POLICIAS "SIN DERECHOS,POCO DERECHOS",ABUSIVOS y ABUSADOS por GOBIERNOS DESHONESTOS...pagan por lo que el gobierno les "roba".

Para que la Policía funcione adecuadamente, los ciudadanos y las instituciones tenemos la responsabilidad de respetar y hacer valer sus derechos. Un policía sin derechos, no tiene ningún incentivo para respetar los derechos de los demás.

Es nuestro deber ético hacer valer y respetar los derechos de los policías que nos cuidan.

Derechos de los policías

• - Derecho a la capacitación, entrenamiento y profesionalización otorgada por la institución para el adecuado ejercicio de sus funciones.
• - Derecho a salarios y prestaciones dignas en función del riesgo de su función.
• - Derecho a tener una vida familiar y personal digna.
• - Derecho a servicios de salud y prestaciones sociales.
• - Derecho a atención médica y psicológica requerida como resultado del ejercicio de sus funciones.
• - Derecho a defensoría jurídica con motivo del ejercicio de sus funciones.
• - Derecho a recibir el equipamiento y los implementos necesarios para el ejercicio de sus funciones.
• - Derecho a ser respetado por su rol social.

Responsabilidades

•  a) Trato firme, pero digno y respetuoso

El trato a la ciudadanía determina, por principio, qué tanto será respetado un agente de policía. Un trato amable y respetuoso permitirá generar confianza en los ciudadanos.

•  b) Atención inmediata de solicitudes de servicio

Mientras más tarde la Policía en atender las solicitudes de la ciudadanía, más fácilmente se dejará de confiar en su función.

•  c) Mediación y negociación

Si hay conflicto o violencia entre particulares, la Policía puede intervenir para evitar que se agrave, utilizando un trato firme, pero digno y respetuoso de las personas.

•  d) Uso gradual de la fuerza

Se requiere que los policías estén entrenados en el manejo de la fuerza para utilizarla de manera racional y conforme a los tipos de evento que, en su vida profesional, puede atender. Las instituciones deben disponer de estos protocolos y entrenar a su personal en su aplicación, de otra forma se genera abuso y violencia.

•  e) Intervención según tipo de problema a resolver

Los recursos de la Policía son limitados, por eso es importante que se usen racionalmente. A cada tipo de caso se debe disponer de manera racional el número y tipo de personal y equipamiento que habrá de atenderlo, con la capacidad de escalarlo en gravedad según la secuencia de los eventos que ahí ocurran.

•  f) Empatía y proximidad social 

La adopción de la filosofía de proximidad social es una de las formas más aceptadas para mantener un contacto permanente con los ciudadanos, fomentar la denuncia y ganarse su confianza.

•  g) Capacitación adecuada

Los policías deben solicitar y recibir la capacitación que les haga falta para garantizar el cumplimiento de los principios de la función policial. Sin ella, los abusos por omisiones y desconocimiento se vuelven más frecuentes.

•  h) Afirmación de su rol social 

El rol de autoridad de la policía debe ser aplicado no solo en su vida profesional, sino en su vida personal. Los agentes de policía deben ser un ejemplo de cómo deben comportarse los ciudadanos, solo así se puede obtener el reconocimiento social.

Tipos de abusos contra policías

Los policías no sólo pueden ser responsables de los abusos que ocurren contra la ciudadanía, también son víctimas de abusos por parte de sus mandos como resultado de un diseño estructural de las instituciones que puede permitir que haya situaciones que violentan sus derechos humanos y laborales, mismos que, a su vez llevan a que los agentes se sientan deprimidos, poco comprometidos con la institución y enojados por la forma en que se mira su trabajo. Si se desea aspirar a una policía digna, honesta y profesional, es indispensable que la propia estructura de las instituciones policiales se transforme para garantizar mejores condiciones laborales y profesionales a sus integrantes.

La forma en que está redactado el artículo 123 apartado B de la Constitución, facilita que sean sujetos de todo tipo de abusos institucionales.

Los abusos que los agentes de policía sufren durante su función son:

•  a) Cobros indebidos y extorsiones 

Ocurren cuando los oficiales en posición de mando, solicitan alguna cuota a los agentes para: permitirles trabajar en cierta zona o usar cierto tipo de vehículo, quitarles faltas, evitar arrestos, obtención de incapacidades, uniformes y cualquier otro tipo de trámite que por su naturaleza debe ser gratuito y a cargo de la institución. Incluye cobros por uso de equipamiento (patrullas), así como la asignación de zonas de patrullaje y el cobro de cuotas periódicas para mantenerse así.

•  b) Horarios inhumanos y falta de conciliación entre su vida laboral y personal

Horarios de trabajo que exceden la capacidad física humanamente posible de permanecer alerta. Además, los horarios se reflejan en la vida personal: menos tiempo libre para disfrutar el desarrollo personal y convivir con su familia y seres queridos, reduce la motivación para trabajar, así como puede provocar enojo contra la institución y los mandos.

