La noche del 7 de febrero de 2020, un convoy de la policía de Tamaulipas persiguió, acorraló y disparó 242 balas contra una camioneta blanca. “No disparen, no disparen”, gritó un hombre desde adentro del vehículo, pero nadie atendió el clamor de su voz y murió en el lugar.
Desde un taller mecánico una persona grabó la escena del asesinato y los lamentos de una pareja que llegó al sitio del crimen para reconocer a la víctima. Juan Daniel Ortiz Martínez se llama, dijeron su padre Diego y su madre María Guadalupe. “Esos policías me arrebataron a mi hijo que porque lo confundieron”, acusó el matrimonio.
Hace 3 años que María Guadalupe Martínez Cepeda y Diego Ortiz Olvera pelean por justicia y verdad por su hijo, el ingeniero de 23 años que gritó: “no disparen”. Han pasado 1,068 y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas no ha podido capturar a 5 de los 8 elementos que participaron en el homicidio del joven.
La CNDH emitió una recomendación donde señala omisiones de 2 elementos de la Fiscalía General de Justicia y la responsabilidad de 8 policías, que estaban al mando del entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), vicealmirante Augusto Cruz Morales, quien renunció 5 meses después y sin admitir el asesinato de Ortiz Martínez.
El expediente de la CNDH arrojó luz sobre lo sucedido la noche del 7 de febrero y también sobre la forma de operar de la policía estatal que tanto presumió el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
“Como un minuto después posterior a que se inspeccionara el área me acerqué a la camioneta blanca, observando a un joven sin vida, tirado a un costado de la camioneta del lado del copiloto, en esos momentos ya habían arribado también unidades de la Policía Estatal de Reynosa, Tamaulipas, en ese momento, el comandante [AR2] le ordenó a [AR4] y [AR3], que bajaran un arma larga tipo cuerno de chivo que estaba en los asientos traseros de la unidad [patrulla 2] esta arma no es de la que nos proporciona la dependencia de Seguridad Pública, y desconozco de donde la obtendría el Comandante [AR2], (…), el comandante [AR2] ordenó que dicha arma se la entregaran a los compañeros de Reynosa, posteriormente llegaron de periciales y me acerqué a donde estaba la persona fallecida y observé que el arma que antes mencioné estaba en las manos del cuerpo sin vida, desconociendo quién se la haya colocado, aclarando que cuando lo vi por primera vez el cuerpo no tenía el arma en sus manos (…)”.
Policía testigo del asesinato
En concordancia con el testimonio, la Unidad de Servicios Periciales encontró un arma de fuego larga tipo fusil de asalto, con cargador abastecido con 6 cartuchos, 1 tiro en la recámara, entre otros elementos. La prueba medular de la inocencia de Daniel Ortiz vino en el informe de dactiloscopia y la prueba de radizonato de sodio, donde se determinó que el joven no disparó ninguna arma de fuego. Además, el dictamen de balística con la prueba de Griess, con fecha de 11 de febrero de 2020, rechazó que el arma encontrada dentro de la camioneta de la víctima haya sido disparada el 7 de febrero o en meses anteriores.
La CNH concluyó que la policía estatal actuó con uso excesivo de la fuerza “… evidenció la forma injustificada y desproporcionada en la que actuaron los elementos de la SSP-Tamaulipas en contra de la víctima, ya que dispararon en múltiples ocasiones hacia la camioneta en la que viajaba”.
Sobre las responsabilidades de la Fiscalía General de Justicia, la Comisión Nacional sostuvo que el médico forense impidió conocer penetración, direcciones y trayectorias de los proyectiles, producto de una autopsia mal realizada.
“Con su actuar, AR10 incumplió con su obligación establecida en el articulo 9, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, que establece que los servidores públicos de la Fiscalía actuaran con profesionalismo, realizando sus funciones con apego a los más altos niveles técnicos, de empatía, compromiso, diligencia y desempeño ético”, determinó la CNDH.
Disculpas sin justicia
El 9 de julio de 2022, el entonces gobernador de Tamaulipas envió a 2 funcionarios de medio rango para cumplir con el ofrecimiento de la disculpa pública a la familia de Juan Daniel.
El coordinador general de operaciones de la Policía Estatal Acreditable, José Rafael Rivas Valdés y el subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno, Carlos Ruhneb Pérez Céspedes, aceptaron que hubo violaciones a los derechos humanos, a la vida y la seguridad jurídica.
María Guadalupe aceptó las disculpas y reprochó la criminalización que vivió su familia, cuando por semanas se promovió por vías institucionales que Daniel era parte de la delincuencia organizada. El tiempo limpió la imagen de la familia Ortiz Martínez, pero la justicia no ha llegado. Al cierre de la publicación solamente se ha capturado a 3 de los 8 implicados. Adán Wilfredo M. y Oscar Alberto O. fueron sentenciados a 50 años de prisión por homicidio calificado. Un tercer elemento de nombre Luis Roberto “J” fue declarado culpable con una pena de 37 años.
A 3 años del asesinato, la Fiscalía, a cargo de Irving Barrios Mojica, no ha localizado y capturado a Luis Enrique Contreras Izaguirre, Humberto Camargo Alfaro, Alejandro Zequera Meza, Francisco de Jesús Fernández y Eusebio Hernández Gerónimo. Ni la insistencia familiar y mucho menos las recompensas de hasta 300,000 pesos han servido para dar con el paradero de los presuntos responsables de matar a Daniel Ortiz.
Fuente.-Carlos Manuel Juarez/Elefante Blanco/
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