Una "decada roja" por la sangre de familias enteras que han sido marcadas por la violencia y la impunidad, ¿habrá para ellos espacio para celebrar en estas
fiestas?
Con información de:
viernes, 30 de diciembre de 2016
LA DECADA "ROJO SANGRE" en NUEVO LEON PARTE (I)...para miles a quienes les faltan "miles" no hay nada que celebrar
Con "FONDO de VICTIMAS" INDEMNIZAN SICARIA,DAN 1 MILLON a INTEGRANTE del CJNG...el fondo funciona al millón.
En fecha aún por definir, Claudia Medina Tamariz, presunta integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), recibirá aproximadamente un millón de pesos por sufrir tortura y violación por parte de marinos, confirmó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
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De acuerdo con el artículo 27 de la Ley General de Victimas, recibirá el beneficio al haber sido torturada y violada por elementos de la Marina-Armada de México (Semar), el pasado 8 de agosto de 2012 durante su detención en el puerto de Veracruz.
A raíz de la recomendación 62/2016 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) envió a la Secretaría de Marina, se vuelve a revivir el caso de Medina Tamariz, acusada de pertenecer a una organización delictiva en Veracruz.
En la detención se logró la captura de Isaías Flores Pineda, El Cronos, presunto jefe de plaza en Veracruz y Boca del Río del CJNG, donde se le aseguraron un arma corta, una granada de mano, además de 148 mil 350 pesos en efectivo y diversas dosis de presunta droga en el puerto.
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Según la averiguación previa AP/PGR/VER/587/2012, Medina fue detenida junto a una célula del CJNG en en el centro de Veracruz, luego de una persecución que realizó la Marina contra un vehículo donde iba la indiciada junto a un hombre.
Se logró detener a Medina y se le decomisaron armas de fuego, mientras el hombre logró introducirse en una pensión de tráileres donde más adelante fue detenido y se liberó a una víctima de plagio.
Medina, quien estuvo presa en el Centro de Readaptación Social de Cieneguillas, Zacatecas, fue puesta en libertad bajo caución, manteniendo vigente el delito de portación de arma de fuego.
Según el expediente de la CNDH, Medina recibió agresión de tipo sexual por parte de un marino.
La Secretaría de Marina acató la recomendación de la CNDH, pero dijo que sólo un juez puede determinar la culpabilidad o no de uno de sus elementos en el incidente de 2012.
TAMBIEN PUEDES VER: MAS de "30 MILLONES para VICTIMAS" ACABAN en MANOS de SICARIOS,PLAGIARIOS y PARIENTES....del "baño" la reparación del daño.
La recomendación de la CNDH se basó en diversas diligencias como entrevistas, opiniones médicas y sicológicas.
Sin examen
La Procuraduría General de la República informó no haber realizado examen ginecológico a Claudia Medina, porque el Ministerio Público no lo solicitó.
Según la organización civil Alto al Secuestro, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas otorga un fondo para indemnizar a las víctimas de delito de 81 millones 231 mil 149 pesos con 99 centavos, de los cuales 72 millones 518 mil 191 pesos han sido canalizados este año para acusados de narcotráfico y delincuencia organizada que han argumentado ser torturados; mientras que 8 millones 712 mil 958 pesos con 59 centavos se han otorgado para víctimas que sufrieron un delito.
Fuente.-
LA MARINA "TUMBO a CÁRTELES MAFIOSOS" MAS de 11 TONELADAS de COCAINA en 2016...y los golpes al bolsillo si duelen.
La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) alcanzó este año la cifra récord de aseguramientos de cocaína en lo que va del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, al incautar más de 10 toneladas de cocaína en cerca de 15 operaciones navales y anfibias.
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En la segunda quincena de noviembre la Marina proporcionó a Estado Mayor datos sobre la cantidad de cocaína asegurada hasta esa fecha. Al 21 de noviembre pasado, según cifras de la dependencia, se habían decomisado 8 mil 501 kilos con 707 gramos.
