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martes, 19 de abril de 2016

En TAMAULIPAS y el PAIS "OPERAN MANDOS POLICIACOS" REPROBADOS en CONTROLES de CONFIANZA"...CERTIFICACIONES "SON UNA FARSA".


El pasado 11 de enero, cinco jóvenes que regresaban de unas vacaciones en la playa en Veracruz fueron detenidos en la carretera por un grupo de policías estatales. Esa fue la última vez que se supo algo de ellos, y siete agentes fueron detenidos y consignados por desaparición forzada.
¿Pero que tenían en común dichos policías además del uniforme? Que cuatro de ellos no habían superado las pruebas de control de confianza, incluyendo a su propio jefe, el comandante Marco Conde Hernández, asignado a la coordinación de la policía estatal en la zona de Tierra Blanca.
Por ley, dichos elementos no deberían haber estado operando; pero la realidad es distinta.


TAMBIEN PUEDES VER.-

Datos oficiales y actualizados del Sistema Nacional de Seguridad Pública revisados por Animal Político revelan que en 25 entidades federativas hay mandos de la policía, es decir jefes jerárquicos  a cargo de una o varias unidades de agentes, que siguen en el trabajo pese a que no superaron  las evaluaciones.
Veracruz, Jalisco, Zacatecas, Sinaloa y Michoacán son las entidades  con mayor proporción de mandos no confiables: por lo menos el 30% de todos los jefes que tienen dirigiendo sus acciones de seguridad pública no han aprobado los exámenes.
Además del tema de los mandos, no hay estado del país que no tenga en sus filas a policías en las calles pese a que reprobaron el control de confianza. En este aspecto, Veracruz es el de mayor proporción: uno de cada tres de sus agentes no es confiable.
Esos datos corresponden a las policías estatales, es decir a los agentes controlados directamente por los estados y no a las fuerzas municipales. En el actual sexenio el gobierno federal – y los estados – han insistido en la relevancia de que toda la seguridad pública recaiga en mandos estatales, como un paso para tener policías – dicen – más eficientes y confiables.
De acuerdo con la información a la que tuvo acceso la organización Causa en Común, en todos los estados del país  ya hay casos en donde las pruebas de control de confianza que se practicaron perdieron vigencia y por lo tanto tienen que volverse a aplicar. Entre las entidades con mayor rezago en este sentido están Guerrero y el propio Distrito Federal.

¿Qué es el control de confianza?

El procedimiento de control de confianza consiste en cinco pruebas que se aplican a cualquier persona que quiere ser o se desempeña como funcionario de un área de seguridad pública o procuración de justicia. Lo anterior con el objetivo de establecer si se trata de una persona “confiable” para desempeñarse en ese cargo.
Las cinco pruebas que componen el control de confianza son el polígrafo (detector de mentiras), toxicológica (para saber si has ingerido drogas), física (para evaluar tu desempeño y salud), de conocimientos generales (fundamentos de seguridad, entre otros) y de entorno socioeconómico  (saber si tu forma de vida es acorde con tus ingresos).
Por ley ninguna persona que no supere este proceso puede ser policía. Tanto el artículo 21 de la Constitución como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen que los agentes deben pasar por un proceso de certificación para ser tales y es un requisito insustituible.
Incluso, se establece constitucionalmente que los policías o aspirantes a policías serán removidos sin ningún beneficio y sin posibilidad de ocupar ese puesto en ninguna otra fuerza de seguridad.
La certificación al cien por ciento de toda la policía con el control de confianza se planteó en el 2008 para realizarse en un año, pero el procedimiento pasó por múltiples retrasos. Fue hasta el 2014 cuando el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad dio a conocer que se habían logrado aplicar las pruebas al cien por ciento del personal.
Pero, la aplicación de las pruebas estaba lejos de ser el fin de la tarea, como lo demuestran  los datos.

Más de 260 jefes no confiables

Los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional – a los que Animal Políticotuvo acceso gracias a la organización Causa en Común – pues dicha dependencia dejó de transparentarlos – revelan que hay 264 mandos de las fuerzas de seguridad púbica que siguen en activo pese a que no pasaron las pruebas de control de confianza. Es el 11% de los poco más de dos mil 400 mandos policiales en los estados.
Lo anterior significa que uno de cada 10 comandantes de las policías estatales en el país no son confiables.
Hay 25 estados en el país cuya policía mantiene en sus filas por lo menos a un agente reprobado. Las únicas entidades en donde no hay jefes policiacos no confiables son Colima, Nuevo León, Coahuila, Baja California Sur, Guanajuato y Campeche.
Veracruz es la entidad con la mayor proporción de jefes policiales reprobados que siguen trabajando y dando órdenes. Según los datos oficiales son 27 de los 62 mandos en activos los que no pasaron las pruebas. Equivalen al 44%, es decir, cerca de la mitad de todos sus mandos.
Luego de Veracruz se encuentran Jalisco, Zacatecas y Sinaloa con un porcentaje de entre 30 y 33 por ciento de sus mandos no aprobados, prácticamente uno de cada tres en activo.
El “top ten” de las entidades que tienen la mayor proporción de mandos policiales reprobados lo completan Michoacán, Nayarit, Morelos, Durango, Sonora y  Quintana Roo, con un porcentaje de entre 14 y 30% del total de su estructura de mando que no es confiable.
Otro caso a destacar es el de Chiapas que tiene el mayor número de mandos reprobados en funciones con 48, aunque como su universo es de 390 comandantes, el porcentaje es de 14 por ciento.
El pasado 15 de enero la Conferencia Nacional de Gobernadores aprobó la iniciativa del gobierno federal de promover la creación de 32 policías estatales únicas que sustituyan a las más de mil 200 secretarías de seguridad públicas municipales. La propuesta será promovida ante el Senado de la República.
Lo que se busca, según la CONAGO, es que toda la dirección de las fuerzas de seguridad pase al control del estado y opere una policía estatal única que, en teoría, será más eficaz y confiable.
// Gráfico: Omar Bobadilla
Gráfico: Omar Bobadilla

