Ante el elevado número de muertes en Zacatecas por enfrentamientos entre organizaciones criminales, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Zacatecas, Arturo Nahle, señala en entrevista que en la entidad se han vivido embates del crimen organizado durante las transiciones de gobierno. Lo que a su juicio agrava el actual son las fallidas estrategias de seguridad federales y estatales, las debilidades del sistema de procuración e impartición de justicia y el hecho de que la disputa sea entre los cárteles más poderosos del país: los de Jalisco y Sinaloa.
ZACATECAS, Zac.- Durante los últimos 17 años Zacatecas ha permanecido bajo el asedio de distintas organizaciones criminales, pero desde la guerra emprendida contra éstas en el sexenio de Felipe Calderón el estado no vivía, como actualmente, tantos días sucesivos de masacres, desplazamiento forzado y terror extremo.
La furia con la que se han enfrentado durante las últimas semanas el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa ha causado numerosas muertes de ambos bandos, pero también ha dejado víctimas como paramédicos, profesionistas y menores ajenos a su causa criminal.
No hay zona del estado libre de violencia, aunque los homicidios han ocurrido principalmente en la capital, Guadalupe, Fresnillo, Jerez, Villanueva y Valparaíso. En este último municipio los cárteles libraron a fines de junio una batalla donde murieron 18 personas, según cifras oficiales, aunque hay versiones de que fueron más de 40.
En los últimos 10 días esos municipios acumularon más de 50 homicidios. Sólo el jueves 15 el gobierno federal informó de 10.
La acometida de estos cárteles rebasó a todas las autoridades y a la fuerza policiaca y militar desplegada en territorio estatal. Habitantes de Valparaíso y Jerez tuvieron que abandonar sus viviendas y bienes para resguardarse en las cabeceras municipales porque, dice uno de ellos, “aquello está tomado por los pistoleros”.
Los informes del Grupo de Coordinación Local de Seguridad, que encabeza el gobernador priista Alejandro Tello Cristerna, reflejan la crítica situación a pesar de que su propósito sea alardear de “acciones contundentes que se despliegan a través de la Estrategia de Seguridad Pública Integral para Zacatecas”.
En junio pasado se reconoció que el número de llamadas para denunciar delitos en el teléfono 089 (habilitado en febrero) aumentó en 1,500%. Sólo en ese mes se conoció del secuestro de cinco personas y nueve casos de secuestro virtual. Y en Guadalupe, municipio conurbado con la capital, se localizó un centro de empaque y distribución de droga. Durante los operativos se decomisaron miles de dosis, principalmente de metanfetaminas y cocaína.
Pero ante el pandemónium que se desencadenó después de las elecciones del día 6 del mismo mes, el gobernador saliente optó por reconocer “los momentos complejos” que vive la entidad, para luego pedir públicamente al gobierno federal el envío de más elementos de la Guardia Nacional, que se sumarían a los 2 mil que ya están desplegados en Zacatecas.
***Fragmento del reportaje publicado en la edición 2333 de la revista Proceso.
Ayer sábado hombres armados irrumpieron en una fiesta familiar que se realizaba en el municipio de Pánuco, en Zacatecas. Este ataque ARMADO propició la muerte de ocho personas y dejó heridas a siete más.
Fue alrededor de las 19:00 horas en la comunidad Pozo de Gamboa que los sujetos atacaron a los presentes en una casa de la calle Felipe Ángeles.
El incidente le costó la vida a seis hombres y dos mujeres, además, siete de los presentes en el inmueble resultaron heridos, por lo que fueron trasladados a un hospital cercano tras ser asistidos por paramédicos de la Cruz Roja.
Tras recibir el reporte del ataque armado, elementos de seguridad arribaron al lugar. Policías de Investigación y estatales, así como miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) implementaron un operativo para tratar de dar con los responsables de este multihomicidio.
Cabe señalar que en las últimas semanas se han elevado los índices de violencia en la entidad zacatecana, especialmente en los limitas con Jalisco. En esta zona se han reportado distintos enfrentamientos entre integrantes de los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, quienes se disputan el dominio del territorio.