Después de ese aseguramiento, la Marina hizo otras dos incautaciones relevantes con las que llegó a las 11 toneladas decomisadas del alcaloide. Los días 18 y 19 de diciembre, en operaciones separadas, se localizaron embarcaciones y decenas de paquetes sellados que iban a ser entregados en costas del Pacífico.
El 18 de diciembre, la Marina recibió informes sobre la presencia de una embarcación sospechosa frente a costas de Oaxaca. Desde la Octava Región Naval (Acapulco, Guerrero) se ordenó el despliegue de un helicóptero Panther, una Patrulla Oceánica y una interceptora Polaris para ubicar a la embarcación.
Esta fue descubierta pero alcanzó allegar a la costa, en las inmediaciones de la Playa Corralero, en la región de Pinotepa Nacional. Ahí fue abandonada con 40 bultos sellados conteniendo la cocaína.
El segundo decomiso ocurrió el 19 de diciembre, cuando la Marina interceptó otra embarcación frente a Punta Maldonado, a unos 110 kilómetros de la costa oaxaqueña, tras haberla ubicado mediante intercambio de información de inteligencia.
En esta operación se detuvo a cinco personas y se les aseguraron 45 bultos y 24 ladrillos de droga El peso total de la droga incautada en las dos operaciones fue de un “aproximado de dos toneladas”, de acuerdo con el comunicado de la Semar.
Con esa cantidad, sumada a los 8 mil 501 kilos con 707 gramos, los aseguramientos de cocaína llegaban a más de10 toneladas y media. Seis días más tarde, frente a las costas de Huatulco, en Oaxaca, dos unidades de intercepción (dos aeronaves, dos interceptoras y dos buques) detectaron 31 bultos y cuatro paquetes flotando en el mar.
Oficialmente se incautaron 831.90 kilogramos de cocaína, pero no hubo detenidos.
En total, a unos días de que termine el año, la Marina ha asegurado más de 11 toneladas del alcaloide en unas 15 operaciones efectuadas en tierra (recintos portuarios), en el mar y en la franja costera del Pacífico mexicano, especialmente frente a las costas de Oaxaca y Guerrero.
Con estos decomisos, la Marina duplicó los aseguramientos de cocaína hechos en 2013, 2014 y 2015, periodo en el que su personal especializado decomisó 5,002 kilogramos de la droga.
Muy bien, pero…
El 2016 terminará con poco más de 11 toneladas de cocaína aseguradas por la Marina en diversos operativos, efectuados mayoritariamente en la costa de Pacífico, frente a Oaxaca y Guerrero.
Las poco más de 11 toneladas de cocaína aseguradas, superan los cinco mil kilos logrados en los tres primeros años de este gobierno, pero están lejos de las cifras históricas de incautación alcanzadas al final de la administración de Felipe Calderón, periodo en el que la Armada le quitó a los cárteles que operan en el Pacífico 36 toneladas 727.93 kilos de cocaína, en operaciones directas y en operaciones coordinadas.
Fuente.-Jorge Medellín
@JorgeMedellin95
CON "GASOLINAZO" le CRECE el NEGOCIO al CRIMEN ,HABRA MAS ROBOS y de TODO TIPO...del desabasto al no se van a dar "abasto".
El pasado 27 de diciembre amanecimos con la noticia para muchos esperada de que los precios de los combustibles en México se incrementarán entre 14% y 20% en 2017.
Por desgracia, a partir del anuncio la conversación se ha centrado en machacar al gobierno por la promesa aventurada y quizá innecesaria de que pondría un alto definitivo a los famosos “gasolinazos”. Como suele suceder cuando hay raja de por medio, la discusión sobre los efectos positivos y negativos de la medida en el corto, mediano y largo plazo ha pasado a segundo plano en el análisis.