•  c) Uso de fuerza de trabajo para tareas no relacionadas con su función

Ocurre cuando los policías son comisionados a tareas de servicio que no están contempladas en la función policial y en sus obligaciones estrictamente laborales como, por ejemplo: hacer arreglos de jardinería o albañilería en casas de mandos, labores de chofer para hijos y amigos de los mandos, asistencia para realizar compras o favores personales, por mencionar algunas.

•  d) Carencia de prestaciones sociales, y salarios indignos

Falta de garantías laborales para realizar su función con plena protección institucional dirigida a proporcionar a sus integrantes una calidad de vida digna, que favorezca su compromiso institucional y minimice los riesgos de corrupción debida a carencias económicas intrínsecas a los ingresos personales. Destacan aquí: salarios, falta de seguridad social, seguros de vida y de gastos médicos, créditos para casa, auto o personales, opciones de atención psicológica en casos de síndrome de estrés postraumático, apoyo médico para seguimiento restricciones que comprometen la realización normal de sus funciones, ente otras.

•  e) Arrestos indebidos 

Abuso de posición de poder para obligar a los agentes a realizar funciones que no les corresponden. Excesos en la aplicación del régimen disciplinario derivados de interpretación excesivamente rígida de los códigos de conducta y ética policial.

•  f) Abuso verbal y físico 

Insultos, vejaciones y cualquier tipo de trato de provoque ofensas y vejaciones físicas, emocionales y psicológicas al personal.

•  g) Tráfico de plazas y zonas de trabajo

Cobros o intercambio de favores para asignar puestos de trabajo o plazas en determinadas zonas, cuyas características son favorables a la corrupción o para facilitar las funciones de los agentes.

•  h) Ascensos, estímulos y premios discrecionales

Uso y abuso de posiciones de mando o con facultades para la toma de decisiones que permitan el nombramiento de cargos y posiciones en las cuales se hace uso de concursos de ascensos, estímulos y premios, arreglados previamente para favorecer a personas más por una relación de amistad o poder, que por su mera capacidad profesional y logros.

•  i) Sometimiento a órdenes ilegales 

Imposición de órdenes para realizar actos fuera de la ley o de le ética policial bajo el chantaje o el pretexto de despidos, arrestos o sanciones dirigidas a afectar el historial y el prestigio de quien o quienes son sujetos a este tipo de presión.

•  j) Violaciones a derechos humanos y procesales cuando son acusados de alguna falta o abuso 

Carencia de entramado jurídico y procesal sobre la función de la policía, además de carencias en el régimen disciplinario que dejan a los agentes acusados de algún abuso en el desamparo legal, permitiendo abusos contra su función y su persona.

•  k) Carencias en equipamiento, uniformes e infraestructura adecuada para realizar sus funciones 

En ocasiones, la institución hace que los agentes paguen por sus uniformes, balas, fornituras, gasolina de las patrullas, entre otros implementos sin transparentar los recursos que está etiquetados para ello.

•  l) Procesos de capacitación y profesionalización irregulares 

La complejidad y gama de funciones de la policía requiere un proceso permanente de formación que garantice personal preparado para afrontar cualquier tipo de emergencia y situación que rompa con la tranquilidad de un espacio determinado. Ello requiere contar con una multiplicidad de habilidades, destrezas y capacidades que la institución policial tiene obligación de ofertar. Esto no ocurre en la realidad. Los agentes de policía solo acceden a procesos de formación básicos que no facilitan el desarrollo profesional en los ámbitos que les toca intervenir.


fuente.-Causa en Comun/

LA GUARDIA CIVIL DICE LOPEZ OBRADOR ENFRENTARA la "VIOLENCIA SIN VIOLENCIA"..ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre..

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ha perfilado una nueva forma de enfrentar al crimen organizado. No será con amor y paz ni con persuasión para que los criminales y los jefes de los cárteles de las drogas mexicanos, que hace tiempo son trasnacionales y están considerados entre las mafias más poderosas del mundo, sino con algo extraordinariamente inusual: que las Fuerzas Armadas combatan a los criminales sin usar la fuerza. Su nueva propuesta es, por decir lo menos, controvertida.

López Obrador anunció el sábado en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, símbolo de la represión desde hace medio siglo, que presentará una iniciativa para crear una Guardia Civil, integrada por el Ejército, la Marina y la Policía Federal. “La propuesta es que las Fuerzas Armadas actúen como un ejército de paz”, dijo. “Tendrán que ayudarnos sin el uso de la fuerza para garantizar la seguridad interior y ayudar a que haya seguridad pública. Tenemos un grave problema de inseguridad y de violencia en el país, y vamos a buscar la manera de enfrentarlo sin el uso de la fuerza. Vamos a atender las causas que han originado la violencia en México. Estoy seguro que si hay trabajo, si hay bienestar, si se atiende a los jóvenes, vamos a lograr la paz y la tranquilidad en nuestro país”. La Guardia Civil es el nuevo nombre para lo que propuso hace tiempo como Guardia Nacional, desechada en agosto por el futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, por la complejidad de las reformas constitucionales que tendrían que hacerse para desaparecer a las Fuerzas Armadas y convertirlas en un nuevo ente. El tema parecía zanjado tras la visita del presidente electo a los secretarios de la Defensa y de la Marina, pero el sábado López Obrador volvió a su idea original de desaparecer a las Fuerzas Armadas.

