El estratega «cuentachiles» de la Seguridad Federal en Mexico, por cierto de curricula manchada, Omar García Harfuch ,se puso el traje de “Batman Tropical”, encendió la batiseñal en X y nos recitó una letanía de siglas para celebrar un “rescate” donde, curiosamente, no hay un solo detenido a cuadro.
Desmenuzando el tuit, palabra por palabra
“Tras un operativo federal coordinado…”
Traducción: una forma pomposa de decir “movilizamos un chorro de gente y gasolina”. Nadie explica quiéncoordinó, qué se planeó ni cómo se ejecutó; solo sabemos que al final aparecieron vivos el alcalde de Taxco y su padre, pero ningún presunto secuestrador en calidad de detenido.
Un operativo que termina con cero capturas, cero aseguramientos relevantes y cero fotos de presuntos responsables es, en la narrativa oficial, “coordinado”; en cualquier manual serio de seguridad, es cuando mucho un “hallazgo” o un “acercamiento controlado” con criminales que se retiran tranquilos.
“que implicó el despliegue de personal en tierra y el apoyo de helicópteros…”
Aquí entra la pirotecnia: tierra, aire, seguramente faltó mar y espacio exterior. El mensaje no es “resolvimos el caso”, sino “gastamos chingo de presupuesto, miren qué grande es mi operativo”.
Más de 500 elementos militares y de fuerzas federales sobre el terreno, según crónicas locales, para localizar a un alcalde que, de acuerdo con versiones periodísticas, había ido a negociar el plagio de su propio padre y terminó también levantado. Esta parte, claro, no aparece en el marketing de la SSPC.
“gracias a la coordinación efectiva de @SEDENA, @SEMAR, @FGR, @GN y @SSPC…”
El hilo se convierte en desfile patriótico de menciones:Defensa, Marina, Fiscalía, Guardia Nacional y la propia secretaría de Harfuch.
Es la típica fórmula de propaganda: si nombras a todos, la responsabilidad se diluye; si algo sale mal, “fue un esfuerzo conjunto”; si algo sale bien, el crédito es del que tuitea primero. Lo que nunca se detalla es qué hizo cada institución: ¿quién investigó, quién ordenó cateos, quién puso inteligencia, quién se limitó a posar para la foto aérea?
“…en conjunto con autoridades de Guerrero y del Estado de México (@SSPGro, @FGEGuerrero, @FiscaliaEdomex y @SS_Edomex)”
Más siglas, más escenografía: parece boletín de campaña, no parte informativo de una operación de alto riesgo.
Llama la atención la insistencia en subrayar que el Estado de México estuvo metido en un caso cuyo epicentro es Taxco, Guerrero,mas que reconocimientos el preámbulo para endosar culpas venideras.
“fueron localizados… el presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, quien fue privado de la libertad el pasado 11 de abril”
Palabra clave: “localizados”. No dice “liberados de un cautiverio”, “rescatados de una casa de seguridad” ni “rescatados tras enfrentamiento”.
La narrativa pública documenta que el padre del alcalde fue plagiado el 11 de abril por un grupo armado, y que el propio edil habría sido secuestrado cuando fue a negociar la liberación. Eso implica una operación criminal clara… pero, otra vez, el tuit no menciona ni un arma asegurada, ni un detenido, ni un solo dato de la estructura responsable.
“ambos se encuentran a salvo”
La frase correcta sería: “ambos están vivos, lo cual ya es ganancia en México”. Pero “a salvo” suena a que el Estado controla el territorio, cosa que desmienten las mismas crónicas: más de 500 militares rastreando cerros para encontrar a un alcalde morenista desaparecido en un municipio donde la Familia Michoacana y otras estructuras llevan rato mandando.
Que el alcalde y su padre sigan respirando no significa que el Estado haya recuperado nada; solo significa que, esta vez, los criminales decidieron no cerrar la historia con dos cadáveres.
“Se continuarán las operaciones para detener a los responsables”
El clásico cierre de libreto: promesa al aire, sin plazos, sin órdenes de aprehensión anunciadas, sin nombres, sin fichas rojas.
