El enredo del documento falsificado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para explicar el apagón del lunes 28, ha metido en aprietos a su director, Manuel Bartlett Díaz, pues él y sus funcionarios de CFE podrían enfrentar cargos cuya sanción establece la ley hasta en 12 años de prisión.
Aunque cuentan con el respaldo presidencial.
Horas después de la conferencia de prensa en la que fue presentado el documento, el gobierno de Tamaulipas, que niega la autenticidad del oficio que le atribuyen, confirmó que prepara denuncia penal a nivel estatal y federal contra la CFE.
Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que los medios de comunicación “hacen un escándalo” y “son voceros de las empresas extranjeras”.
El mandatario denunció que el 50% de la energía que se produce en México es generada por empresas particulares. “Nosotros decidimos apoyar a la CFE porque es una empresa pública y si lo que predomina en el sector energético es el lucro, no vamos a poder garantizar el precio. (...) Los conservadores querían destruir la CFE porque su Dios es el dinero”
Rubricó: “Es evidente que los conservadores no quieren a Manuel Bartlett”, y dijo desconocer el hecho de que le fueron levantadas las sanciones a la empresa del hijo del director de la CFE.
El Código Penal Federal (CPF) castiga la falsificación de documentos oficiales con prisión de cuatro a ocho años, y hasta 12 años si el delincuente es funcionario público. La CFE tendría que explicar el origen del oficio y la identidad del funcionario o funcionarios que lo obtuvieron o que lo manufacturaron, pero no lo ha hecho.
El oficio presentado por la compañía estatal, que refiere un incendio de pastizales en Tamaulipas como causa del apagón, lleva membretes del gobierno de ese estado y de su Coordinación de Protección Civil, pero el titular de esta dependencia, Pedro Granados, negó la firma, el número de oficio, los horarios consignados y hasta la unidad vehicular aludida en el documento falsificado, pues “lleva mucho tiempo descompuesta”.
CASTIGO MAYOR PARA FUNCIONARIOS
El artículo 243 del Código Penal Federal (CPF) prevé: “El delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos, con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días multa. (...) Si quien realiza la falsificación es un servidor público, la pena de que se trate, se aumentará hasta en una mitad más”.
Además, la legislación detalla una serie de requisitos que parecen concurrir en el documento presentado por la CFE. El CPF establece en su Artículo 244 que el delito de falsificación de documentos se comete por alguno de los medios siguientes:
“ I.- Poniendo una firma o rúbrica falsa, aunque sea imaginaria, o alterando una verdadera; II.- Aprovechando indebidamente una firma o rúbrica en blanco ajena, extendiendo una obligación, liberación o cualquier otro documento que pueda comprometer los bienes, la honra, la persona o la reputación de otro, o causar un perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero; III.- Alterando el contexto de un documento verdadero, después de concluido y firmado, si esto cambiare su sentido sobre alguna circunstancia o punto substancial, ya se haga añadiendo, enmendando o borrando, en todo o en parte, una o más palabras o cláusulas, o ya variando la puntuación; IV.- Variando la fecha o cualquiera otra circunstancia relativa al tiempo de la ejecución del acto que se exprese en el documento; (...) VIII.- Expidiendo un testimonio supuesto de documentos que no existen; dándolo de otro existente que carece de los requisitos legales, suponiendo falsamente que los tiene; o de otro que no carece de ellos, pero agregando o suprimiendo en la copia algo que importe una variación substancia (...) X.- Elaborando placas, gafetes, distintivos, documentos o cualquier otra identificación oficial, sin contar con la autorización de la autoridad correspondiente”.
Y el artículo subsecuente determina los requisitos para que el delito sea sancionable: “I.- Que el falsario se proponga sacar algún provecho para sí o para otro, o causar perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero; II.- Que resulte o pueda resultar perjuicio a la sociedad, al Estado o a un particular, ya sea en los bienes de éste o ya en su persona, en su honra o en su reputación, y III.- Que el falsario haga la falsificación sin consentimiento de la persona a quien resulte o pueda resultar perjuicio o sin el de aquella en cuyo nombre se hizo el documento”.
Además, obliga a un pronunciamiento e investigación de la Secretaría de la Función Pública, que conduce Irma Eréndira Sandoval.
EL DOCUMENTO FALSO
La tarde de ayer, en una conferencia de prensa encabezada por Manuel Bartlett, la CFE explicó que el apagón del lunes 28 de diciembre que afectó a 10.3 millones de usuarios, se originó en un incendio ocurrido en 30 hectáreas de pastizales en el municipio de Padilla, Tamaulipas.
El supuesto siniestro habría provocado “la salida de operación de dos líneas de transmisión en 400 kV, ubicadas entre Ciudad Victoria, Tamaulipas y Linares, Nuevo León (donde se encuentran las subestaciones Lajas y Güémez), lo que originó el desbalance en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN)”.
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Para documentar el presunto incendio, los funcionarios de CFE exhibieron un oficio supuestamente firmado por Emmanuel González Márquez, Coordinador de Protección Civil en Municipios, del gobierno de Tamaulipas.
El documento, que presenta membretes del gobierno de esa entidad, de la Coordinación Estatal de Protección Civil, y hasta incluye número de oficio, está dirigido a la Zona de Transmisión Monterrey Oriente de la CFE, y señala que a las 15:00 horas del 28 de diciembre:
“Se recibe llamada de la línea de emergencia del 911 donde reportan incendio fuera de control en pastizales a orilla del ejido de El Gallo, en el municipio de Padilla, Tamaulipas.
“A las 15: 20 sale unidad núm. 01 para verificar el reporte…”
El documento da cuenta entonces del incendio “bajo torres eléctricas a la orilla de la carretera Victoria - Monterrey”.
EL DESMENTIDO
El oficio es apócrifo, carece de sellos, el número de folio “no es real”, y “la firma no corresponde a Emmanuel González Márquez”, informó anoche el coordinador de Protección Civil del Gobierno de Tamaulipas, Pedro Granados, en comentarios a El Universal y El Financiero.
Dijo que los hechos relatados en el documento también son falsos, pues fue hasta las 5 de la tarde cuando “recibimos un audio de una persona de bomberos del municipio de Ciudad Victoria que dijo que una persona de CFE reportaba un incendio en la zona de El Barretal”.
Pero que no fue requerido el servicio de CFE porque “de alguna forma ellos lo estaban resolviendo”.
“Se nos hace raro -declaró el funcionario del gobierno de Tamaulipas- que se nos involucre con un supuesto oficio donde hacen toda una narrativa con otros horarios… No se apega a la realidad, habla de unidades que no son, no trae sellos, la firma no es…”.
Además, explicó la unidad que refiere el oficio apócrifo, tiene mucho tiempo averiada. “Es una unidad que tiene mucho tiempo descompuesta”.
fuente.-@emeequis/
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