LOS SNIPERS del EJERCITO: ANTES de SOÑAR con PEGARLE a un BLANCO a 2KM los FRANCOTIRADORES deben CONTROLARSE ASI MISMOS»…el tirador dispara y el observador piensa.

Reynosa no es una ciudad: es un cajero automático colectivo del narco, operado a punta de miedo mientras el gobernador de Morena, Américo Villarreal, y su fiscal, Jesús Eduardo Govea —ex recluso federal del penal del Altiplano— se niegan rotundamente a encausar penalmente al exmilitar Mario Guitian Rosas, alias “La Chispa”, lugarteniente del Cártel del Golfo, como lo indican las reformas a la ley antiextorsión en México.

Miedo como modelo de negocio

En Reynosa, 86.6% de ciudadanos le dijo al INEGI que vivir ahí es inseguro, casi el mismo infierno estadístico que Culiacán, sin necesidad de balaceras diarias ni espectaculares para la nota roja.

Lo que hay es algo más rentable: una ciudad entera aterrada, donde el delito se volvió rutina y la extorsión suplanta las viejas ganancias del trasiego de droga que EE.UU dificulta y para lo cual no hay estrategia visible en Mexico que privilegie la integridad y bienes de ciudadanos por encima de las capturas mediáticas. 

Las encuestas del INEGI registran que casi nueve de cada diez habitantes caminan con el miedo puesto, mientras el gobernador y mandos militares presumen “mesas de paz” como si fueran grupos de terapia para funcionarios que administran el desastre.

La calle se adapta al Cartel del Golfo: gente que deja de salir de noche, que renuncia a llevar cosas de valor, que limita visitas a familiares, porque el riesgo de un levanton en este municipio campeón estatal de las desapariciones ya no es una hipótesis, sino un cálculo cotidiano que engorda las alforjas del Cartel del Golfo y cualquier pretexto es bueno.

La ciudad tomada por la renta

Los testimonios de restauranteros y comerciantes hablan de un patrón claro: “cuotas extorsiones al máximo”, cadenas de restaurantes donde la lógica del negocio ya no es vender comida, sino sobrevivir a “Mario la Chispa” y sus punteros. 

La intimidación crece: primero llegaron por las ganancias de ser proveedores de todo tipo de productos sustituyendo las cadenas formales de distribución y venta, carne, pollo,huevo,alcohol y después hasta por los mariscos, nada escapa a su control,nada.

Y cuando todo eso no basta, levantan comerciantes y exigen pagos de cientos de miles, como si la ciudad fuera una nómina involuntaria del Cártel del Golfo que no solo regula el delito, sino que también controla las rentas de toda actividad lícita y productiva; tienes que pagarles por trabajar y por ganarte el pan con el sudor de tu frente.

En los relatos se repite la misma pregunta desesperada: “¿a quién podemos acudir, gobernador ?”, formulada no en un foro académico sino desde el mostrador de un negocio al que le pusieron pistola en la sien y factura criminal en la puerta.

Mientras los ciudadanos convocan en redes a “colgarle las extorsiones a la Chispa”, el gobierno responde con silencio selectivo, como si la impunidad fuera una política pública, y lo es.

La figura del lugarteniente intocable

Mario Guitian Rosas, ex‑militar, que vivía en la oscuridad, ahora se vende ante la cámara como “simple empresario de Reynosa” , pero el exmilitar, esta dedicado en «puerco y alma» a una infinidad de negocios que son saldo de la extorsión y bastaría una esculcada seria con la nuevas herramientas de la Inteligencia Financiera para destronarlo, pero NO,andan ocupados arremetiendo contra rivales en actos suficientemente torcidos para que parezcan legales.

Los informes de este y el otro lado del Río,asi como la prensa nacional y por la DEA, lo ubican como contratista del gobierno de Americo Villarreal y hasta el INE, tal y como lo hace Americo Villarreal con otras figuras delictivas.

En los hechos,Guitian Rosas ligado a militares de su antigüedad que hoy son mandos, algunos en retiro, un día de 2021 lo nombraron Delegado de Seguridad y Justicia.

En los hechos, el exmilitar es operador estrella del Cártel del Golfo, encargado de la extorsión y la logística criminal en la ciudad donde nada se mueve si no lo ordena.

Su carta de presentación pública no es un expediente judicial, sino un video de victimismo empresarial y una foto de cena y abrazo con el gobernador Américo Villarreal, suficiente para exhibir la calidad del blindaje político que lo rodea,como también cita Ejecentral.

Diversas fuentes como ADN NOTICIAS, han señalado su contubernio con el gobierno de Americo en calidad de lugarteniente del Cartel del Golfo,subordinado del líder delincuencial hibrido de CJNG-CDG,apodado el “Primito”, un peldaño abajo del jefe de plaza el «Comandante Mono», que fue su subordinado, ahora responsables de la máquina de cobro de rentas que estrangula la frontera.

Cuando Gabriel Hernandez, empresario, lo acusó en video antes de morir precisamente por el video ,dio cuenta de las múltiples extorsiónes y lo responsabilizó de su muerte junto con autoridades, ese registro deja de ser chisme y se convierte en dato de prueba que el Ministerio Público está obligado a valorar seriamente.

La ley contra la extorsión y la notitia criminis

La reforma constitucional de aplicación vigente convirtio la extorsión en delito grave, perseguible de oficio, incorporándola al catálogo de prisión preventiva y a una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión y fue publicada el 28 de Noviembre de 2025,es letra muerta.

