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sábado, 2 de septiembre de 2017

La "ESPOSA MUERTA y el en PRISION,SE LLEVAN a SU HIJO a ESPAÑA"...quieren demuestre inocencia en vez de demostrar su culpabilidad.


Mientras enfrenta el proceso desde prisión en el que la Fiscalía lo acusa de asesinar a su esposa, la española María del Pilar Garrido Santamans, su marido, Jorge Fernández González, quien se quedó con la custodia de su hijo menor de edad, acordó que viaje a España con su abuela materna, Rosa María Garrido Martin.

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Incluso en la misa que realizaron ayer en la Iglesia de San Agustín en memoria de la víctima, no acudió la abuela del ni- ño, luego de que se encontraba en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de esta ciudad, con su yerno ultimando el permiso legal para llevarse al infante de México.

Jorge Fernández Villarreal, padre del detenido, precisó en entrevista que su nieto tiene poco más de un año de edad y era quien acompañaba al matrimonio cuando ocurrió el presunto secuestro el pasado 2 de julio, a la altura del kiló- metro 55 de la Carretera Soto la Marina-Victoria.

"Él papá (Jorge) ya autorizó que se vaya por un tiempo, mientras comprobamos que es inocente", señaló.

"Ella se va a llevar al niño a España en unos días y necesita hacer un permiso especial, y el Cónsul y el pasaporte del niño. El papá ya lo consintió".

La salida y permisos del menor de Ciudad Victoria para volar a España, dijo, se llevan a cabo ante la presencia de notarios y abogados.

'Mi hijo es inocente'
Ahora que su hijo Jorge Fernández González se encuentra en prisión cautelar, acusado de homicidio calificado en agravio de su esposa, su padre Jorge Fernández Villarreal, pidió, que se haga justicia, al considerar que su hijo es inocente.

"Muchas personas creen que es una instrucción del Gobernador y no es verdad", dijo.


Fernández Villarreal dijo que su hijo es una personas limpia, sin ningún señalamiento y que practica el ciclismo y diversos deportes.

fuente.-


viernes, 1 de septiembre de 2017

PEÑA NIETO "HERENCIA MALDITA",PRESIDENTE "FALLIDO y FALLANDO"...llego para aportar soluciones y se volvió "otro problema".

