El reciente "fallo" de un Juez Federal ubicado en Reynosa,no sorprendió en su resolución dictada a favor de Enrique Rivas ex-alcalde panista de Nuevo Laredo, por la acusación que pesaba en su contra tras ser sorprendido en 2018 con camionetas "clonadas" de la Marina, que declara fueron "clonadas por efectivos de Marina" que lo custodiaban en Nuevo Laredo durante su campaña de reelección .
Los jueces en Tamaulipas, especialmente los que se encuentran en Reynosa, tienen la reputación de inclinarse a los intereses de Francisco Javier Cabeza de Vaca, a quien la justicia federal ha otorgado sendos amparos, de esos que no son asequibles a los delincuentes que son "raza jodida" y los que el propio presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha reclamado en sus mañaneras.
La corrupción del juez se presume desde que estaba más que claro el delito de haber clonado las unidades, pues si bien los elementos de Semar que por alguna u otra razón le concedieron para su custodia, al no contar con vehículos para ellos, optaron por rotular y equipar camionetas municipales -a pesar de que estaba de licencia y no podía tener acceso a recursos públicos para su campaña-, asemejándose a las unidades oficiales.
Esto solo se traduce en una descarada impunidad en Tamaulipas, en la que alguien que pertenezca al PAN, mientras esté gobernando el partido en el estado, puede hacer y deshacer sin temor a consecuencias.
La historia del "halcón oficial"
Las camionetas de la Marina fueron incautadas por la Fiscalía General de la República (FGR) el 15 de agosto de 2018. Se trata de dos vehículos que fueron descubiertos por el colectivo de familiares de desaparecidos a manos de la Armada de México.
Por aquel entonces, el alcalde tenía como escoltas a elementos navales que intento la Marina deslindar inicialmente en un comunicado oficial, pero las víctimas denunciaron que se trataba de vehículos apócrifos ya que no llevaban placas oficiales. Además, consideraron que podían haberse utilizado en algunas de las desapariciones.
La decisión del juez avala la versión ofrecida por el exalcalde: que se trataba de vehículos propiedad del municipio y que se entregaron a la Marina para que ellos los adecuaran para emplearlos como parte de la seguridad. “Esas camionetas no se utilizaron para ningún delito, así quedó acreditado por las pruebas periciales”, aseguró.
Enrique Rivas Cuéllar estaba acusado por el presunto delito de “uso indebido de condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas, insignias y siglas”, según el artículo 250 1 bis del Código Penal Federal, que prevé penas de entre uno y seis años de cárcel por almacenar “vehículos con balizaje, colores, equipamiento, originales, falsificados o con apariencia tal que se asemejen a los vehículos utilizados por las fuerzas armadas o instituciones de seguridad pública”.
La decisión del juez es ya firme ya que la FGR no presentó recurso ni tampoco la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que representa a las familias de los denunciantes.
El caso estaba siendo investigado dentro de la carpeta FED/SDHPDSC/FEIDDF-TAM/0000445/2018 y fue presentado ante el juez por la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzosa. Este formaba parte de las pesquisas sobre la ola de desapariciones atribuidas a la Marina entre febrero y junio de 2018. Al menos una familia señaló a los escoltas de Rivas Cuéllar y las camionetas que estos utilizaban como presentes en una de las desapariciones. Se trata de los allegados de Juan Carlos Pérez Navarro, desaparecido el 21 de mayo de 2018. Por el momento, sin embargo, el juez no les ha dado la razón.
La FGR tiene abiertas 34 carpetas de investigación por 47 desapariciones, aunque 20 de ellos fueron localizados sin vida. Animal Político reveló que hubo al menos otro caso más que tuvo lugar en diciembre, apenas dos semanas después de que Andrés Manuel López Obrador llegase al gobierno y cuando la mayoría de efectivos de la secretaría de Marina ya habían sido retirados de la ciudad fronteriza.
Actualmente hay 18 marinos en prisión acusados de tres desapariciones forzosas: las de Noé Alférez Hernández y Jonathan Ballesteros, Julio César Viramontes y José Luis Bautista Carrillo. En un primer momento fueron 30 los encarcelados. Entre ellos se encontraba Alfredo Reyes Mondragón, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) en Nuevo Laredo, pero fue liberado tras presentar un amparo. El caso está paralizado a la espera de que el juez resuelva los amparos presentados por el resto de integrantes de la Armada de México, que llevan ya casi un año en prisión.
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