Estamos instalados en la grilla y pasando por alto aspectos fundamentales como el destino y manejo de los recursos que se generarán a partir de los impuestos que componen el precio de los combustibles.
A modo de granito de arena, me gustaría contribuir a la discusión poniendo sobre la mesa algunas consideraciones sobre los efectos que podría tener el incremento de los combustibles en materia de seguridad en el corto plazo.
Para ello, me referiré primero a la amenaza (la delincuencia) y después a la capacidad del gobierno para responder a ella (las instituciones de seguridad). Es necesario advertir que la lista no pretende ser exhaustiva y que la magnitud y persistencia de los fenómenos dependerá de diversos factores como el tamaño, gradualidad y duración de los incrementos en los precios de los combustibles, las diferencias de precio entre regiones, incluyendo las variaciones en zonas fronterizas, la elasticidad y capacidad de ajuste de los mercados, así como la calidad y diversificación de las cadenas logísticas.
Es posible anticipar que la medida generará un mercado negro más amplio y más redituable que el que tenemos ahorita,1 alimentado no sólo por consumidores dedicados a actividades ilícitas sino por personas físicas y morales que simplemente deseen pagar menos por el combustible que utilizan, máxime si de ello depende su ingreso (e.g. transportistas y taxistas).
En consecuencia veremos un incremento en el robo de combustibles en sus modalidades más conocidas: ordeña de ductos, robo de pipas y cobro extorsivo de “moches” a transportistas de combustible. Asimismo, podemos prever un aumento en otro tipo de actividades como las importaciones ilegales de combustibles (provenientes principalmente de los Estados Unidos).
La expansión del mercado negro de combustibles fortalecerá a las organizaciones que ya se dedican a estas actividades, pero también atraerá a nuevos jugadores que probablemente opten por hacer cosas menos sofisticadas como robar vehículos con tanques amplios para almacenar grandes cantidades de combustible o robar gasolina directamente de las bombas en las estaciones. En uno y otro caso, habrá que tomar en cuenta el efecto que un mayor flujo de ingresos tendrá en las comunidades que albergan y en muchos casos promueven y protegen estas actividades.
Especial atención merecerá la posible incursión en el mercado negro de los combustibles de redes delictivas centradas en otro tipo de actividades (intensivas en transporte), pero cuya organización y poder operativo podrían dinamizar el segmento. De entrada debemos asumir que las redes especializadas en el tráfico de drogas no se verán mayormente afectadas por el incremento en el precio de los combustibles por lo que su participación directa puede descartarse. El mercado de las drogas es sumamente inelástico y un costo como éste es fácilmente transferible a los consumidores finales. Concediendo que siempre puede haber quien busque optimizar por la vía de los consumidores y por la vía de sus operaciones, podemos afirmar que la participación de este tipo de organizaciones se limitará al “alquiler” de su potencia operativa: personal, capacidad de fuego, redes de corrupción pre-establecidas, marca criminal, etc.
No obstante, la situación podría variar en el caso de las redes delincuenciales que se dedican a actividades altamente lucrativas, pero con mercados más elásticos como el tráfico de personas o la migración ilegal. Además de convertirse en una fuente adicional de demanda, dichas redes podrían tratar de integrar a quienes ya roban combustible o incluso incursionar directamente en el mercado. En uno y otro caso, la competencia entre delincuentes podría traducirse en erupciones de violencia en zonas específicas del país.3
Finalmente, deberemos monitorear los efectos que este aumento podría tener en el crimen urbano. A manera de saque, si la variación es suficientemente grande como para “bajar a las personas de sus coches”, podríamos esperar un incremento en los delitos de propiedad derivado del aumento en el numero de oportunidades para delinquir y de las facilidades que darían los congestionamientos en los segmentos menos eficientes y cómodos del sistema de transporte público de las zonas urbanas; es decir, mismo número de delincuentes, pero muchas más carteras, teléfonos y bolsas caminando por la calle y usando transportes con espacios limitados. Por otro lado, dependiendo, entre otras cosas, de un efecto inflacionario sostenido como resultado de la medida es posible, aunque poco probable, que algunas ciudades registren incrementos en delitos de propiedad orientados a satisfacer necesidades básicas.
