El martes 3 de septiembre, durante la conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador mostró una diminuta cámara, posiblemente usada para espionaje, que se halló en una sala de Palacio Nacional, de la que había hablado días antes, el 29 de agosto.
–¿Dónde estaba? –le preguntaron.
–En la sala de… pues no es de juntas, es lo que era el comedor. Ahí hemos tenido reuniones con gobernadores, con empresarios. Yo he publicado algunas imágenes sobre este salón. Ahí estaba.
Esto decía el presidente mientras sostenía en alto el artefacto para que fotógrafos y camarógrafos lo captaran a plenitud.
A pesar de que las imágenes fueron ampliamente difundidas y fue un tema que el mismo presidente hizo público, cuando un ciudadano quiso saber detalles mediante una solicitud de información, la Oficina de la Presidencia contestó que no se había localizado “evidencia documental alguna” sobre el hallazgo.
El ciudadano se quejó de la respuesta mediante un recurso de revisión, uno de los 486 que acumuló la Oficina de la Presidencia en el primer año de gobierno de López Obrador (2019).
En el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto (2018), la misma oficina recibió sólo 63 recursos de revisión. Es decir, en el primer año de López Obrador, el incremento de quejas de la ciudadanía ante las respuestas que otorgó la Oficina de la Presidencia a solicitudes de información fue de 671%.
Esto de acuerdo con una revisión de las bases de datos sobre las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) otorgadas a EMEEQUIS vía a transparencia.
OTRAS QUEJAS
También interpusieron quejas quien pidió copia de las minutas de trabajo que acreditan la decisión presidencial de no otorgar recursos a las organizaciones de la sociedad civil y quien quiso saber sobre la investigación que AMLO prometió hacer en Baja California, durante su visita al estado, en torno a la cervecera Constellations Brand. En ambos casos, contestó la Oficina, la información no existía.
El recurso de revisión es el mecanismo por el que cualquier ciudadano que haya solicitado información pública a una dependencia de gobierno puede inconformarse por la respuesta que la institución otorgó. Ante la clasificación o reserva de la información, respuestas incompletas o ajenas a la información solicitada y la inexistencia de la información, como ocurrió en los casos mencionados.
Las quejas llegan directo al INAI para que éste defina si existe o no una violación al derecho de acceso a la información que está establecido en el artículo 6º de la Constitución mexicana.
En el caso de la Oficina de la Presidencia de la República, este 2019 el INAI definió que en el 47% los recursos interpuestos por los ciudadanos –227 quejas– había una violación al derecho al acceso a la información e instó a que la dependencia modificara la respuesta de forma parcial o total,
En contraste, sólo el 25% de los recursos emitidos por los ciudadanos fue desechado, aunque esto no significa que no haya existido una violación al derecho al acceso a la información: pudo deberse a que se ingresó fuera del plazo establecido.
Asimismo, sólo en el 12% de los quejas el INAI confirmó que la respuesta de Presidencia era adecuada, mientras que el 5% de ellas fue sobreseído, es decir, que el INAI definió que no había violación a este derecho.
MENOS INFORMACIÓN RESERVADA O CLASIFICADA
En 2019 se ingresaron 223 mil 460 solicitudes de información pública y, de acuerdo con el análisis realizado por esta revista digital, se redujo el número de información parcialmente reservada o confidencial, así como la negativa a la entrega de información por estos motivos.
En el último año de la administración de Enrique Peña Nieto, las dependencias federales declararon información parcial o totalmente confidencial o reservada en 7 mil 787 ocasiones, mientras que en la administración de AMLO hubo sólo 6 mil 143 casos, pese a que incrementó el número de solicitudes de información a esta administración.
OPACIDAD EN OTRAS ÁREAS
Presidencia no fue la única dependencia que incrementó el número de recursos de revisión en su contra. Las Secretarías de Hacienda, Gobernación y la Lotería Nacional forman parte de este grupo.
Las quejas ciudadanas indican que la Lotería Nacional recibió 1,481% más recursos de revisión respecto al último año de Peña Nieto. El organismo descentralizado recibió 755 recursos en 2019, mientras que en el último año de la administración anterior, apenas hubo 49. En más de la mitad de los casos (57%) el INAI ordenó que se modificara la respuesta otorgada a los solicitantes o bien que se otorgara una nueva respuesta.
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En un caso similar está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Arturo Herrera, que incrementó en un 138% las quejas en su contra, respecto al último año de José Antonio González Anaya.
Así como la Secretaría de Gobernación de Olga Sánchez Cordero con un 101% de aumento, respecto al año de Alfonso Navarrete Prida, en los recursos de revisión ingresados por ciudadanos que consideran se violó su derecho al acceso a la información pública.
Fuente.-@AleCrail/
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