No se sabe el porqué de su insistencia de desaparecer a las Fuerzas Armadas y de quitarles su armamento, pero lo tiene en la cabeza de manera fija y clara, y no distingue entre la responsabilidad de mantener la seguridad nacional, la de la seguridad interna y la de seguridad pública. Para el presidente electo, todo es lo mismo, sometido a un mando donde la jerarquía castrense se difumine, y debe ser sin armas. En su discurso del sábado dio una muestra de ello. Si hubiera una invasión, dijo, todos los mexicanos saldrían a defender a la patria. Dicho de otra forma, las Fuerzas Armadas no son una condición sine qua non para mantener la soberanía nacional.

La propuesta de López Obrador es reduccionista. Crear condiciones sociales y económicas para dar trabajo y atender a los jóvenes es parte del problema, pero no su solución integral. Podrá haber, en el mejor de los casos, una disminución de jóvenes reclutados por el narcotráfico, pero el fenómeno no desaparecerá. El narcotráfico es un negocio y no va a dejar de serlo por los altísimos márgenes de utilidad. Parte de los recursos que obtienen los utilizan para la compra de armamento, cada vez más poderoso y sofisticado para enfrentar la capacidad de fuego de las Fuerzas Armadas y desafiar al Estado mexicano.

Pedirle a las Fuerzas Armadas que asuman las tareas de seguridad pública sin armas, es tanto como entregar a soldados y marinos al crimen organizado. Las armas son un disuasivo, y la distorsión mexicana en materia de uso de la fuerza no puede ser resuelta mediante el desarme. Un tema es el abuso de la fuerza y las violaciones a los derechos humanos, que tienen que atajarse y castigarse, y otro regalar el país al poderío bélico que tienen los cárteles de la droga. Si el presidente electo cree que esa es la solución al problema de la inseguridad, se equivoca. La ecuación que plantea es permitir que los cárteles de las drogas sigan haciendo su negocio, con todo lo que ello implica en México, a cambio de que sean ellos los que se hagan cargo de la seguridad. No los toca nadie a cambio de que no toquen a nadie. Entre eso y caminar hacia la creación de un narcoestado no hay diferencia.

López Obrador tiene que clarificar qué quiere exactamente. Otros países tienen cuerpos como la Guardia Civil que planteó. Existe en España y depende de los ministerios de Defensa y del Interior, pero no suple a las Fuerzas Armadas. Chile tiene a los Carabineros, bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, aparte del Ejército. El gobierno del presidente Ernesto Zedillo creó la Policía Federal Preventiva al trasladar en su totalidad a la 3ª Brigada de la Policía Militar dentro de un nuevo cuerpo, encabezado por civiles a los que se sumaron miembros del CISEN y toda la Policía Federal. Una nueva policía nacional propuesta por el gobierno de Felipe Calderón, nunca fue aprobada en el Congreso.

López Obrador tendría en esos modelos una repuesta a lo que desea. Sí puede crear –de hecho es necesario– una nueva policía nacional que puede llamar como quiera, pero no a costa de las Fuerzas Armadas que, convertidas en un ente paramilitar, enfrenten el poderío del crimen organizado con toletes y buenos modales. Cometer el error del gobierno de Enrique Peña Nieto de no combatir al crimen organizado durante los primeros ocho meses de su administración, provocó la espiral de violencia que López Obrador heredará. Su propuesta es aún peor. Matar políticamente a las Fuerzas Armadas, o dejar que literalmente las maten, es eliminar, por razones que aún son oscuras, la última frontera mexicana.

Fuente.-Raymundo Rivapalacio/imagen/internet

LOPEZ OBRADOR,el EJERCITO y los RESULTADOS "DESASTROSOS"...las intenciones cuentan,pero resultados definen el exito o fracaso.

Una de las preguntas más espinosas que enfrentará Andrés Manuel López Obrador como presidente de México es qué hacer con las Fuerzas Armadas. Por más de una década, las fuerzas militares mexicanas han estado abocadas a una “guerra contra las drogas” que ha tenido resultados desastrosos, no sólo en términos de derechos humanos y seguridad pública, sino además por su impacto corrosivo para el Estado de derecho. 

El problema, en pocas palabras, es que hay elementos de las fuerzas militares que están operando en gran parte de México sin mayor control efectivo de las autoridades civiles. La Ley de Seguridad Interior que fue aprobada el año pasado, si es implementada según su actual texto, sólo empeorará esta situación.