En el país hay pocas cosas que festinar. Con un amplio despliegue de publicidad, cuyos costos son elevadísimos para el país, el Presidente Enrique Peña Nieto destaca las bondades de su gobierno, que en la realidad son pocas, dado el alto nivel de pobreza, la inseguridad pública y las matanzas de personas en todos los rincones de la República.
Con Peña Nieto el país se consolidó como un verdadero paraíso de mafias, tanto políticas como criminales: solapó la corrupción de los gobernadores con el manto de la impunidad;  permitió la infiltración del crimen organizado en la mayoría de los municipios y permitió con sus desatinos y yerros que la delincuencia organizada tomara el control de municipios y estados hasta convertirse en grupos de poder fácticos que gozan de impunidad.
En el año 2010, el Senado de la República dio a conocer una cifra alarmante que hoy es de miedo: el 80% de los municipios del país son gobernados por alcaldes que, directa o indirectamente, tienen una relación con alguna modalidad del crimen organizado.
Esto quiere decir que estos munícipes habrían llegado financiados por el narcotráfico –sólo por citar la expresión más violenta del crimen organizado –y que dichas autoridades en su momento tuvieron que devolver los favores –financiamiento, operación política y otros –no sólo con impunidad sino entregando el control de los municipios de gobiernan.
Y dicho control consiste, según se observa en Veracruz, Guerrero,  Tamaulipas, Sinaloa, Baja California, Morelos, entre otros estados –en poner a disposición del crimen organizado  las estructuras policiacas, concesiones de obra pública, cuotas fijas, y hasta los Centros de Comunicaciones, Comando y Control, conocidos como C-4.
Es verdaderamente humillante, en muchos casos, como los alcaldes están al servicio de la mafia. Morelos, donde gobierna el cacique Graco Ramírez, es un ejemplo de verdadero cogobierno con el crimen. El gobernador que dice ser de la izquierda progresista en realidad conduce al estado de Zapata acompañado de alcaldes vinculados con el narcotráfico. Para estas autoridades resultó mejor pactar que combatir a los varones de la droga.
A lo largo de cinco años de gobierno, durante los cuales la corrupción ha galopado impune en todo el país, la asignatura pendiente y que será una suerte de herencia maldita de Peña Nieto al concluir su gobierno, es la inseguridad pública.
De esto parece estar consciente tanto el Presidente como su Gabinete de Seguridad, encabezado por Miguel Ángel Osorio Chong, pero lo cierto es que no hay resultados que generen confianza en el gobierno. Ningún gobernador ha podido enfrentar al crimen organizado. Algunos dan la espalda al problema, otros administran la crítica situación y unos más han optado por unirse al enemigo como una forma de sobrevivencia política.
En la reunión que Peña Nieto sostuvo el miércoles 30 con su Gabinete de Seguridad el mandatario justificó el fracaso de su gobierno en materia de seguridad al afirmar que los gobiernos estatales no tienen capacidad para enfrentar al crimen organizado. En reunión en el Senado, Osorio Chong pidió castigo para los gobernadores y autoridades que no han hecho bien su trabajo en materia de seguridad, como aceptado que se les ha dado todo el dinero y las herramientas para cumplir pero se han desentendido del problema a pesar de sus terribles consecuencias.
Osorio Chong –quien está más ocupado en concretar la candidatura presidencial que en los problemas del país –dijo que urge que en los próximos meses se replantee la estrategia de seguridad para combatir al crimen organizado. Pero parece olvidar que el gobierno de Peña Nieto ha carecido de una estrategia clara para tal propósito. En el gabinete no sólo hay malos entendidos, falta de coordinación y desperdicio de fuerzas sino confrontaciones y luchas de poder que a lo largo de cinco años han dado al traste con todo intento de enderezar un método eficaz de combate a la criminalidad.
A lo largo de estos cinco años fallidos, la fórmula de combate al crimen ha consistido en un derroche descomunal de dinero como si para acabar con la delincuencia se necesitara más presupuesto, armamento y operativos inútiles, lo que ya ha demostrado su ineficacia.
Esta forma de combatir al crimen permite solo enfocarse a las consecuencias pero no parece que haya interés ni mucho menos voluntad política para enfrentar las causas.
El problema en realidad pasa por la corrupción en todos los órdenes de  gobierno. Se trata de la complicidad de las policías y sus jefes; de los fiscales, de los alcaldes y hasta de los gobernadores que han consolidado sus carreras políticas en confabulación con las mafias del crimen organizado. Ahí están los casos de Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, Javier Duarte y es muy probable que a la lista de escándalos de corrupción e impunidad se sumen  otros mandatarios como Roberto Sandoval Castañeda, gobernador de Nayarit, a quien se le vincula con el narcotráfico, y Graco Ramírez, en cuyo gobierno se ha consolidado el capo Santiago Mazari Hernández, “El Carrete”, jefe del cártel de Los Rojos, quien tiene amplia influencia en Morelos y Guerrero.
No hace mucho tiempo los gobernadores de Guerrero, Morelos y Michoacán invirtieron buena parte de sus presupuestos para enfrentar al crimen. Incluso hasta dejaron de pagar a proveedores, generando mayor endeudamiento, porque dijeron que lo primero era apuntalar la seguridad pública. Nada más falso. En realidad nadie sabe en qué se invirtieron miles de millones que no sirvieron para nada. Dichas entidades hoy son territorios del narco y sus gobernadores pasaron a ser meras figuras decorativas y algo peor: redujeron su posición para funcionar como una suerte de gerente de grupos mafiosos.
El de Peña Nieto, sin duda, ha sido un gobierno fallido por donde se le vea. El país está sumido en la bancarrota, con crisis de gobernabilidad, corrupción al más alto nivel y con redes mafiosas que mantienen bajo control todos los territorios. Y aun cuando el Presidente lo reconoce, lo cierto es que no hay soluciones concretas.
Es un volver a empezar a cada momento. Gobiernos van y vienen y el problema prevalece sin solución mientras Peña Nieto se empeña en difundir sus “logros” en todos los medios de comunicación, “logros” que sólo él aplaude como si estuviera parado frente a un espejo sin ver la realidad del país.

fuente.-Ricardo Ravelo/



PERIODISTA,PROFESION PELIGROSA "TE MATAN o TE ENFERMAS"...ventilar lo nocivo, resulta nocivo para la salud física y mental.