Cuando el operativo fuerte ya pasó y solo quedaron los comunicados, la frase “se continuarán las operaciones” suele traducirse como “ya veremos si dentro de seis meses anunciamos la detención de uno de los halcones y lo presentamos como ‘cabecilla’”.
¿Se puede llamar “rescate”?
Si no hay enfrentamiento, no hay casa de seguridad cateada, no hay cadena de custodia exhibida, no hay parte oficial de detenciones y lo único verificable es que el alcalde y su padre aparecieron vivos tras días de negociación y despliegue, lo que tenemos es localización en condiciones opacas, no un “rescate” en sentido operativo.
Además, el propio contexto de la historia huele más a arreglo que a irrupción heroica:
El padre del edil, director de un hospital del IMSS‑Bienestar, es plagiado por un grupo criminal en Taxco.
El alcalde suspende actos públicos y termina también desaparecido cuando intenta negociar la liberación de su padre.
Días después, tras un operativo que exhibe fuerza pero no resultados procesales, ambos “aparecen a salvo”, mientras las estructuras criminales en la zona siguen intactas.
En cualquier estándar serio, un rescate implica: neutralización de la célula que mantiene el cautiverio, aseguramiento del lugar, aseguramiento de armas, vehículos y equipo, detenidos presentados ante MP y, mínimo, un paquete de órdenes de captura en curso. Aquí solo hay helicópteros, conferencias y un tuit con espíritu de spot.
El Batman Tropical y el “¿para cuándo Carlos Emilio?”
Y mientras el “Batman Tropical” presume cómo mueve cielo, tierra y helicópteros por un alcalde de Morena, la base le recuerda en los comentarios el caso que no sale en las fotos: Carlos Emilio Galván Valenzuela, desaparecido a los 21 años en Mazatlán.
Carlos Emilio salió a divertirse a la Terraza Valentinos; entró al baño y nunca volvió.
Su madre, Brenda Valenzuela, lleva meses acusando abandono institucional: ninguna autoridad le da respuestas coherentes, solo la retahíla de “estamos investigando” mientras el Estado de Sinaloa organiza su carnaval y promociona turismo como si no tuviera a un joven tragado por la noche y la impunidad.
Por eso el comentario en el tuit de Harfuch no es mero troleo:
“Batman tropical, ¿para cuándo el operativo para encontrar a Carlos Emilio Galván Valenzuela?” es un recordatorio de clase: el Estado despliega medio Ejército cuando el desaparecido es alcalde morenista y su padre funcionario; cuando se trata de un joven sin cargo, la respuesta es burocrática, lenta y llena de silencio.
La madre de Carlos Emilio no solo denuncia inacción; denuncia que las autoridades incluso se niegan a transparentar videos, tiempos y actuaciones dentro del propio antro vinculado a figuras de gobierno, como ha documentado la prensa.
Así, el “operativo federal coordinado” se convierte en vitrina de la desigualdad procesal: unos desaparecidos tienen helicópteros, otros apenas obtienen un folio de carpeta.
La pregunta de fondo, entonces, no es si Omar García Harfuch puede mover helicópteros, sino para quién los mueve.
Y mientras Carlos Emilio sigue sin aparecer y su madre grita sola contra la pared, el “Batman Tropical” nos lee el listado de instituciones en X como si eso, por sí mismo, fuera justicia.
En San Pedro de las ejecuciones N.L , donde la “seguridad de primer mundo” se interrumpe recurrentemente con tableteo de metralletas, donde presumen cámaras en cada poste y patrullas relucientes, volvió a enseñar su lado oscuro: ahí, donde la casualidad usa uniforme y la causalidad se lava las manos con gel antibacterial.
Un hombre fue ejecutado segundos después de haber sido infraccionado por un agente vial. Literal: apenas terminó la «gestión administrativa» y llegaron los balazos. Juan Carlos García Núñez, 26 años, originario de Sinaloa y residente nuevo en Monterrey, alcanzó a ser atendido por paramédicos antes de morir en su camioneta blindada Jeep (blindaje que, como suele pasar, solo detiene multas, no sicarios).
El ataque ocurrió a unos metros de una patrulla municipal—sí, justo detrás—y bajo dos cámaras municipales en el cruce de Roble y Bulevar Botánica. Las mismas cámaras que ahora “ya se están revisando” (una frase con tanto brillo de rutina burocrática que ya es lema en cada ejecución urbana).