Miles de reprobados y uniformados

El que haya policías trabajando pese a que no cumplan con el requisito legal del control de confianza se presenta también en los niveles bajos. De acuerdo con los datos, de los 120 mil 800 policías estatales que están en activo en el país (sin contar mandos) hay ocho mil 588 no superaron los exámenes, lo que representa el 7% del total de la fuerza.
En este caso nuevamente Veracruz ocupa el primer sitio con casi dos mil 300 uniformados reprobados de los seis mil 500 que componen su fuerza total. Esto equivale a una tercera parte de toda la policía estatal. Entre esos agentes se encontraban los cuatro que participaron en la desaparición de los cinco jóvenes el pasado 11 de enero.
Cabe señalar que en noviembre pasado el gobernador del estado Javier Duarte aseguró que el 60 por ciento de los agentes que habían reprobado fueron despedidos. Con la información disponible en ese momento El Sabueso hizo una investigación con la información disponible en ese momento y se concluyó que no se podía comprobar la veracidad de ese dicho.
Hoy con los datos actualizados del Sistema Nacional de Seguridad se advierte que la mayoría de los policías despedidos en Veracruz siguen en sus puestos.
Michoacán, Sinaloa, Baja California Sur y Nayarit completan los primeros cinco sitios  en proporción de policías estatales no confiables, con porcentajes de entre 20 y 30 por ciento de su fuerza total operativa.
¿Por qué no son despedidos los policías? No existe hoy en día una explicación  unificada en torno al tema. La presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, ha dicho que hay casos en donde las pruebas fueron mal aplicadas lo que genera problemas posteriores a la hora de hacer valido el despido, pero fundamentalmente explica que se trata de una falta de voluntad política de los gobiernos para hacer cumplir lo que la ley marca.
En cuanto al balance del control de confianza respecto a otras fuerzas de seguridad, los datos también evidencia la operación de agentes no confiables.
Por ejemplo, de los cuatro mil 208 policías judiciales y de investigación adscritos a las Procuradurías estatales, hay 265 que representan el seis por ciento que no pasaron las pruebas de control de confianza. En tanto, de los mil 820 custodios de los penales estatales, el once por ciento tampoco está certificado.
Finalmente, de los más de 128 mil elementos de la policía municipal que hay en México, 14 mil 250 son uniformados reprobados pero no despedidos, que representan el 14 por ciento de todo el estado de fuerza.
// Gráfico: Omar Bobadilla Fuente.-ANIMAL POLITICO

LA "SUPREMA CORTE" DISCUTIRA SI el "GOBIERNO PUEDE ESPIAR TU CELULAR"..quieren mas "herramientas" para seguir con los mismos "pobres resultados".


¿Imaginas que alguien sepa a dónde vas, a quién le llamas, tu estado de salud, tus intereses políticos, tu religión, tus fobias? Todo lo que haces a través de tu teléfono es guardado por las empresas de telefonía hasta por dos años. ¿Quién tiene acceso a ello? Cualquier instancia de seguridad que lo desee.

Esto es un acto legal gracias a Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión –en vigor en 2014– que obliga a las concesionarias de telefonía a guardar los datos generados en los teléfonos celulares de los usuarios,conocidos como metadatos, es decir, la huella de todos tus movimientos.

La Red por los Derechos Digitales (R3D) interpuso un amparo contra la legislación por considerar que viola el derecho a la protección de datos personales. Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene previsto discutir la constitucionalidad de dicha ley.

El proyecto de sentencia, elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán, prevé negar el amparo al considerar que la ley no viola los derechos humanos de los usuarios, según se lee en el documento publicado en la página de la Corte.

De confirmarse la negativa de la Corte, la R3D prevé acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirma en entrevista, Luis Fernando García, abogado de la Red.