El presidente Enrique Peña Nieto heredó este desastre de su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa, que a pocas semanas de asumir en 2006, envió de forma masiva a soldados mexicanos a enfrentarse con la delincuencia organizada en distintas regiones del país. En un primer momento, el despliegue de tropas se anunció como una medida temporaria para complementar la actuación de las fuerzas policiales civiles, que se veían superadas por poderosas y despiadadas organizaciones delictivas. Pero al término de ese sexenio, la presencia militar se había vuelto permanente en muchos sitios y las Fuerzas Armadas, en los hechos, reemplazaron a la policía, en vez de tan sólo darle apoyo.

El fundamento jurídico de la política de Calderón fue dudoso. El artículo 129 de la Constitución establece que “[e]n tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.  El gobierno de Calderón Hinojosa justificó el uso de las fuerzas militares citando una tesis de la Suprema Corte de 1996, que indicaba que los militares podían apoyar las actividades de seguridad pública cuando lo solicitaran las autoridades civiles. Pero esa tesis establecía un requisito clave: las Fuerzas Armadas debían desempeñar un papel “auxiliar”, de apoyo a las fuerzas civiles, y en ningún caso podían reemplazarlas. Eso no fue lo que ocurrió.

Habría que tener en cuenta que la Ley de Seguridad Nacionalde los tiempos de Vicente Fox pudo haber facilitado la omisión del mencionado requisito. En su definición de “amenaza a la seguridad nacional”, dicha ley incluyó los “[a]ctos tendientes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada”, lo cual permitió para algunos justificar la actuación de las Fuerzas Armadas en este ámbito. Sin embargo, esa es, en el mejor de los casos, una interpretación dudosa. Una reforma constitucional aprobada en 2008, que dispuso (en su artículo 21) que “las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil”, debió haber resuelto esta discusión. Evidentemente no fue suficiente.

Peña Nieto pudo haber revertido la militarización de la seguridad pública. Pero optó por no hacerlo. Como candidato, se comprometió a crear un nuevo cuerpo de policía denominado Gendarmería Nacional, integrado por 40 mil agentes. Pero esta promesa quedó prácticamente en el olvido cuando asumió la Presidencia, y la militarización continuó avanzando sin tregua. Entre 2012 y 2017, la cantidad de bases militares de “operaciones mixtas”, donde también hay policías y agentes del Ministerio Público, aumentó de 75 a 182, y su alcance se extendió de 19 a 27 estados. La cantidad de militares destinados a estas bases prácticamente se triplicó. En cambio, la cantidad de agentes de la Policía Federal apenas ha variado, y sigue siendo inferior a 40 mil. La nueva “gendarmería” nunca tuvo más de 5 mil elementos.

La militarización de la seguridad pública ha tenido resultados previsiblemente desastrosos. Las Fuerzas Armadas en México, al igual que en cualquier otro país, están hechas para la guerra, no para la seguridad pública, y tienen antecedentes de abusos graves contra civiles. Encomendarles que contengan la violencia delictiva fue echarle más leña al fuego. Durante el gobierno de Calderón Hinojosa, ello provocó abusos generalizados, como ejecuciones, desapariciones forzadas y torturas. Y no consiguió reducir la violencia. De hecho, es posible que haya sido un factor que contribuyó al drástico aumento de la cantidad de homicidios en esos años.

La militarización impulsada por Calderón Hinojosa fue particularmente peligrosa por la falta de control civil efectivo sobre las Fuerzas Armadas. Las fuerzas militares mexicanas son de las menos transparentes y con menor rendición de cuentas del hemisferio. Hasta hace poco, esto se debía en gran medida a que México se había aferrado a la práctica arcaica de asignar jurisdicción exclusiva a las fuerzas militares por los abusos de sus miembros. Los fiscales y jueces del sistema de justicia militar, que también son militares subordinados a las autoridades castrenses, sirvieron para garantizar la impunidad de los abusos.

Cuando Peña Nieto inició su presidencia, México acababa de dar un paso histórico para finalmente poner a las Fuerzas Armadas dentro del Estado de derecho. En septiembre de 2012, la Suprema Corte había fallado la última de una serie de decisiones que establecieron que las autoridades civiles debían investigar y juzgar en la justicia penal ordinaria los abusos cometidos por militares contra civiles. Sin embargo, la PGR ha logrado muy pocos avances en el procesamiento de estos casos durante el sexenio de Peña Nieto. De 2012 a 2016, la PGR abrió  más de 500 investigaciones contra militares, pero solamente obtuvo 16 condenas, según la organización Washington Office on Latin America (WOLA).

Es posible que la única investigación totalmente independiente que enfrentaron las fuerzas militares durante el sexenio haya sido impulsada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que se creó para examinar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sin embargo, la Sedena no permitió que los investigadores entrevistaran a ningún militar. Al parecer, tanto la PGR como la Segob realizaron esfuerzos conjuntos para persuadir a la Sedena de cooperar, pero no lo lograron. Si ese fuera el caso, sería una clara muestra del grado en que las fuerzas militares mexicanas actúan fuera del control civil.

