En México, al parecer, golpear, encerrar y aterrorizar a una mujer durante días no alcanza para pisar la cárcel… pero sí para seguir dando entrevistas, subir videos y, si eres famoso, hasta controlar el relato.
Denys Chantal Corona Rodríguez no está pidiendo fama, ni dinero, ni reflectores. Está pidiendo algo mucho más incómodo para este país: justicia. Y eso, en un sistema que suele arrodillarse ante el poder, resulta casi subversivo.
La historia es brutal, pero no excepcional. Denys denunció en 2025 a su entonces pareja, al hijo del campeón Julio Cesar Chavez, el boxeador Omar Chávez, por violencia familiar.

No fue un arrebato aislado ni una discusión subida de tono: hubo golpes en el rostro y el cuerpo, y después algo todavía más grave—13 días privada de su libertad en una casa en Culiacán, vigilada, amenazada, incomunicada. Trece días donde la violencia dejó de ser doméstica para convertirse en secuestro con todas sus letras.

¿Y qué pasó? Lo de siempre: denuncias que duermen, audiencias a las que el acusado no llega durante meses sin consecuencias, y un sistema que parece más paciente con el agresor que con la víctima. Porque aquí la ley es dura… pero selectiva.

Mientras Denys reunía pruebas —fotos, videos, audios— y sobrevivía para contarlo, el agresor tuvo tiempo de construir su propia narrativa: estaba “mal”, pidió perdón, “de los errores se aprende”. Como si golpear y encerrar a alguien fuera una especie de tropiezo emocional y no un delito grave. Como si el machismo violento pudiera lavarse con una disculpa en video.

Y mientras tanto, ella con miedo de morir.
“Temo por mi vida”, dice. Y no es una frase dramática: es un diagnóstico. Porque el mensaje institucional es claro y peligroso: puedes denunciar, puedes probarlo, puedes escapar… y aun así, tu agresor puede seguir libre.
El machismo aquí no sólo golpea: también protege. Protege al agresor cuando es conocido, cuando tiene nombre, cuando puede convertir la violencia en “problemas personales”. Y el sistema de justicia, en lugar de romper ese círculo, lo administra.
La escena es grotesca: una mujer que tuvo que engañar a su captor para escapar, maquillarse para no levantar sospechas, subirse a una camioneta con su agresor… sólo para poder llegar a la Fiscalía. Es decir, arriesgar la vida para que, al final, la ley apenas reaccione.
Y entonces surge la pregunta incómoda: ¿qué más necesita una víctima en México para que su agresor pise la cárcel? ¿Cuántas pruebas bastan? ¿Cuántos días encerrada? ¿Cuántos golpes?
Porque si 13 días de cautiverio, lesiones documentadas y una denuncia sostenida no son suficientes, el problema ya no es el caso… es el sistema entero.
Denys no quiere ser símbolo ni tendencia. Quiere que quien la violentó enfrente consecuencias reales. Quiere algo que en teoría es básico, pero en la práctica sigue siendo excepcional: que la justicia funcione.
Con información: ELNORTE/

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