De acuerdo con el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, las instancias de seguridad y procuración de justicia pueden solicitar el registro y control de las telecomunicaciones de un usuario, con lo que podrán identificar con precisión el nombre, razón social y domicilio del suscriptor.
Además, la ley permite que el gobierno conozca el tipo de comunicación del usuario (correo electrónico, llamadas, servicio de mensajería, multimedia, números llamados incluyendo fecha, hora y lugar).

Para que esto sea posible, se obliga a las empresas proveedoras de los servicios de telefonía a “guardar” los datos de los usuarios durante un año“en sistemas que permitan su consulta y entrega en tiempo real a las autoridades competentes”. Agotado ese plazo, los datos deben ser conservados por 12 meses más “en sistemas de almacenamiento electrónico” y si la autoridad requiere algo de ello, se entregará en 48 horas después de solicitarlo.

Quienes pueden acceder a esta información son las autoridades de seguridad, pero, según la Red, no se establece con precisión quiénes son. Tampoco establece explícitamente el requisito de autorización judicial previa o inmediata para todas las formas de vigilancia.

Para Luis Fernando García, el acceso a los metadatos requiere de una orden judicial, pero para la geolocalización no, según se establece en el proyecto del ministro Pérez Dayán, lo cual significa una “contradicción”.

Para la Corte, dicho mandato no constituye una violación al derecho humano porque la ley facultad de la “autoridad competente”, para solicitar y recibir la información, así como la obligación de una orden judicial; sin embargo, sólo existen lineamientos sobre la Ley de Telecomunicaciones pero tampoco son precisos, sino que derivan en “interpretaciones” de otras leyes.

De acuerdo con argumentos jurídicos de la R3D, la Corte debe reconocer la inconstitucionalidad de las disposiciones impugnadas, “debido a que lesionan de manera grave el derecho a la privacidad y la seguridad de todas las personas usuarias de servicios de telecomunicaciones en México”.

Cinco puntos para entender la controversia:

R3D: 
Los artículos 189 y 190 de la Ley de Telecomunicaciones violan los derechos humanos a la intimidad, inviolabilidad de las comunicaciones privadas, a la protección de datos personales, libertad de expresión y seguridad jurídica al permitir el acceso de datos personales de los usuarios de telecomunicaciones a autoridades. También informar la geolocalización en tiempo real de los dispositivos móviles.
SCJN:
Preservar hasta por dos años los datos de los usuarios y sus comunicaciones y que las autoridades accedan a la información “no transgrede el derecho humano a la inviolabilidad de las comunicaciones”, por lo que se niega el amparo contra el artículo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, según el proyecto que se discutirá.
SCJN:
Sobre la geolocalización, de ninguna manera significa que se deje en estado de indefensión al usuario, pues, se insiste, en todo caso los lineamientos que regirán el desarrollo de la geolocalización necesariamente tendrán que estar previstos en las leyes aplicables. 
R3D:
En caso de validar la vigilancia sin controles que facilita la Ley de Telecomunicaciones, la Corte estaría enviando un mensaje sumamente peligroso de que todo se vale con el pretexto de proteger la seguridad; incluso medidas que, lejos de proteger la seguridad, la comprometerán aún más, sobre todo en el contexto de crisis en materia de derechos humanos por el que atraviesa el país. 

Precedente internacional
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, concluyó que “al imponer la conservación de los datos y al permitir el acceso de las autoridades nacionales competentes a éstos, la Directiva establece una excepción al régimen de protección del derecho al respeto de la vida privada, ya que esas directivas (empresas) establecieron la confidencialidad de las comunicaciones y de los datos de tráfico, así como la obligación de borrar o hacer anónimos estos datos cuando ya no son necesarios para la transmisión de una comunicación, salvo si son necesarios para la facturación y únicamente mientras exista esa necesidad”.
fuente.-ANIMAL POLITICO.

"LUEBBERT como "CABEZA de VACA",TRANZAN con EVENTO del CDG en "PARQUE LOPEZ MATEOS" en REYNOSA...del mismo barro.


Los POLITICOS SIN DISTINGO "NO SE MIDEN"  a la hora de CONDESCENDER con el "NARCO" del que SIMULAN ser "SUS AMIGOS" pero en la REALIDAD parecieran ser solo parte de "SUS SICARIOS",así se infiere de lo que esta a punto de suceder este fin de semana en REYNOSA en que un EVENTO del EQUIPO "BRONCOS de REYNOSA" PREPROGRAMADO por la LIGA MEXICANA de BEISBOL para LLEVARSE a CABO termino por CANCELARSE para DAR PASO a OTRO "AGENDADO por el CARTEL del GOLFO" con la PRESENTACION de un GRUPO MUSICAL identificado como "LOS PLEBES del RANCHO".