El Municipio confirmó que sí, efectivamente, el ahora occiso fue infraccionado minutos antes, pero omitió precisar por qué. Tal vez por exceso de velocidad, o por ir en el carril equivocado de la vida. La versión oficial promete revisar las imágenes y “cooperar plenamente”, lo cual, en lenguaje institucional, equivale a decir: ya veremos quién se atreve a preguntar demasiado.
Mientras tanto, los hermanos del fallecido intentaron llegar al cuerpo en motocicleta pero fueron contenidos por los mismos uniformados que “no vieron nada”. La madre, al llegar, cayó en crisis; San Pedro, en cambio, siguió en calma, con sus boutiques abiertas y su orden urbano intacto.
Dicen que la última ejecución similar fue en 2024, también en pleno corazón del municipio. Aquella ocasión los asesinos dejaron una cartulina. Esta vez, no hizo falta: el mensaje está implícito. En San Pedro ya ni se distingue quién revisa, quién ejecuta ni quién graba. Lo único seguro es que las cámaras siempre funcionan para las infracciones, nunca para los balazos.
En 2024,aun en vida,Mauricio Fernandez,entonces candidato a alcalde de San Pedro Garza García,fue acusado en narcomantas de aliarse con el Cartel de Sinaloa y dejarlo entrar al municipio mas rico de Mexico.
La información es publicada por Milenio y nos deja una postal bastante incómoda: en los municipios más calientes del país, la seguridad ya no la sostienen las policías locales, sino las fuerzas federales. Y no porque haya una gran estrategia de fortalecimiento institucional, sino porque las corporaciones municipales se fueron quedando sin recursos, sin músculo y, en muchos casos, sin capacidad real para enfrentar al crimen organizado que tiene mas de dos decadasa enfrentando sin éxito contundente, el ejercito.
El resultado es tan obvio como vergonzoso: mientras las policías municipales bajaron su participación en enfrentamientos, el Ejército y otras fuerzas federales terminaron cargando con la bronca por decisión del mismo gobierno que los creyó la solución y también han sido parte del problema.
Según los datos citados por el reporte, los choques de policías municipales contra civiles armados cayeron de 338 en 2022 a 257 en 2024, mientras que las agresiones atendidas por la Defensa subieron de 260 a 411 en el mismo periodo .
Policías en modo supervivencia
El problema no es solo que las policías locales pelean menos y mueren mas, sino que cuando lo hacen muchas veces necesitan escolta institucional para no quedar rebasadas. En la mitad de los casos, las municipales requirieron apoyo de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, FGR o corporaciones estatales y vecinas .
Dicho sin maquillaje: las policías municipales ya no son la primera línea de contención, sino un cuerpo en estado de supervivencia. El propio dirigente sindical citado en la nota admite lo que todo mundo sabe y casi nadie corrige: están abandonadas, mal equipadas, con menos elementos y expuestas a un crimen organizado que se mueve con más velocidad que el Estado .
El mapa del abandono
La radiografía es brutal. En 2024, los enfrentamientos municipales se concentraron sobre todo en Nuevo León, Sonora, Michoacán, Puebla, Zacatecas, Baja California, Estado de México, Guanajuato y Querétaro, que en conjunto acumularon casi 80 por ciento de los casos .
Pero el dato que más exhibe el colapso local es que Sinaloa y Tamaulipas cerraron 2024 con cero enfrentamientos municipales registrados por Inegi, pese a seguir siendo territorios de disputa criminal. O sea: donde más se necesita presencia local, menos capacidad queda; y donde la policía municipal desaparece del registro, el conflicto no desaparece, solo cambia de uniforme .
El ejército como parche
En el frente castrense, la historia se repite: Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán y otros estados se volvieron el terreno donde las fuerzas federales entran a apagar incendios que las policías locales ya no pueden siquiera contener .
Culiacán aparece como el epicentro de esa guerra mal administrada, con 40 casos de enfrentamientos y ataques repelidos. Es decir, la capital del cártel terminó convertida en el laboratorio donde el Estado mide, otra vez, cuánto aguanta antes de admitir que la seguridad municipal se le deshizo entre las manos .
