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domingo, 9 de octubre de 2016

CRUZO de MEXICO a E.U por TEXAS con "5 KILOS de COCA" en "COMPARTIMENTO SOFISTICADO" y la ARRESTAN...tiro su rollo y se hizo embrollo.


Una ciudadana mexicana que cruzó la frontera entre Estados Unidos y México por Texas está acusada de tráfico de cinco kilos de cocaína en tres estados antes de llegar a su destino previsto en Pensacola, Florida.
TAMBIEN PUEDES VER:"MULAS del NARCO",DRAMA de 275 MEXICANAS PRESAS en el EXTRANJERO...por culpa de otros mas "mulas y mas narcos"..


Sara Elisa Cerón, de 30 años, fue detenida por las autoridades locales en el área de Gulfport, Mississippi por "conducción descuidada", de acuerdo con un informe del diario Sun Herald.

Una vez detenida por la policía, dijo Cerón originalmente que iba a ver a miembros de su familia en el área de Gulfport. pero alguaciles comenzaron a sospechar porque la presunto narcotraficante ya había pasado las dos salidas de Gulfport.
Cerón dijo a la policía que había comprado el vehículo que conducía tres meses antes, después de que ella dejó su trabajo y afirmó que iba a venir a los Estados Unidos para cuidar de su madre. Ceron continuó diciendo a la policía que ella recientemente había comenzado a trabajar para un contador en México.
Fue entonces cuando Cerón dijo que estaba planeando hacer un viaje a Pensacola para visitar la playa, pero la policía no encontró ninguna evidencia de traje de baño o ropa de playa en su vehículo para este tipo de planes. La policía descubrió que su familia estaba en el país ilegalmente.
Después de buscar en el vehículo de Ceron con su permiso, las autoridades encontraron cinco paquetes de un kilo dentro de lo que fue descrito como una "trampa sofisticada" para ocultar las drogas, informó el periódico de la Florida.
Cerón dijo a la policía que el compartimento oculto y los paquetes estaban en el vehículo antes de que ella comprara el coche, alegando que nunca los han visto antes.
La policía  verifico antecedentes de Ceron y mostraron que había llegado a través de la frontera entre Estados Unidos y México un día antes y se había llevado las drogas a través de Texas, Louisiana y casi la mitad de camino a través de Mississippi.
Cerón permanece bajo custodia policial, donde sus audiencias judiciales preliminares comenzarán esta semana. Ella es acusada de tráfico de drogas.
FuenteBreitbart/TX @JxhnBinder .

"MEDIOCRE INICIO" del GOBIERNO de CABEZA de VACA, BORRAN TODA la INFORMACION en INTERNET...es que si hubo "borrón y cuenta nueva".


El incipiente gobierno panista de Tamaulipas aun no termina por empezar,al desorden generalizado con el que opera la estructura estatal que pese al haber dispuesto de tiempo suficiente,muchas secretarias operan "deficientemente" dejando entrever que la "inmediatez y la contundencia" para resolver problemas ofrecida en el discurso del ahora Gobernador Francisco Garcia Cabeza de Vaca "TENDRA QUE ESPERAR",a eso se suma el desorden en los portales Web cuya información fue eliminada.
Tamaulipas,MX.-09/Oct/2016 Asi se desprende de la información hoy difundida en Milenio en su portal de internet que advierte ha sido "BORRADA la INFORMACION del GOBIERNO en la WEB"...Pues fueron eliminadas cifras de seguridad, todos los boletines e informes de las actividades que llevó a cabo el anterior gobierno estatal de todos los rubros, esto sin previo aviso debido a las actualizaciones que realizan en la página del actual mandatario panista de Francisco García Cabeza de Vaca.
Al respecto el ex diputado local, Arcenio Ortega Lozano, quien integraba la Comisión de Transparencia, dijo que es obligación del gobierno dar conocer la información pública aún cuando se terminen administraciones.
Ya no existen las estadísticas de seguridad que eran publicadas cada trimestre en el portal web del Gobierno del Estado y la Procuraduría General de Justicia del Estado, las del sexenio de Egidio Torre Cantú, esto debido a las actualizaciones que realizan en la página del actual mandato panista de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Y no solo las cifras de seguridad fueron eliminadas, también todos los boletines e informes de las actividades que llevó a cabo el anterior gobierno estatal, de todos los rubros, como las firmas de convenio de la Marca Tampico-Miramar, la entrega de aulas en Tamaulipas o incluso reportes del combate al dengue en el estado, esto sin previo aviso.
Ninguno de estos y otros informes conectan con el servidor del gobierno estatal, pues en el principal buscador en la web, Google, al momento que el usuario desea buscar información que se desarrolló en la administración de Egidio Torre, este se redirecciona al nuevo diseño del gobierno de Cabeza de Vaca, y aparece ya sea solo el logotipo del escudo de Tamaulipas o un mensaje que dice "el contenido que usted está buscando no existe o ya no está disponible".

La Procuraduría General de Justicia del Estado tenía en su portal un listado de los principales delitos que se cometen en Tamaulipas, desde robo de vehículos, narcomenudeo, robo a transeúnte, robo a comercios, a casas habitación, autos recuperados, hasta denuncias por abandono de obligaciones alimenticias.
La página web describía esta incidencia delictiva por cada trimestre desde años atrás, distribuidos por mes, municipio, así como un reporte de los sectores más conflictivos en el estado señalados incluso por colonias y qué delitos se cometían en cada zona en particular.
Asimismo se publicaba un listado de las personas que la PGJE consideraba como peligrosas, las cuales eran evidenciadas para que la ciudadanía las denunciara y facilitara su captura. También se podían encontrar recomendaciones para la población sobre qué hacer en caso de algunas situaciones de riesgo.
La desaparición de la información estatal se realizó pese a que en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas en su Artículo 59 de las Obligaciones de Transparencia, que "los Sujetos Obligados deberán difundir de manera permanente la información a que se refiere este Título, en sus portales de internet y a través de la Plataforma Nacional, de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a través de publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona".
Asimismo el Artículo 60 describe que "los Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente la información contenida en este Título, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa se establezca un plazo diverso".
Con información de:


LOCALIZAN los "RESTOS HUMANOS" de JOVENES LEVANTADOS en VERACRUZ...delito cometido por criminales sin ningún resto de "humanos".


