Del
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la institución encargada
de los secretísimos servicios de inteligencia civil del Estado
mexicano, sólo conocemos la dirección de sus oficinas centrales: Camino Real de
Contreras, 35, La Concepción, La Magdalena Contreras, al Surponiente de la
Ciudad de México, por el rumbo del monte de los Dinamos. También, el de su
Unidad de Enlace: Bahía de Santa Bárbara, 193, en la colonia Verónica Anzures,
de la misma capital de la República.
Pero
el Cisen –órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación– ocupa, al
menos, otros 85 inmuebles a lo largo del territorio nacional: casas de
seguridad y oficinas, negocios y hogares fachada para cumplir con la
rimbombante función de: “preservar la seguridad nacional, la gobernabilidad y
el estado de derecho” (como reza su “misión” destacada en su página
electrónica). Sin tanta solemnidad, se encarga de recopilar información,
incluso mediante el espionaje y la infiltración de agentes, para prevenir y
adelantarse a lo que considera amenazas al régimen. Y ello incluye a
movimientos sociales y a personas inconformes con las “reformas estructurales”
que los gobiernos panistas y priístas han impulsado en los últimos sexenios.
Así es, sorprendido lector: aunque no lo sospeche siquiera, usted puede ser
potencialmente un agente antagónico a la seguridad nacional de
este país.
Por
la auditoría financiera y de cumplimiento practicada al Cisen, sabemos de los
85 inmuebles diseminados en las 32 entidades federativas de la república. En el
documento de la Auditoría Superior de la Federación se detalla que, en 2014, el
organismo erogó 32 millones 176 mil 400 pesos por concepto de “arrendamiento de
edificios y locales”. Para ello, y para otros asuntos, el organismo integró un
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS), integrado por siete
servidores públicos del Centro (de los cuales no se anotaron ni los nombres ni
los cargos: ¡son asuntos de seguridad nacional!).
A
lo largo del año, el CAAS sesionó en ocho ocasiones ordinarias y en otras ocho
extraordinarias; y en todas invitó a dos servidores públicos más con derecho a
voz pero no a voto: a sendos representantes del Órgano Interno de Control y de
la Coordinación Jurídica del Centro.
La
celebración de los contratos implicó una erogación mensual fija para la
dependencia. En 46 de los 85 contratos, el Cisen contó con el dictamen de
justipreciación de rentas emitido por el Instituto de Administración y Avalúos
de Bienes Nacionales (Indaabin); mientras que en los 39 contratos restantes no
se consideró necesario porque se trató de inmuebles ocupados desde años
anteriores.
La
ASF tuvo acceso a los expedientes completos de las personas físicas y morales
con las que el Cisen celebró los contratos de arrendamiento: la cédula de
identificación fiscal del arrendador, su identificación oficial o de su
representante legal, comprobante de domicilio, el testimonio de la escritura
pública que acredita la propiedad del inmueble, el instrumento notarial que
contiene el acta constitutiva de la empresa (en caso de las personas morales),
el testimonio de la escritura pública que describe el poder y las facultades
para obligarse y, entre otros, el acta circunstanciada de la recepción del
inmueble.
Lo
que habría que preguntarse es quién celebra a nombre del Cisen, pues con el ultrasecretismo denuestra oficina
de inteligencia civil, seguramente no andan diciendo por ahí que es el Cisen el
que renta los inmuebles.
Pero
el Centro no sólo cuenta con oficinas en México. También mantiene
“representantes” en el extranjero. Muy pocos detalles se ofrecen al respecto.
El documento sólo da cuenta del pago de 254 mil 100 pesos “por concepto de
arrendamiento y mantenimiento de vehículos, mantenimiento de inmuebles y
servicio postal, entre otros, realizados por las Representaciones de México en
el extranjero” (sic). Además, de la partida 33903 “servicios integrales”
se erogaron otros 688 mil 200 pesos en la “representaciones” del Cisen fuera
del país.
Las
oficinas del Cisen en el extranjero vienen funcionando desde hace varios años.
Incluso la dependencia cuenta con un Manual del Procedimiento para la
Ministración, Comprobación, Glosa y Registro Contable de las Operaciones
Financieras de las Representaciones del Centro en el Extranjero, el cual fue
autorizado desde el 21 de junio de 2012 por la Dirección de Planeación y la
Subdirección de Documentación Organizacional del propio Cisen.
Así
que dentro y fuera del país, nuestros agentes de la
inteligencia civil velan por la seguridad… del régimen.
Un
nuevo reconocimiento a Abel Barrera y el Centro de Derechos Humanos de la
Montaña Tlachinollan. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y su
Asamblea Consultiva decidieron entregar el Reconocimiento Nacional por la
Igualdad y la No Discriminación al antropólogo director de la incansable
organización no gubernamental. Muchos y merecidos reconocimientos, nacionales e
internacionales, ha recibido antes Barrera. Éste es el primero que recibe de un
organismo público y de gobierno. Llega en un momento en que ha padecido
denostación por el acompañamiento y defensa a los padres de los 43 alumnos de
Ayotzinapa desaparecidos forzadamente. Recordemos incluso que se realizó una
campaña mediática con filtraciones a medios de fichas del
Cisen en el que se le vincula sin ninguna prueba –a él y al abogado Vidulfo
Rosales– con la subversión en Guerrero. En su discurso, Barrera agradeció a los
pueblos indígenas del estado: Me’phaa, Na’savi, Nahuas y Ñomdaá, “que nos
enseñaron a caminar en la Montaña y a beber del borbollón de su sabiduría
milenaria. A los hombres y mujeres de la Lluvia, del Fuego y del Trueno que nos
han dado cátedra de cómo se ejercitan los derechos humanos en las condiciones
más adversas”. Dedicó el reconocimiento “a los padres y a las madres de
Ayotzinapa, quienes luchan porque veamos un México donde lo único que
desaparezca sea la injusticia y la discriminación. ¡Vivos se los llevaron,
vivos los queremos!”. Queda claro que lo que se necesita en la Montaña (y en la
costa, en la selva y en las ciudades) son más organizaciones como Tlachinollan.
Y menos oficinas de “representantes” del Cisen.
