investigación llevada a cabo por el Agente del Ministerio Público especializado en Combate a la Corrupción y la investigación que realizó paralelamente el Ayuntamiento de Nuevo Laredo, a través de la Contraloría, se contó con un vasto material probatorio que determinó claramente, hasta el día de hoy, que los imputados cometieron el hecho ilícito denominado como ‘ejercicio ilícito de funciones y además el uso indebido de atribuciones y facultades en la vía del pago ilegal”, expresó Martín Lozano Méndez, asesor jurídico y particular del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, administración 2021-2024.a
“El día de hoy se da una muestra de la legalidad y de que el respeto a la ley debe estar siempre correspondido con pruebas y en el caso del Ayuntamiento así se ha hecho”, añadió. De esta manera, Oscar Enrique “N” se convierte en el primer exalcalde neolaredense en ser procesado por delitos derivados de presuntos actos de corrupción durante el ejercicio de la función pública.
La audiencia de vinculación se prolongó por más de 9 horas, con dos recesos de 10 minutos y un tercero de dos horas, desde la 1:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche, cuando el juez de control, resolvió con auto vinculación a proceso en contra de los imputados.
La fiscalía solicitó al juez en los términos establecidos que el cierre de la investigación complementaria se dé en el plazo de 4 meses (que se cumplen el 22 de agosto, contando días hábiles) y que en ese lapso se solicite un perito contable, un perito valuador, evaluación de riesgos de medidas cautelares, inspección del predio en cuestión de parte de la fiscalía, así como la presencia de los testigos vertidos por la defensa de los imputados, así la parte acusadora, entre los que se incluyen diversos funcionarios de primer nivel, tanto de la administración anterior como de la actual.
“La investigación se amplía en un plazo de cuatro meses, y ya corresponderá al Ministerio Público determinar si hay más involucrados, y en su caso, proceder en contra de ellos”, resaltó Lozano Méndez.
De manera adicional, el asesor jurídico del Ayuntamiento solicitó la investigación paralela de 18 personas, en este caso, regidores de la administración anterior, para el esclarecimiento de los hechos, además de una entrevista a la ciudadana Antonia Mónica García Velázquez; así como el monto de la reparación del daño al Ayuntamiento, respectivamente.
De acuerdo a las medidas cautelares dictadas, estas seguirán vigentes, como una restricción que no le permite viajar al extranjero sin una autorización judicial, además de firmar un libro de registro y el depósito de una garantía de 100 mil pesos, en el caso de Oscar Enrique “N”, quien aseguró que no saldría del país.
DESESTIMAN PRUEBAS
En el transcurso de varias horas de audiencia, la defensa del exedil, tenía intervenciones de entre 5 y 10 minutos, mientras que la parte acusadora utilizaba hasta 40 minutos por participación, para fundamentar los datos de prueba que la fiscalía había presentado en la sesión anterior de la audiencia de imputación, que comenzó el viernes 14 de abril.
Santiago “N”, quien fuera el segundo síndico, durante la segunda administración de Rivas, tuvo el uso de la palabra para defenderse, sin embargo el juez determinó que su testimonio no aporta prueba alguna, sin embargo se comprueba su participación en la compra-venta irregular del predio.
La defensa de los imputados presentó además, una memoria USB como prueba, que presuntamente contenía la certificación del auditor superior del Estado (de la administración de Cabeza de Vaca), con 12 archivos y 2 carpetas, sin embargo tanto la fiscalía como el asesor jurídico del Ayuntamiento solicitaron que no se tomará en cuenta, bajo el argumento de que no cumplía con el código de procedimientos penales, por lo que no figuró como documento probatorio en la sesión.
UNO AUSENTE
Uno de los imputados, José Luis “N”, no se presentó a ninguna de las audiencias de vinculación, argumentando razones de salud.
CONFLICTODE INTERESES
En febrero del 2020, el World Trade Center desistió de un proyecto que fue cuestionado en Cabildo por la regidora Mónica García Velázquez, vertiendo diversos señalamientos de triangulación de recursos en la compra-venta de un predio para la instalación del complejo que incluía un centro de convenciones filial al WTC.
Previo al comienzo de la sesión solemne en la Antigua Casona de Xicoténcatl, Téllez increpó a López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob). La legisladora cuestionó al secretario respecto a la controversia alrededor de Andrea Chávez, diputada por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional.
“¿Qué pasó con el evento protocolario con el uso de las camionetas de la diputada Andrea Chávez (...) ¿Por qué hace uso de camionetas blindadas?, fue una de las primeras preguntas de Téllez al también aspirante presidencial.
Qué sorpresa, el secretario de Gobernación no sabe nada del uso de camionetas oficiales de la diputada @AndreaChavezTre No defendió al presidente AMLO, ni al General Secretario de la Defensa. Tuvo un lapsus de vergüenza y de conciencia 👇 pic.twitter.com/d9G3ObQ1F0
La pregunta de Téllez fue en relación a una fotografía en que Chávez aparece manejando una lujosa camioneta. La diputada declaró que el costoso vehículo no es suyo sino que “formaba parte del protocolo de un evento oficial”.