En el marco de la investigación por la desaparición de los jóvenes en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, este viernes fueron localizados restos humanos en el municipio de Camarón de Tejeda que fueron trasladados a la Dirección de Servicios Periciales, en donde luego de agotar los protocolos que conllevaran a determinar su identidad, este día fueron plenamente identificados tres de ellos por sus familiares.


El pasado jueves 29 de septiembre, tres jóvenes, una de sexo femenino y dos de sexo masculino dejaron de tener contacto con sus familiares, hechos que fueron denunciados el 1 de octubre, fecha a partir de la que la Fiscalía General del Estado instrumentó todas las acciones necesarias que conllevaran a su localización, entre ellas un sobrevuelo por diferentes municipios. 

En atención y respeto a sus Derechos Humanos y en cumplimiento a Ley General de Víctimas, los familiares de los jóvenes fueron asistidos en todo momento por autoridades de la Fiscalía General, desde su traslado a la ciudad de Xalapa, hasta el acompañamiento en todas las fases de identificación, incluida atención psicológica a través del Centro de Atención a Víctimas del Delito.

En su momento, el Fiscal Investigador dio vista a la Procuraduría General de la República por haberse encontrado indicios relacionados con la delincuencia organizada en la desaparición de los jóvenes.

De forma paralela, en un hecho diferente el mismo 29 de septiembre desapareció otro joven de sexo masculino en esa conurbación, de quien se continúan con los trabajos de búsqueda y localización.

La Fiscalía General del Estado mantendrá abiertas las Carpetas de Investigación que serán integradas hasta su total esclarecimiento.
 fuente.-LaSillaRota

INFOGRAFIA: "RANSOMWARE",la TOMA de REHENES INFORMATICA...la maldad sin limites.

Fuente.-

EXONERAN a FUNCIONARIOS de MAS ALTO RANGO PROCESADOS por la FUGA del CHAPO...que nunca pisaron la carcel.