La profesión del periodismo es de las más peligrosas, de hecho México está entre los primeros lugares del mundo de periodistas asesinados. Pero si no terminan muertos, su salud mental se deteriora considerablemente, según estudios.

Ser periodista es un arte, es una profesión que se lleva hasta el tuétano, pero también es un oficio que depara dos destinos a quienes lo profesan: la muerte o la “locura”.
Sí, algunos periodistas no solamente exponen hasta el pellejo cada vez que hacen uso de la libertad de expresión y de la proclamación de la verdad, también viven a la merced del crimen y en amenaza constante.
Y México es de los países más peligrosos para ser periodista. De acuerdo a Reporteros Sin Fronteras (RSF), más de 105 periodistas han sido asesinados en el país desde el año 2000… y esos son los casos que se han identificado y reportado. Sin contar a los periodistas que han sido víctimas de la extorsión, el secuestro y la agresión física y la tortura psicológica y verbal.
México podrá ser de los primeros lugares mundiales en exportación de cerveza, pero en el campo del periodismo su puesto es lamentable. El país ocupa el tercer sitio a nivel global de número de muertes de reporteros, después de países como Siria y Afganistán, según RSF.
“Ningún periodista, sin importar el alcance de su medio está a salvo”, dijo Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional en México.
Así que en este país, buscar la noticia y divulgar la información es una sentencia de muerte... o bien, el primer paso hacia una cadena viciosa y una vida de malos hábitos que afectan directa y severamente la salud física y mental.
Se vuelven ‘locos’
Tal vez los periodistas no son como los médicos que reciben llamados a cualquier hora del día o que tienen vidas en sus manos… pero sí son profesionistas que tienen que lidiar con la amenaza de muerte y con información las 24 horas del día, los siete días de la semana (sí, hasta dormidos siguen pensando en encabezados, análisis y datos).
Eso aumenta considerablemente los niveles de estrés y ansiedad y de acuerdo a una investigación elaborada por el London Press Club, la mala vida que llevan (hábitos alimenticios deplorables, sueldos bajos y alto estrés) provoca que el periodista sea menos propenso a resolver problemas complejos, aumenta su riesgo de padecer depresión y otros trastornos mentales que pueden llegar a ser crónicos.
Anthony Feinstein, profesor de psicología de la Universidad de Toronto, realizó un estudio con periodistas de todo el mundo (incluidos países mortales para ellos, como México e Irán) y llegó a la conclusión de que aún siguen los estigmas y que su salud mental está en riesgo constante.
Y Elana Newman, profesora de psicología de la Universidad de Tulsa, alega que la situación es tal que es más fácil hablar de salud mental de bomberos y soldados que de periodistas.
Sobre todo si se trata de los reporteros de guerra, que son testigos y víctimas al mismo tiempo.
Insomnio, fritangas y alcohol
El periodista raras veces tiene tiempo para hacer ejercicio, duerme pocas horas y lleva un ritmo de vida sumamente acelerado. Sea o no su trabajo una “excusa”, también tienden a beber alcohol frecuentemente y el tabaco es un aliado para soportar la ansiedad.
Es muy probable que se alimenten de frituras y comida rápida –en el trayecto hacia una entrevista, por ejemplo–,y la cafeína será su acompañante recurrente (lo que aumenta el riesgo e insomnio y ansiedad), de acuerdo a la investigación del London Press Club.
Los altos niveles de estrés y las fechas límites los persiguen como ellos a “la nota”, aunado a los bajos salarios y las cuentas que siempre van en aumento.
Además, según el estudio del London Press Club, solamente el 10 por ciento  de los periodistas –los de mayor edad– asegura recuperar descanso al dormir.
Oficio peligroso
>> Los periodistas viven bajo amenazas de muerte, con altos niveles de estrés, malos hábitos de sueño y alimenticios.
>> Quienes ejercen esta profesión suelen tener insomnio y tienden a beber alcohol con frecuencia.
>> El consumo de cafeína y tabaco provoca que lleven ritmos de vida poco saludables.
>> El simple hecho de ser periodista puede ser nocivo para la salud mental. 

