Raymundo Ramos, activista y presidente del Comité de los Derechos Humanos de Nuevo Laredo, una organización civil tamaulipeca, envió una carta a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, en la que denunció que de las 19 quejas que les presentaron por diferentes casos de violaciones a derechos humanos ninguna ha sido atendida, a pesar de que se trata de hechos graves.
Uno de esos casos, expuso Ramos, es la masacre de ocho personas en el Fraccionamiento Valles de Anáhuac el pasado 5 de septiembre de 2019, “donde elementos de inteligencia, Policía Estatal y soldados del Ejército mexicano simularon un enfrentamiento armado con presuntos integrantes de una célula del crimen organizado para ejecutarles de manera extrajudicial y en pleno día”.
Más de dos años después, el activista apuntó que el expediente de queja CNDH/2/2019/8078/Q “sigue archivado”.
“El actual Visitador General no tiene el más mínimo interés en concluirlo, precisamente para no tocar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”, señaló Ramos.
Otro caso ocurrió el 3 de julio de 2020, cuando durante una persecución en Nuevo Laredo, Tamaulipas, soldados dispararon centenares de veces con armas largas y a corta distancia en contra de una camioneta en donde viajaban presuntamente miembros de la delincuencia organizada.
La versión oficial señalaba que después del cese el fuego no hubo nadie que tuviera signos vitales y así presentaron a 12 personas civiles muertas. Sin embargo, el diario El Universal publicó un video en el que se ve que una persona se movía en la caja de la pick up que acababa de recibir más de 200 disparos. Los militares gritan “¡está vivo!” y otro militar ordena: “mátalo a la verga”.
“Es fecha que la CNDH no ha emitido una recomendación que incluya un acto de disculpa pública para familiares de víctimas y para la sociedad mexicana”, señaló el presidente de la asociación civil de Nuevo Laredo.
Por otra parte, Raymundo Ramos recordó que en Tamaulipas se produjeron otros múltiples hechos violentos en este 2021. En enero, por ejemplo, tuvo lugar la masacre de migrantes centroamericanos en Camargo, que en un inicio las autoridades estatales intentaron atribuir a disputas entre grupos del crimen organizado, aunque el Comité de los Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció públicamente la participación directa de agentes de la Policía estatal y del Grupo de Operaciones Especiales como responsables de la masacre.
Luego, en junio de este año, un grupo de civiles armados realizó varios atentados en contra de la población civil de Reynosa dejando 15 personas asesinadas.
“La presión de la prensa nacional obligó a las autoridades estatales a torturar y fabricar culpables, como lo ha hecho en anteriores ocasiones, presentando a al menos tres personas que estaban reportadas como desaparecidas como responsables directos de dichos atentados”, expuso Ramos, que añadió: “En ambos casos, la CNDH guardó un absurdo silencio cómplice, negligente y vergonzoso”.
“Sus visitadores en Reynosa intentaron deslindarse justificando que las denuncias en contra de las autoridades locales competían a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y finalmente le dieron la espalda a las familias que pedían su protección”.
Además, Ramos recordó que, en julio de este año, en Nuevo Laredo, un representante de la Secretaría de Marina ofreció una disculpa pública a familiares de víctimas en seguimiento a la recomendación 36VG/2020 emitida por la desaparición forzada de 27 personas.
Al evento acudió un representante de la CNDH, pero el activista señaló en su escrito que esperaban “un pronunciamiento público, una conferencia de prensa, o un llamado enérgico a las autoridades responsables, pero tampoco tuvimos su gentil presencia, y ni que hablar de un acto solidario para las víctimas y familiares por parte de la CNDH”.
Otro momento fue en noviembre pasado, expuso el activista, cuando gracias al amparo de un juez 12 marinos de Operaciones Especiales acusados de la desaparición forzada de 27 personas quedaron libres.
“De la CNDH y de usted en lo particular (Rosario Piedra Ibarra) no hubo ningún pronunciamiento, ninguna postura, ningún interés para decirlo con mayor claridad. ¿Esta es la CNDH que dice defender al pueblo?”, concluyó el activista tamaulipeco.
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