Juan Ignacio Hernández Mora y Paulo Uribe Arriaga, los funcionarios penitenciarios de más alto rango presuntamente responsables de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, en julio de 2015, finalmente fueron exonerados de todo cargo. La decisión la tomó el juez federal Víctor Octavio Luna Escobedo, el mismo que los había consignado al principio, luego de un intercambio de información con Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, personaje cercano al presidente Enrique Peña Nieto.
En común acuerdo, la Procuraduría General de la República (PGR) y un juez federal exoneraron a quienes se perfilaban como los principales responsables de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán en 2015:  Juan Ignacio Hernández Mora y Paulo Uribe Arriaga.
A pesar de que inicialmente habían sido consignados por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR por ser los funcionarios de más alto rango en el manejo directo de los penales federales en el país, ambos libraron la prisión y cualquier otro proceso penal.
Hernández Mora sólo fue cesado como comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), mientras que Uribe Arriaga se mantiene como director general de Administración del órgano, donde una de sus tareas es la de contratar los servicios de seguridad periféricos y subterráneos en las cárceles federales, lo que omitió en el caso del penal del Altiplano.
De acuerdo con documentos judiciales conocidos por este semanario, Hernández Mora y Uribe Arriaga fueron advertidos de esa falla cuando El Chapo ya estaba en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, El Altiplano, de donde el capo sinaloense escapó a través de un túnel de casi kilómetro y medio el 11 de julio de 2015, aunque fue recapturado siete meses después.
La gracia para Hernández Mora y Uribe Arriaga se concretó en un intercambio de información entre la SEIDO, a cargo entonces de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, y el juez federal Víctor Octavio Luna Escobedo, a quien el Poder Judicial de la federación le dejó hacerse cargo de los procesos penales contra todos los implicados en la fuga en julio de 2015.
Muñoz Vázquez pertenece al entorno del presidente Enrique Peña Nieto. Trabajó en la PGR con el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, y dejó de ser subprocurador horas antes de que el juez decretara la formal prisión contra los funcionarios ahora procesados.
Lo que ocurrió después con Hernández Mora y Uribe Arriaga fue algo más que suerte. Al entonces comisionado del OADPRS no lo pudo sostener quien lo promovió para hacerse cargo de los penales federales, Monte Alejandro Rubido García, quien lo tuvo en el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) al inicio del actual gobierno, aunque su relación en esa instancia viene desde el sexenio de Felipe Calderón.
Casi dos meses después de la fuga, Rubido también tuvo que dejar el cargo como titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), de la que dependen tanto las prisiones federales como la Policía Federal. Todas esas instancias están bajo el mando de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Uribe Arriaga tenía mejor respaldo: el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, con quien ha trabajado desde los años noventa, pasando por el gobierno del estado de Hidalgo y ahora como jefe de la seguridad en el país (Proceso 2030 y 2052). Pese al desprestigio internacional que la fuga representó para su gobierno, Peña Nieto mantuvo en su cargo al exgobernador de Hidalgo, quien ahora busca ser precandidato presidencial del PRI.
El pacto con la SEIDO
De acuerdo con una queja interpuesta en contra de Víctor Octavio Luna Escobedo, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, por acoso laboral, intimidación y ejercicio indebido del cargo, la consignación de los presuntos responsables de la fuga del capo del Cártel de Sinaloa fue pactada entre la SEIDO y el propio juez.
La actuación del juzgador fue denunciada en diciembre del año pasado ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el órgano de la vigilancia, administración y disciplina de los juzgadores federales. El consejo está presidido por el ministro Luis María Aguilar, quien es también presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El CJF desechó la denuncia tres meses después sin siquiera ser investigada.
En un ir y venir de funcionarios de la SEIDO al juzgado con sede en Toluca, en septiembre del año pasado, el Ministerio Público (MP) federal y el juez Luna Escobedo terminaron por excluir a Hernández Mora y a Uribe Arriaga de cualquier cargo por la fuga.
Durante una semana, entre el 6 y el 14 de septiembre de 2015, la SEIDO administró con el juez la consignación por la evasión del Chapo. Según la queja, el MP de la subprocuraduría presentó varias veces la misma consignación, pero con proyectos diferentes. El artículo 134 del Código de Procedimientos Penales dispone que en cuanto aparezca la probable responsabilidad de una persona, el MP ejercerá la acción penal en los tribunales.
El personal del juzgado no sólo trabajó la misma causa penal con distintos pliegos de consignación, sino que supo por anticipado que el caso recaería en el juez Luna Escobedo, de acuerdo con la queja interpuesta ante el CJF. Contrario al turno de los casos que se asignan en la Oficina de Correspondencia Común, la SEIDO se entendió en todo momento con el juez.
El domingo 6 de septiembre de 2015, día en que el juzgado estaba de turno, el juzgador avisó a sus secretarios que llegaría el expediente por la fuga. Al día siguiente, en efecto, llegó la consignación de la causa penal 55/2015, a pesar de que el juzgado ya no estaba de guardia. El MP federal, a través de la SEIDO, ejercía acción penal en contra de 18 personas, a quienes les imputó el delito de evasión de reos por omisión y ejercicio indebido de servicio público. Las dos primeras mencionadas eran Hernández Mora y Uribe Arriaga.
Desde la llegada de ese primer pliego de consignación el juez decidió qué secretarios se iban a encargar de cada uno de los acusados. El segundo texto con el que trabajaron los secretarios del juzgado lo presentó la SEIDO el 9 de septiembre. Era más voluminoso, pero mantenía la acción penal en contra de los 18 empleados de Gobernación. El viernes 11 siguiente, el juez anunció a sus secretarios que había recibido un tercer pliego, pero no se los entregó.
Fue hasta el domingo 14 cuando el juzgado dio por recibida oficialmente la consignación por parte de la SEIDO. En ese documento final ya no fueron consignados Hernández Mora ni Uribe Arriaga, a pesar de que los secretarios que revisaron su situación los habían encontrado responsables de la fuga, por omisiones graves y ejercicio indebido de servicio público.
Los encuentros con el juez
