El drama humanitario que azota a Sinaloa desde septiembre de 2024 se expresa en cifras frías que, sin embargo, esconden historias de terror y desesperación. Entre estos números destaca uno particularmente aterrador: 1,297 personas privadas de su libertad en poco más de siete meses.
Este análisis busca diseccionar esta cifra, examinándola no solo como un dato estadístico, sino como el reflejo de un estado de barbarie que cuestiona los fundamentos mismos del Estado mexicano.
La magnitud de la crisis: Radiografía de una guerra interna
Desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 17 de abril de 2025, Sinaloa ha experimentado una escalada de violencia sin precedentes, producto de la disputa entre facciones del mismo cártel que las autoridades no han podido contener.
El balance reportado por el periódico Noroeste es estremecedor: 1,133 homicidios dolosos (5.1 diarios), 1,297 personas privadas de libertad (5.9 diarios), 4,334 vehículos robados (19.6 diarios), 986 personas detenidas (4.5 diarios) y 74 personas abatidas.
Esta violencia tiene su origen en el enfrentamiento entre dos facciones del mismo cártel: “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, liderados respectivamente por los Guzmán y los Zambada. Lo que diferencia esta crisis de otras anteriores es precisamente su carácter de guerra civil dentro de una organización criminal que históricamente había mantenido cierta cohesión, transformándose ahora en una lucha fratricida que recuerda a las guerras banderizas medievales donde diferentes linajes de la nobleza rural se enfrentaban por el control territorial.
Disección de la cifra: 1,297 desaparecidos como reflejo de la barbarie
La cifra de 1,297 personas privadas de su libertad en 220 días representa un promedio de 5.9 desapariciones diarias. Esto significa que, cada cuatro horas, una persona desaparece en Sinaloa como consecuencia directa de este conflicto. Para dimensionar la magnitud de esta tragedia, es necesario compararla con otros contextos y analizarla desde diferentes perspectivas.
Víctimas invisibles: Rostros detrás de los números
Entre las víctimas de esta violencia desatada se encuentran grupos particularmente vulnerables. Hasta el 2 de abril de 2025, 37 menores de edad habían sido asesinados en Sinaloa desde el inicio del conflicto. El desglose indica que en marzo de 2025 ocurrieron los homicidios de dos niñas, Danna Sofía de 12 años y Regina de 14 años, siendo las primeras víctimas femeninas menores de edad en este periodo.
En cuanto a los varones menores de edad asesinados, la distribución es igualmente perturbadora: uno de 2, 6, 9 y 12 años; dos de 14 años; siete de 15 años; nueve de 16 años; y trece de 17 años. Estos datos evidencian que la violencia no distingue edad ni condición, y que los menores están siendo víctimas directas de un conflicto ajeno a ellos.
Comparación con otras métricas de violencia
La cifra de 1,297 desaparecidos supera incluso la de homicidios dolosos (1,133), lo que sugiere un patrón de violencia donde la privación de libertad se ha convertido en una herramienta estratégica del terror que irremediablemente nos lleva al homicidio,bajo el entendido de que aunque no haya cadaver,si puede haber asesinato,estariamos entonces ante una cifra de 2,430 victimas de homicidio.
A diferencia de los homicidios, cuya evidencia es inmediata, las desapariciones generan un estado de incertidumbre permanente en las familias y comunidades, multiplicando el impacto psicológico y social de la violencia.
La barbarie como categoría de análisis: ¿Un retorno al México bárbaro?
La barbarie, entendida como lo opuesto al humanismo y al estado de derecho, se manifiesta en actos como el genocidio, la esclavitud y la tortura, considerados graves violaciones de los derechos humanos. En este sentido, las 1,297 desapariciones representan una expresión contemporánea de barbarie en un contexto supuestamente democrático.
El paralelismo con el “México bárbaro”
John Kenneth Turner utilizó el término “México bárbaro” en 1908 para describir las condiciones de vida de los peones en Valle Nacional y Yucatán. Hoy, más de un siglo después, podríamos volver a utilizar ese título para referirnos a la actividad de los señores del narcotráfico. La inmensa mayoría de los mexicanos aceptamos observar las reglas de la convivencia civilizada, pero hay grupos que las rechazan y han llevado a México a una condición inesperada.
Lo que hace particularmente inquietante la situación actual es la similitud con aquella época: la impunidad con que operan los grupos criminales, la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos, y la normalización de la violencia como parte del paisaje cotidiano.
Barbarie versus democracia: Una contradicción fundamental
“Barbarie y democracia son procesos antagónicos y su convivencia causa desequilibrio en la segunda. Un régimen democrático no debería tolerar acciones de barbarie, especialmente por parte de agentes estatales”. Esta afirmación pone en evidencia la contradicción fundamental que opera en Sinaloa: la persistencia de prácticas bárbaras en un contexto formalmente democrático.
