Del 2000 a la fecha, México ha pagado 252 millones de dólares en multas por violar pactos comerciales al obstruir arbitrariamente inversiones extranjeras, de acuerdo con información de la Secretaría de Economía (SE).
El monto crecerá si Constellation Brands y el Gobierno mexicano no llegan a un acuerdo, como el cambio de sede de la planta cervecera tras su cancelación en Mexicali.
En los laudos de los casos se establecen las indemnizaciones cuando un Estado incurre en acciones como dar un trato discriminatorio respecto de otros inversionistas extranjeros o nacionales, explicó Carlos Véjar, del despacho Holland and Knight.
También aplican en medidas equivalentes a la expropiación y la adopción de medidas arbitrarias, precisó.
Los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) y los Tratados de Libre Comercio (TLC) que tiene México establecen la ruta para las inconformidades.
Cuando un inversionista demanda a un país puede iniciar un arbitraje de inversión contra las medidas del Gobierno en cualquier nivel -federal, estatal y municipal- ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.
La primera indemnización que México tuvo que pagar fue para Metalclad por 16.6 millones de dólares en el 2000.
El monto más alto que el Gobierno ha pagado fue a Cargill, por 79.3 millones de dólares, debido al impuesto de 20 por ciento a bebidas con edulcorantes, como el jarabe de maíz de alta fructosa (JMAF).
Cargill argumentó que se trataba de una medida discriminatoria, ya que era un fuerte productor de JMAF.
El arbitraje más reciente fue con Telefónica, pero el Gobierno y la empresa llegaron a un acuerdo para modificar las tarifas, que quedaron más cercanas a los montos que sugería la compañía, por lo que el Estado ya no pagó.
Actualmente hay 11 casos activos y siete más que pudieran caer en arbitraje, es decir, están en la etapa previa denominada aviso de intención, señala la SE.
"No lo hace atractivo (llegar a un arbitraje de inversión)", dijo Véjar, "porque ningún inversionista busca venir a pelearse con México para ver si le pagan algo que gastó y porque no existe la certeza absoluta de que le compensen todos los gastos en los que incurrió.
El monto crecerá si Constellation Brands y el Gobierno mexicano no llegan a un acuerdo, como el cambio de sede de la planta cervecera tras su cancelación en Mexicali.
En los laudos de los casos se establecen las indemnizaciones cuando un Estado incurre en acciones como dar un trato discriminatorio respecto de otros inversionistas extranjeros o nacionales, explicó Carlos Véjar, del despacho Holland and Knight.
También aplican en medidas equivalentes a la expropiación y la adopción de medidas arbitrarias, precisó.
Los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) y los Tratados de Libre Comercio (TLC) que tiene México establecen la ruta para las inconformidades.
Cuando un inversionista demanda a un país puede iniciar un arbitraje de inversión contra las medidas del Gobierno en cualquier nivel -federal, estatal y municipal- ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.
La primera indemnización que México tuvo que pagar fue para Metalclad por 16.6 millones de dólares en el 2000.
El monto más alto que el Gobierno ha pagado fue a Cargill, por 79.3 millones de dólares, debido al impuesto de 20 por ciento a bebidas con edulcorantes, como el jarabe de maíz de alta fructosa (JMAF).
Cargill argumentó que se trataba de una medida discriminatoria, ya que era un fuerte productor de JMAF.
El arbitraje más reciente fue con Telefónica, pero el Gobierno y la empresa llegaron a un acuerdo para modificar las tarifas, que quedaron más cercanas a los montos que sugería la compañía, por lo que el Estado ya no pagó.
Actualmente hay 11 casos activos y siete más que pudieran caer en arbitraje, es decir, están en la etapa previa denominada aviso de intención, señala la SE.
"No lo hace atractivo (llegar a un arbitraje de inversión)", dijo Véjar, "porque ningún inversionista busca venir a pelearse con México para ver si le pagan algo que gastó y porque no existe la certeza absoluta de que le compensen todos los gastos en los que incurrió.
"Además del tiempo puede ser en promedio tres años", añadió.
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