López Hernández aseguró desconocer a qué se refería la panista. De igual manera guardó silencio respecto a los presuntos viajes de lujo que hizo Cresencio Sandoval.
Téllez aseguró que Cresencio Sandoval gastó 2.5 millones de pesos en un viaje a Italia, de acuerdo con información difundida por .Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. En ese sentido preguntó: “¿Le parece bien que el general secretario de la Defensa Nacional tenga esos privilegios?”.
Más tarde, la senadora se lanzó contra Jesús Ramírez Cuevas, coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República. En medio del evento de entrega de la medalla Belisario Domínguez le reclamó por el discurso que dio la senadora Sasil de León.
“¿Qué opina de la falta de respeto del Senado, a través de Sasil, a la Corte y a la división de poderes?”, preguntó Téllez. En respuesta el también exdiputado federal le exigió respetar la ceremonia.
Morena rompió el pacto para respetar la ceremonia de la medalla Belisario Domínguez.
Reventaron la sesión al atacar a la Suprema Corte de Justicia.
No les importó la galardonada.
Fui a reclamar al servidor de AMLO que se metió al recinto y vino Citlali a encubrirlo 👇 pic.twitter.com/F6DbHFs09T
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Y es que, De León generó controversia luego de que mostró públicamente su rechazo a la declaración de inconstitucionalidad de adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) por parte del poder judicial.
Lilly Téllez reclamo a Jesús Ramírez Cuevas por faltar al respeto a Elena Poniatowska (Senado de la República)
“Aprovecho este recinto histórico, esta tribuna histórica para condenar enérgicamente la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre la Guardia Nacional, es inverosímil tal decisión porque quedaron a la deriva 130 mil elementos”, gritó desde la tribuna.
Su declaración fue considerada por los opositores de Morena como irrespetuosa hacia Poniatowska, quien fue citada en la antigua sede del Senado para ser condecorada con la medalla Belisario Domínguez por su servicio a la patria.
Sin embargo, las palabras de Sasil de León no fueron el único argumento bajo el cual Téllez se acercó a Ramírez Cuevas. También aprovechó para pedirle que envíe un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de ser un cobarde por no haber asistido a la ceremonia.
López Obrador declaró que no asistiría al evento para evitar caer en provocaciones por parte de la oposición, hecho que Poniatowska lamentó durante el discurso que dio después de ser condecorada.
“Me da tristeza que no nos acompañe el señor presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, porque tanto mi familia, mis amigos y muchos de los que estamos aquí lo queremos y no solo lo queremos, lo admiramos”, expresó la escritora y periodista.
En representación del presidente acudió Adán Augusto López Hernández, a quien Téllez cuestionó previo al inicio de la sesión en la que además fueron develadas las letras de oro con el nombre de Elena Poniatowska Amor.
Con claras alusiones al ex-gobernador Panista Francisco J. Garcia Cabeza de Vaca,el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, señalado como huachicolero" en la trama de "Los Carmona",afirmó ayer que el gobierno estatal que encabeza Américo Villarreal Anaya está al servicio del pueblo: “Respeta y hace respetar la Ley, no da línea, no impone, no corrompe, no amenaza y no persigue a nadie”.
Como parte de la glosa del Primer Informe del gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario general reiteró que el mandatario los ha instruido para actuar con absoluto respeto a la competencia constitucional y legal de los poderes, municipios y órganos del estado con autonomía, “no somos iguales a los que se fueron”, reiteró.
Villegas González mencionó que tienen relaciones cordiales con el Poder Judicial, órganos autónomos y municipios, “basadas en el mutuo respeto y la colaboración, sin fobias ni distingos ideológicos; a ciudadanos, grupos, organizaciones, partidos políticos y asociaciones civiles y religiosas, se les atiende con igualdad y respeto”, añadió.
El funcionario estatal aseguró que al igual que en las demás dependencias, la entrega recepción de la Secretaría General estuvo plagada de obstáculos y se caracterizó por la opacidad con que se condujo la administración anterior.
“Nos dejaron un tiradero”, expresó y expuso que giró instrucciones al área jurídica para fincar las responsabilidades administrativas o penales procedentes.
Sobre las actividades desempeñadas durante los primeros cinco meses de gobierno en las diferentes áreas de competencia de la Secretaría a su cargo, Héctor Villegas indicó que en materia de seguridad se trabaja a través del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública para garantizar un equilibrado ejercicio del poder público y revertir la injustificada y excesiva concentración de funciones que se pretendía en la administración anterior, que al igual que la unidad de Inteligencia Financiera y Económica, le fueron transferidos a una ‘Super Fiscalía’ para entorpecer el funcionamiento de este gobierno.
“La jactancia con la que una oscura figura del pasado, desde la cómoda lejanía, se refiere a los supuestos logros de su administración en seguridad, se estrella ante los datos duros del Secretariado Ejecutivo Nacional, que señalan que en cinco meses de gobierno, se registró una considerable disminución de delitos de alto impacto, en comparación al mismo periodo de la pasada administración”, afirmó.
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