Las únicas instituciones estatales que han estado dispuestas a confrontar a las fuerzas militares son los órganos autónomos del país. La CNDH ha emitido durante este sexenio decenas de recomendaciones en las cuales concluyó que las Fuerzas Armadas eran responsables de abusos contra civiles. El Inai también ha tenido un papel clave al garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información, lo cual ha permitido a la sociedad civil obtener información sobre la actuación fuerzas militares.

Sin embargo, la CNDH no tiene potestad para hacer cumplir sus recomendaciones, y las fuerzas militares ignoran sistemáticamente muchas de ellas. El Inai, por su parte, tiene escaso margen para aprobar pedidos de información cuando la Sedena invoca la seguridad nacional.

Fue en este contexto que se promulgó la Ley de Seguridad Interior. Formalmente su objetivo fue establecer nor- mas más claras para la actuación militar dentro del país. Tal vez el argumento más atractivo en favor de la ley era que obligaría a las autoridades civiles a asumir su corresponsabilidad por la catástrofe en seguridad pública que sufre México. El uso de militares para combatir al crimen organizado ha permitido postergar la difícil tarea de crear fuerzas de policía capaces de realizar esas funciones. La ley obligaría a los gobernadores y al presidente justificar las intervenciones militares, reconociendo la incapacidad de las fuerzas policiales para garantizar la seguridad pública. Además, al solicitar formalmente la intervención militar, estas autoridades estarían asumiendo la responsabilidad política que esto implica.

Lamentablemente, es improbable que la Ley de Seguridad Interior que se aprobó responda a los objetivos que se habría propuesto. Por el contrario, otorga a las Fuerzas Armadas más libertad respecto de las autoridades civiles, y mayor potestad sobre ellas. Aunque la ley establece procedimientos para solicitar la intervención militar (artículo 20), también dispone que las fuerzas militares pueden actuar por iniciativa propia, y de manera permanente, para “prevenir” o “atender” “riesgos” a la seguridad interior (artículo 26) o a la seguridad nacional (artículo 6). Es decir, según la ley, para las intervenciones militares contra la delincuencia organizada no tendrá que mediar una solicitud de las autoridades civiles.

Además, la ley establece que cuando se destina a militares a operaciones de “seguridad interior”, el Presidente designará a un comandante militar, propuesto por las Fuerzas Armadas, para “coordina[r]”, “dirigi[r]” y “asign[ar]” la “misión” de cada autoridad civil que participe (artículo 20). Las fuerzas militares no estarán obligadas a limitarse a un rol auxiliar y subordinado. Más bien, estarán a cargo.

En cuanto a la cuestión fundamental sobre si las Fuerzas Armadas pueden intervenir en cuestiones de seguridad pública, la ley pretende resolver el conflicto constitucional con un simple giro semántico. El artículo 18 de la ley establece lo siguiente: “En ningún caso, las Acciones de Seguridad Interior que lleven a cabo las Fuerzas Armadas se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública”. Así, se podrían evadir los límites que impone la Constitución, jugando con la ficción de que los militares no están en tareas de seguridad pública. Es decir, tal como afirmó el constitucionalista Alejandro Madrazo: “Queda claro: la ley no prohíbe a las Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad pública, prohíbe a los demás llamarles por su nombre”.

Y la cosa empeora. La ley profundiza la considerable opacidad que ya existe en las Fuerzas Armadas y la extiende a las fuerzas de policía que participen en actividades de “seguridad interior”. El artículo 9 establece lo siguiente: “La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente ley será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”. Aunque esta disposición no modifica las normas de fondo acerca de qué tipo de información debería ser accesible, resultará mucho más complejo y lento obtenerla. Al aplicar la calificación de “seguridad nacional” a toda la información generada por actividades contempladas en la ley, es probable que el artículo 9 lleve a los funcionarios a clasificar automáticamente esta información. Así, se trasladaría la carga de demostrar que la información efectivamente no está alcanzada por estas disposiciones a quienes soliciten la información, lo cual puede implicar un largo proceso de apelaciones. Además, aun si los solicitantes obtienen una resolución favorable, podrían enfrentar demoras adicionales de varios meses o que incluso se revoque tal resolución si la Presidencia apela ante la Suprema Corte por cuestiones de seguridad nacional.

Muy preocupante también es el artículo 31, que obliga a todas las “autoridades federales” a entregar la información que “requieran” las instituciones militares o civiles que intervengan en seguridad interior. Esta obligación se extiende incluso a órganos autónomos como el Inai y la CNDH, lo cual podría permitir que las Fuerzas Armadas puedan conocer la identidad de personas que piden acceso a información que se catalogó indebidamente como clasificada o que denuncian abusos cometidos por militares. La pérdida de la garantía de anonimato puede ser un contundente factor de disuasión para posibles denunciantes.

Estas y otras disposiciones de la ley han generado alarma en México y en el extranjero. Las máximas autoridades de derechos humanos de la ONU y la OEA se han pronunciado en contra. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció en agosto que tomará una posición respecto a la ley luego de que la Suprema Corte resuelva sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados por la CNDH, el Inai y otros.