Reynosa,Tam.-19/Abril/2016 El trascendido como siempre en  las "redes sociales" ya habla del descontento generalizado en una ciudad que por décadas ha sido amante del "Rey de los deportes" y que ahora involucra al PRIISTA OSCAR LUEBBERT GUTIERREZ hoy flamante COORDINADOR de PLANEACION de la CAMPAÑA ELECTORAL de BALTAZAR HINOJOSA quien se conduce como propietario del equipo "BRONCOS de REYNOSA" y quien afirman habría NEGOCIADO como es COSTUMBRE con el "TORO" del "CARTEL del GOLFO" el INUSITADO CAMBIO de AGENDA en una "NEGOCIACION" que FORZOSAMENTE también INVOLUCRA a las INSTANCIAS MUNICIPALES a cargo del ALCALDE JOSE ELIAS LEAL y en cuyas manos estaria la responsabilidad de "AUTORIZAR o NO" este tipo de eventos.


Y es QUE el INVOLUCRAMIENTO y SERVILISMO de las AUTORIDADES con el NARCO y  sus ESTRUCTURAS de PODER NO SON NUEVAS en REYNOSA,en 2006 cuando FRANCISCO GARCIA CABEZA de VACA aun "FUNGIA y FINGIA" como ALCALDE HIZO AUTORIZAR a travez de su SECRETARIO del AYUNTAMIENTO HORACIO ORTIZ RENAN un "PERMISO" para que ABIERTAMENTE y SIN RECATO el "CARTEL DEL GOLFO" entonces LIDERADO por GREGORIO SAUCEDA alias la "CARAMUELA" llevara a cabo FESTEJOS del DIA del NIÑO PATROCINADOS por el CAPO OSIEL CARDENAS GUILLEN precisamente en mismo PARQUE de BESIBOL ADOLFO LOPEZ MATEOS que HOY es MOTIVO de la "INCONFORMIDAD CIUDADANAS" con la entonces asistencia de casi "20 MIL ALMAS y el "REGALO de MILES de JUGUETES" que dieron testimonio del "AMASIATO" entre "AUTORIDADES y CRIMINALES" que hoy solo es parte del "ANECDOTARIO de IMPUNIDAD" que los HOY CANDIDATOS "BUSCAN OLVIDAR" apelando a la FALTA de MEMORIA CIUDADANAS.


"PRImero el NEGOCIO;"BRONCOS de REYNOSA PROPIEDAD de OSCAR LUEBBERT.


Oscar Luebbert y su esposa María Esther Esther Camargo, son unos magnates del deporte. Así como se oye: del deporte. Aunque la pareja ex presidencial, no se le conoce la práctica de ningún deporte –Oscar, es más bien un persistente y alegre dipsómano- por obra y gracia de su contumaz afecto por el dinero fácil, se apropió del equipo de Béisbol profesional Broncos de Reynosa; lo administra en forma unipersonal y oscuramente; no rinde cuentas al gobierno estatal y al municipal; pasa por alto a los demás miembros del Patronato y lo más inquietante: es evidente que ni la Secretaría de Hacienda de la Federación conoce realmente la entraña financiera de esa franquicia beisbolera.

(Se dice que desde su paso por la alcaldía, Luebbert inició un lento y silencioso proceso de apropiación del equipo Broncos, cuando se dio cuenta del apetitoso negocio que significaba).
¿Oscar debe dar cuentas al gobierno de Tamaulipas?..
Sí. Hasta donde se sabe, -se desconoce la cantidad, por los tenebrosos manejos de Luebbert- el gobierno estatal aporta una gruesa cantidad de dinero para que los Broncos sean parte del área de esparcimiento en que los reynosenses ocupen su ocio. Es la lógica que se utiliza para el soporte de la oncena de Futbol Correcaminos en Ciudad Victoria, y en su momento al Tampico Madero. A la vez, la infraestructura –el Parque de Béisbol Adolfo López Mateos- se erigió con fondos estatales. En otras palabras: Luebbert y su familia, lucran con un bien que es propiedad pública.
¿Luebbert y esposa, deben ofrecer información financiera de su negocio al Ayuntamiento de Reynosa?..
Por supuesto. Los consortes, desde hace años, se apropian de millones de pesos por el usufructo de un inmueble público como lo es el parque de béisbol y sus servicios: alumbrado, agua potable, drenaje y seguridad pública. Ello parece prudente ni responsable, en los momentos que una autoridad municipal es apremiada por la sociedad en el rubro del equipamiento urbano.
¿María Esther y Oscar Luebbert, tienen la obligación de exhibir su situación ante la Secretaría de Hacienda?..
Obviamente. Para la SH no hay tolerancia con los pagos derivados de compromisos fiscales. Que se sepa, los Luebbert nunca han proporcionado datos que evidencien pagos impositivos. Lo que podrían configurarse como otro hurto, toda vez que la carga fiscal del esa empresa familiar sería soportada por los gobiernos municipal y estatal.
¿Los Luebbert, deberían entregar balances del negocio a los tamaulipecos y a los reynosenses?
Evidentemente: sí. Por una sencilla razón: la franquicia Broncos de Reynosa, está apuntalada material y económicamente por fondos de origen público: del Ayuntamiento de Reynosa y del Gobierno de Tamaulipas. ¿Cuánto gasta el Ayuntamiento en Broncos de Reynosa anualmente? ¿Cuántos millones invierte el gobierno tamaulipeco anualmente para que los Luebbert se embolsen varios millones al año de ganancias beisboleras?..
El Congreso del Estado, debería tomar la palabra.
A esa urdimbre de rapiñas, los Luebbert han sumado otra engañifa. Por una suma no determinada de millones de pesos, subarrendaron la franquicia Broncos de Reynosa a empresarios de Nuevo Laredo. Como si fuera un supermercado de su propiedad, los gozosos consortes se llevaron los juegos más relevantes del equipo de casa para aquel puerto fronterizo sin la menor justificación más que el lucro.
¿La consecuencia?.. Miles de fanáticos, que compraron el bono para presenciar juegos de Broncos contra equipos taquilleros como Tigres de México y Diablos Rojos de México se quedaron con un palmo de narices. 
Los diputados del PRI, es posible que tengan compromisos con los Luebbert. ¿Pero y los parlamentarios de oposición?.. 
¿Dónde están los panistas, que se rasgan las vestiduras ante los trafiques de los priistas?..
Negocios son negocios, dicen los gringos. Y en parte tienen razón. Sólo que en Reynosa el negocio Broncos de Reynosa, se ha vinculado con la política. O más bien: los políticos han politizado el grande negocio deportivo que son los Broncos de Reynosa.
¿Afectará esa actitud un tanto censurable a los Luebbert, cuando el nombre de María Esther Camargo aparezca en la boleta?.. 
Los mercadólogos afirman que las victorias y las derrotas electorales son multifactoriales. Sin duda esa inclinación amorosa de los Luebbert por el dinero público, será un factor más en el acopio de votos el 7 de junio…
Así se publico:Feb 24/2015
Fuente:Síntesis De Tamaulipas

