Gastos innecesarios, subejercicio de recursos, inmuebles en estado crítico y falta de comprobación en el uso del dinero fueron algunas de las irregularidades detectadas en la administración pasada del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que generaron un daño patrimonial por 5 mil 428.29 millones de pesos y que hoy lo mantienen bajo presiones financieras.
De acuerdo con el Informe de Primeros Hallazgos de la Secretaría Ejecutiva de Administración del CJF, al que EL UNIVERSAL tuvo acceso, así dejó el organismo el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, al término de su encargo el pasado 31 de diciembre de 2018.
Según el documento, entregado el pasado 27 de marzo a los integrantes del pleno del CJF, las anomalías fueron detectadas en el presupuesto 2018 en áreas como la renta de inmuebles y su mantenimiento, la creación de nuevos órganos jurisdiccionales, pago de seguros, administración derecursos humanos, obra pública, contrataciones, inventario físico, archivo y documentación, tecnologías de la información, protección civil y modelo de gestión administrativa.
Además, señala que el CJF omitió solventar 797 observaciones de las auditorías que realizó la contraloría y 47 acciones derivadas de las 14 revisiones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El reporte —que se efectuó en los primeros 60 días siguientes a que concluyó la administración de Aguilar Morales— destaca que durante 2018, el CJF obtuvo un presupuesto por 61 mil 838 millones de pesos, del cual se detectó un subejercicio por casi 5 mil 500 millones de pesos y aunque para 2019 se aplicó una reducción presupuestal de 8.7% —6 mil 460 millones 188 mil 830 pesos—, el Consejo de la Judicatura Federal se quedó sin recursos para mantenimiento y fortalecimiento de infraestructura.
“El impacto afectó parcialmente rubros del gasto corriente y en su totalidad la inversión, situación contraria a la que se presentó en 2018, que de haberse implementado medidas correctivas en el ejercicio, sobre todo agilizado los diferentes procedimientos de contratación, tanto de adquisiciones como de servicios y de obra pública, significaría que para 2019 no se tendría la dimensión de las presiones de gasto que a la fecha se han identificado”, indica el informe.
“No se cuenta con presupuesto para mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura, entre otros conceptos de gasto, lo cual podrá afectar la operación de los inmuebles a cargo del CJF”, subraya.
El informe precisa que las empresas aseguradoras contratadas por el CJF le deben 50.1 millones de pesos sin que hasta el momento exista un registro de que la administración de Aguilar Morales requiriera la reintegren de ese dinero al organismo.
Pérdidas en los edificios. Actualmente, el CJF cuenta con 660 inmuebles, 52% de ellos corresponden al programa de vivienda para magistrados y jueces.
En su revisión, la Secretaría Ejecutiva de Administración del CJF detectó que las irregularidades en la administración de los inmuebles provocaron un daño patrimonial por 426.7 millones de pesos, pues el CJF renta cinco edificios para órganos jurisdiccionales y archivo transferido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mismos que no están en uso, lo que genera pagos por 11.8 millones de pesos anuales y fueron destinados 48.9 millones de pesos a hacer adecuaciones por las cuales se pagaron 14.3 millones de pesos.
Los inmuebles rentados que no están en uso se ubican en Apizaco, Tlaxcala, por el que se paga una renta mensual de 250 mil pesos y en el que la CJF ha gastado 10.5 millones en adecuaciones. En Chetumal, Quintana Roo, implica una renta mensual de 85 mil pesos y se han realizado adecuaciones por 3.8 millones de pesos; Ciudad del Carmen, Campeche, con renta de 288 mil; Tepic, Nayarit, con pago de mensual por 225 mil pesos, y Coatzacoalcos, Veracruz, por el que el organismo paga 187 mil pesos.
De lo edificios de la CJF, 153 se encuentran en estado crítico, y fueron identificados 29 inmuebles que requieren atención a corto y mediano plazo, para lo cual se requieren 366 millones de pesos; sin embargo, el organismo no cuenta con recursos.
Uno es el edificio Canoa, donde opera el Centro de Cómputo principal del CJF, que tras el sismo de septiembre de 2017 requiere ser reforzado, para lo cual se necesitan 18 millones de pesos para su rehabilitación.
Derivado de ello, el personal y órganos jurisdiccionales fueron reubicados a espacios rentados en la carretera Picacho-Ajusco con una mensualidad de 429 mil 87 pesos más 42 mil 896 pesos de mantenimiento.
En el Edificio Américas en Guadalajara, Jalisco, se requieren 165 millones de pesos para el reforzamiento estructural; en Nezahualcóyotl, Estado de México, un inmueble en la colonia Ampliación La Perla que fue adquirido por la Corte en 1990 fue invadido desde 2016, por lo que el CJF solicitó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos que inicie las acciones legales.
El informe destaca que con el diagnóstico elaborado, la nueva administración del CJF tiene 47 áreas de oportunidad para tomar acciones y evitar responsabilidades administrativas, posibles demandas por incumplimiento de contrato, gastos innecesarios y presiones financieras.
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