El futuro de la Ley de Seguridad Interior depende de la Suprema Corte. Es una oportunidad histórica para que el poder judicial aclare cuáles son los límites dentro de los cuales pueden desempeñarse las Fuerzas Armadas en los asuntos internos. Se encuentra en juego no sólo la cuestión de si deberían participar en operativos de seguridad pública, sino además si estarán subordinadas a un control civil efectivo y al Estado de derecho.

Si la Corte no aprovecha esta oportunidad, y, en lugar de ello, permite que la Ley de Seguridad Interior mantenga una semblanza de su forma actual, López Obrador debería pedir inmediatamente que el Congreso revoque la ley en su integridad, y comprometerse a trabajar con el Congreso, así como con los gobiernos estatales y municipales y, en especial, con la sociedad civil mexicana, para fortalecer la capacidad del Estado para contener al crimen organizado y reducir la violencia. Entre otras cosas, eso implicaría encontrar una manera más eficaz de abordar la dinámica que muchos han identificado como factor central que perpetúa la catástrofe de seguridad pública del país: el uso de las fuerzas militares para sustituir a las autoridades policiales.

Autor.-*Director ejecutivo adjunto

para las Américas

de Human Rights Watch

SE SOLICITA "POLICIA INVESTIGADORA" en MEXICO...el problema mas que el nuevo sistema es que policias son problema por sistema.

He escuchado a colegas decepcionados de la incapacidad del Nuevo Sistema de Justicia Penal para disminuir la impunidad y mejorar las condiciones de seguridad en México. También, a titulares del poder ejecutivo a nivel estatal y a funcionarios del sector seguridad culpar a la reforma penal del repunte en la incidencia delictiva —desde robos, hasta homicidios— mientras añoran los tiempos del uso desmedido de la prisión preventiva de oficio como atajo para castigar sin resolver los casos.

Académicos y funcionarios tienen motivaciones muy distintas para expresar su decepción, pero el crecimiento y la dispersión geográfica de la inseguridad y la violencia en México es un hecho y distintas mediciones dan cuenta de ello. Mi hipótesis es que, si bien un mejor proceso penal es un tramo de la ruta hacia menor impunidad y mejores condiciones de seguridad, no se trata de una vía directa a ese destino y, además, está inconclusa: está pendiente la reforma necesaria para desarrollar las capacidades para la investigación criminal por parte de la policía en México. Sin éstas, no podemos esperar que la impunidad se reduzca. Me explico.

Ilustración: Oldemar González

Un mejor proceso judicial reduce el riesgo de que un inocente vaya a prisión o reciba una sanción, pero no aumenta por sí solo las posibilidades de que quien cometió un delito reciba un castigo. Esto no depende de los criterios del juez, sino de la capacidad de los otros eslabones del sistema de seguridad y justicia para que, por medio de la investigación, se identifique al perpetrador y se pruebe su responsabilidad. Pero esto no está ocurriendo, ni siquiera para resolver uno de los delitos más graves: hasta octubre de 2016, apenas en 15% de los juicios por homicidio procesados con el nuevo sistema de justicia se presentó evidencia física.1 Este dato proviene del análisis que World Justice Project en México hizo de la primera Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad que levantó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ese año en una muestra representativa de la población en prisión en todo el país, que incluye a personas sentenciadas y procesadas. 

Gráfica 1: Tipo de pruebas presentadas en juicios por homicidio en el NSJP

Hoy no es una prioridad para estados y municipios generar en las corporaciones de seguridad pública capacidades para investigar hechos que pueden constituir delitos, aún cuando son quienes tienen todos los días noticias de ellos por vías como llamadas de emergencia, denuncias directas recibidas en la calle por parte de la población o como resultado de su vigilancia de rutina. Hasta el momento, ninguna declaración de quienes encabezarán el sector de seguridad pública de la administración federal entrante apunta en ese sentido.

Una buena parte del problema consiste en que tendemos a ver a las instituciones de seguridad y a las de justicia como universos sin relación alguna entre sí. Esta construcción se la debemos en muy buena medida al modelo que sentó el viejo sistema penal inquisitivo: por un lado, el Ministerio Público investiga solo por medio de los agentes ministeriales y litiga la acusación; el juez juzga, y, en un universo paralelo, la policía en la calle se limita a corretear a los delincuentes sorprendidos en flagrancia y consignarlos al MP —nada de investigar. Así, el sistema de justicia prescindió, y sigue haciéndolo, de la información con la que la policía, que es los ojos y oídos del Estado en las calles todos los días, puede contribuir para resolver delitos. Su herencia son las corporaciones de seguridad pública con las que contamos en el presente, puramente reactivas, salvo excepciones.

Las debilidades en la capacidad de investigación eran menos evidentes en el sistema anterior, donde a las personas se les podía condenar sin que se hubiera presentado evidencia probatoria en su contra. En el sistema penal inquisitivo los días transcurrían con jueces ausentes, con expedientes “rasurados” a discreción del MP para excluir versiones inconvenientes y con confesiones forzadas. Dado que las pruebas no eran indispensables, la investigación penal era secundaria.