La nota confirma algo que el discurso oficial suele esconder detrás de comunicados, ceremonias y promesas recicladas: la seguridad municipal en muchas zonas del país está en ruinas. Y mientras sigan dejando a las policías locales como decoración burocrática, la federación seguirá haciendo el trabajo sucio, los militares seguirán cargando el costo y los criminales seguirán operando donde el Estado solo alcanza a llegar con retraso .
De pronto, 500 soldados, Guardia Nacional, helicópteros y policías estatales. Todo un desfile táctico por los cerros de Taxco. No porque hubieran hallado una nueva “fosa clandestina”, sino porque el desaparecido esta vez lleva banda tricolor y su partido es Morena: el alcalde Juan Andrés Vega Carranza. Qué ironía: el poder buscándose a sí mismo mientras miles de familias siguen tocando puertas sin que nadie despliegue ni un dron.
Según “fuentes del Ejército”, se trata de un operativo de búsqueda intenso, coordinado, patriótico y demás adjetivos reciclados del catálogo oficial. Helicópteros, retenes y uniformes relucientes recorren la zona, porque claro, cuando el desaparecido tiene cargo, el Estado sí se acuerda de usar su presupuesto.
El padre del alcalde, médico del IMSS Bienestar, fue levantado por presuntos integrantes de la Familia Michoacana. El alcalde, cuentan, intentó negociar el rescate y terminó él también “retenido”. Doble tragedia, doble operativo. Pero aquí viene la pregunta incómoda: ¿cuántos padres, madres e hijos sin apellido político podrían provocar una movilización de 500 efectivos? Ninguno.
El espectáculo oficial no busca justicia, busca control de daños. Lo importante no es recuperar a los desaparecidos, sino recuperar la imagen del aparato. A fin de cuentas, el mensaje queda claro: si eres autoridad, te buscan con todo; si eres ciudadano, búscate solo.
Un reportaje publicado hoy por el prestigiado diario español,El Pais,pinta a Mexico como un Estado sanitario capturado por el desorden, la impunidad y las cadenas de suministro contaminadas por el mercado negro. Más que un “accidente” aislado, sugiere que bajo Morena el sistema de salud se volvió más vulnerable por el desabasto, la desorganización en compras públicas y la falta de control efectivo sobre distribuidores y farmacias irregulares .
Qué revela sobre el gobierno
El mensaje político central es que el gobierno ahora en manos de Claudia Sheinbaum, no logró blindar una función básica del Estado: garantizar medicamentos seguros y disponibles. El texto vincula el aumento de denuncias por fármacos presuntamente falsificados, y de alertas sanitarias, con los cambios en el sistema de compras impulsados desde la administración de López Obrador, que habrían contribuido a un desabastecimiento persistente .
Qué revela sobre el sistema de salud
El reportaje describe un sistema donde conviven tres fallas graves: desabasto, compras a proveedores cuestionados y circulación abierta de medicina apócrifa. Eso no solo implica corrupción o negligencia administrativa; implica riesgo directo para pacientes, especialmente en tratamientos de alto costo como los oncológicos .
El dato más comprometedor
Lo más delicado para Morena es que el problema no aparece en la periferia del sistema, sino dentro de hospitales públicos y cadenas de suministro institucionales. El caso de Keytruda,con valor de mas de 1 millon de pesos, aparece con lotes falsificados detectados incluso en inventarios de un hospital militar, sugiere que la falla no es marginal sino estructural .
Lectura de fondo
Si lo sintetizamos en términos políticos, el reportaje dice esto:el discurso de “transformación” no ha producido un Estado más eficiente ni más protector en salud, sino uno más expuesto a redes criminales y a proveedores irregulares. En un país donde el acceso a medicamentos ya era frágil, el resultado es que la necesidad del paciente se convierte en oportunidad para el fraude .
La acusación de fondo no es solo de incompetencia, sino de abandono institucional: cuando el Estado falla en comprar, distribuir y vigilar, el mercado ilegal ocupa el espacio. Y en salud, esa falla se mide en lesiones, recaídas y muertes evitables .
