El Congreso de Tamaulipas pidió a la Suprema Corte de Justicia suspender los efectos del desafuero del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que la Cámara de Diputados seguramente aprobara hoy, para que sea juzgado por fraude fiscal de 6.5 millones de pesos, y probablemente por otros delitos como lavado y delincuencia organizada.
La legislatura estatal presento este jueves a las 22:05 horas una controversia constitucional en la que pide a la Corte invalidar el dictamen de la Sección Instructora de la Cámara, que solo aprueba que se proceda penalmente contra el Gobernador, pero no ordena separarlo del cargo, y deja a las autoridades penales resolver si la FGR aporto pruebas suficientes para acreditar delitos mas graves como lavado.
Como parte de su demanda, Tamaulipas busca que el Ministro o Ministra instructor del caso conceda de inmediato una suspensión que paralice los efectos de la resolución de la Cámara.
Pero la controversia podría ser desechada, si el ministro responsable aplica literalmente el artículo 111 de la Constitución, que establece que las resoluciones de las cámaras del Congreso en este tipo de procedimientos son "inatacables".
Usualmente pasan varios días antes de que la Corte notifique las resoluciones sobre admisión y suspensión.
Hasta ahora, la Corte no ha notificado algún acuerdo sobre esta controversia, ni se conoce a que ministro será turnada, pero podría ser Jorge Pardo Rebolledo, quien el 8 de abril desecho una controversia de la Cámara de Diputados contra el Congreso estatal, por un acuerdo que buscaba proteger al Gobernador y que fue derogado por los mismos diputados tamaulipecos.
Fuentes cercanas al caso informaron que la legislatura estatal reclama se le reconozca como la facultada Constitucionalmente para quitar el fuero y separar del cargo al Gobernador.
Agregaron que, según su interpretación del artículo 111, la resolución que la Cámara de Diputados aprobara hoy mismo solo tiene efectos declarativos, pues la Carta Magna establece que "la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda".
Según Tamaulipas, García todavía tendría que ser sometido a un proceso ante el Congreso de mayoría panista y el Tribunal Superior de Justicia locales El tema se presta a confusiones, porque en un párrafo posterior, el mismo artículo 111 establece como regla general que "el efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal", sin distinguir entre funcionarios federales y estatales.
En 2005, cuando Andrés Manuel López Obrador fue desaforado por el caso del predio El Encino, el dictamen también ordeno su separación del cargo como Jefe de Gobierno del DF, pero por estar al frente de la administración capitalina, el tabasqueño estaba sujeto a reglas distintas que las de los gobernadores.
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