La reforma al sistema de justicia penal de 2008 tuvo entre sus objetivos transformar estas condiciones. Ahora, bajo el principio de inmediación y el de presunción de inocencia, las acusaciones contra cualquier persona y los elementos de prueba se confrontan y pasan a examen del juez en audiencias públicas, mismas que no pueden transcurrir sin su presencia. En este aspecto, la transformación del papel de esta autoridad como resultado de la reforma es clara y de ello dio cuenta el World Justice Project en La Nueva Justicia Penal en México. Avances palpables y retos pendientes.

Gráfica 2. Efectos de la reforma penal en México: mejores jueces

Como en la escuela en etapa de finales, en el nuevo sistema la parte acusadora y la defensa presentan un examen oral. Nadie que quiera aprobar el examen puede llegar mal preparado. En sentido similar, nadie que pretenda sostener una acusación puede no presentar pruebas, y es justo aquí donde se interrumpió el tramo de la vía hacia la reducción de la impunidad que mencioné antes. Contar con mejores jueces es indispensable, pero no suficiente: las pruebas se obtienen por medio de la investigación criminal rigurosa, que sólo se puede obtener si se cuenta con policías capacitados en esta disciplina. Hoy nos enfrentamos al hecho de que las capacidades que en esta materia pudieron desarrollarse a la sombra del viejo sistema de justicia son muy pequeñas en comparación con el tamaño del reto de inseguridad y violencia que tenemos frente a nosotros desde hace poco más de una década. Los jueces hacen lo que les corresponde al pedir a la parte acusadora los elementos de prueba, pero estos nuevos estándares no pueden generar en automático capacidades de investigación, aunque sin duda alinean los incentivos en la dirección correcta.

Si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales que se aprobó en 2014 faculta a la policía en su artículo 221 para que investigue los delitos de los que tenga noticia, la Constitución la obliga a pasar por el “cuello de botella” que es el Ministerio Público al colocarlo como el actor que debe conducir la investigación. El ahora ex Secretario de Seguridad de Morelia, Bernardo León, reconocido por diseñar un prometedor modelo de policía de proximidad para aquella ciudad, ha señalado el tamaño de la inconveniencia: 8 mil ministerios públicos deben conducir la investigación de los casi 34 millones de delitos que ocurren en un año2 y, además, encargarse de litigarlos ante el juez. Misión imposible.

Como mencioné antes, entre las corporaciones policiales de seguridad pública existen excepciones a las que debemos mirar. Se trata de modelos prometedores que, desde lo local –resulta lógico por su conocimiento de las dinámicas sociales y delictivas a nivel de calle–, están contribuyendo con información útil para resolver delitos. Uno de ellos es la policía municipal de Chihuahua, que ha logrado integrar equipos de analistas que capitalizan las bases de datos generadas por la corporación, como el registro de personas detenidas, y la información captada por su sistema de video-vigilancia. De esta manera, la recepción de una llamada de emergencia por parte de esta policía municipal detona una respuesta que no queda en el envío de una patrulla al lugar de los hechos.

También destaca la preparación de sus elementos como primeros respondientes para preservar evidencia en escenas del delito, acto de investigación clave para que ésta sea una prueba válida en un juicio. El documental Luces de la justicia penal, que se presentó este año en el festival Ambulante, captó de manera brillante este aspecto durante una audiencia de las que le urgen a este país: el perpetrador de un homicidio que, por voluntad propia, reconoce su responsabilidad ante la solidez de las pruebas presentadas.

Estas capacidades no se crean de un día para otro. A Chihuahua le ha tomado varios años formar personal especializado para responder a los enormes retos de seguridad que desde principios de los 90 saltaron a la atención de todos. Esta tarea está muy lejos de concluir y será necesario evaluar con detenimiento los resultados de esta corporación con los indicadores adecuados, pero sería un error no reconocer los avances: el camino a la reducción de la impunidad y a un país más seguro pasa necesariamente por desarrollar la investigación delictiva en las instituciones de seguridad pública. La reforma para la profesionalización de la policía en México es el siguiente tramo de esta vía.

Esta transformación nos la debe el Estado mexicano, principalmente a las miles de víctimas de delitos graves y a las y los policías que quieren ser parte de la solución. La administración federal entrante que encabezará Andrés Manuel López Obrador, con todo su capital político a favor, tendrá que decidir si es parte del legado que vislumbra para el país o si renuncia a él. 

Lilian Chapa Koloffon

Analista de políticas de seguridad, investigadora en el World Justice Project y editora de este blog.

La autora agradece a Layda Negrete y Marien Rivera por sus comentarios y a Vianney Fernández por su análisis de datos.

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1 Las opciones de este tipo de evidencia en el cuestionario de ENPOL 2016 son registros telefónicos, grabaciones, fotografías, textos, huellas digitales, sangre, cabello dejado en la escena del crimen y ADN.

2 Cálculo de delitos ocurridos en 2017 de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018.

LOPEZ OBRADOR CREARA "SISTEMA NACIONAL" para RESOLVER la CRISIS NACIONAL en SEMEFOS...apesta el mal manejo a cadaveres.