En un hospital público de Yucatán, un paciente recibe un tratamiento oncológico falso que le deja secuelas para toda la vida. En Jalisco y Ciudad de México, existen mercados a cielo abierto donde se venden medicinas apócrifas con el conocimiento de las autoridades. En las Administraciones federales y estatales, sus cadenas de suministros compran a distribuidores con acusaciones de vender medicamentos falsificados. Todos estos casos forman parte de una misma realidad: en México existe un ecosistema criminal que importa, fabrica y distribuye medicinas falsas y que, de acuerdo con las denuncias y alertas presentadas por las autoridades, se ha multiplicado por cinco desde 2018 en paralelo a los problemas de desabastecimiento existentes en el sector salud.
Este reportaje forma parte de la investigación global La medicina del millón (The Cancer Calculus), coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su siglas en inglés), en la que participa EL PAÍS.
Las denuncias recibidas por “medicamentos presuntamente falsificados” pasaron de 45 en 2018 a superar las 250 de 2022 en adelante, de acuerdo con datos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios—encargada de la regulación, control y fomento sanitario de productos, servicios y establecimientos—, obtenidos vía transparencia.
Otro tanto ocurre con las alertas sanitarias por medicamentos falsificados, esto es, los comunicados oficiales de riesgo emitidos por la Comisión para informar sobre productos que representan un peligro grave para la salud.
Estas pasaron de dos en 2018 a superar las 30 al año a partir de 2022. Este aumento se da en paralelo a los diferentes cambios en los sistemas públicos de compras de medicamentos operados desde la Administración de Andrés Manuel López Obrador que contribuyeron a un desabastecimiento de medicamentos que todavía se siente en el sector salud. Este periódico solicitó con varias semanas de antelación su versión y una entrevista a la Secretaría de Salud y la Comisión, sin obtener una contestación a cierre de edición.
El ejemplo más evidente es el del fármaco Keytruda, en el que se centra la investigación global La medicina del millón. Este oncológico es el gran superventas a nivel mundial de la farmacéutica Merck Sharp&Dohme, que supuso 31.700 millones de dólares de ingresos globales para la empresa en 2025. Como su patente vence en 2028, la compañía está tratando de prorrogarla por una década más con diversas estrategias legales.
En México, el vial básico de Keytruda en una farmacia legal se vende al público por unos 100.000 pesos, en torno a 5.700 dólares al cambio actual, mientras que en los mercados ilegales se encuentra por 30.000 pesos, unos 1.700 dólares. En total, acumula seis alertas sanitarias, la última en marzo de 2026, en las que se señala que “no se garantiza su seguridad, calidad y eficacia, puesto que se desconoce su procedencia, condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte”. Se identificaron 17 lotes—un código único en el empaque que garantiza la trazabilidad de la medicina—falsificados.
Dos viales de estos lotes falsificados acabaron en las venas del paciente Francisco Chávez, administrados en el Hospital Regional Elvia Carrillo Puerto del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Mérida, la capital de Yucatán. Chávez, productor de eventos musicales de 56 años, fue operado de un tumor en el riñón, pero la metástasis había llegado a los pulmones y sus médicos le recetaron Keytruda. Cuando le iban a poner su cuarta dosis en octubre de 2023, escuchó a los sanitarios hablar entre ellos: “Otro más del mismo lote, esperemos que no le cause reacciones”.
Tras recibir la medicina, comenzó a marearse. “Yo me sentía muy mal, terrible, temblaba, no podía controlar mi cuerpo. Empecé con unos dolores de cabeza que me duraron tres días. Se me soltó el estómago y se me disparó el azúcar”, recuerda el paciente, que fotografió el envase. En la imagen se ve una caja dañada, con varios defectos, y el número de lote X003479. Este fue identificado como falsificado en septiembre de 2024. Le volvió a ocurrir con otro lote en mayo de 2025. Lo identificó al ver una noticia sobre una de las alertas sanitarias de la Comisión acerca de Keytruda.
“Después de que recibí este medicamento, mi vida cambió: no tengo la misma fuerza de antes, los dolores persisten, ya no puedo moverme como me movía antes. Todo eso se me acabó porque ya me volví una persona que de repente está caminando y se paraliza”, lamenta Chávez, que describe su último trabajo, una presentación en Mérida del grupo La Maldita Vecindad, como un martirio.