Según la queja ante el CJF, la consignación definitiva en nada se parecía a la orden de aprehensión solicitada originalmente por la PGR. En la consignación original, a Hernández Mora y a Uribe Arriaga la SEIDO los acusaba de haber favorecido el escape por la falta de funcionamiento de los sistemas de seguridad perimetrales y subterráneos. La supervisión, puesta en marcha y contratación de esos servicios dependían de ambos. Además, se les acusaba del ejercicio indebido de servicio público por ser omisos ante las advertencias que esos sistemas de seguridad en el Altiplano no estaban funcionando.
Contra quienes sí procedió finalmente el juez por esos mismos cargos fue contra Celina Oseguera Parra, entonces coordinadora general de penales federales en el OADPRS; Valentín Cárdenas, exdirector del Altiplano, custodios, policías federales y agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), entre otros empleados de la secretaría de Gobernación.
Uno de ellos, Enrique Angulo Cervera, Director General de Informática, Administración de Recursos y Servicios del OADPRS, quien dependía directamente de Paulo Uribe. Angulo Cervera está prófugo. Tanto Uribe como Angulo Cervera fueron los responsables de la contratación del brazalete de vigilancia del Chapo y que también se reportó como inservible.
En otra causa penal, la 48/2015-III, relacionada asimismo con la fuga, el juez Luna Escobedo dictó el auto de formal prisión a otros tres empleados públicos a los que un juez de Guanajuato había dejado en libertad. Ante esa negativa, la PGR gestionó para que esos tres casos fueran resueltos favorablemente para el MP por el titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales en el Estado de México.
De acuerdo con testimonios recogidos por Proceso, durante toda la semana previa a la consignación de los 16 empleados de Segob, funcionarios de la SEIDO no dejaron de ir al juzgado. “Se encerraban con el juez por horas, en cualquier hora del día”, aseguran. En medio del reacomodo de la consignación, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez renunció a la PGR y se fue a la Segob.
El presidente Peña Nieto lo designó secretario ejecutivo del SN SP. Pero sólo duró dos meses. Desde marzo pasado es el procurador de Justicia de Colima, promovido por el nuevo gobernador José Ignacio Peralta Sánchez.
Muñoz Vázquez estaba al frente de la SEIDO cuando se elaboró la consignación en la que iban los dos principales funcionarios del OADPRS. Había regresado a la PGR en marzo de 2015 luego de que durante el gobierno de Felipe Calderón trabajó en la procuraduría con el actual consejero jurídico presidencial, Humberto Castillejos.
Castillejos fue de 2006 a 2008 coordinador de asesores de Eduardo Medina Mora, ahora ministro de la SCJN, mientras que Muñoz Vázquez era el subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales, cargo que dejó en 2010 para irse de subprocurador al Estado de México, primero con el entonces procurador Alberto Bazbaz y luego con Alfredo Castillo, actual director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), otro de los hombres cercanos a Peña Nieto.
Muñoz después fue procurador de Aguascalientes y de ahí regresó a la PGR para hacerse cargo de la SIEDO en marzo de 2015. Cuatro meses después, fue el responsable de las averiguaciones ministeriales por la fuga del Chapo Guzmán.
Las potestades del juez
La queja presentada ante el CJF señala que una vez dictada la formal prisión, entre el 17 y el 21 de septiembre de 2015 se tomaron las declaraciones preparatorias de los inculpados. Pero en una de ellas, la del día 17, el juez Luna Escobedo prácticamente vació el juzgado. Ordenó a todo el personal, casi una veintena entre secretarios, oficiales, actuarios, así como a los defensores de oficio, que se trasladaran al penal del Altiplano, a pesar de que sólo iban a declarar cinco de los acusados. La excepción, en las “tareas de apoyo” en el penal la hizo con sus colaboradores de confianza.
El personal protestó. Le dijeron que no era necesario que fueran todos. Aun así, el juez les ordenó presentarse a las seis de la tarde en la prisión del Altiplano para tomar la declaración de los acusados. Pero tuvieron que esperar tres horas a que se presentara el juzgador. La diligencia acabó alrededor de la medianoche.
Ante la denuncia contra el juez, que fue acompaña de dos cajas de documentos, el CJF consideró que era improcedente y evitó así la investigación. El caso no llegó al pleno del consejo. Fue desechado el 26 de marzo pasado por el secretario ejecutivo de Disciplina, el juez Antonio González García.
En su respuesta, González García desestimó los señalamientos de los empleados del juzgado, como la de propiciar la confrontación entre ellos, las amenazas de despido, la extensión de la jornada laboral por sus métodos de trabajo y actos de intimidación, entre otras. Incluso mencionaron el suicidio de un empleado que padecía esquizofrenia y que de acuerdo con lo asentado en la queja, su familia aseguró que se sentía presionado por el juez Luna Escobedo.
El secretario ejecutivo de Disciplina negó todos los cargos bajo el argumento de que el juez tiene la potestad de organizar el trabajo del juzgado como quiera, a pesar del continuo movimiento de secretarios, oficiales y actuarios en el juzgado.
Lo mismo hizo respecto a la interferencia de la SEIDO en la gestión de las causas penales relacionadas con la fuga del Chapo Guzmán. Dijo que las acusaciones se apoyaron en “argumentos genéricos” y refirieron situaciones “subjetivas y ambiguas”.
En su exculpación, el secretario ejecutivo de Disciplina argumentó: “Los promoventes se limitan a relatar que en la tramitación de las causa penales… relacionadas con El Chapo, se suscitaron ‘circunstancias extrañas’, sin relatar a qué circunstancias se refieren y qué entienden por extrañas”.
Además, “no realizan alguna imputación directa que se encuentre relacionada con las visitas al juzgado de ‘un subprocurador’ que sostuvo pláticas privadas con el juez señalado, ni las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que hubiesen ocurrido los actos generadores de responsabilidad administrativa que estiman cometió el referido juzgador federal y que justifiquen iniciar un procedimiento disciplinario de tal naturaleza en su contra”.
La respuesta lleva también la firma del presidente del CJF y de la SCJN, el ministro Luis María Aguilar Morales. Otro de los integrantes del consejo, Alfonso Pérez Daza, es señalado en los testimonios obtenidos por este semanario como cercano al juez Luna Escobedo, quien comenzó su carrera de juez en 2013 en Baja California y de ahí pasó al Estado México.
De acuerdo con los mismos, Pérez Daza acompañó al titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México en los festejos de fin de año del Poder Judicial federal en esa entidad justo cuando se había presentado la queja contra el juzgador, en diciembre pasado.
El juez Luna Escobedo fue requerido por Proceso, pero a través de su secretario particular, Iván Sánchez Ruiz, respondió que no daba entrevistas periodísticas y remitió a la oficina de Comunicación del CJF, donde se reiteró la negativa del juzgador.
Fuente.-