En cuanto a nuestra capacidad de respuesta habría que poner atención a tres posibles efectos. El primero tiene que ver con la saturación de las autoridades encargadas prevenir y perseguir este tipo de delitos, incluyendo a los dueños de los ductos, las pipas y la inteligencia sobre los flujos de combustible en el territorio. Además de resistir el intento de las redes delictivas por mermar sus capacidades y la tentación de los propios funcionarios de involucrarse en un negocio que será más rentable, las instituciones deberán hacer frente a una mayor carga de trabajo en un escenario donde lo que menos falta hace es más chamba.
Seguramente la pulsión por politizar absolutamente todo, hará que en los meses posteriores al incremento, cuando se registren los primeros robos de combustible, la necesidad de “hacer algo” (además de la propia incidencia) ejerza mucha presión sobre las autoridades responsables del tema. Habrá que trabajar para que la respuesta sea ordenada y eficaz.
En segundo lugar, registraremos un aumento en el número de patrullas “(de) chocolate” en el país. No hablo de patrullas importadas ilegalmente, sino a los vehículos asignados a labores de seguridad pública que veremos estacionados y subutilizados. Si en este momento algunos estados y muchos municipios no cuentan con recursos suficientes para realizar el tipo de patrullajes que se requieren, menos podrán hacerlo a partir de enero. No es que patrullar las calles sea necesariamente la panacea frente al delito, sin embargo, dada la capacidad de respuesta y gestión territorial de muchas corporaciones, estacionar patrullas equivale a generar verdaderos vacíos de vigilancia en las calles.
Por último, es probable que presenciemos un incremento en el número de empresas (sobre todo si hay nuevos actores en el mercado legal de los combustibles) que recurran a servicios de seguridad privada para proteger sus operaciones. Lo anterior no debe ser un problema. Por el contrario, debe verse como una oportunidad siempre se establezcan mecanismos de supervisión, intercambio de información y coordinación eficientes entre los gobierno y las empresas. De lo contario, se podrían empezar a generar disparidades que en vez de ayudar, fortalezcan las dinámicas del mercado negro en beneficio de quienes cuenten con menos recursos para hacer frente al problema.
¿Qué hacer al respecto?
Como mencioné anteriormente se requiere más información para poder determinar la verdadera escala del problema y actuar en consecuencia. Sin embargo, no está de más pensar en algunas acciones preventivas.
En primer lugar, los gobiernos podrían dedicar recursos adicionales (derivados del IEPS) a fortalecer las capacidades de prevención y persecución de los delitos vinculados al mercado negro de combustibles en las zonas de alta incidencia (y no estaría mal que de todos los delitos).
Con esto no me refiero exclusivamente a las labores policiales y de procuración de justicia sino también a la auditoría y vigilancia (ciudadana) de las operaciones empresariales vinculadas al flujo y transporte de combustibles. De manera relacionada, habría que identificar las comunidades que albergan a este tipo de redes delincuenciales e intervenir con proyectos orientados a promover su inclusión y desarrollo, pero también su confianza en las autoridades.
En segundo lugar, se podría lanzar una campaña para desincentivar la compra de combustibles en el mercado negro que incluyera acciones de concientización dirigidas a ciudadanos y empresarios, pero que también buscara endurecer las sanciones para las personas que adquieran combustibles de manera ilegal.
En tercer lugar, habría que redoblar esfuerzos para la implementación de esquemas de proximidad policial que permitan gestionar el territorio de manera más eficaz y reduzcan la dependencia que muchas corporaciones tienen en los esquemas de patrullaje con vehículos motorizados.