Según documentos internos de la Comisión, Keytruda es uno de los cinco medicamentos más falsificados del país. La primera alerta llegó en febrero de 2022, después de que se detectara un lote falsificado dentro del inventario del Centro Médico Naval, el hospital militar para miembros de la Marina. La empresa que suministró la medicina falsa era Top Pharma SA de CV, según encontró Quinto Elemento Lab. Pese a esto, siguió consiguiendo contratos públicos. De 2022 a la fecha, Top Pharma obtuvo según registros de la Plataforma Nacional de Transparencia y Compranet casi 88 contratos por 85 millones de pesos para seguir suministrando medicinas.
Varios consultores de seguridad de la industria farmacéutica contactados identifican los mismos tipos de medicinas ilegales en el mercado. Por un lado, estaría la piratería clásica, básicamente un producto que entra de contrabando, fabricado en otro lugar con pocas normas sanitarias, y se inserta en las cadenas de suministro. Otra es la adulteración, que es un producto original, pero que ya ha caducado—o está a punto—, entonces le cambian en la caja la fecha de caducidad y lo venden en el mercado. Aunque supuestamente hay un protocolo para incinerar las medicinas caducadas, en el sector es conocido que hay empresas que no las resguardan de forma adecuada y estos envases acaban en los mercados ilegales. Un tercer supuesto es la falsificación completa, tanto de los envases como de los medicamentos en sí.
El documento interno de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios dice que, “con base en las denuncias recibidas, se han identificado una serie de características en común de los medicamentos falsificados”. Se trata de medicamentos sin autorización de venta en México, los productos con dificultades de abasto y los de alto costo.
“Un producto falsificado es básicamente una copia con calidad diferente pero que simula ser el producto real”, explica Daniel Estrada, fundador de la firma Signa, una empresa colombiana que se dedica a detectar ofertas ilícitas y generar pruebas “legalmente admisibles” para luego coordinar operativos con las autoridades. “Hay proveedores de insumos, principalmente en China, India y Turquía, donde puedes negociar y prácticamente te copian el empaque original”, explica. “También hay otros proveedores en el internet profundo y oculto, donde se venden directamente estos insumos, con gente que se especializa en los productos concretos de laboratorios reconocidos, con una especie de fábrica paralela”, añade.
Estrada explica que los medicamentos de alto costo son perfectos para lavar activos ilegales. “Todo lo que son cardiovasculares, todo lo que tiene que ver con cáncer, todo lo que tiene que ver con insulinas… Son unidades muy pequeñas que tienen un precio de mercado muy alto, por eso que el nivel de tecnificación en estas empresas es muy alto”, dice desde su experiencia. A la parte de crear copias de los medicamentos en sí, los asesores consultados le restan complejidad: basta con tener una pequeña máquina en un garaje y usar una solución salina para los líquidos y cal para las pastillas o similares.
TopPharma no es la única empresa señalada por vender medicamentos falsificados que ha obtenido contratos millonarios con las instituciones públicas. Medikament de México, señalada por Comisión por vender falsificaciones, logró en 2021 y 2022 más de 70 contratos por casi 19 millones de pesos y sus productos acabaron en el Instituto Mexicano del Servicio Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto Nacional de Cancerología o el Gobierno de Veracruz. También Flexa Pharm, denunciada por el Gobierno de Veracruz, logró en 2023 y 2024 más de 10 contratos por casi 15 millones de pesos para el Instituto Mexicano del Servicio Social. Este periódico intentó sin éxito contactar con las compañías para solicitar su versión. En total, de acuerdo con una revisión de los contratos públicos de 2021 a 2025, 28 proveedores listados en la plataforma de distribuidores irregulares de medicamentos han vendido 9.500 millones de pesos a 44 instituciones de salud pública por toda la república.
De compras por El Santuario
En el centro de Guadalajara, en el Estado de Jalisco, está el barrio de El Santuario. Es uno de los más antiguos de la ciudad, levantado alrededor de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Ha conocido años mejores. Sus edificios bajos, de pared encalada, están deteriorados, llenos de grietas, grafitis y suciedad, aunque todavía sobreviven algunos elementos decorativos barrocos y neocoloniales. Durante décadas fue conocido por sus fondas, pero hoy lo que mandan son las farmacias ilegales. Hay una cada pocos pasos y dentro, en lugar de un experimentado boticario de bata blanca, se ve a hombres jóvenes de entre 15 y 30 años con gorra de visera plana. El Santuario es el epicentro del comercio ilegal de medicamentos robados, falsificados y adulterados. Todos, por supuesto, sin receta médica. La vía principal se llama, irónicamente, Hospital.