"TORTURADA por SOLDADOS y FEDERALES también TORTURABA ,PODRIA SALIR LIBRE "...o sea que al "ojo por ojo" y al rato todos "ciegos".


No hay dilema, pues no se puede acompañar a la tortura. Pero lo que queda es una realidad espantosa. 

Pese a que no denunció haber sido torturada cuando el Ejército y la Policía Federal la detuvieron allá en enero de 2015, Elvira Santibáñez Margarito podrá salir libre… por haber sido torturada.

Elvira, por si faltara precisarlo, es la mujer de la camiseta morada y los jeans, torturada por una mujer soldado, una mujer policía y un capitán militar. Es el sujeto de uno de los videos más impactantes de los últimos tiempos. Su tortura ha merecido las disculpas públicas del secretario de la Defensa Nacional y el comisionado de la Policía Federal.



¿Quién es Elvira, por qué la detuvieron, por qué la trataron con esa crueldad? “Le decían La Pala, formaba parte de la Familia michoacana”, me explica Julio César Zubillaga, director del Diario de la Tarde, con sede en Iguala, el medio que puede presumir la mejor cobertura sobre aquellos hechos y el hoy famoso personaje a quien sus captores simulaban asfixiar.

“Asolaba la zona de Tierra Caliente. Cometía actos de secuestro, de extorsión, seguramente utilizaba esas mismas formas para obtener el dinero que le pedían a los familiares por la liberación”.
Zubillaga no es clemente con Elvira. Me describe cómo acabaron con la economía de la región e hicieron sufrir a muchos pequeños comerciantes, campesinos, maestros. “Nadie la libraba”, prosigue. 
ES EXIGÍAN COMIDA, LES EXIGÍAN MATAR A SUS ANIMALITOS. DESDE ENTONCES, LOS MAESTROS YA NO QUIEREN REGRESAR A DAR CLASES”. 
--Grupos criminales que golpeaban a los pobres –le digo.


--Así es. Antes los secuestros y las extorsiones se daban entre gente de recursos económicos. Con la Familia michoacana, a la que pertenecía Elvira, eso se extendió a la gente de menos recursos; sí, a los pobres. La mayoría de la gente de por aquí la identifica muy bien.



Con un abogado de mediana escala, Elvira podrá comprobar la obvia violación a sus derechos humanos y regresar a Tierra Caliente, quizá a seguir delinquiendo, mutilando, torturando. Se lo deberá a las dos mujeres y al capitán que la maltrataron unos minutos y terminarán sacándola de la cárcel. 



“No perdamos de vista quién es esta mujer”, me dice Isabel Miranda de Wallace. “No la enaltezcamos ni santifiquemos. Que se castigue severamente a quienes llevaron a cabo su tortura, pero eso no la hace inocente, eso no la exime de nada. Ella causó mucho mal”.

Completamente de acuerdo, Isabel. 


Fuente.-Ciro Gomez Leyva/Columnista

!!! VAN CONTRA GUARURAS en la CDMX !!!...buscan "NORMAS que SE IMPONGAN al DESORDEN".