Al respecto, podríamos pensar también en fomentar la compra de patrullas híbridas con recursos federales o en promover subsidios a los combustibles utilizados por las corporaciones policiales, especialmente en zonas de baja densidad poblacional.
En cuarto lugar, habría que invertir mayores recursos (provenientes también del impuesto) en programas de reordenamiento y acondicionamiento del transporte público con una perspectiva de prevención situacional, sobre todo en aquellas zonas donde se detecten incrementos en los flujos derivados del aumento en los precios de los combustibles.
Finalmente, habría que promover la colaboración activa entre los sectores público y privado para prevenir y reducir el robo de combustibles. Dicha colaboración podría materializarse en el intercambio de información (e. g. centros de inteligencia donde participen las áreas de seguridad de las empresas), el fomento a la denuncia para garantizar una detección y respuesta más eficiente por parte de las autoridades, la atención conjunta a las comunidades que albergan a este tipo de redes y la supervisión de las actividades de quienes operan las rutas de transporte de combustibles y poseen inteligencia sobre su flujo en ductos.
Lo aquí presentado no pretende abonar al optimismo nacional, sino simplemente detonar una discusión que nos permita estar preparados. No podemos tomar este tipo de ajustes a la ligera, menos aun cuando el objetivo central es atraer inversiones al sector y la capacidad de respuesta en materia de seguridad es tan heterogénea a lo largo del país. Los detalles sobre qué hacer, cómo y cuándo los tendremos en breve. En pocos meses se vislumbrará la ruta a seguir.
Fuente.-
Pablo Vázquez Camacho
Licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Maestro en Política Criminal por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres (LSE). Twitter: @PabloVazC
1 Ver también: http://bit.ly/2hxdHqg
2 Es importante considerar el impacto de los costos del combustible en los niveles de hacinamiento y la “calidad” del transporte que utilizan quienes transitan por el territorio nacional en busca de llegar a Estados Unidos.
DICEN "C.J.N.G" se "COMPROMETE HOY en HACER ARDER" GASOLINERAS en JALISCO...ahora en versión paladín de la justicia.
Un mensaje que circula en Jalisco con presuntas amenazas del crimen organizado contra empresarios gasolineros, obligó a la Fiscalía General del Estado a iniciar una investigación sobre el tema, con el propósito de verificar la veracidad del mensaje en el que se amaga con ataques armados contra gasolineras que oculten el combustible.
El mensaje atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha llegado a reporteros de medios locales en Jalisco a través de servicios como WhatsApp o de redes sociales como Facebook, pero también a decenas de habitantes de la entidad.
De acuerdo con el texto, las gasolineras que no estén vendiendo gasolina antes del 30 de diciembre, es decir, antes del incremento de hasta un 20 por ciento en el precio del combustible, serán atacadas por integrantes de esa organización armada, bajo el pretexto de un supuesto apoyo del Cártel Jalisco Nieva Generación a la clase trabajadora de dicha entidad.
“El CJNG en apoyo a la clase trabajadora, se compromete en hacer arder todas las gasolineras qué al día 30 de diciembre del año en curso, a las 10:00 pm, no hayan normalizado la venta de combustible al precio justo”, se lee en el mensaje.
La advertencia agrega que “ARDERÁ el establecimiento” junto con todos sus empleados, en represalia por una supuesta especulación con el precio y el abasto de las gasolinas, medidas que afectan a la clase trabajadora de Jalisco.
“Están especulando para obtener ganancias millonarias ante la mayoría de las personas que no ganan un salario mínimo, ya que nos hemos percatado que el desabasto (sic) del combustible es porqué los concesionarios no quieren vender combustible hasta que este incremente su precio, toda nuestra gente ya está lista para iniciar la encomienda”, concluye la amenaza.
A pesar de que no existe certeza sobre el origen del supuesto comunicado atribuido a ese grupo delictivo, la Fiscalía General de Jalisco tuvo que intervenir para calmar a los habitantes de esa entidad.