El informe 2024 Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy de la Oficina de la Presidencia de Estados Unidos, enfocado en medicinas piratas y venta en línea, describe El Santuario como una conocida localización para la venta y distribución de medicamentos de forma irregular. “Esta actividad ilegal se lleva a cabo sin que las autoridades aparentemente hagan nada” y, de acuerdo con los accionistas, “tiene como resultado pérdidas anuales de un millardo de dólares para las farmacéuticas legales”.
Estas farmacias tienen fuera un vendedor que sirve de gancho y pregunta a cada persona que pasa si busca alguna medicina. Son tantos y tan insistentes que agobian al peatón. El de la farmacia OBS, por ejemplo, es un hombre corpulento, tocado con un sombrero de paja y un par de lágrimas tatuadas al costado del ojo derecho. “¿Qué busca, güero?”, dice. Tras comentarle que es un oncológico caro, llama gritando al chico que está dentro de la tienda. Su nombre es Brayan y no tiene más de 25 años. “¿Keytruda?”, pregunta. “Deme un segundo”. Busca en su teléfono y dice que lo tiene disponible por unos 30.000 pesos mexicanos. Un ahorro significativo respecto al precio en una farmacia regular, pero no hay seguridad sobre su calidad ni que no sea una falsificación. En una comunicación posterior manda por mensaje una foto de tres cajas de Keytruda donde se ve el número de lote y registro sanitario.
Fue también en la ciudad de Guadalajara donde, en agosto de 2024, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Secretaría de Marina realizó un operativo contra una banda criminal liderada por Josué N, alias Tacho, en el barrio de Huentitán El Bajo. Además de varias armas de fuego y drogas, se encontraron 12.500 dosis de medicamentos falsificados, principalmente Keytruda. En una foto del operativo se ven decenas de envases de este medicamento, desmontados. Las autoridades llegaron a esta estructura criminal tras la denuncia de varios pacientes con cáncer que presentaron reacciones adversas al ser tratados con estos oncológicos falsificados.
“La falsificación y el robo de medicamentos ha crecido en los últimos años como consecuencia del desabasto de medicamentos que existe en el Gobierno, que ha provocado que crezca un mercado ilegal”, razona Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica en México. “Hace una década, teníamos un departamento de inteligencia que trabajaba con las autoridades y coordinaba con ellas operativos para sacar el producto del mercado y detenciones, pero durante los últimos siete años se dejó de hacer”, lamenta.
“Actualmente, México opera con recursos reducidos en numerosas agencias gubernamentales. No hay registro de investigaciones y procesos por falsificación de marcas y piratería y la Fiscalía no ha reportado estadísticas para este campo en los pasados cinco años”, asegura el Informe Especial 301 de 2025 que publica la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos sobre la protección y el cumplimiento de la ley en materia de propiedad intelectual. “Las empresas informan que la Fiscalía ha impuesto una prohibición interna de solicitar órdenes de cateo en casos de propiedad intelectual, lo que elimina una herramienta esencial en estas investigaciones”, añade.
En el caso del operativo contra Tacho, el presunto criminal fue procesado finalmente por posesión de drogas y armas; la Fiscalía no logró que se le imputara ningún cargo de falsificación de medicamentos, aseguraron al equipo de esta investigación personas cercanas al caso. De acuerdo a estas mismas fuentes, entre 2020 y 2025 existieron al menos 30 casos de supuesta falsificación de Keytruda, que se presentaron en hospitales públicos y privados por todo el país. Son una pequeña muestra de un problema mayor: en ese periodo, la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios recibió casi 1.500 denuncias por medicamentos falsificados.
***Los periodistas que contribuyeron a este reportaje fueron Carlos Carabaña (EL PAÍS), Aldo Canedo (El Sol de México), Violeta Santiago (Quinto Elemento Lab), Gerardo Reyes (Univision), Angie Sandoval (Univision) e Isabella Cota (ICIJ).