Ante los hechos violentos que se han presentado de escoltas contra ciudadanos, la Secretaría de Gobierno envió a la Asamblea Legislativa un punto de acuerdo para reglamentar a estos grupos de seguridad y también para que se refuercen los operativos de vigilancia de sus acciones por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
Se solicita también la intervención y apoyo del Consejo Ciudadano para reforzar dicho reglamento que podría ser presentado la semana próxima; para ello, este organismo ha planteado como principales ejes un registro riguroso que incluya empresas no sólo de corte local, sino también federal, es decir, aquéllas que tengan permiso de la Federación por operar en más de una entidad.
“La idea es que sin importar esto último, si quieren trabajar en la Ciudad de México puedan estar registrados en la SSP”, se detalla en el documento al cual Excélsior tuvo acceso.
Igualmente se plantea solicitar a las empresas “requisitos altos” para poder ofrecer el servicio de escoltas.
“No cualquier persona puede dar el servicio de escoltas y tampoco se puede capacitar a alguien en cursos de tres o seis meses para este trabajo. Se debe establecer una serie de requisitos que impliquen una amplia capacitación en el manejo de armas y conducción, la cual debe ser certificada por una autoridad”, expone el Consejo Ciudadano.
El Consejo también pondera el registro vehicular de quienes se desempeñen como escoltas, aunque las empresas señalan hoy en día que el distintivo en los vehículos es un riesgo porque evidencia a las unidades de escolta.
“Pero es evidente que su actitud ya es en sí una muestra de su presencia, así que no tiene nada de malo establecer una placa o un número económico, pero además, ese número debe estar ligado a una base de datos de la autoridad que permita saber a qué empresa pertenece y quién lo maneja”, se abunda.
En este punto de acuerdo enviado el 2 de marzo por la Secretaría de Gobierno se pide a la SSP capitalina que refuerce los operativos contra guaruras a través de la Subsecretaría de Control de Tránsito y de Información e Inteligencia en zonas hoteleras, restauranteras, corredores y centros comerciales y zonas habitacionales de alta plusvalía en las 16 delegaciones.
Para el Consejo Ciudadano el patrón es el responsable de las acciones del escolta, más que la empresa, por ello debe ser solidario y garante de sus hechos.
Al respecto, el secretario de Seguridad Pública capitalina, Hiram Almeida, confirmó que está avanzada esta reglamentación y que entre los puntos que serán considerados está que los vehículos que utilicen estén debidamente balizados y reglamentada la portación de placas.
“Y se dé certeza a toda la ciudadanía y no sean víctimas de algunos actos de prepotencia o violación de algunos derechos”, agregó.
Declaró que también deberá ser normada la portación de las armas, además de que el personal esté calificado para realizar estos servicios.
El funcionario dijo que esta nueva normatividad será anunciada la próxima semana por la jefatura de Gobierno.
Impulsa AN ley de escoltas
El Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa también presentará la próxima semana la iniciativa Ley de escoltas, que tendrá como ejes principales la identificación plena de los elementos que  desempeñen estos cargos, registro de sus armas y un padrón de a quiénes prestan servicio.
Gonzalo Espina Miranda, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la ALDF, dijo en entrevista con

Excélsior que una prioridad de esta iniciativa de ley será que los elementos estén plenamente identificados.

“Al ser personas físicas a veces están en la ambigüedad, cuando forman parte de una empresa están plenamente identificados”, señaló.
El legislador panista fundamentó que si bien es cierto que existe un padrón de más de 600 empresas de seguridad privada debidamente registradas en la ciudad, debe existir un registro personal de cada elemento que se desempeña como escolta.

Advirtió que ante los más recientes abusos de parte de guaruras es urgente aprobar una ley.: “No se deben seguir permitiendo abusos contra la ciudadanía a manos de delincuentes disfrazados de escoltas”.
fuente.-

EXHIBEN a "CANDIDATO PANISTA a GOBERNADOR" por "ADQUISICION de PROPIEDAD de 58 MILLONES de DOLARES ...ha sido "eternamente" señalado


El candidato de la alianza PAN-PRD al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, quien desde 2010 ha enfrentado diversas investigaciones por presuntos actos de enriquecimiento ilícito, nuevamente está en el ojo del huracán al haber sido vinculado con la supuesta adquisición de un inmueble en Nueva York con un costo de 58 millones de dólares.

Por medio de un audio difundido por Univisión relativo a una conversación entre el candidato  y su hijo Omar Yunes Márquez, se revela el interés de ambos por adquirir un inmueble ubicado entre Central Park Studios y la Avenida Lexington en Nueva York.

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Según consta en la grabación que la cadena televisiva hizo pública, padre e hijo estarían llevando a cabo una serie de negociaciones para adquirir el inmueble, aunque no se menciona quien sería el beneficiario final.

“Tienen dos ofertas ellos ahorita 55 y 58. Obviamente, pues se irían por la de 58. Entonces al menos habría que igualar eso (…) Entonces en 58 la compra, las condiciones serían este viernes tenemos que presentar una oferta y poner, no sé si este viernes, eso tengo que hablarlo ahorita con Lin, que me diga exactamente cuándo poner el 10% en un escrow en lo que haces tú la diligencia”, explicó a su padre Omar Yunes, empresario.

