A la tragedia de Tita Radilla Martínez –presidenta de la Afadem y quien desde hace 45 años busca a su padre, Rosendo Radilla, desaparecido por el Ejército en Guerrero, en 1974– se suma ahora otro elemento de la pesadilla familiar: el 13 de marzo dos sobrinos suyos fueron “levantados” en Jalisco y aún no se sabe nada de ellos.El contexto y los testimonios de quienes presenciaron los hechos apuntan a que los autores de la nueva desaparición son miembros de la Marina.
La tragedia de la desaparición sigue a la familia de Rosendo Radilla Pacheco, líder campesino que fue detenido en Atoyac de Álvarez, Guerrero, por efectivos del Ejército el 25 de agosto de 1974, sin que hasta ahora se conozca su paradero.
A 45 años de los hechos que marcaron a la familia Radilla, dos integrantes más de la familia, radicados en Tlaquepaque, Jalisco, están en calidad de desaparecidos desde el pasado miércoles 13, luego de haber sido detenidos por hombres armados que presuntamente formaban parte de un operativo en el que habrían participado las Fuerzas Armadas.
La desaparición de Eligio Sánchez Radilla, de 41 años, y Lázaro Edgardo Sánchez Robles, de 25, ocurre en momentos en que toda la energía de Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo, estaba focalizada en diligencias de búsqueda de su padre en lo que fue el cuartel militar al que fue llevado y del que nunca se le vio salir.
Devastada, Radilla, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos en México (Afadem), reconoce que lo ocurrido con sus familiares, quienes fueron detenidos junto con César Hernández Téllez, de 25 años, en la colonia Francisco I. Madero, dentro del Cerro del 4, municipio de San Pedro Tlaquepaque, es una muestra de que la tragedia humanitaria por las desapariciones continúa, pese al cambio de gobierno.
“Lo que se está denunciando es un hecho aberrante, es algo que no debe seguir ocurriendo, y las autoridades siguen actuando como en las administraciones pasadas. Es la misma cerrazón, la misma negativa. Son los mismos obstáculos que nos ponen”, sostiene Radilla al referirse a la falta de resultados para encontrar a sus familiares, sobrinos en segundo grado.
Tras señalar que la desaparición de Lázaro, Eligio y César ocurrió mientras ella estaba en Ginebra, Suiza, representando a familiares de desaparecidos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Radilla Martínez advierte que a su llegada a Atoyac, el domingo 17, tuvo información de los hechos en voz de su sobrina, Gloria María Radilla Romero, quien en 1974 salió huyendo de Guerrero tras la desaparición forzada de su pareja, Baltazar Navarrete Aparicio, detenido por militares en la estrategia contrainsurgente de los setenta.
“Tengo más de 40 años buscando a mi papá y a los cientos de desaparecidos de los setenta, y ahora ocurre lo de mis familiares, a quienes quiero y veo cuando vienen a Atoyac a revisar el caso de Baltazar, que lo lleva Afadem; mis sobrinos están aterrados. Me dicen: ‘Tía, usted cuánto tiempo lleva buscando a Rosendo. ¿Cuánto vamos a tardar en encontrar a Lázaro y Eligio?’”
Radilla Martínez advierte que, como en otros casos, es común que se descalifique a los desaparecidos para acallar los reclamos, pero “si hubieran cometido un delito, deberían hacerles un juicio justo y sancionarlos de la manera en que se lo merecieran, pero no desaparecerlos, no de este modo tan cruel e inhumano”.
“Es demasiado doloso, si no tuviera que estar en las diligencias de búsqueda, que tenían que haberse hecho hace dos años, estaría con mis sobrinos”, apunta la defensora, quien con la asesoría de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, logró una sentencia condenatoria para México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Rosendo Radilla.
Familia devastada
Los familiares de Radilla Martínez huyeron de su domicilio en Tlaquepaque y, tras denunciar los hechos ante la Fiscalía de Jalisco, cuentan con protección de la misma.
Entrevistados en su refugio por la corresponsal Gloria Reza, los familiares de Lázaro y Eligio sostienen que, junto con su amigo César, fueron detenidos en medio de un operativo realizado al parecer por la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía del Estado, según los testimonios de una persona que cuenta con protección policial, así como de vecinos que observaron los acontecimientos.
Lázaro Sánchez Radilla, hermano de Eligio y papá de Edgardo, narra que la tarde del miércoles 13, sus familiares acudieron al domicilio de César Hernández en el automóvil de su hijo.
Por versión de los testigos, entre las 16:40 y las 17:00 horas, luego de comer, conversaban y se dirigieron en la camioneta de Edgardo a la casa de César, al lugar llegaron unos siete hombres armados en dos carros compactos que los interceptaron y sacaron del vehículo.
Tras identificarse “como fiscales”, los perpetradores subieron a César y a Edgardo a un vehículo gris y a Eligio a un Versa rojo, y tomaron caminos opuestos, apunta Sánchez Radilla.
Dos días después de la detención fue allanado el domicilio de una hermana de Lázaro –cuya dirección sólo era conocida por Eligio y Edgardo, ya que acababa de mudarse– del cual sustrajeron aparatos electrónicos, dos vehículos y hasta medicamento tomado por otro familiar enfermo de cáncer.
