En la frontera donde “empieza la patria”, parece que también empieza el regateo. Tijuana, ese umbral simbólico que durante décadas ha servido para declamar soberanía con voz engolada, hoy ofrece una escena más terrenal: la de una gobernadora que, según audios difundidos y reportes periodísticos, estaría dispuesta a convertir información de seguridad en moneda de cambio. No por la patria, desde luego, sino por algo bastante más prosaico: una visa.
Mientras el discurso oficial se envuelve en la bandera del patriotismo y denuncia —con razón histórica— las tentaciones intervencionistas de Washington, en la trastienda se negocia con la caja fuerte abierta.
Aqui lo que se insinúa no es cooperación institucional ni asistencia jurídica internacional conforme a cauces legales, sino la oferta de datos sensibles surgidos de mesas de seguridad: objetivos, operativos, mapas criminales. Es decir, el tipo de información que la Ley de Seguridad Nacional no trata como souvenir diplomático.
El argumento defensivo es de antología: todo habría sido por “recuperar el visado”. Como si el acceso a territorio estadounidense fuese un derecho humano superior a la confidencialidad de estrategias contra el crimen organizado. Como si la frontera, tan invocada en mítines, pudiera plegarse al tamaño de un trámite consular. Y como si el intercambio de favores con autoridades extranjeras, fuera de canales formales, no rozara —cuando menos— zonas que el Código Penal mira con lupa y que Tamaulipas también viola cada que cruzan el puente perfiles que regresan como informantes.
El cuadro se vuelve más denso cuando se superpone el contexto: investigaciones en Estados Unidos sobre presuntos vínculos de funcionarios con el narcotráfico, filtraciones, y la sospecha —reiterada en reportes internacionales— de que algunos actores estarían dispuestos a “cooperar” para salvarse. No es un fenómeno nuevo, pero sí cada vez menos disimulado. La novedad aquí es la crudeza: el poder local convertido en bisagra de intereses, con la soberanía como utilería retórica.
En México, el cálculo político suele ser un anestésico eficaz. Las lealtades partidistas, las alianzas coyunturales y el miedo al costo electoral de la Presidenta Sheinbaum tienden a convertir posibles ilícitos en escándalos pasajeros, minimizados también por el jefe de la estrategia federal de seguridad, Omar García Harfuch, que todos los días, y a marchas forzadas, pierde credibilidad, esa que suele subir en escalera y bajar en ascensor.
La historia reciente sugiere que, aun ante indicios graves, el sistema prefiere administrar daños antes que abrir expedientes que incomoden a los propios. Dicho de otro modo: si hay responsabilidades, probablemente se diluyan en la niebla del pragmatismo.
Pero el problema es que esta vez la otra mitad de la frontera no es espectadora. Si autoridades estadounidenses consideran que hubo ofrecimientos indebidos de información o intentos de obstruir investigaciones, el terreno cambia. Allá, la narrativa no se dirime en conferencias matutinas, sino en cortes federales, con tipificaciones que no entienden de discursos patrióticos. Y cuando la evidencia cruza la línea —audios, intermediarios, contactos—, la jurisdicción también puede hacerlo.
Así, la escena queda servida: una gobernadora que, según los señalamientos, habría coqueteado con la idea de intercambiar secretos por movilidad; un gobierno federal que cierra filas en público mientras contiene incendios en privado. Si esto es soberanía, viene con cláusulas en letra chica.
Porque al final, más allá del ruido político, hay una pregunta incómoda que no admite sarcasmo: ¿qué ocurre cuando la seguridad nacional se negocia como si fuera un trámite personal? La respuesta, si llega, quizá no venga desde Palacio Nacional.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ZEDRIK RAZIEL
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