TRASCIENDE "EJECUTAN" en MONTERREY al MANNY del CDG y SOBRINO de OSIEL CARDENAS...no pudo renegar del destino que se forjo.


El trascendido de la presunta ejecución en Monterrey de "EL MANNY",sobrino de Osiel Cardenas Guillen e hijo de su hermano Mario de los mismos apellidos detenido en 1995 por cargos de Crimen Organizado se presume ocurrió la noche ayer sabado en el sector de Residencial la Escondida después de recibir un disparo en la cabeza por tripulantes de un automóvil jetta color gris.

Tamaulipas,MX.-09/Oct/2016 Los hechos con cobertura en la prensa y "redes sociales" se advierte ocurrieron poco antes de las 20:00 hrs de ayer y se establece se derivaron de una presunta persecución al hoy occiso cuando viajaba con esposa e hijos en un lujoso Mercedes Benz resultando lesionados también su esposa e hijos,,ella fue identificada como Daniela Solares Meade de 31 años,un menor de 10 y una niña de 6 que fueron atendidos por la cruz verde de Monterrey y trasladados a un nosocomio privado.

En el lugar de los hechos a donde arribo también personal de Fuerza Civil quedo muerto el "MANNY" que fue identificado  como Manuel Pérez Castro,pero el trascendido ahora presume se trata de MANUEL CARDENAS MEDINA hijo de MARIO CARDENAS GUILLEN alias el "GORDO",hermano de quién fuera máximo CAPO del CDG OSIEL CARDENAS GUILLEN.