Después del allanamiento, el lugar apareció clausurado con una calcomanía de la Fiscalía General del Estado, y se mantiene así.
“Es ahí donde me doy cuenta de que en realidad el gobierno tiene a mi hijo y a mi hermano”, dice Lázaro al considerar que muy probablemente al ser interrogados dieron información sobre el domicilio allanado.
La decisión de la familia Sánchez Radilla de esconderse no es gratuita. Después de la desaparición de sus familiares ocurrió un homicidio que impactó en el ánimo de Lázaro, quien además de ser soldador, tiene un negocio de frutas y verduras en un tianguis.
El viernes 22 Lázaro no acudió al tianguis, encargó el negocio a su empleado, José Luis Hernández, quien alrededor del mediodía fue secuestrado por hombres armados vestidos de azul.
Los hombres “llegaron y lo hincaron, le dijeron que eran fiscales, se lo llevaron y lo mataron. En Tlajomulco lo tiraron”, recuerda Lázaro con la voz entrecortada.
El sitio de donde se llevaron a los familiares de los Radilla fue escenario de otros operativos en los que habrían participado marinos durante la semana en que ocurrieron los hechos.
Según información que recabó Lázaro entre los vecinos, durante los operativos se llevaron a tres jóvenes, dos hijos del dueño de una pizzería y el dueño de un bar.
Sánchez Radilla reconoce que esa zona de Tlaquepaque es violenta, donde la presencia de hombres armados es común y los allanamientos frecuentes, pese a que es un área vigilada por militares y policías municipales.
Sin pistas
Hasta ahora, la versión que ha obtenido de las autoridades es que quienes se llevaron a su hijo y su sobrino, seguramente eran personas que se disfrazaban de autoridades, pero esa respuesta no le da consuelo.
“Pienso que si no son marinos ni gobierno, son clonados. ¿Por qué si el gobierno anda aquí no hace nada? ¿Están revueltos? ¿Ellos saben realmente dónde está mi hermano y mi hijo? (…) No me interesa lo que hagan o si protegen a alguien, a mí me interesa encontrar a mis familiares (…) Si vivos se los llevaron, yo vivos los quiero”, puntualiza Lázaro Sánchez Radilla.
El viernes 15 los familiares de las víctimas presentaron la denuncia por desaparición de los tres hombres, en la que asentaron la presunta responsabilidad de efectivos de la Secretaría de Marina, pues “ese día había un fuerte operativo de los marinos, no podía haber sujetos armados cuando ellos estaban operando en la colonia”, insiste Lázaro.
Pese al señalamiento hacia la Secretaría de Marina en la carpeta de investigación D-I/29284/2019 no se incluyó el dato, en tanto que se instruyó a los familiares de los desaparecidos a acudir al Servicio Médico Forense para tomarles muestras de ADN, como un requerimiento “para irlos a buscar”, recuerda Gloria Radilla, madre de Eligio y abuela de Edgardo.
Gloria dice que con la desaparición de sus familiares se abre la herida que lleva por la desaparición de su primer esposo, Baltazar Navarrete, a quien militares se llevaron junto con su tío León Radilla, cuando ambos trabajaban en el campo de Atoyac.
León logró escapar del cuartel de Atoyac, pero a su esposo, padre de sus primeros tres hijos, no lo volvió a ver. Lejos del escenario de guerra que era su tierra natal, del que huyó con su familia, la desaparición de sus familiares es “como vivir otra vez la pesadilla”.
Una vez interpuesta la querella, la Afadem solicitó la intervención de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y notificó de los hechos a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El miércoles 20, durante la presentación de la Estrategia Integral para la Atención a las Víctimas de Desaparición, presentada por el gobernador Enrique Alfaro en Guadalajara, los Sánchez Radilla acudieron a denunciar los hechos y hablaron con Karla Quintana Osuna, titular de la CNB.
Entrevistada en su oficina de la Ciudad de México, Quintana Osuna advierte que la CNB sólo da seguimiento al caso, que está siendo investigado por la fiscalía y la comisión locales de búsqueda.
Reconoce que “un alegato muy fuerte” de los familiares es que habría participación de personal de la Semar detrás de las desapariciones, lo que desde su punto de vista no debería descartarse a priori.
“Hasta el momento no tenemos confirmación o evidencia que confirme al 100% que hubo participación de la Marina; tendría que ser una de las líneas de búsqueda e investigación. Sabemos que no existen bases de la Marina cerca, lo cual no significa necesariamente algo, pero sí es información que se debe tener en consideración, porque si no hay base y sí fueron marinos, entonces ¿de dónde vienen y en qué contexto?
“Habría que indagar si los responsables son de otra corporación. Tampoco estoy diciendo que no sea desaparición forzada, hay que abrir las diferentes posibilidades, no hay que descartar ninguna, que sean funcionarios locales, que no sean funcionarios, todo tomando en cuenta el contexto de Tlaquepaque, que en concreto sabemos que existe un conflicto entre dos o más grupos delincuenciales; eso también se debe analizar para realizar las búsquedas”, recomienda Quintana.
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