Jesús Eduardo Govea Orozco,el recien elegido Fiscal de Justicia por EL gobernador de Morena Americo Villarreal y luego validados tras una farsa del congreso local de Tamaulipas ,pasó de descalificar todo como “información sesgada” y “calumnias” a administrar la verdad con gotero, acomodando los hechos a un relato de víctima heroica que no sostiene el escrutinio público y de la que no muestra evidencia, pues mostrarla exhibiria algo igual de grave, estaba en la nomina del Cartel del Golfo que entonces comandaba Osiel Cardenas Guillen.
La narrativa de Govea orozco luce más como estrategia de control de daños que como rendición de cuentas de quien tendrá la responsabilidad de concentrar el poder punitivo del Estado en Tamaulipas gobernador por un vulgar hampón que hizo del contrabando fiscales trafico de huachicol su principal quehacer desde el gobierno que lo han llevado a ser indiciados en EE.UU,pero solapado por el calculo politico en Mexico .
Del “no amerita comentario” al pliego petitorio
Cuando se le preguntó a Govea por la investigación que documenta su detención, traslado a un penal de máxima seguridad donde permaneció 7 meses en un proceso por delincuencia organizada, Govea la despachó como “información sesgada” que no merecía ni una palabra,como lo dice al final de videoreportaje de Televisa.
Ayer, el mismo personaje firma posicionamientos de varios puntos, reconoce la detención, el encierro y la existencia del caso, pero culpa a todos menos a sí mismo y exige que se le crea por decreto.
Ese viraje no es una aclaración, es un giro discursivo: cuando el escándalo estaba acotado, eludió responder; cuando la presión creció con reportajes nacionales, redes y notas locales, se presentó como víctima de una conspiración y se apropió del tema para intentar cerrarlo en sus términos.El mensaje implícito es brutal: la verdad no se transparenta, se administra.
La detención que primero niega y luego recicla
Los reportes periodísticos detallan que fue detenido en 2001, consignado por delincuencia organizada y delitos contra la salud en 2002, y recluido siete meses en Almoloya, un penal diseñado para perfiles de alta peligrosidad.
Ante eso, su primera línea de defensa fue minimizar o descalificar, como si hablar de su paso por un penal federal fuese una insolencia y no un dato de interés público sobre quien dirigirá la persecución penal en el estado.
Cuando el material de archivo y las resoluciones judiciales se colocaron sobre la mesa, Govea no pudo seguir fingiendo que era un invento y cambió de libreto: ahora dice que la detención fue “ilegal”, “improvisada” y “sin pruebas”, que todo fue una injusticia histórica, sin que aporte una sola copia de sentencia o resolución para que la ciudadanía contraste por sí misma. Reclama que se respeten decisiones judiciales, pero se limita a invocarlas retóricamente, no a exhibirlas.
El discurso de calumnias como escudo
Govea repite que las versiones en su contra son “falsas, recicladas, tendenciosas, calumniosas” y “construidas para golpear su credibilidad”. Pero mientras demoniza a quienes lo cuestionan, él mismo recicla un único guion: insiste en que nunca participó en la liberación de “El Kelín” y que todo correspondía al Ministerio Público federal, como si eso bastara para borrar el antecedente de que un juez le dictó formal prisión y lo mandó a un penal de máxima seguridad.
Al calificar de “falsedades comprobables” las afirmaciones de que “enfrenta un proceso desde hace 20 años” o que “nunca fue absuelto”, no muestra la comprobación, sólo la proclama. En la práctica exige un acto de fe: que la sociedad le crea a él y no a los expedientes que nadie ha podido revisar públicamente porque los mantiene en la penumbra.
Víctima ejemplar y fiscal impoluto
En sus posicionamientos, Govea intenta capitalizar su pasado judicial: dice que haber sido detenido injustamente lo volvió más comprometido con un sistema de justicia sin abusos. Se autoproclama ejemplo de méritos, legalidad y servicio público, como si la sola permanencia en el aparato estatal, tras una detención de alto impacto, fuera sinónimo de inocencia moral y no, al menos, un claro foco rojo.
Se escuda en evaluaciones, certificaciones y “controles de confianza” para blindar su trayectoria que siempre han sido prostituidas, pero no expone resultados ni abre sus expedientes, mientras exige que se dé por cerrado el debate sobre su pasado. El contraste es demoledor: el fiscal pide confianza absoluta, pero entrega transparencia mínima.
Hechos incómodos, verdad a cuentagotas
Mientras reportajes televisivos y notas documentan que estuvo bajo proceso por delincuencia organizada, encarcelado y luego liberado sin que quede claro para la opinión pública si fue exonerado plena y definitivamente o sólo beneficiado por resoluciones procesales, Govea intenta imponer como “verdad jurídica” su narrativa personal. Asegura que existen “resoluciones firmes” que acreditan su inocencia, pero no las socializa ni permite que la ciudadanía, a la que ahora debe rendir cuentas, las revise y las discuta.
Al final, el problema no es sólo su pasado, sino la forma en que lo maneja: negar, descalificar, aceptar a regañadientes, victimizarse y dictar sentencia mediática a su favor, todo sin pruebas públicas.Ese patrón no es el de un fiscal comprometido con la verdad, sino el de un operador político que cree que la justicia es un relato que se controla, no una realidad que se demuestra.
Con informacion: Elefante Blanco/ HoyTamaulipas/ Expreso Press/
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