Las autoridades de México han interceptado un promedio de mil 580 armas al mes.
El Gobierno federal reportó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos que del 1 de enero de 2020 al 24 de junio de 2021 decomisaron 28 mil 456 armas de fuego.
Ante este escenario y para reducir la violencia en el País, derivada de la pugna entre cárteles de la droga, autoridades de ambos países acordaron reducir el tráfico de armas en la frontera.
"El principal delito que se comete en México con armas de fuego es el homicidio doloso, mismo que ha aumentado significativamente desde finales del siglo pasado", indicaron en un comunicado conjunto las Secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación, Marina, Defensa Nacional, Seguridad y la UIF.
"Los municipios donde se han llevado a cabo el mayor número de aseguramientos de armas son Tijuana, Juárez, León, Guadalajara, Reynosa, Querétaro, Nuevo Laredo, Mexicali, Culiacán y Celaya", se advirtió.
"La delegación mexicana expuso que las entidades federativas con mayor afectación por el tráfico ilícito de armas se ubican en la frontera con Estados Unidos, como Baja California, Sonora, Chihuahua y Nuevo León.
"Así como en los estados en los que se registran enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada, principalmente en el Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Veracruz, Guerrero y Zacatecas".
Posteriormente, añadieron, el 14 de julio, funcionarios mexicanos visitaron el Puente Internacional Juárez- Lincoln en Laredo, Texas.
"Tras efectuar un recorrido por las instalaciones, las autoridades de CBP mostraron los procedimientos que se llevan a cabo para el decomiso de armas en dicho puerto de entrada a Estados Unidos", anotaron.
Autoridades mexicanas se reunieron con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza los días 13 y 14 de julio.
Esto en el marco de los trabajos y acuerdos del Grupo de Alto Nivel sobre Seguridad México-Estados Unidos (GANSEG), a fin de reducir la violencia provocada por la delincuencia organizada.
"La adquisición y el tráfico de armas y municiones en Estados Unidos por parte de organizaciones delictivas que las trafican hacia México es un reto compartido, mismo que requiere de acciones conjuntas por parte de ambos países", se indicó.
En aquel memorable e "infausto" momento en que Francisco Javier García Cabeza de Vaca se preparaba para "torcer el camino" de Tamaulipas y convertirlo en TAMAULIPAS S.A de CV, al protestar en Octubre de 2016 como Gobernador de la entidad, fue particularmente enfático cuando en este protocolario acto de asunción del cargo del que dijo,el pueblo se lo habia conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Union (...a la que ahora se enfrenta hasta con amenazas de romper el pacto fiscal en abierta rebeldía para defender su negocio) y la prosperidad del estado (... en evidente muy mal estado) y " SI NO LO HICIERE ASI,QUE la NACION y los TAMAULIPECOS ME lo DEMANDEN"...la Nación ya lo demando,es un indiciado federal por delincuencia organizada entre otros igual de graves delitos que pasan por el "brutal enriquecimiento de el y su familia considerados por la FGR una Organización Criminal"...los Tamaulipecos le acaban de dar la espalda en las urnas y ahora una rebelion al interior del Panismo en las redes lo ven como un lastre, con el que es imposible correr tras la sucesión con una carga muy pesada,la que advierten, no pueden cargar"...entonces,que espera para dejar el cargo donde fallo en el encargo y enfrenta "sin fuero" acusaciones personales sin investidura de gobernador, que al final tendrá que enfrentar si es que no vuelve a huir, como lo hizo ante la mera sospecha de captura.
Lo que vivió una familia a finales de junio fue apenas un "susto".
Sus cuatro integrantes fueron despojados de la camioneta en que viajaban de la ciudad de Monterrey a la de Nuevo Laredo, en el noreste de México, y abandonados a mitad del camino.
"¿Cómo están? ¿Se encuentran bien?", pregunta el conductor de un tráiler que grabó el asalto a lo lejos.