La dependencia a cargo de Eduardo Almaguer anunció la apertura de una carpeta de investigación para verificar el origen y veracidad del mensaje, así como para advertir que no se van a tolerar ningún ataque del crimen organizado en contra de las estaciones de servicio para la venta de gasolinas.
A través de su cuenta en la red social Twitter, la Fiscalía de Jalisco advirtió que cualquier persona que intente atacar una gasolinera en los próximos días, será detenida por las autoridades y puesta a disposición de los jueces competentes.
“FGE Informa: Se investiga origen de mensajes difundido en redes sociales donde se amenaza con ataques a expendios de combustible. Toda persona que atente o intente violentar la paz, seguridad y bienestar de los ciudadanos, será detenida conforme a derecho”, señalan dos mensajes publicados por la Fiscalía General de Jalisco en su cuenta de Twitter @FiscaliaJal.
Un tercer mensaje divulgado por la misma cuenta, añadió que la Fiscalía “tiene el compromiso de velar por la seguridad de los jaliscienses y detener a quien infrinja la ley”.
El Fiscal del Estado, Eduardo Almaguer, no ha hecho algún tipo de pronunciamiento sobre el tema. La supuesta amenaza que circula ampliamente en Jalisco se da en un contexto de enfrentamientos entre las autoridades locales y los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Fuentes de la Fiscalía explicaron a Aristegui Noticias que en sus primeras indagatorias serán para ver el origen del mensaje, debido a que no se han encontrado indicios sobre su autenticidad.
Fuente.-
"TRAIDOR a la PATRIA,"GASOLINAZO" EXHIBE a CABEZA de VACA y COACUSADOS...no mataron la vaca,ayudaron al PRI a levantarle la pata.
El PRD, PT y Movimiento Ciudadano en Tamaulipas se inconformaron a través de redes sociales por los gasolinazos, además de reprocharle al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca haber aprobado la Reforma Energética siendo Senador.
NOTA RELACIONADA:
Políticos de izquierda como Alberto Sánchez Neri, presidente del PRD en Tamaulipas; Jorge Valdez, ex diputado perredista; Gustavo Cárdenas, diputado federal de MC; y el ex diputado petista Alejandro Ceniceros, manifestaron su rechazo al aumento de los combustibles.
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Localmente lo hicieron la regidora del PRD, América Sandoval; y Néstor Luna, regidor de Movimiento por Tampico.
Inclusive los perredistas le reprochan al gobernador haber aprobado la Reforma Energética siendo Senador, al igual que a Maki Ortiz y Manuel Cavazos Lerma, del PRI, entre otros.
Fuente.-
EN "GASOLINAZOS" ESTUPIDOS CREEN que SOMOS ESTUPIDOS...estan casi seguros.
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| imagen.-Internet |
El escandaloso aumento en el precio de las gasolinas y el desabasto que hoy nos alarma, es consecuencia de la caída de la producción de petróleo crudo, el repunte de su precio internacional, el desmantelamiento de nuestra capacidad de refinación, el disparo de las importaciones, el encarecimiento de su transportación y almacenamiento, la especulación de los distribuidores, la corrupción en Pemex y su sindicato, y una reforma energética orientada a favorecer al capital privado nacional e internacional.
Respecto a esta última causa, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, no tardó en salir a desvincular el alza del precio con la reforma. El aumento —argumentó— no es consecuencia de la reforma energética, sino de la necesidad de flexibilizar y liberar el precio al libre juego de la oferta y la demanda, porque ya era insostenible el subsidio a los combustibles. Dijo, además, que de esta manera se divorciaba al precio de la gasolina de cualquier consideración política y/o recaudatoria.
No contrapondré alegatos técnicos, que no tengo, a los que indudablemente posee Meade. Sólo me refugiaré en el sentido común; y guiado por ese que es el menos común de los sentidos, argumentaré que la liberación del precio y su consecuente alza, es el cogollo de la reforma energética.