NOTA RELACIONADA:

El "MANNY" es hermano de Mario Alberto Cardenas Medina alias el "Betillo" detenido en Junio de 2009 como responsable de controlar el trasiego y recepción de droga en el área de Playa Bagdad en Matamoros,todo ellos en su conjunto,incluyendo al hijo de Osiel cárdenas también llamado el 'OSIELILLO" pertenecen a una dinastía de primos  "juniors" descendientes de los CAPOS del CARTEL del GOLFO  OSIEL,MARIO ,HOMERO ENRIQUE y ANTONIO EZEQUIEL CARDENAS GUILLEN cuyas andanzas criminales son ampliamente conocidas en Matamoros donde siguen imponiendo su ley bajo el amago constante de la fuerza,hoy otro de sus primos ALFREDO CARDENAS alias el "CONTADOR" ocupa el LIDERAZGO CRIMINAL del CDG en esta ciudad fronteriza.

NOTA RELACIONADA:

Mas recientemente en abril de este año un fuerte operativo Militar llevado a cabo en esta misma ciudad degenero en la aprehensión de otro de los primos hijo de Homero Enrique Cardenas entonces identificado como el "KIKE CARDENAS del que se sabría días después seria liberado sin conocerse las causas o los argumentos para hacerlo.
El 25 de Noviembre de 2011 Marinos detuvieron a Ezequiel Cárdenas Rivera alias el "Junior" e hijo de Antonio Ezequiel cárdenas Guillen,alias el "Tony Tormenta".




Con información e imágenes de :Milenio,Horizonte/24 Horas.

"MULAS del NARCO",DRAMA de 275 MEXICANAS PRESAS en el EXTRANJERO...por culpa de otros mas "mulas y mas narcos"..


Paula Álvarez es la única mexicana en la cárcel de mujeres de Cartagena, Colombia. En 2015 fue detenida con más de dos kilos de cocaína en el aeropuerto de la ciudad. Aún le faltan tres años para terminar su condena. De 2011 a 2015 se tiene el registro de 2 mil 443 mexicanos presos en el extranjero, sin contar Estados Unidos. Dos de cada 10, es decir 446, son mujeres. Su principal delito: servir como mulas del crimen organizado.
Cada año, en promedio, 100 mexicanas terminan en alguna prisión fuera del país, según los datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pero esta cifra podría ser mayor. “No podemos saber que está detenida una persona si las autoridades extranjeras no nos avisan[…] Una de las razones por las cuales a veces no quieren entrar en contacto con nosotros es porque creen que los consulados los vamos a entregar a las autoridades mexicanas”, explica Jacob Prado, director general de Protección a Mexicanos en el Exterior.
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A pesar de estos inconvenientes, asegura que sus registros no están lejos de la realidad. “La gran mayoría de los casos ahí están”, señala. En algún momento estos mexicanos entran en el radar de la SRE, sino fue al momento de la detención, es cuando terminan su condena y los deportan a México, afirma el funcionario.
Después de Estados Unidos, los países en donde terminaron presas más connacionales fueron Perú, España, Colombia, Ecuador y Bolivia. Algunas mujeres por voluntad propia, y otras bajo amenazas, fueron convertidas en cómplices del crimen. El 60%, es decir 275, están detenidas por delitos contra la salud.
Cinco de cada 10 reclusas cumplen sus condenas en estas cárceles. Colombia es el sitio en el que es más visible el incremento. En 2011 tenían el registro de dos mexicanas presas y en 2015 la cifra subió a 21. “Debería existir un programa por parte de la cancillería que le dé prioridad a estos focos en donde se han incrementado las detenciones de mexicanos”, afirma Adolfo Laborde, investigador y especialista en temas internacionales de la UNAM.
En febrero de 2015, Paula, de 39 años, llegó a Cartagena en un vuelo proveniente de Cancún. Durante su viaje tenía que recoger un paquete con droga y volver a México, pero no lo logró. En un cuarto de un poco más de 30 metros cuadrados con paredes despintadas, muebles desvencijados y sosteniendo una bandeja en la que lleva su material para tejer, habla del momento en el que llegó a Colombia y su captura en el aeropuerto de la ciudad amurallada. 
El intercambio
Su martirio inició en los últimos días de enero de 2015, cuando recibió llamadas de un hombre desconocido. “Sólo me decían ‘hablamos de parte de Quique —un hombre que conoció en un trabajo anterior— y queremos que labores con nosotros’. Desde la primera llamada me dijeron que sabían dónde vivía, todo sobre mi mamá, mi hijo y mis anteriores puestos”.
Las llamadas continuaron y las amenazas se hicieron más reales. “Un día El Nene —como se hacía llamar— me dijo: ‘Tu hijo está con unos amigos y está vestido de tal forma. Habla con él y pregúntale’. Le llamé y estaba justo como me lo describieron”. El trato que le plantearon era simple. “Te damos un boleto de avión a Cartagena. Vas por un paquete, lo traes y ya”. La mente de Paula se bloqueó y aceptó.
Recibió una transferencia de 500 pesos, un boleto de avión que salía de Cancún —su lugar de residencia temporal— y un correo electrónico con las últimas instrucciones. El 27 de febrero de 2015 llegó a Cartagena. Durante tres días no tuvo noticias de nadie. En el último momento, llegó a buscarla al hotel un colombiano “Me dijo ‘parcera, te mandan esto’ y me entregó un morral que parecía que no traía nada”.
Con una pequeña maleta negra, un morral de colores, y un poco de dinero, Paula se dirigió al aeropuerto internacional de Cartagena. “Al momento que me bajé del taxi percibí un olor muy fuerte, como a pegamento para zapatos. Nunca quise preguntar nada, pero en ese momento entendí que llevaba droga. Pensé en dejarlo afuera del aeropuerto y regresar a México, pero no sabía si alguien me estaba vigilando. Sentía terror, las manos me sudaban, sentía que todos me veían. Entré sabiendo que traía droga conmigo y algo me decía que me iban a agarrar”.
Paula llegó hasta el módulo de migración, le sellaron su pasaporte y su premonición se volvió realidad. “A mi lado estaba un oficial y me pidió mi pasaporte. Me llevaron a un cuarto. Me dijeron que le harían una prueba al morral y yo tenía que pasar por una máquina que me iba a revisar todo el cuerpo. Hasta el final supe que el morral tenía un doble forro en el que supuestamente escondieron más de dos kilos de cocaína líquida. Cuando el oficial me pregunto si era mío no me quedo más que decir que sí”.
Ese año ella no fue la única; en diferentes cárceles de Colombia, 21 mexicanas más quedaron detenidas. En el resto del mundo hubo 73 casos. Casi un centenar de mujeres connacionales fueron encarceladas en diferentes países; 60%, es decir 58, por delitos contra la salud.
La condena
Sin dinero, sin abogado y sin familia, esta mujer de 39 años se enfrentó a la justicia en un país diferente. La única llamada que pudo hacer fue a su hijo. “Le hablé y le dije que se saliera de la casa y se fijara que nadie lo siguiera. Le tuve que decir que me habían detenido en Colombia y que me iban a llevar a la cárcel”.
Dos días después fue trasladada a la cárcel de mujeres de San Diego en Cartagena. “Al ver las paredes casi desechas pensé que me esperaba lo peor. Entré y todas las reclusas estaban gritando, como siempre. Me enviaron a una celda que compartía con más de 20 mujeres, dormí en una colchoneta que parecía una sábana. Me la pase llorando. No sabía si me iban a condenar y no tenía dinero para un abogado. Ahí me di cuenta que alguien me puso el dedo. En el aeropuerto ya sabían que yo traía droga. Una reclusa me dijo que me usaron como distracción para pasar un cargamento más grande”.
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Hasta ese momento nadie en México sabía el destino de Paula. Seis meses después tuvo el primer acercamiento con un representante del gobierno mexicano. “Un programa de verificación en las prisiones ayudaría a saber lo más pronto posible cuando hay connacionales presos”, afirma Laborde. Pero estos son procesos complejos y muchas veces superan las capacidades económicas y de personas de los consulados.
“Nosotros estamos al pendiente de que se cumpla el debido proceso […] Tenemos un grupo de abogados consultores en cada país que nos orientan para ayudar a los mexicanos que lo requieran”, asegura Prado.
En abril de este año, la ayuda para Paula llegó desde México. La Asociación de Fiestas Patrias de Colombia (Fipacol), a través de su Fundación para el Desarrollo Social, se encargó de llevar a la madre de esta mexicana hasta Cartagena. “Ahorita hay un abogado por parte de Fipacol que va a revisar su caso y esperamos conseguir que termine su condena en una casa —que ellos van a rentar— o que salga en libertad”, explica Fredys Mejía, presidente de la organización.
En la cárcel de San Diego el hacinamiento es notorio en cada rincón. “Nunca te acostumbras, sólo te acoplas. Es un lugar muy sucio, está lleno de cucarachas. En las noches ves pasar a las ratas por los pasillos”, asegura la mexicana.
Paula es compañera de otras 198 reclusas, 90% son colombianas. Esto muchas veces genera conflictos dentro de la cárcel. “El mexicano es mal visto. Te gritan cosas como ‘mexicana, tu viniste a robar aquí… no tienes nada que hacer aquí’. Si eres extranjera te hacen la vida de cuadritos. Me han cambiado tres veces de celda porque otras reclusas me quieren pegar”, señala.
La sentencia de Paula fue impuesta al poco tiempo de su detención. “Me querían dar 18 años, pero no tenían pruebas y me bajaron la condena a cinco. La guardiana que me llevaba ese día me dijo ‘te fue muy bien, Paula’, pero ¿a qué le llama bien si estoy presa?”.
Fuente.-