Fuente.-

LA "CABEZA de la HIDRA",PRONOSTICAN FINAL de SEXENIO COLOR "ROJO SANGRE"...con delitos a la alza y muertes también.

El presidente Enrique Peña Nieto lanzó un grito al desierto. Este jueves, en la clausura de la reunión del Consejo de Seguridad Pública, abogó vehementemente por el mando único para enfrentar a la delincuencia y por el control de confianza de las policías. 

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Pidió a los gobernadores del país a combatir a los criminales, en uno de sus últimos llamados para restaurar la seguridad en la nación. Se apoyó en un diagnóstico dramático, que subraya su gravedad porque es el mismo que el presidente Felipe Calderón tenía hace ocho años. ¿Cómo es posible que en lugar de avanzar nos hemos quedado estancados? Esto significa un retroceso. 
La tasa delincuencial es más alta que la que se registró en la administración anterior, y de acuerdo con un alto funcionario federal, va a empeorar. ¿Qué sucedió? Hay que regresar a 2009.

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El 29 de septiembre de aquél año, en la glosa del Tercer Informe de Gobierno, el titular de la extinta Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, explicó en el Congreso el Mando Único que impulsaba Calderón para combatir a la delincuencia, mediante el fortalecimiento institucional de las policías estatales y municipales, al tiempo de proporcionar un blindaje a los alcaldes. La situación era dramática. El 4% de los municipios no tenía policía y alrededor del 22% no tenía turnos suficientes para cubrir los horarios que se requerían. Sólo una tercera parte de los estados los tenían completos. Las deficiencias estructurales tenían que ver con baja escolaridad, paupérrimos ingresos de no más de cuatro mil pesos, y ausencia de controles de confianza.
En su discurso en el Consejo de Seguridad Pública, Peña Nieto señaló: “Las entidades, en muchos casos, no cuentan con cuerpos policiacos suficientemente sólidos y confiables. 
En el caso de los municipios, muchos ni siquiera han desarrollado sus propias corporaciones. Únicamente 14 de las 32 entidades tienen cuerpos policiales en todos sus municipios; y en la gran mayoría de donde sí las hay, el número no rebasa los 100 elementos. No sólo se trata de tener un mayor número de policías, sino de que sean más confiables y cercanos a la ciudadanía y que, además, estén debidamente profesionalizados. 
Se requiere de policías mejor preparados. En la actualidad, 70% tienen una escolaridad de secundaria o menos y, desde luego, falta avanzar en lograr una mejor remuneración.Aproximadamente 40% de los policías municipales percibe un sueldo base mensual inferior a cuatro mil 600 pesos”.
Es decir, problemas de 2017 son los mismos de 2009. En 2010, el presidente de la Comisión de Seguridad de la a CONAGO, el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, asumió como propia la iniciativa de Calderón y García Luna y la presentó al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Marcelo Ebrard, presidente en turno de la CONAGO, la presentó formalmente ante los gobernadores. El gobernador del estado de México, Peña Nieto, la apoyó. 
Pero en el tema del control de confianza, Peña Nieto se opuso a lo planteado por Calderón, señalando que quería utilizarlo como presión política, y como otros mandatarios estatales, lo sabotearon. Incluso, al presentar su reforma judicial en diciembre de 2014, recordó que el proceso de depuración y profesionalización de los cuerpos policiacos impulsado por Calderón, había fracasado.
En 2009, Calderón, que el año anterior había intentado sin éxito que avanzara una ley contra el crimen organizado que incluía provisiones extra constitucionales, como aprehensiones y cateos sin órdenes judiciales, buscó una nueva salida y respaldó la propuesta de varias organizaciones civiles, encabezadas por SOS de Alejandro Martí, para un nuevo sistema penal acusatorio. Lo que resultó de esa ley fue un adefesio aprobado en el Congreso. Por ejemplo, votaron el artículo 123 Apartado B fracción 13, que establece la remoción de su empleo a policías, fiscales y peritos conforme a la ley vigente al momento de la remoción. Es decir, la convirtió en la única ley en el mundo que se puede aplicar con retroactividad, una especie de ley en perjuicio. Ese artículo maltrata a quienes, en el artículo 21, se les mandata para investigar delitos. La contradicción nunca fue resuelta.
El examen de ingreso y permanencia de policías, fiscales y peritos se basa en el artículo 123, por lo que en la actualidad, en la vida real, si por ejemplo un detenido argumenta que fue torturado y en la captura sufrió algún jalón o golpe porque, digamos, se oponía a la aprehensión, el juez puede determinar que sí fue torturado y se le inicia una averiguación previa que lo inhabilita para permanecer en la dependencia donde trabaja. En suma, el sistema acusatorio pleno de garantías, que aprobaron los diputados bajo la dirección de varios de quienes hoy desde el gobierno federal ven sus fallas, permite utilizar un sistema inquisitivo contra quienes persiguen a delincuentes. Lo que se construyó en todo este tiempo, contra los buenos deseos de sus impulsores, creó incentivos inversos.
El resultado directo fue el incremento de los delitos del fuero común, subrayado por el presidente Peña Nieto. “Ante los retos que implica el combate a la delincuencia, no podemos bajar la guardia, ni retroceder un sólo paso”, expresó. Su declaración tiene una buena intención, pero no irá más allá. El reto es modificar las leyes, pero ante la proximidad del año electoral, no hay ni habrá voluntad política para hacerlo. Por tanto, si las cosas están mal, se pondrán peor. No es un silogismo. 
Los delitos seguirán incrementándose. Las muertes también. El final del sexenio ya tiene definido su color: rojo será.

