Tras calificar como una "ejecución arbitraria" la muerte de un estudiante en Guanajuato por disparos de la Guardia Nacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez aseguró que hasta marzo de 2021 esa corporación sumaba 94 muertes en eventos de uso de la fuerza.
El miércoles, personal de la Guardia Nacional mató de un balazo en la cabeza a Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de la Universidad de Guanajuato durante un operativo antihuachicol.
LA PERDIDA DE 1 SOLA VIDA INOCENTE NO LEGITIMA EL COMBATE AL CRIMEN:
"La ejecución arbitraria de Ángel, un estudiante de la Universidad de Guanajuato, en Irapuato, por elementos de la Guardia Nacional, ocurre en un preocupante contexto de opacidad y militarización", acusó.
"De mayo de 2019 a marzo de 2021 se registraron al menos 161 eventos de uso de la fuerza por parte de la Guardia Nacional, donde fallecieron 94 personas, de acuerdo con datos obtenidos vía solicitud de información".
La organización jesuita lamentó que la corporación incumpla de forma reiterada con la Ley sobre el Uso de la Fuerza, pues afirmó que no transparenta los reportes pormenorizados en casos de fuerza letal.
Acusó que la Unidad de Asuntos Internos está en manos de ex integrantes de cuerpos castrenses con preocupantes antecedentes a violaciones graves a derechos humanos.
También criticó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que como un sistema de control externo no se ha pronunciado por el actuar de la corporación federal.
"En suma: el desdibujamiento del carácter civil de la Guardia Nacional propicia que los riesgos sobre los derechos humanos se incrementen", advirtió.
"Los hechos deben ser investigados por autoridades civiles, no quedar en la impunidad y las familias de las víctimas deben recibir un trato digno".
Para el Centro Prodh, casos como el asesinato de Ángel muestran por qué hay que oponerse a la propuesta de reformar de nuevo la Constitución para entregar enteramente la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Por su parte, Amnistía Internacional repudió la intervención de la Guardia Nacional y llamó a la Fiscalía del Estado a investigar los hechos conforme a los más altos estándares.
"No es un caso aislado", sostuvo.
"En 2010, integrantes del Ejército asesinaron a los estudiantes del Tec, Jorge y Javier, durante un operativo de seguridad".
Recordó que la Guardia Nacional es un cuerpo de seguridad militarizado, siendo que los estándares internacionales de derechos humanos indican que la seguridad pública debe estar en manos de personal civil.
"La operación de la Guardia Nacional se contrapone con el estándar internacional en la materia, de acuerdo con el cual los Estados sólo pueden recurrir a las fuerzas militares en casos excepcionales y por un tiempo definido", estableció.
En una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal informó que el guardia que disparó a Ángel fue puesto a disposición del Ministerio Público la noche del jueves para que sea investigado por la Fiscalía estatal.
Fuente.-(imagenes/web)
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