Dos camionetas, una Chevrolet Silverado y otra Toyota Sequoya, circulan a toda velocidad por una brecha ubicada entre Camargo y Gustavo Díaz Ordaz, en la frontera chica de Tamaulipas, a escasos kilómetros de EU. En la troca de una de ellas, aterrorizados, hay un puñado de migrantes, casi todos guatemaltecos. Detrás, pisándoles los talones, un convoy de policías formado por un pick-up de la secretaría de Seguridad del Estado, tres blindados de los GOPES (Grupo de Operaciones Especiales) conocidos como "Mamba Negra" y otros dos pick up.
LA VERDAD SE CONOCERA CUANDO ACABE EL GOBIERNO:
Los agentes hacen uso de sus armas y alguno de los perseguidos alcanza a llamar a sus familiares: “nos están disparando”, relatan. Será la última comunicación de su vida. Es 22 de enero y pasan algunos minutos de las 10 de la mañana. Estamos ante el inicio de la masacre de Camargo, la mayor matanza de migrantes perpetrada en México en los últimos años.
Poco después de la persecución aparecen calcinados los cuerpos de 19 personas: 16 son migrantes guatemaltecos, otro es salvadoreño y otros dos son mexicanos que trabajan ayudando a los indocumentados a cruzar la frontera. Entre las primeras víctimas identificadas están los mexicanos Jesús Martínez Guerrero y Daniel Pérez Quirós, quienes trabajaban cruzando migrantes irregularmente a EU. También dos guatemaltecos, Elfego Roliberto Miranda Díaz, de 24 años, y Marvin Alberto Tomás López, de 22.
UNA MUESTRA DE LA INMUNDICIA:
En los días posteriores se harán públicos los nombres del resto de fallecidos. El estado en el que quedó la Chevrolet Silverado es ejemplo de la violencia desatada, ya que presentaba 113 impactos de bala (8 en el costado derecho, 74 en la parte posterior de la caja, 8 en el costado izquierdo, 6 en el capacete y 17 más en el área de la cabina). Los dos vehículos fueron completamente quemados.
La Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, que investiga los hechos, está segura de que los policías estatales los persiguieron, tirotearon y calcinaron, para luego intentar ocultar las pruebas. Para llegar a esta conclusión se basan en diversos indicios: los relatos de 4 testigos, 8 casquillos de bala encontrados en la zona, la geolocalización de uno de los vehículos policiales y de los celulares de cada uno de los imputados y pruebas de que las armas asignadas a los agentes habían sido utilizadas.
Este es el relato de los hechos que los investigadores presentaron ante el juez. Animal Político tuvo acceso a las audiencias iniciales celebradas en Ciudad Victoria, Tamaulipas, los días 2 y 8 de febrero, de la que Vice News ya adelantó parte de su contenido. En ellas, los agentes fueron vinculados a proceso y enviados a prisión hasta que se retomen las sesiones el próximo 8 de octubre. Los policías no han admitido su participación y en aquellas audiencias rehusaron hablar sobre el día de la masacre. La investigación se centra por ahora en el quién, pero no aborda una cuestión fundamental: por qué hombres y mujeres vulnerables que buscaban una vida mejor fueron asesinados cuando estaban cerca de cruzar la frontera.
Jorge Chavarria Bárcenas, Hector Javier Alfaro Acuña, Ismael Vázquez León, Carlos Rodríguez Rodríguez, Jorge Alfredo Castillo Miranda, Williams Figueroa Medellin, Jose Luis Lopez Morales, Cristian Eduardo Gonzalez Garcia, Horacio Quirós Sanchez, Mayra Elizabeth Vazquez Santillana, Horacio Rocha Nambo y Edgar Manuel Antonio son los agentes vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, falsedad en informes dados a una autoridad y delitos en el desempeño de funciones administrativas.
De ellos, Vázquez Santillana, Quirós Sánchez y Castillo Miranda están adscritos a la dirección de operaciones, mientras que el resto forman parte de los GOPES (Grupo de Operaciones Especiales), un cuerpo de élite que contó con entrenamiento de Estados Unidos y la secretaría de Marina y que ha sido señalado por diversas vulneraciones a los derechos humanos.
Otros 9 oficiales del mismo cuerpo policial están en busca y captura por los mismos hechos. Además, dos funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) y siete policías del municipio de Escobedo (Nuevo León), están vinculados a proceso dentro de otra carpeta, que investiga la FGR, y que está centrada en la trama de tráfico de personas.
Lo que dicen los testigos
Los cuerpos calcinados aparecieron el 22 de agosto en una zona apartada del municipio de Camargo. Las investigaciones, sin embargo, parten de las denuncias presentadas por familiares de Jesús Martínez Guerrero y Daniel Pérez Quirós, las víctimas mexicanas. El segundo habló con un primo horas antes de la masacre y le dijo que estaba cerca de Camargo pero que “había mucha ley”. Posteriormente, en mitad del tiroteo, llegó a llamar a su esposa y le dijo “que los policías estaban tirando balazos”. Al día siguiente vieron la camioneta calcinada y supieron que había muerto.
Los testimonios son una pieza clave de la acusación armada por la FGE contra los 12 policías. Hasta 4 personas declararon ante las autoridades haber visto las camionetas azules persiguiendo a los migrantes o disparar contra ellos, escuchar las detonaciones o ver posteriormente los incendios provocados por los vehículos ardiendo. Todos estos testimonios fueron citados por la fiscal Artemisa De Jesús Castillo García, aunque ninguno tuvo que ratificar sus palabras en la audiencia. Animal Político conoce las identidades de todos ellos pero decidió no publicarlas por motivos de seguridad.
Fuente.-(imagen/twitter)
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