En julio de 2020, Juan (nombre ficticio) de 18 años iba en su auto con amigos; militares vestidos de Guardia Nacional (GN) le marcaron el alto, se detuvo. Un soldado se acercó a la ventanilla y le metió un tiro en la cara, así sin más. Lo trasladaron al hospital militar. Como consecuencia del disparo, perdió el ojo derecho, el 80% de la audición y le partieron el maxilar superior. Juan trabajaba para apoyar a su familia, quizás por mucho tiempo ya no podrá hacerlo. Le destrozaron la vida y sus ilusiones.
Se ha hecho costumbre que para evitar un escándalo la Jefatura Central de la GN actúe y, en este caso, ordenó a la Mayor Adriana Herrera (encargada de víctimas de la GN) se trasladara a Michoacán con el fin de realizar las gestiones para un “acuerdo reparatorio”.
La Mayor convivió con Juan y su familia en el hospital durante 20 días, pero al tener conocimiento del documento que propuso la GN, ella se negó a firmarlo; argumentó que el monto a pagar para resarcir el daño no era justo (el daño era mucho mayor), que Juan no había tenido asesoría jurídica y que se había omitido registrarlo en la CEAV, como marca la Ley General de Victimas (LGV).
Su decisión encolerizó a su mando, y a pesar de que Adriana estaba adscrita a una institución civil (eso es la GN en la Constitución), no lo respetaron y ni siquiera le dieron derecho de audiencia. La regresaron al Ejército para darla de baja como desertora, como delincuente. Acabaron con la carrera de una mujer con un expediente impecable de 20 años de servicio. Por su parte, a Juan le dieron lo que Sedena consideró suficiente para salir del paso. Juan aceptó porque no conocía sus derechos y seguramente si descubre que no se los respetaron, no podrá hacer nada porque firmó “el acuerdo reparatorio”.
El silencio es el modus operandi de la Unidad de Víctimas (UNIVIC) de Sedena y ahora de la GN, pero es ilegal, porque a partir de la publicación de la LGV en 2013, todas las instituciones deben dar aviso a la CEAV al iniciar el proceso. Es este organismo el que las registra, determina el daño, el monto a pagar y las acciones a seguir.
Todo indica que la “rapidez” con la que actúa Sedena para hacerse cargo de las víctimas, tiene el objetivo de que no les dé tiempo a las víctimas de asesorarse y reclamar sus derechos. Estos son: medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción, disculpa pública y medidas de no repetición. Es decir, que se establezcan protocolos y políticas públicas necesarias para evitar una siguiente tragedia.
Según cifras publicadas por este diario, la Sedena pagó 107 millones de pesos a víctimas contenidas en 95 expedientes del 1 de enero de 2019 a mayo de 2023, pero cada expediente puede contener una o varias víctimas (información reservada). Entonces es imposible saber el daño ocasionado, el monto pagado y si fueron o no inscritas en el Registro. Tampoco sabemos si hubo consecuencias para los culpables.
Lamentables casos como el de Juan seguirán ocurriendo mientras no se exija a la Sedena que cumpla con la LGV y los responsables pasen por la justicia civil. Para que el castigo sea para los causantes directos y para la cadena de mando por dar órdenes ilegales y/o no preparar a los soldados para actuar en tareas de seguridad. Precisamente se escudan en el fuero militar para evitar la responsabilidad de los mandos.
Nada, absolutamente nada repara el daño a una persona que le destrozan la vida o a una madre que le matan un hijo, por eso debemos sensibilizar a nuestros militares, para que no pongan en riesgo a la población ni a sus mismos elementos. Por eso las medidas de no repetición son esenciales.
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