Dejar familia, amigos, los sabores del hogar, andar largo camino en riesgo, respirando lo desconocido, bajando la cabeza para ser invisible, añorando un destino que permita comenzar una vida digna, sin violencia, con oportunidades. La mayoría de los centroamericanos que deciden dejarlo todo, con el profundísimo duelo que conlleva, dan pasos hacia la frontera sur de México con la firme convicción de que lo que les espera será siempre mejor que lo que han dejado atrás.
Victoria salió de Sonsonate en El Salvador en 2016, uno de los municipios con tasas más altas de violencia. Desde noviembre del 2017, Victoria fue reconocida como refugiada, y residía en México con una visa humanitaria. Irónicamente en el 2020 la tasa de homicidios en México sobrepasó la de El Salvador. Había cumplido ya cuatro años viviendo en México, quién iba a decirle que había huido de la violencia social y la violencia de su expareja con sus dos hijas que entonces tenían 10 y 11 años, para ser víctima en México a manos de los que debían proteger su vida, no atentar contra ella.
Si imaginó un destino trabajando en un hotel en una de las playas más hermosas del mundo, nunca debió pasar por su mente que una tarde cualquiera, cuatro policías la detuvieran, la acusaran de causar desorden en la vía pública y le quitaran la vida al someterla brutalmente.
Dos días después, el migrante guatemalteco Elvin Mazariegos, estaba por pasar la frontera que Victoria consiguió cruzar años antes, pero un retén militar mexicano, que incluso se afirma pisaba suelo guatemalteco, intentó detener el auto en el que viajaba y uno de los integrantes del ejército le disparó y lo hirió de muerte. Tras disculparse por el “error” del asesinato, Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, aseguró que los militares atendieron a Elvin tras herirlo, pero esto contradice el informe de la fiscalía, que afirma que el cuerpo apareció sin vida en un vehículo Mitsubishi en el municipio de Mazapa de Madero.
Victoria Salazar era una de las 21 mil mujeres solicitantes de asilo anuales que recibe México. El número de mujeres que deciden migrar de forma voluntaria o forzada y se desplazan por México ha ido creciendo, y con ellas, sus detenciones. Según el Instituto de Política Migratoria (MPI) entre 2013 y 2017 casi se triplica el número de mujeres migrantes que las autoridades mexicanas detienen anualmente, pasando de 11,336 en 2013 a 30,541 en 2017. Los reportes de las detenciones son escalofriantes: Amnistía Internacional estima que entre el 60% y el 80% de mujeres migrantes son violadas en su tránsito por el país. Según el Instituto Nacional de Migración, hasta un 25% de mujeres centroamericanas prevén ser víctimas de violencia sexual y toman anticonceptivos durante su tránsito para prevenir embarazos no deseados. Un estudio de ACNUR de mujeres solicitantes de asilo en EU refleja que un 40% de las entrevistadas habían vivido violencia física o sexual en su tránsito por México, y el 10% de las entrevistadas reportaron que los agresores habían sido policías.
El 82% de la gente que fue detenida entre 2006 y 2016 en la calle o sacadas de un lugar sin orden de detención sufrió tortura o maltrato. El 88% de la gente detenida por la Marina 88% reportó maltrato o tortura, mientras que esta cifra es del 85% para el Ejército y el 80% de la Policía Federal y el 75% de la policía estatal, según un estudio de World Justice Project.
¿Ese es el Ejército que el Presidente asegura que no comete violaciones de derechos humanos? ¿Asumirán la urgencia de capacitar y fortalecer a las policías estatales y municipales o seguirán concentrando poder en las fuerzas armadas? Las vidas perdidas de ambos migrantes, son una fotografía vergonzante que revela el desastroso destino que resulta México en seguridad pública.
Fuente.-@MaiteAzuela/
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