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twitter: @rivapa/Imagen/Internet

PEMEX "HASTA el TRONCO" en el ROBO de COMBUSTIBLES,INVESTIGAN a 48 FUNCIONARIOS...que no funcionan.

La Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos investiga a 48 funcionarios de la Empresa Productiva por robo de hidrocarburos.
En un informe remitido al Senado, Pemex precisó que los servidores públicos son investigados dentro de 43 procedimientos administrativos.
‘‘Pemex está plenamente comprometido en llegar hasta las últimas consecuencias en todos los casos en que se detecten conductas irregulares (administrativas y delincuenciales) por parte del personal’’, señala el documento.
La ley establece que la Unidad de Responsabilidades, que depende de la Secretaría de la Función Pública, es la competente para investigar las conductas ilícitas de los servidores públicos.
Si del resultado de sus investigaciones advierte la comisión de algún delito, lo hace de conocimiento de la Dirección Jurídica de Pemex para que ésta presente la denuncia penal correspondiente.
‘‘Cabe mencionar que la empresa y el sindicato (petrolero), como instituciones, no se encuentran involucradas en el robo de combustibles’’, afirmó Pemex.
Reforma publicó el 12 de julio que detrás de la ordeña de combustible a Pemex existe mano calificada de la propia empresa.
Investigaciones internas de la petrolera revelan que técnicos en activo personal que fue capacitado por la compañía colaboran en el robo de hidrocarburos.
‘‘Los trabajos de capacitación, adiestramiento, evaluación de control de confianza y supervisión del personal contratado por Pemex en materia de salvaguarda estratégica, es una labor permanente’’, apunta el oficio.
La empresa informó que el monto estimado por las pérdidas de combustible que dejan las tomas clandestinas, ascendió a 20 mil millones de pesos anuales en los últimos tres años.
En tanto, el costo por la reparación de los ductos y equipos dañados por dichas tomas fue de 4 mil 324 millones de pesos entre 2010 y 2016.
Pemex subrayó que el robo de combustibles constituye un problema de ‘‘grandes dimensiones’’ que requiere de una estrategia integral para disminuir tanto la demanda como la oferta ilícitas.
‘‘El robo de combustibles es un problema complejo que trasciende la competencia de Pemex, y para su combate se requiere estrecha colaboración de los tres Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno.
‘‘Es un tema de seguridad nacional que tiene impacto significativo en las finanzas públicas, cuya solución requiere un frente común, dentro del cual el poder Legislativo es el actor primordial para contar con un marco legal que permita eliminar los incentivos para la comisión de dicho ilícito", plantea la petrolera en el oficio.
Fuente.-