Aunque el propio hijo del candidato al gobierno de Veracruz aclaró, ante el medio estadounidense de habla hispana, que la negociación (que no se concretó) fue a nombre de otros inversionistas para quienes trabaja en Estados Unidos,  durante la conversación que sostuvo con su padre le prometía a éste una ganancia por la renta del inmueble en cuestión.

“Te estoy poniendo una renta de $83 mil (…) Al menos sí generaría una rentita. ¿No? Obviamente, nada bueno en cuanto a retorno, pero pues, la verdad, es que como sea te está generando ahí algo”, aseguró Yunes Márquez.

Con el fin de conocer la versión de Yunes Linares sobre dicho audio, 24 HORASsolicitó una entrevista con el candidato, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta alguna del panista o de algún integrante de su equipo de campaña. No obstante, el político comentó a Univisión que se trata de una campaña de desprestigio en su contra a propósito del proceso electoral por la renovación del gobierno veracruzano.

Historial de acusaciones


El candidato y su familia han estado bajo investigación de las autoridades mexicanas por presunto enriquecimiento ilícito. En septiembre de 2015, la Procuraduría General de la República (con el respaldo de la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en el Servicio Público Federal) requirió información sobre los bienes de Miguel Ángel Yunes y sobre la adquisición de las empresas Praxislong Pralo, S.A. de C.V, representada por su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, y de la empresa Veracruzana de Bienes Inmuebles S.A., que encabeza su esposa Leticia Isabel Mora Márquez.

La información solicitada formó parte de la investigación en contra de Yunes Linares debido a una denuncia presentada en su contra por los probables delitos de ejercicio indebido del servicio público, peculado y enriquecimiento ilícito presuntamente cometidos durante su gestión como director general del ISSSTE durante el gobierno de Felipe Calderón.

Previamente, en 2012 una investigación periodística reveló que el dos veces candidato al gobierno de Veracruz y su familia poseían propiedades millonarias no sólo en Veracruz y Ciudad de México, sino en Miami y España, que tendrían un costo superior a 400 millones de pesos.
Fuente.-

DESTITUYEN a "184 FEDERALES por DROGADICTOS"...MUCHOS de ellos COMISIONADOS en TAMAULIPAS...hay que mirar el "camino" de las drogas,antes de viajar por el.