"Nada más el susto", responde el padre, quien luego explicó a la prensa que "de una camioneta se bajaron cuatro hombres armados. Traían ametralladoras".
"Enfrente bajaron a una pareja de una camioneta Chevrolet blanca. Y después de eso, se viene un sujeto armado hacia nosotros, que eracomo de 30 años, andaba bien vestido", dijo el hombre, quien no dio su nombre por razones de seguridad."'¡Bájense! ¡Y dejen los celulares!'", les ordenaron.
"Nos bajamos toda mi familia y nos fuimos [caminando] para atrás".
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Lo que para esa familia fue solo un susto. Para decenas de familias, la inseguridad ha tenido como consecuencia la desaparición de un ser querido.
Y es que viajar de Monterrey -la urbe industrial más importante de México- a la ciudad fronteriza Nuevo Laredo se ha vuelto un riesgo.
La autopista de peajes de unos 200 km en los últimos meses ha sido llamada la "carretera del terror" o el "triángulo de las Bermudas", debido a los crecientes casos de secuestros y desapariciones forzadas que se han registrado.
Según la asociación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), la organización más grande de apoyo a víctimas local, se han conocido al menos 49 desapariciones este año tan solo de habitantes del estado.
Es la cifra más alta en los últimos 10 años, dice a BBC Mundo Angélica Orozco, una portavoz de la organización.
"Están atacando directamente a la ciudadanía, que nos encontramos totalmente vulnerables ante la desinformación, porque no nos informan qué está sucediendo. Y comprobamos, una vez más, que no hay un plan para buscar a las personas desaparecidas", señala.
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Este año se ha incrementado notablemente la desaparición de personas que viajaban de Nuevo León a Tamaulipas.
Las autoridades de Nuevo León, por su parte, reportan solo 41 investigaciones por desaparición en 20 meses, con 1,4 personas en promedio por caso. Y han anunciado nuevas medidas para su búsqueda.
Pero FUNDENL y otras organizaciones advierten que hay una "cifra negra" de casos no conocidos por falta de denuncia.
Una vía moderna y peligrosa
La autopista 85D que conecta a Monterrey con Nuevo Laredo no es un camino secundario, como los que llegan a ser controlados por grupos criminales en algunas regiones conflictivas de México.
Todo lo contrario: es una autopista de cuatro carriles, con casetas de peajes electrónicos e infraestructura de pasos elevados a lo largo de un trayecto casi en su totalidad recto.
Es parte de la carretera Panamericana, que conecta de norte a sur el continente americano.
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La carretera 85D es vital para la exportación de manufacturas hechas en México hacia EE.UU.
Al ser la vía más corta del centro de México a la frontera con EE.UU., es una vía importante, tanto para la exportación e importación de mercancías, como para los habitantes de Monterrey que van por turismo o negocios a las ciudades del sur de Texas.
"Es el camino hacia la frontera para gente que va a EE.UU. de compras o por cuestiones personales. Y por eso consideramos que desde hace años las autoridades han tenido información de que suceden desapariciones. Y no hay sistemas de videovigilancia u operativos permanentes", señala Orozco.
Pese a ser una infraestructura vital, la seguridad para conductores -tanto de transporte de carga como civiles- "no está garantizada".
El tramo del peligro
En particular, hay un tramo que ha sido el más riesgoso en los últimos meses: el de la frontera entre los estados de Nuevo León y Tamaulipas.
Apenas el 19 de junio pasado, un ingeniero en sistemas de 35 años -de identidad reservada- fue secuestrado durante varias horas por hombres armados vestidos con ropa militar.
En una denuncia ante el ministerio público de Nuevo León, señala que sobre la carretera había un retén de sujetos armados que lo detuvo. Uno de ellos le dijo "toma tus cosas y bájate del vehículo" para revisar su camioneta.
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Lo subieron a un vehículo, le cubrieron la cabeza y lo empezaron a "mover todo el día por un camino de terracería desconocido", explicó.
Le preguntaban que "dónde está la droga que traía" y que "para quién trabajaba".