La privación de libertad de 1,297 personas no solo representa una violación masiva de derechos humanos, sino que cuestiona la legitimidad misma del Estado para garantizar el más básico de los derechos: la vida y la libertad. En este sentido, la cifra es sintomática de un fracaso institucional que trasciende lo meramente estadístico.
El papel del Estado: Entre la ineficacia y la complicidad
La respuesta estatal ante esta crisis ha oscilado entre la ineficacia operativa y algo mas que la sospecha de complicidad. El despliegue ya de miles de militares en Sinaloa, incluyendo más de 300 soldados de fuerzas especiales, no ha logrado contener una violencia que se expande y diversifica.
La militarización como estrategia fallida
La estrategia de militarización del conflicto, similar a la implementada en estados como Guerrero durante administraciones anteriores, ha mostrado sus límites. Como señala un análisis sobre la guerra irregular en Guerrero: “La lógica de la guerra provocó más violencia y la estrategia de descabezar los cárteles la multiplicó. La fragmentación de éstos, por la captura o abatimiento de sus líderes, potenció el conflicto de los grupos entre sí y la extorsión a la población civil”.
La ausencia del Estado de derecho
El abismo entre las declaraciones institucionales y la realidad cotidiana evidencia la fragilidad del estado de derecho en Sinaloa.
Como señala un análisis sobre desaparición forzada: “El ejercicio de la soberanía pasa por que el Estado ejerza el monopolio de la fuerza, haga valer la ley y brinde seguridad física básica a sus habitantes, y eso no sucede en nuestro país: vastas zonas son controladas por grupos criminales que a diario extorsionan, asesinan y desaparecen a indefensos”.
Más allá de la cifra: Las implicaciones sociales y políticas de 1,297 desaparecidos
La cifra de 1,297 personas privadas de libertad representa mucho más que un dato estadístico. Es el reflejo de una crisis humanitaria, política y social que cuestiona los fundamentos mismos del pacto social en México.
La crisis humanitaria invisible
Cada persona desaparecida representa una familia devastada, una comunidad atemorizada y un tejido social roto. Los 1,297 desaparecidos en Sinaloa no son solo números, son historias interrumpidas, proyectos de vida truncados y esperanzas destruidas. La magnitud de esta crisis humanitaria apenas comienza a dimensionarse.
Como en otros contextos de violencia masiva, las familias de los desaparecidos enfrentan no solo el dolor de la ausencia, sino también la indiferencia institucional y la estigmatización social.
La normalización de la barbarie
Quizás el efecto más pernicioso de esta crisis es la normalización de la barbarie como parte de la vida cotidiana. Los sinaloenses han aprendido a vivir con niveles de violencia que en cualquier sociedad democrática serían considerados inaceptables. Esta normalización opera como un mecanismo de supervivencia psicológica, pero tiene consecuencias devastadoras para la construcción de una ciudadanía crítica y participativa.
La frecuencia con que los medios reportan desapariciones, asesinatos y enfrentamientos armados ha generado una desensibilización colectiva que dificulta la indignación moral necesaria para exigir cambios. Como señala un análisis sobre el mercadeo de la barbarie: “Un mercadeo del ‘horror’ y ‘la barbarie’ que sigue una estrategia sensacionalista y de escándalo espectaculariza el suceso atrayendo la atención”, contribuyendo paradójicamente a su normalización.
Conclusión: La cifra como espejo de un Estado fallido
Las 1,297 personas privadas de libertad entre septiembre de 2024 y abril de 2025 en Sinaloa constituyen más que un dato alarmante: son el reflejo de un Estado incapaz de garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Esta cifra desnuda las contradicciones de un sistema político que se proclama democrático pero tolera niveles de violencia propios de un estado de guerra.
La presencia militar, las estrategias de seguridad y los discursos oficiales han demostrado su insuficiencia frente a una crisis que hunde sus raíces en problemas estructurales: la impunidad, la corrupción, la desigualdad y la debilidad institucional. En este contexto, las 1,297 desapariciones representan no solo una tragedia humanitaria, sino un fracaso civilizatorio que cuestiona nuestra condición misma como sociedad.
Frente a esta realidad, es necesario repensar no solo las estrategias de seguridad, sino el modelo mismo de Estado y los valores que lo sustentan. La lucha contra la barbarie requiere más que fuerza militar: demanda instituciones sólidas, participación ciudadana y un compromiso inquebrantable con los derechos humanos. Solo así podremos evitar que los 1,297 desaparecidos se conviertan en una cifra más de nuestra historia de violencia normalizada, y comenzar a construir un futuro donde tales barbaridades sean verdaderamente inadmisibles.
Con informacion: NOROESTE/ MEDIOS/ REDES/