Por consumir algún tipo de droga durante las horas de servicio o cuando se encontraban en descanso, 184 elementos de la Policía Federal fueron separados de sus cargos durante los últimos cinco años.
Un documento de la institución indica que los 184 policías fueron cesados al detectar marihuana, cocaína, benzadiacepina, sicotrópicos, así como anfetaminas en sus organismos. En cinco casos, los elementos dieron positivo en más de una sustancia o droga al mismo tiempo.
La identificación del personal se llevó a cabo a partir de los resultados obtenidos de las pruebas de Control de Confianza que se aplican periódicamente al personal.
Según el reporte de la Policía Federal, entre enero de 2010 y noviembre de 2015, los exámenes de Control de Confianza identificaron que del total, 83 elementos se suministraron marihuana, 69 cocaína, 21 benzadiacepina, seis anfetaminas, mientras que en tres casos los policías consumieron cocaína y marihuana al mismo tiempo, y en dos más anfetaminas y benzadiacepina.
Al dar positivo en el consumo de sustancias no permitidas en la ley y el reglamento de la Policía Federal, el Consejo Federal de Desarrollo de la institución determinó separarlos de sus cargos por no cumplir con los lineamientos del artículo 22 de la Ley de la Policía Federal, que menciona que la “separación procede por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia; la remoción por incumplimiento al régimen disciplinario, jubilación o retiro; o la baja es por renuncia, muerte, incapacidad permanente, jubilación o retiro”.
La Ley de la Policía Federal menciona en el artículo 18 que la “disciplina es la base del funcionamiento y organización de la Policía Federal, por lo que sus integrantes deberán sujetar su conducta a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética”.
La misma norma en el artículo 19, párrafo XXIV, es más precisa sobre el consumo de drogas, y refiere que los elementos deben “abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias sicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en que el consumo de los medicamentos controlados sea autorizado mediante prescripción médica, avalada por los servicios médicos de las instituciones”.
Según la ley, en caso de que cualquier elemento no cumpla con aplicación del reglamento, el artículo 22, párrafo II menciona que será removido del cargo por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o incumplimiento de sus deberes, de conformidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario”.
Salida automática
Personal de la Policía Federal consultado por EL UNIVERSALreconoció que el consumo de drogas es una de las faltas más graves en las que puede incurrir el personal que pertenece a la institución.
Durante un recorrido en las inmediaciones en la Secretaría de Gobernación (Segob), los policías consultados comentaron que el cese del cargo también puede incluir una carta de inhabilitación para no volver a laborar en la administración pública, o incluso en empresas de seguridad privada.
Algunos de los policías consideraron que la dependencia debe rehabilitar al personal que consume drogas, puesto que la adicción inició cuando ingresaron a la institución, donde son sometidos a largas jornadas de trabajo, principalmente el personal que es enviado de comisión a alguna entidad.
“Es una baja automática, además si llegas a pelear lo que te toca de liquidación por despido, no te dan nada y además te inhabilitan a través de la [Secretaría de la] Función Pública por no cumplir con los requisitos de permanencia que se requieren para poder ingresar o permanecer en la institución”, explicó Raúl “N”, policía de la división de Seguridad Regional.
“Cuando ingresas a la institución te dicen varias veces que está prohibido el consumo de drogas, por lo que no existe una justificación para hacerlo; sin embargo, conozco a algunos compañeros que después de estar varios meses en estados como Tamaulipas, Guerrero o Durango comenzaron a probar sustancias para aguantar las desveladas y las jornadas de trabajo”, afirmó Jesús “N”, policía federal.
“He conocido varios casos de compañeros que fueron separados de sus cargos porque consumieron drogas. Uno sabe a lo que se atiene, por lo que lo mejor es no hacerlo. A pesar de ello, pienso que debe haber una rehabilitación para los que son adictos o dieron positivo en las pruebas”, opinó Laura “N”, integrante de la división de Fuerzas Federales.
Especialistas en cuerpos de seguridad pública y en seguridad nacional, mencionaron que la institución debe contar con programas para evitar adicciones entre los elementos, así como impartir terapias sicológicas al personal que consumió alguna sustancia no permitida.
María Elena Morera, directora de Causa en Común, explicó que es importante conocer los motivos por los cuales un agente se hizo adicto una vez que ingresó a la institución, pues hasta antes de entrar uno de los requisitos es no haber consumido ninguna sustancia.
“Es un tema de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es una ley general para todos los estados, para toda la Federación. La ley contempla cinco pruebas, una de ellas es la toxicológica, la cual prevé que si los elementos dan positivo en la prueba son dados de baja inmediatamente, esto los elementos lo saben desde el momento en que ingresan a la institución. Lo que se debe tomar en cuenta es que, si los oficiales al entrar a la institución no eran adictos, es importante saber por qué se hicieron consumidores”.
René Jiménez Ornelas, integrante de Investigaciones Sociales y coordinador de análisis sobre violencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró: “Sí hay adicciones, hay que considerar los factores de crisis familiar y el contexto social donde habitan. También se debe analizar el círculo familiar de los policías, porque los puede llevar a usar sustancias, más allá del peligro que tienen por su trabajo”.
“Es un problema de las instituciones, porque no pueden manejar el estrés, porque no se les da tratamiento sicológico, creo que sí debe haber una responsabilidad de las instituciones para que les den una terapia, pero eso es independientemente de que los destituyan del cargo inmediatamente, porque no es posible que un policía trabaje consumiendo drogas”, aseguró Morera.
“Si el policía se hizo adicto en el interior de la institución, la corporación debe tener métodos para prevenir las adicciones, así como tratamientos contra las adicciones, pero definitivamente no pueden trabajar como policías en esas condiciones”, afirmó Jiménez Ornelas.
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EJECUTAN de "CARRO a CARRO" a LIDER de los VIAGRA en APATZINGAN...y PGJE dice "FUE ACCIDENTE de TRANSITO"....o seria por "transita".


El líder de Los Viagra José Romel Licea, El Güero, fue asesinado junto a otras dos personas mientras viajaba a bordo de una camioneta con placas de la Ciudad de México en Apatzingán, Michoacán.
La Procuraduría General de Justicia de Michoacán confirmó la muerte de Licea, quien tripulaba una camioneta BMW X3, blindada y atribuyó el ataque a un incidente de tránsito.
"Las tres personas presentaban heridas por proyectil de arma de fuego que les fueron ocasionadas por el conductor de una camioneta Tacoma, con el que minutos antes habían tenido una diferencia por un problema vial", indicó mediante un comunicado esta noche.
De acuerdo con la dependencia, el percance vial ocurrió luego de que al conductor de la Tacoma le obstruyeran el paso sobre la calle Cornelio Ortiz Zárate.
José Romel Licea manejaba la camioneta color negra, pero al encontrase nuevamente con la camioneta Tacoma sobre la calle Donato Bravo, nuevamente se dio una discusión por el incidente de tránsito y repentinamente el conductor de la segunda unidad accionó un arma de fuego contras los ocupantes de la BMW para luego escapar del lugar.
Licea quedó sin vida en el interior del vehículo junto a otro hombre que lo acompañaba, de quien solamente se sabe le apodaban "El Oso". Un tercer ocupante, señalado por el alias de "El Rubio", fue atendido en el lugar y llevado aún con signos vitales a un hospital local, donde falleció más tarde. 
El ataque se registró cerca de las 17:50 horas, a unos metros del Colegio La Paz y de la sede del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en esa localidad de la Tierra Caliente michoacana. 
El líder criminal era presunto brazo armado del llamado cártel de Los Viagra y también en un tiempo fue integrante de Los Caballeros Templarios, según reportes de fuentes federales.
Con información de Quadratín