Incluso lo golpearon una tabla de madera en un momento para que hiciera una confesión, pese a que les aseguro que trabajaba en una empresa de sistemas y que en su celular tenía los datos de su trabajo.
Explica que al final lo abandonaron con los ojos cubiertos en un camino de terracería. Encontró una población y pidió ayuda. Más tarde pudo localizar su camioneta y volver a Monterrey.
FUNDENL también ha detectado que los choferes de aplicaciones como Uber o Didi, que son solicitados para realizar viajes hacia la frontera, también han sido atacados por los criminales.
"En general, tenemos casos documentados desde 2011. Y con la crisis desde este año, empezamos a recibir reportes de años anteriores", explica Orozco.
La cruenta rivalidad de carteles
Desde hace unos meses hay una creciente disputa de grupos delictivos por el control de las ciudades que colindan con EE.UU. en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.
Se trata de puntos clave para el tráfico de drogas y mercancías ilegales, así como el flujo de recursos económicos que los carteles buscan manejar, explica el investigador en seguridad pública Víctor Sánchez a BBC Mundo.
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El tramo de la carretera cercano a Sabinas Hidalgo es uno de los más riesgosos.
"Los comandos paran a tráileres que llevan mercancías. Se llevan los camiones o a veces solo la mercancía. Y en algunas ocasiones desaparecen a los conductores. Lo mismo sobre vehículos privados: se enfocan en camionetas equipadas que después utilizan para sus actividades", indica.
Aunque ha sido una práctica vista desde hace una década, se ha recrudecido en los últimos meses.
"Es una zona de conflicto y disputa, pero va más allá de la simple disputa de organizaciones criminales. Tiene que ver mucho con el ADN de Los Zetas", explica Sánchez.
Y es que el Cartel del Noreste -CDN, conformado por miembros del extinto grupo sanguinario Los Zetas- controla la ciudad de Nuevo Laredo, que ha sido blanco de otras organizaciones recientemente.
"Se ha recrudecido mucho la ofensiva en los últimos meses por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación, de la mano de una organización local, los Metros, que es una facción del Cartel del Golfo", indica Sánchez.
Muchas víctimas de desaparición en la zona son los conductores de camiones.
"El CDN sospecha de cualquier vehículo ostentoso que circule por la carretera a determinadas horas, previendo una incursión. Y eso puede explicar algunas de las desapariciones de los últimos meses", explica el investigador, residente del vecino estado de Coahuila.
Muchas víctimas de desaparición no son encontradas porque los carteles evitan dejar evidencias, como el cuerpo de las víctimas.
La respuesta de los gobiernos
Ante el aumento de casos de desaparición, los gobiernos estatales y el federal han empezado a tomar acciones en las últimas semanas.
La Guardia Nacional federal fue desplegada para realizar patrullajes a lo largo de la carretera 85D.
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Y la semana pasada, los gobernadores de Nuevo León y Tamaulipas se reunieron para acordar una mejor coordinación en la investigación de casos de desaparecidos, algo que han reclamado las familias de las víctimas.
"Se contempla la instalación de puntos fijos intermitentes en especial en zonas específicas como el tramo del kilómetro 100 al 176 (zona limítrofe entre estados)", indicaron en un comunicado conjunto.
"No nada más es la autopista, hay brechas donde también la Guardia Nacional, Fuerza Civil y el Ejército Mexicano entramos a vigilar, a disuadir, a buscar individuos que estén buscando hacer daño a la gente", dijo el comisario de la Fuerza Civil de Nuevo León, Jorge Garza Morales.
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El gobierno de Nuevo León dice que tomó nuevas medidas en atención a las protestas por desapariciones recientes.
Orozco, sin embargo, advierte que esas acciones suelen ser temporales. Cuando se acaban, el problema regresa.
"Los operativos desde junio qué bueno que los están haciendo, pero deberían haberlos empezado desde que hubo reportes que algo estaba sucediendo, desde abril", señala.
"El discurso gubernamental es el mismo, de ataques entre bandas de criminales. Pero están atacando a trabajadores y familias directamente. Es lamentable".