Powered By EmbedPress

Su lógica es sencilla: en un país donde la denuncia puede costar la vida, el Estado ya no puede refugiarse en el pretexto de “sin querella no hay caso”; bastan indicios razonables y datos públicos para activar el aparato penal. 

Aquí entra la notitia criminis: la noticia del delito que llega al Ministerio Público por cualquier vía —medios, redes, informes de inteligencia, testimonios en video, estadísticas— y obliga a iniciar investigación sin esperar a que la víctima toque la puerta. 

En Reynosa, esa notitia criminis ya existe multiplicada:denuncias mediáticas, grabaciones antemortem, señalamientos de activistas y empresarios, piezas periodísticas que describen patrones de extorsión atribuibles a un mismo operador y a la protección política que lo rodea. 

Con la ley general y la persecución de oficio, el discurso de Americo Villarreal de “no hay denuncia”, se vuelve jurídicamente insostenible; cuando el delito se grita día y noche en portales, videos y redes, lo que falta no son datos, lo que sobra es omisión como quedó acreditado el dia que dijo lo que la ley no dice:

“Necesitamos una sociedad participativa y colaborativa. Si no tenemos la denuncia, no tenemos una bola mágica para saber dónde debemos estar presentes; requerimos esa información para poder actuar”…AMERICO VILLARREAL/HoyTamaulipas/

El gobernador y su fiscal: obligación, no opción

La Constitución local y la Ley de Seguridad Pública colocan sobre el gobernador y su Fiscal General de Justicia la obligación de salvaguardar la integridad de las personas, preservar el orden y garantizar seguridad interior, no de administrar encuestas desde la cómoda distancia de la Mesa de Paz. 

Eso implica ordenar investigaciones inmediatas, coordinar policías e inteligencia, proteger denunciantes, separar temporalmente a funcionarios señalados y presentar denuncias ante el Ministerio Público cuando haya indicios razonables de crimen organizado y extorsión.

El Fiscal General, con autonomía técnica en el papel, tiene el deber de investigar de oficio delitos que trascienden el interés social, incluida la extorsión sistemática vinculada a redes criminales y a servidores públicos, y de abrir carpetas cuando aparezcan videos, testimonios y patrones de violencia como los que ya existen. 

Cuando decide mirar para otro lado frente a un video de víctima que acusa directamente a La Chispa y a autoridades, está violentando principios de legalidad, objetividad y honradez, y caminando hacia figuras como encubrimiento y ejercicio ilícito del servicio público. 

La misma doctrina de delincuencia organizada en materia federal en la modalidad de fomento describe como delito el acto de quien apoya, facilita o protege la operación de un grupo criminal, incluso sin participar directamente en los delitos fin; eso incluye la protección política activa o la omisión dolosa que deja trabajar tranquilo al extorsionador. 

Que dice La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, ya publicada en el Diario Oficial el 28 de noviembre de 2025.

• Artículo 6: establece que el delito de extorsión y los vinculados se investigan y persiguen de oficio. 
• Artículo 21: fija penas de 10 a 20 años de prisión y multa de 200 a 400 UMA para la persona servidora pública que, teniendo atribuciones en prevención, investigación, persecución, procuración o impartición de justicia, se abstenga de denunciar la comisión de cualquiera de los delitos previstos en esta ley. 

Con esto se puede afirmar sin matiz que, con la ley vigente, la extorsión ya no depende de la denuncia para que el Estado actúe; y que la omisión del fiscal —y de cualquier mando con atribuciones en seguridad— no sólo es inmoral, sino típicamente punible bajo el artículo 21. 

El delito de extorsión ya se persigue “de oficio”, lo que significa que el Ministerio Público tiene la obligación de iniciar la investigación aun sin denuncia formal de la víctima; basta con tener conocimiento de la probable comisión del delito (notitia criminis), por cualquier vía, tal como lo expresa jurídicamente el artículo 6.

“El delito de extorsión y los delitos vinculados previstos en esta Ley se investigarán y perseguirán de oficio.” diputados.gob

En esa lógica, un gobernador que se retrata abrazando al lugarteniente, mantiene inactiva la policía frente a denuncias masivas y permite que la ciudad se convierta en campo de renta sistemática, se acerca más al perfil de facilitadores que al de garantes.

Extorsión como pacto de Estado

Cuando casi nueve de cada diez habitantes dicen tener miedo, la extorsión deja de ser negocio clandestino y pasa a ser componente estructural del régimen: una forma de recaudación paralela tolerada mientras no estalle mediáticamente. 

La ciudadanía entiende el mensaje: el narco cobra, el gobierno calla, la ley se usa para castigar al que incomoda y se archiva cuando toca al amigo de la casa, y la notitia criminis se acumula sin traducirse en órdenes de aprehensión. 

La reforma contra la extorsión pretende cerrar ese margen de simulación, pero de poco sirve una ley que persigue de oficio si los operadores políticos del sistema han decidido que su oficio real es la protección selectiva.

Al final, la estadística de 86.6% no mide sólo miedo; mide el grado en que la población sabe, con absoluta claridad, que la extorsión no sería tan eficiente sin el respaldo, la omisión o el abrazo institucional que la hace posible.

Tan grave es la extorsión, que el propio alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz —antagónico del gobernador y de los aliados con los que este abraza y cena del Cártel del Golfo— la ha denunciado en múltiples ocasiones.

En resumen; mientras EL GOBEn resumen, mientras el gobernador y su fiscal, con un pasado manchado, sigan alquilando protección al Cártel del Golfo, esta actividad seguirá siendo tan rentable como ellos mismos.

Con información: EL FINANCIERO/EJE CENTRAL/ @Furia_Tinta/