La ejecución duró menos de un minuto. Los sicarios abrieron fuego en un restaurante de la Plaza Miyana en Polanco, una de las zonas más lujosas de Ciudad de México, y para cuando llegaron los servicios de emergencia ya era demasiado tarde.
El ataque cimbró a la capital, refugiada recurrentemente bajo el espejismo de que la narcoviolencia es un fenómeno que afecta sólo a los Estados del interior del país. Pero cuando las autoridades confirmaron la identidad de la víctima este jueves, el caso tomó otra dimensión. Se trata del promotor musical Jesús Pérez Alvear Chucho, de 40 años, conocido por representar y tratar con superestrellas del género regional mexicano como Julión Álvarez y Gerardo Ortiz, aunque también por estar en la mira de las autoridades estadounidenses durante años.
Washington lo había acusado de lavar dinero para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo incluyó en la llamada “lista negra” del Departamento del Tesoro y lanzó una orden de captura para llevarlo a juicio hace dos años. El miércoles lo mataron a quemarropa, mientras comía junto a dos hombres y una mujer.
Narcotráfico y boletos de feria
La historia comenzó en abril de 2018, cuando Pérez Alvear fue señalado por las autoridades estadounidenses como uno de los operadores financieros del CJNG, una de las fuerzas criminales más temidas y poderosas del mundo, así como con Los Cuinis, el brazo armado de la organización.
La Casa Blanca aseguró que Chucho utilizaba Gallística Diamante, una empresa fundada en el Estado de Aguascalientes que organizaba eventos, para lavar dinero de ambos grupos criminales y ayudarles a financiar el “opulento estilo de vida” de sus líderes. “Chucho Pérez tiene estrechos vínculos con la familia de González Valencia, y se enfoca principalmente en promover conciertos durante multitudinarias ferias mexicanas, como las de Aguascalientes y Metepec”, se leía en el comunicado.
La víctima mantuvo una relación amorosa con una de las cuñadas de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, fundador y jefe máximo del Cartel Jalisco, de acuerdo con los medios mexicanos. Ese lazo le permitió establecer vínculos financieros con el CJNG y Los Cuinis, comandados por la familia política del Mencho. Washington afirmaba que Gallística Diamante, que usaba el nombre comercial de Ticket Premier, era una pieza clave en el modus operandi para blanquear el dinero.
Chucho perfeccionó un método para combinar las ganancias ilegales del CJNG con ingresos legítimos obtenidos por su compañía, como la venta de entradas, comida y el cobro de estacionamiento. El jefe de la compañía operaba en una zona gris: tenía un negocio legal, pero incorporaba las técnicas del narco para crecer. “Chucho Pérez aplica la violencia para obtener concesiones que le permiten organizar estos conciertos bajo el nombre de su negocio de promoción musical”, aseguró el Tesoro.
Al margen de los delitos que le imputaban, a Estados Unidos le molestaba también la temática de los eventos. “Chucho Pérez a menudo promociona espectáculos musicales que se conocen como narcocorridos, es decir, baladas que glorifican a los narcotraficantes y sus actividades ilícitas”, subrayaban. Sólo un artista se mencionaba en el boletín donde se anunciaron las sanciones, que congelaban sus activos y le cerraban las puertas del sistema bancario internacional: Julión Álvarez. El cantante había sido sancionado en agosto de 2017 bajo los mismos argumentos: lavar dinero del narco.
Esa ronda de sanciones no estuvo exenta de polémica, porque también se incluyó en la llamada “lista negra” al futbolista Rafa Márquez, el mejor jugador mexicano de su generación. Tras una larga batalla por limpiar su nombre, Márquez fue sacado del listado en 2021. Álvarez también ha negado durante años los supuestos vínculos con el narco. La polémica alrededor de Chucho, sin embargo, llegó de la mano de otro ídolo de masas: Gerardo Ortiz.
El escándalo de los conciertos
La designación de Chucho como operador del CJNG se interpuso en sus negocios. Ya estaba en marcha la organización de un concierto de Ortiz en la Feria de San Marcos de Aguascalientes, programado para el 27 de abril, tres semanas después de que se anunciaron las sanciones. Pérez Alvear fungía como el mánager en México del intérprete y de otros artistas de la disquera Del Entertainment. Al principio reinaba la confusión y los ejecutivos estaban casi convencidos de que lo mejor era cancelar el evento. Los empleados de la discográfica habían redactado un comunicado en el que afirmaban que Ortiz “no tenía más opción que acatar las leyes estadounidenses” y no programar ningún show organizado por individuos sancionados por el Departamento de Estado. Pero el boletín nunca se publicó.
Nueve días antes del concierto, dos agentes del FBI interceptaron a Ortiz en el aeropuerto de Phoenix (Arizona) para informarle que, al ser ciudadano estadounidense, tenía prohibido por ley hacer cualquier trato con Chucho. Esa misma tarde, los ejecutivos de la disquera intercambiaron mensajes de texto y de voz para tratar de darle la vuelta al entuerto. Hablaron de esconder los vínculos con Pérez Alvear y su compañía, pero a la vez poder cobrar parte del dinero que el promotor les debía y crear “un rastro de documentos” que ocultara la participación del promotor y Gallística Diamante en la organización. “Está vigilado”, advirtieron. En esos días previos al show, la empresa decidió seguir adelante con el evento, a pesar de las advertencias de las autoridades.