"PEÑA NIETO y los SAN ROMAN",OTRA AMI$TAD con CO$TO al ERARIO...las cosas buena$ cuentan y "cuentan mucho ".


Una empresa de Ricardo Arturo San Román Dunne vendió al doble de precio un sistema de barreras móviles a OHL para el Viaducto Elevado: la maquinaria fue vendida desde EU a 240 mdp y en México se pagaron 485 mdp con recursos entregados por el Gobierno de Peña Nieto en el Estado de México.

Enrique Peña Nieto es un político que gusta mezclar negocios públicos con relaciones personales. En la biografía del mandatario no está sólo la ‘”casa blanca” y  el Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, con sus millonarios contratos. Otras historias rozan al mandatario. Ahora, su amistad y compadrazgo con la familia San Román, del Estado de México, apuntan al Viaducto Bicentenario, el Circuito Exterior Mexiquense y la controvertida constructora española OHL.

El 27 de diciembre de 2005, cuando llevaba unos meses como gobernador del Estado de México, Peña Nieto adquirió a una empresa de Roberto San Román Widerkehr una residencia en el club de golf Gran Reserva, en Ixtapan de la Sal, como reveló The Wall Street Journal en enero de 2015.
El valor de esa mansión fue de 5.6 millones de pesos, tiene una superficie de 2 mil 138 metros cuadrados y 850 metros cuadrados de construcción.
Ese mismo mes, la cercanía de Peña Nieta con la familia San Román escaló a un compadrazgo bajo las leyes de la Iglesia católica: Roberto San Roman Dunne, hijo de San Román Widerkehr, se convirtió en padrino de primera comunión de Paulina Peña Pretelini, la hija mayor del ahora presidente.
La revista Quién difundió, aquel mes, una foto de la ceremonia oficiada en la diócesis de Atlacomulco. La recepción incluso se llevó a cabo en los jardines del Hotel del Rey en Ixtapan de la Sal, propiedad de los San Román.
En octubre de 2007, el Gobierno mexiquense lanzó la licitación para construir una de las obras emblemáticas de la administración de Peña Nieto: el Viaducto Bicentenario o Viaducto Elevado, que corre sobre el Anillo Periférico Norte.
La obra fue ganada por la española OHL, en abril de 2008. Una de sus obligaciones como parte de la concesión era adquirir y operar dos barreras móviles que permitieran modificar  el sentido de la circulación vehicular en el Viaducto para aligerar la carga vehicular en horas pico.
Dicho equipo fue suministrado por la empresa estadounidense Barrier Systems, perteneciente a Lindsay Corporation, uno de los corporativos del magnate norteamericano Warren Buffet.
Sin embargo, OHL lo compró a través de una empresa intermediaria con un nombre casi idéntico al de la empresa estadounidense: Operadora Barrier Systems de México S.A. de C.V. Una compañía no reconocida como proveedor o subsidiaria oficial.
Esa razón social fue registrada en diciembre de 2007 en la Ciudad de México, unas semanas después de que el Gobierno de Peña Nieto publicó la licitación para construir el Viaducto Elevado.
Uno de los dueños de la empresa pertenece a la familia San Román.
Las máquinas vendidas por Barrier Systems a la empresa de San Román tuvieron un precio de 19.6 millones de dólares, unos 240 millones de pesos al tipo de cambio de ese momento. El precio que OHL pagó por la maquinaria a la empresa de los amigos de Peña Nieto, fue de  485 millones de pesos, de acuerdo con reportes financieros de la empresa.
Es decir, las mismas máquinas fueron pagadas al doble del precio original.
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La licitación
El 23 de octubre de 2007, la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno mexiquense, entonces encabezada por Gerardo Ruiz Esparza, lanzó las bases de licitación para construir el Viaducto Elevado, del Toreo de Cuatro Caminos hasta el municipio de Cuautitlán Izcalli.
Un requisito de la licitación, decía: “Desde el inicio de la construcción y como parte del Proyecto en su primera etapa, se deberá adquirir y poner en operación dos unidades vehiculares ‘removedoras de barrera intercarriles’, incluidas dichas barreras (…) que permitan manipular el sentido de circulación vehicular en carriles de contraflujo”. El propósito era aligerar el tráfico durante las horas pico.
Una de las empresas que se registró en la licitación, fue la española OHL. Esta compañía ya había ganado, en 2003, otra de las grandes obras realizadas en el Estado de México: el Circuito Exterior Mexiquense.
Sin embargo, ésta última empresa con esa razón social, no existe. Tampoco aparece como una subsidiaria o representante oficial de Barrier Systems, en Estados Unidos.
En realidad, OHL compró las barreras móviles a la empresa Operadora Barrier Systems de México S.A. De C.V., propiedad de Ricardo Arturo San Román Dunne y sus socios Jorge Antonio Huau Rachner y Alberto Chapa García.
Dicha empresa, de acuerdo con el Registro de Comercio de la Ciudad de México, fue creada el 11 de diciembre de 2007, siete semanas después de que el Gobierno mexiquense lanzó la licitación.