La libre importación de gasolina y la participación del capital privado en su distribución y suministro, estaba considerada para implementarse en 2018. Sin embargo, fue adelantada para abril del año que empieza pasado mañana. ¿Razones? Al menos tres a saber: el cambio de la estructura orgánica y administrativa de Pemex, que lo liberó de la enorme carga fiscal con que financiaba el gobierno y, en consecuencia, la reducción de ingresos al erario; la caída del precio internacional del crudo, que obligó a ajustar a la baja el gasto público previsto; y la necesidad de incentivar, con precios liberados, a quienes entren al jugoso negocio de las gasolinas.
En el fondo de todo esto prevalece la necesidad del gobierno de financiarse, trastocada por la reforma energética.
Con estos dos datos podríamos sustentarlo:
1. El precio de la gasolina Magna (por citar la más consumida) ha aumentado casi 50 por ciento en los cuatro años del gobierno de Peña Nieto, al pasar de 10.81 pesos por litro en 2012 a 15.99 pesos a partir de pasado mañana.
Y 2. Mientras que en Estados Unidos el precio del galón de gasolina lo integran el precio internacional del petróleo en 50 por ciento, la refinación en 25 por ciento y los impuestos el otro 25 por ciento; en nuestro país, el componente impositivo del precio (IEPS más IVA), es de 60 por ciento o más.
¿De plano pensarán que somos tan estúpidos para creer que el mega gasolinazo nada tiene que ver con la reforma energética y las necesidades recaudatorias del gobierno? Parece que sí, pues quienes gobiernan así lo han hecho históricamente.
De los múltiples comentarios coincidentes y críticos recibidos por la columna anterior (El mega gasolinazo y el desabasto), sintetizo algunos puntos que mucho ayudan a la ponderación de este tema que tan irritado tiene al país entero.
1. El componente geopolítico. Es obvio que el gobierno mexicano aceptó jugar el papel que le asignó el bloque regional del que forma parte (América del Norte): ser el suministrador de petróleo crudo de sus socios (Estados Unidos y Canadá) y comprador de productos terminados (gasolinas) que esas dos economías nos venden más caras.
2. Es en esa lógica que, desde hace por lo menos tres décadas, los gobiernos dejaron de aumentar nuestra capacidad instalada de refinación y de invertir en mantenimiento y reconfiguración. ¿Para qué si, a su juicio, es más redituable comprar la gasolina en el exterior que producirla aquí?, de acuerdo con ese dogma neoliberal que fue sustento de la tesis doctoral del ex presidente Zedillo y cuya no aplicación saca a los tecnócratas tantas ronchas como el otro que repudia a los subsidios.
Así las cosas, la actividad nacional de refinación está destruida. Contra 150 refinerías que tiene Estados Unidos, nosotros tenemos seis: Salina Cruz, con una capacidad de producción de 330 mil barriles diarios; Tula, con 315 mil; Cadereyta, con 275 mil; Salamanca, con 245 mil; Madero, con 190 mil; y Minatitlán, con 185 mil. Si usted suma esos montos, superará el millón de barriles diarios de gasolina que requiere el país en esta temporada de aumento del consumo. Pero resulta que esa es la capacidad instalada que, en el mejor de los casos, apenas se utiliza a la mitad. Así quedamos obligados a importar gasolina, a hacer la tarea geopolíticamente asignada.
Para 2017 el panorama se ve negro, muy complicado. Hubiera querido en esta última columna de 2016 ser un poco más optimista. ¡Imposible! Eso no me impide externarle mis mejores deseos de salud y felicidad. Con esos dos ingredientes principalísimos, podremos atender, de la mejor manera posible, las vicisitudes que como país nos esperan en este año nuevo.
Fuente.-
@RaulRodriguezC
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