Con la idea de frenar el desorden en los servicios médicos forenses del país, el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador impulsará la creación de un sistema nacional en la materia, adelantó a Crónica Alejandro Encinas, quien está perfilado para ocupar la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

“Vamos a crear un sistema nacional en el que estén incluidos todos los servicios forenses locales. La idea no sólo es establecer protocolos claros en el manejo de cadáveres no identificados, sino también definir cuáles son las mejores formas de identificación, y eso lo conocen los expertos”.

Durante los últimos días, este diario ha descrito la oscura realidad de los Semefos, casi todos rebasados de cuerpos anónimos: en patios, estacionamientos, panteones provisionales, contenedores y refrigeradores o tráileres ambulantes, como ocurrió en el reciente caso del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Además de los excesivos niveles de violencia e índices de homicidio, especialistas e investigadores del tema ventilaron algunas de las causas del caos, como el divorcio entre forenses, peritos y ministerios públicos, descoordinación, vacíos legales, falta de recursos y personal capacitado, programas inservibles de gobierno, indiferencia federal y disparidad de criterios sobre el manejo de restos humanos y procesos de identificación. 

Se compartió la cifra de al menos 22 mil cadáveres sin identificar registrados en los servicios forenses de todos los estados…

“Esa cifra de 22 mil es de la que está partiendo el gobierno en transición para diseñar la estrategia, porque es el mejor indicador de la crisis que hay en el sistema forense”.

—¿De qué institución provino ese número?

—De Gobernación.

—¿Cuál es la estrategia de la que hablas?

—Hay una de fondo, que es detener el número de desaparecidos, que ha seguido desbordándose en los últimos años.

—¿Y cómo?

—Acabando con las fuentes que llevan a la desaparición  de personas. Y aquí hay de dos: o son las propias instituciones del estado o son los grupos delictivos que operan en toda la República.

El plan de unificación abarca un reglamento nacional de ciencias forenses, un protocolo nacional de necropsia médico-legal y un manual de procedimientos para darles destino final, así como una sola base de datos con perfiles genéticos, con el objetivo de cotejarlos con las muestras de ADN tomadas a los familiares directos.

“También implicará crear todo un esquema de antropología y genética forense para garantizar la indubitable identidad de las personas”.

Hoy, muchas familias no tienen la certeza de recibir los restos del familiar buscado por años. Otras deambulan de forense en forense, tocan puertas y encuentran sólo negativas.  Después de años de rastreos personales, descubren a su ser querido entre montones de cadáveres, en el primer Semefo visitado.

—Hoy cada estado tiene sus propios modelos y procedimientos, la información no se comparte —se le refiere a Encinas.

—Por eso un sistema nacional forense debe contemplar protocolos unificados a nivel nacional, un esquema compartido en el que se tengan laboratorios de ADN o de antropología forense. Y no basta con tener protocolos, para mejorar las cosas se requiere su cumplimiento escrupuloso.

—Pero eso cuesta mucho dinero,  se necesita capacitación…

—No es cuestión de dinero.

—¿Entonces?

—De voluntad, de organización y de conjuntar experiencias. Esto se tiene que resolver ya, porque es una demanda social fundamental.

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GRUPO ARMADO IRRUMPIO en MUNICIPIO y DESARMO POLICIAS para IMPEDIR que ALCALDE TOMARA POSESION del CARGO...y ahí siguen.

Hombres armados irrumpieron en el municipio de Bochil, Chiapas, para impedir que Gildardo Zenteno Moreno asumiera como nuevo alcalde, en un acto público que concentró a habitantes de la localidad.

Los hombres también despojaron de sus armas y chalecos antibala a policías municipales que resguardaban la plaza pública donde estaba prevista la ceremonia en la que asumiría funciones el nuevo alcalde.

Algunos cubiertos con pasamontañas y otros con el rostro a la vista, los hombres dispararon al aire y contra seguidores del nuevo alcalde. Dos mujeres resultaron lesionadas, entre ellas, una estudiante de la secundaria técnica 138 que recibió un rozón de bala en la cabeza, y dos personas más sufrieron crisis nerviosas.

La irrupción ocurrió aproximadamente a las 11 de la mañana de este lunes, en el barrio de Juan Sabines, donde se encuentra la Presidencia Municipal y la iglesia de San Pedro Mártir.

Hasta la mañana de este martes, los hombres armados mantenían tomado el edificio de gobierno.

La Fiscalía General del Estado informó que ya abrió una carpeta de investigación por los delitos de motín, robo con violencia y lesiones.

Testigos atribuyen la agresión a seguidores de la ex candidata a alcadesa de Morena,Francelia Gómez López, quien perdió la elección frente Zenteno Moreno, del Partido Verde.

Los atacantes fueron identificados como pobladores del ejido Llano Grande y de Rincón Chamula, bastiones de Gómez, y su propósito fue impedir la toma de protesta de Zenteno, quien comenzó funciones este lunes.

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