A través de un correo electrónico, la española confirmó a Aristegui Noticias la operación: “OHL México adquirió el equipo a Operadora Barrier Systems de México S.A. De C.V.”.
La compañía agregó que no tenía conocimiento “sobre las condiciones de la operación entre Operadora Barrier Systems de México S.A. De C.V. y Barrier Systems”, de Estados Unidos.
El 18 de abril de 2008, el Gobierno de Peña Nieto en el Estado de México declaró ganador a OHL del concurso público para construir el Viaducto Bicentenario.
La concesión de la vía rápida a favor de OHL tiene una duración de 30 años, es decir, concluirá en 2038. La inversión para la construcción y operación de la obra, de acuerdo con el fallo, es superior a los 15 mil millones de pesos.
Desde antes que se lanzara la licitación, el entonces titular de transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo a El Universal:
“El proyecto contempla una barrera móvil en la parte baja para los que vienen de Cuautitlán hacia el Toreo puedan circular con mayor rapidez. Pensamos abrir un carril adicional con una barrera móvil que va a ser a cargo del proyecto; es una máquina que cuesta bastante carito y que va moviendo la barrera en 15 minutos a una velocidad muy rápida y abre un carril adicional para los coches que vienen de allá para acá”.
Ruiz Esparza actualmente es el Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno federal.
Los reportes en EU de Barrier Systems
Barrier Systems de Estados Unidos propiedad del magnate  Warren Buffet emite reportes públicos trimestrales en EU. En los informes correspondientes a 2009, dio cuenta de una operación en México.
“Se ha adjudicado un contrato por aproximadamente el 19.6 millones de dólares para proveer máquinas de barrera y barrera de transferencias móviles para un tramo de una autopista en la Ciudad de México”, dice un reporte de abril de 2009.
En ese mismo comunicado, se informó que Rick Parod, presidente y jefe ejecutivo de Lindsay Corporation de la cual es subidiaria Barrier, expresó: “Estamos encantados con la oportunidad de ofrecer una solución, en parte, a los problemas de congestión del tráfico que enfrenta la Ciudad de México.
La compra de las barreras móviles se retrasó durante los siguientes meses. En julio, la empresa reportó: “El proyecto de barrera móvil de la Ciudad de México continúa retrasado hasta la resolución de problemas entre el contratista y el gobierno local. En este punto, la Compañía no puede estimar cuándo o si se resolverán los problemas entre el contratista y el gobierno local”.
El 19 de agosto de ese mismo año, la empresa dio a conocer que había recibido el depósito inicial del proyecto en México y esperaba comenzar el proyecto en el primer trimestre de 2010.
Pero el depósito coincidió con un movimiento que realizó Gerardo Ruiz Esparza a favor de OHL para el Circuito Exterior Mexiquense.
El Circuito Mexiquense y OHL
El 7 de agosto de 2009, doce días antes de que Barrier Systems, en Estados Unidos, recibiera el anticipo pactado por las barreras móviles, el entonces secretario de Comunicaciones del Estado de México, Gerardo Ruiz Esparza, firmó el acuerdo 01/2009 con OHL, CON  el cual modificó el título de concesión del Circuito Exterior Mexiquense.
Bajo este acuerdo, el Gobierno de Peña Nieto entregó como contraprestación un total de 850 millones de pesos a favor de OHL, los cuáles se etiquetaron así: 500 millones para la “adquisición de maquinaría especializada para la gestión de tráfico”.
Todo indica que OHL pudo haber adquirido las barreras móviles con los recursos que le autorizó el Gobierno de Peña Nieto, a través de Gerardo Ruiz Esparza, a cargo del Circuito Exterior Mexiquense y, en consecuencia, a los usuarios de esa vía rápida y al erario mexiquense.
Los otros 350 millones de pesos que dio el Gobierno del Estado de México, encabezado entonces por el hoy presidente, fueron usados por OHL para construir el Museo Torres Bicentenario, en el Paseo Tollocan, de Toluca. Esta obra fue construida por Grupo Higa, el consorcio que construyó la casa blanca de Enrique Peña Nieto.
Un reporte de Lindsay Corporation y Barrier Systems, en Estados Unidos, dio cuenta que la entrega de las barreras móviles concluyó en 2010: “Las ganancias de infraestructura aumentaron principalmente debido al aumento de ingresos de las barreras móviles, como resultado del proyecto de carretera de la Ciudad de México completado en la primera mitad del año fiscal 2010”.
Aristegui Noticias tiene en su poder la lista de pedimentos de importación entre Barrier Systems, de EU, y la empresa llamada casi igual propiedad de San Román. La empresa estadounidense estuvo enviando pieza por pieza las partes de las barreras móviles a lo largo de 2009 y 2010.
Las máquinas, en el olvido
En mayo de 2015, el diario El Universal dio cuenta que las máquinas compradas por OHL, a través de la concesión del Viaducto Bicentenario, estaban en el olvido.
La nota daba cuenta de las declaraciones hechas, en 2009, por el Manuel Ortíz García, entonces director estatal de aeropuertos y autopistas de cuota del Estado de México. El funcionario declaró: “El removedor barrera tuvo un costo de 400 millones de pesos,. (…) Estos removedores sólo operaron de forma fugaz en la zona de La Quebrada, en Cuautitlán Izcalli, mientras que en Naucalpan nunca operaron para ampliar carriles de circulación en horas pico”.
El texto del periódico incluso dio cuenta que en 2014, el entonces secretario de Comunicaciones, Apolinar Mena, aseguró que la maquinaría pertenecía al Gobierno mexiquense y pedía a OHL que lo entregara.
Unas fotos entregadas a Aristegui Noticias daban cuenta que las máquinas estaban abandonadas en un bajo puente del Circuito Exterior Mexiquense, en la zona de Ecatepec, muy cerca del Centro Comercial Las América.
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Días después,  este medio acudió a la zona, pero ya estaba rodeada por una valla y en el interior sólo quedaba una máquina.
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Para este reportaje se consultó a Barrier Systems de Estados Unidos, al Gobierno mexiquense y a la familia San Román, pero no han dado respuesta.
La empresa española dijo: “OHL México adquirió el equipo a Operadora Barrier Systems de México S.A. De C.V. Sobre las condiciones de la operación entre Operadora Barrier Systems de México S.A. De C.V. y Barrier Systems (de EU)”.
La oficina de Ruiz Esparza, en la SCT, informó: “La adquisición de las máquinas especializadas para la gestión de tráfico, fue derivada de la necesidad de contar con equipos para mover barreras separadoras de carriles y poder hacer carriles reversibles o en contraflujo en cualquier vialidad donde fuera necesario, con el fin de garantizar un tránsito más ágil”.
Aunque el acuerdo 01/2009 fue firmado por Ruiz Esparza, su oficina dijo que “la modificación a la concesión y los equipos son responsabilidad del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares (SAASCAEM)”.
La piedra de la corrupción
En julio pasado, el presidente Enrique Peña Nieto ofreció disculpas a los ciudadanos por la compra de la casa blanca, de Sierra Gorda 150, a un contratista de su Gobierno. Aseguró que cometió actos que lastimaron a la investidura presidencial.
Apenas este miércoles 28 de septiembre, durante su participación en la inauguración de la Semana Nacional de la Transparencia, Peña Nieto volvió a pronunciarse sobre la corrupción:
“El tema de la corrupción, está en todos los órdenes de la sociedad y en todos los ámbitos,no hay alguien que pueda atreverse a arrojar la primera piedra. Todos han sido parte de un modelo que hoy estamos desterrando y queriendo cambiar, que tenemos que modificar para beneficio de una sociedad que repito es más exigente”.
Sin embargo, hasta ahora se desconocía que la familia San Román, a la cual Peña Nieto está unido por amistad y compadrazgo, resultó beneficiada con un negocio millonario,soportado con  recursos públicos a través de una triangulación de recursos entre la española OHL y el Gobierno del Estado de México, cuando él fue gobernador .
La  familia San Román es la misma que vendió a Peña Nieto una residencia en un club de golf en Ixtapan de la Sal, en el Estado de México, donde suele descansar los  fines de semana, al lado de su familia y  amigos.
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