A cinco meses de su llegada a México, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Ricardo Lozoya Austin, se mantiene en su casa a la espera de que el criterio de oportunidad que solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) se traduzca en el desistimiento de los dos procesos penales que existen en su contra.
Vinculado a proceso por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, en calidad de autor material y cometido con dolo dentro del caso Odebrecht, así como por lavado de dinero en la causa penal de Agronitrogenados, Lozoya cumplió el pasado 17 de diciembre cinco meses de medidas cautelares mínimas.
Desde su llegada a México, Lozoya logró evadir la cárcel y goza del equivalente a una libertad provisional, ya que ni siquiera está obligado a guardar prisión domiciliaria: las únicas medidas cautelares que enfrenta a partir de los días 28 y 29 de julio son la portación de un brazalete electrónico, la obligación de “firmar” cada 15 días y la imposibilidad de abandonar la Ciudad de México mientras continúe sometido a proceso penal.
Lozoya se puede desplazar libremente dentro de la Ciudad de México, por lo que incluso se le ha visto dentro de un Club de Golf que se ubica al sur de la capital mexicana.
Hasta el momento, la negociación que los abogados de Emilio Lozoya, Miguel Ontíveros y Alejandro Rojas, han mantenido con la FGR se ha visto reflejado en las imputaciones que el exdirector de Pemex ha formulado contra 16 políticos del PRI y el PAN, incluyendo a los expresidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari.
También señaló por distintos hechos al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso; al excandidato presidencial de la alianza PAN-PRD-Movimiento Ciudadano en 2018, Ricardo Anaya Cortés; y al excandidato presidencial del PRI en esas mismas elecciones, José Antonio Meade.
Sin embargo, la FGR sólo ha procedido contra el exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, contra quien había solicitado una orden de aprehensión por los delitos de cohecho, financiamiento ilegal de campañas políticas y traición a la patria, aunque más tarde se desistió de la misma para replantear la causa penal correspondiente.
En su momento, Meade y Cordero rechazaron las acusaciones de Lozoya, mientras fuentes judiciales reconocieron que en el caso de Meade no se han realizado mayores diligencias.
En sus declaraciones, Lozoya también acusa a los actuales actuales gobernadores del PAN en Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; y Querétaro, Francisco Domínguez, y a los ex senadores de ese mismo partido Ernesto Cordero Arroyo, Salvador Vega Casillas y José Luis Lavalle Maury de haber recibido sobornos para la aprobación de la reforma energética.
De ese grupo, Lavalle Maury y Cordero han presentado diversos amparos para iniciar su defensa legal ante la FGR. Otro panista que también ha tramitado juicios de amparo es el exsenador Roberto Gil Zuarth, pero alegando que es objeto de una investigación por lavado de dinero.
Roberto Gil está acreditado como abogado particular de García Cabeza de Vaca ante la FGR, además de brindar asesoría legal a Ernesto Cordero, de acuerdo con fuentes judiciales.
Lozoya también menciona en la misma trama de sobornos al ex titular del Infonavit, David Penchyna Grub y al exdirector de Pemex, Carlos Treviño Medina; exfuncionarios de los que se desconoce su situación legal.
A pesar de su búsqueda de un acuerdo con la FGR, Lozoya sigue defendiendo mediante juicios de amparo la propiedad de las dos residencias que habría adquirido mediante juicios de amparo en Lomas de Bezares e Ixtapa-Zihuatanejo, mientras que los procesos penales contra su hermana, Gilda Lozoya, y su madre, Gilda Austin, siguen vigentes.
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