Siempre según las autoridades estadounidenses, Chucho compró un teléfono desechable para negociar con uno de los altos cargos de la discográfica la forma de darle la vuelta a las sanciones.
Discutieron, por ejemplo, la posibilidad de que las autoridades de Aguascalientes escribieran una carta para demostrar que Ortiz iba a presentarse a petición de ellos y no de Pérez Alvear, quien realmente era el beneficiario de que el concierto se celebrara. También hablaron de pagar por adelantado la renta de un jet privado para que el artista pudiera cantar en la fecha pactada y el show no se cayera. Los ejecutivos pagaron dos millones de pesos (unos 100.000 dólares) y pese algunos contratiempos, el cantante cantó frente a su público.
A partir de ese momento, los ejecutivos dejaron de hablar de Chucho y se referían a él como Pedro, para que no hubiera rastro de las transacciones. Y los conciertos siguieron con Gerardo Ortiz y otros artistas representados por Del Entertainment, igualmente organizados por Pérez Alvear, pero pagados por testaferros o en triangulaciones financieras para tratar de engañar a las autoridades. La máquina de dinero no dejó de funcionar. El promotor organizó shows de Ortiz con fechas en Querétaro, Guanajuato, Nuevo León, Sonora, Campeche, Baja California, Hidalgo, Tlaxcala, Sinaloa, el Estado de México y Michoacán. Todos se celebraron en 2018, pese a las sanciones. Hubo al menos otras cuatro presentaciones a principios de 2019. En ese periodo de tiempo hubo pagos a la disquera a través de prestanombres de Pérez Alvear por unos tres millones y medio de pesos.
Todo parecía tranquilo, aunque en realidad las autoridades estaban al tanto de todo. Discretamente, intervinieron sus teléfonos, obtuvieron los estados financieros en colaboración con sus contrapartes mexicanas y, eventualmente, consiguieron órdenes de cateo para incautarse de todas las evidencias. En 2020, cuando ya no existía relación laboral entre Del y Gerardo Ortiz, las autoridades allanaron las oficinas de la discográfica. “[El FBI] tomó varios materiales que, entendemos, se relacionan con su investigación sobre nuestro exartista”, dijo la compañía. El artista después demandó a su antigua disquera por incumplimiento de contrato y un fraude que le hizo perder “decenas de millones de dólares”.
Fue hasta junio de 2022 que se anunció la captura en California de Jorge del Villar y Luca Scalisi, director y jefe financiero de la disquera, por el delito de conspiración para hacer transacciones con un individuo sancionado por las autoridades como jefe criminal. Además de Del Entertainment, el tercer acusado era Pérez Alvear. “Se cree que está en México”, se mencionaba en el comunicado. Scalisi y Del Villar se enfrentaban a 14 cargos por supuestos delitos financieros y, de ser hallados culpables, pueden ser condenados hasta por 30 años de cárcel. Los detenidos pagaron una fianza de cientos de miles de dólares y han enfrentado el proceso judicial en libertad. Ortiz no fue acusado por las autoridades. Tampoco se ha pronunciado tras el asesinato de su antiguo mánager.
El ataque
En mayo de 2023, Chucho llegó a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos y se declaró culpable. Pérez Alvear confesó que participó en la conspiración a cambio de una sentencia máxima de 10 años de cárcel y el pago de una multa por 250.000 dólares o el doble de las ganancias que obtuvo de las transacciones irregulares. En el expediente judicial, al que tuvo acceso este periódico, no hay visos de que al promotor se le haya dictado la sentencia. Scalisi y Del Villar sostienen su inocencia y el caso sigue en curso en un tribunal de California.
La Policía de Ciudad de México reveló que Chucho llegó al restaurante dos horas antes de su asesinato, un ataque directo, según la principal línea de investigación. Había hecho una reservación para más personas, lo que indica que esperaban a más gente. Dos hombres perpetraron la agresión. Fue la Secretaría de Seguridad de Omar García Harfuch quien confirmó la identidad de la víctima. Tras el asesinato, Pérez Alvear ha sido vinculado también con el atentado del CJNG contra Harfuch, entonces jefe de la Policía de la capital, en 2020. Una de las versiones es que, por esa razón, se mantenía como uno de los blancos de las autoridades mexicanas, pese a su acuerdo con la justicia estadounidense.
Después de la filtración del ataque armado, se dio a conocer también el escape de los sicarios, quienes abandonaron el centro comercial y se fugaron a bordo de una motocicleta. Los acompañantes de la víctima recogieron sus pertenencias y también se fueron del lugar inmediatamente. “Este hecho, como otros, no quedará impune”, afirmaron las autoridades.
Con informacion: ELIAS CAMHAJI/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS
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