Hace 5 años, segun la fecha, quedaron consignados en la memoria historica de “YOUTUBE” ,los dichos del Presidente “hocicon verbodiarreico que mal gobernaba” al pais, Andres Manuel Lopez Obrador ,cuando externo con sus propias palabras ,que el “presidente sabe de las grandes transas”.
Con el preambulo, buscamos fundamentar con sus mismos dichos,su punible responsabilidad en el mas reciente quebranto descubierto po 600 millones de peso en la Administración del Patrimonio de la Bneficiencia Publica :
La Fiscalía General de la República (FGR) ejerció la acción penal contra ex funcionarios del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ejecutivos financieros por una presunta compra ilegal de certificados bursátiles por 600 millones de pesos con recursos de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP).
De acuerdo con documentos judiciales, la FGR pidió una audiencia para imputar y solicitar la vinculación a proceso del ex director general del organismo, Leonardo Alfonso Verduzco Ávila, y de Ernesto Gustavo O´Farril Santoscoy, presidente de Bursamétrica Casa de Bolsa.
En la misma causa penal, la Fiscalía pretende que sean procesados Exécatl Gutiérrez Ramírez, ex director de Administración y Finanzas, así como Mauricio Trigueros Ramírez y Sergio de Alba Zamudio, apoderado legal y ex director Jurídico de Bursamétrica, respectivamente.
Además, Manuel Arturo Mollevi Palacios y Roberto Guzmán García, quienes aparentemente desempeñan los cargos de vocal y director general de la casa de bolsa, así como Rocío Ángeles González.
Se pretende procesar a los ex servidores públicos por los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público, mientras que a los ejecutivos financieros por violación a la Ley de Instituciones de Crédito, según la carpeta de investigación a la que REFORMA tuvo acceso.
Este es uno de los primeros expedientes que judicializa la FGR, desde la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia, contra funcionarios del sexenio de su antecesor Andrés Manuel López Obrador.
El pez por la boca muere ?
Según las declaraciones públicas de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el marco legal mexicano, su responsabilidad en el caso de los certificados bursátiles ilegales adquiridos con fondos públicos durante su gobierno podría argumentarse desde tres dimensiones:
1. Responsabilidad política por omisión en la supervisión
AMLO afirmó repetidamente que los presidentes “saben de las grandes transas”. Bajo esta lógica, como máximo responsable del Ejecutivo, habría tenido obligación de detectar y frenar esquemas irregulares en dependencias bajo su control, como Segalmex y la Beneficencia Pública.
- Hecho clave: El desvío de 600 millones de pesos ocurrió en la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP), organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud federal.
- Omisión institucional: A pesar de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en Segalmex desde 2019, no hubo acciones contundentes contra altos mandos como Ignacio Ovalle (director de Segalmex y padrino político de AMLO)
2. Contradicción entre discurso y práctica
AMLO prometió “cortar de tajo con la corrupción”, pero casos como este reflejan una continuidad de mecanismos fraudulentos que dejan ver que fue parte de ella:
- Bonos basura: La compra de certificados bursátiles de riesgo (prohibidos por ley) se realizó mediante fideicomisos creados en el sexenio de Peña Nieto, pero ejecutados en 2019-2020 bajo su administración.
- Protección a funcionarios: Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a proceso a exfuncionarios como René Gavira (tesorero de Segalmex), no se investigó a Ovalle, quien firmó autorizaciones para las inversiones. AMLO lo defendió públicamente, alegando que era víctima de sus subordinados.
3. Responsabilidad civil y administrativa indirecta
El Código Civil Federal (Artículos 1910 y 1916) establece que los servidores públicos deben reparar daños al erario. Aunque AMLO no está acusado penalmente, podría argumentarse que:
- Falta de controles: El esquema de bonos basura requirió la colaboración de múltiples instancias (Secretaría de Hacienda, casas de bolsa, funcionarios), lo que sugiere fallas sistémicas en la supervisión financiera.
- Beneficio político: Los fondos desviados se utilizaron para simular cumplimiento de metas en programas sociales, lo que generó réditos propagandísticos para su gobierno.
Marco legal aplicable
- Constitución Mexicana (Art. 108): El presidente solo puede ser juzgado por traición a la patria o delitos graves durante su mandato. Sin embargo, una vez fuera del cargo, podría enfrentar procesos por responsabilidades civiles o administrativas derivadas de actos de su administración.
- Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA): Establece sanciones por omisión en la supervisión de subordinados, incluyendo inhabilitación y multas hasta por el doble del daño causado.
Conclusión
Aunque no existe evidencia directa de que AMLO ordenara las transacciones ilegales, su responsabilidad política se sustenta en:
- La contradicción entre su retórica anticorrupción y la perpetuación de esquemas fraudulentos.
- La omisión en investigar a altos funcionarios vinculados a é.
- El marco legal que obliga a los titulares del Ejecutivo a garantizar transparencia en el uso de recursos públicos.
Este caso refleja un patrón documentado en su sexenio: centralización del poder, opacidad en contrataciones y protección a colaboradores cercanos, pese a denuncias periodísticas y auditorías que lo convirtieron en otra “vulgar rata con poderes presidenciales”.
Con informacion: ELNORTE/
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