El sistema penal mexicano se convirtió en sinónimo de impunidad, ya que el 90% de los delitos terminan sin castigo. Ante una realidad así de apabullante, cualquier reforma parece un buen intento porque existe la sensación de que no podemos estar peor.
Es así como en abril de 2019 entró en vigor nuevamente la prisión preventiva oficiosa, la cual autoriza que un Ministerio Público solicite al juez encarcelar a un acusado, sin haber demostrado que es culpable, “cuando otras medidas cautelares no sean suficientes”. Esto es para evitar que el acusado se fugue, claro está, pero también para proteger a víctimas o testigos.
En primera instancia parece una medida necesaria, prácticamente obligatoria para todos los casos, pero vale la pena preguntarse qué sucedería si una persona es acusada con pruebas falsas, o si, incluso, esta medida podría usarse como herramienta política para perseguir activistas. Vayamos por partes...
¿En cuáles delitos se puede ordenar la prisión preventiva? Según las reformas al Artículo 19 de la Constitución: en casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas o robo de casa habitación.
También se puede ordenar en casos de robo de hidrocarburos, así como “delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares”.
Y por supuesto contempla actos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, “así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud”.
Ahora que el combate a la corrupción es la bandera principal del gobierno, también se incluye “el uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones”.
Para Amnistía Internacional, la organización mundial que vela por los derechos humanos en el mundo, la medida mexicana es preocupante, ya que en México “el 29.6% de las personas privadas de la libertad no han recibido sentencia”.
Para este organismo, la prisión preventiva permite que algunas personas estén en la cárcel hasta diez años, “incluso en casos que carecen de pruebas sólidas”. Y contrario a lo que uno pensaría, esta medida podría “reforzar la crisis de impunidad que vive México, un país en el que casi el 99% de los delitos cometidos quedan impunes”.
Según el mismo informe, esto fomenta la falsificación de pruebas, ya que eso facilita el trabajo de los investigadores, “por ejemplo, al alegar que un sospechoso fue atrapado en flagrante delito simplemente porque estaba en posesión de un único objeto (por ejemplo, las detenciones relacionadas con posesión de armas o drogas ilegales), los investigadores pueden asegurarse la privación de libertad de un sospechoso durante un tiempo, normalmente varios años”.
Lo que ha llevado, tanto en México como en el mundo, a la ejecución de varias injusticias.
El caso de Daniel García
Uno de los casos más injustos en México es el de Daniel García, quien estuvo 17 años en prisión sin nunca haber recibido una sentencia. Es decir, sin haber sido declarado culpable. Fue acusado de asesinar a María de los Ángeles Tamez Pérez, regidora de Atizapán de Zaragoza en 2001.
En entrevista con Animal Político, Daniel García dijo que “donde estuve nunca vi un secuestrador detenido. Eso no existe. Nunca en los 17 años que estuve ahí adentro, vi un caso de investigación. No existe un solo caso, por lo menos que yo los haya visto llegar, que haya sido localizado en razón de una investigación”.
Además, reveló que “el 100 por ciento de las personas que están ahí es por señalamientos directos o por flagrancia pero no por una investigación”.
Aún cuando todavía no se le demuestra su culpabilidad, Daniel García salió de prisión en 2019 para seguir enfrentando el proceso en casa.
La persecución política
En este contexto, en donde cualquier persona puede estar más de 10 años en la cárcel, sin recibir sentencia, y después de ser acusado por señalamientos directos sin ninguna investigación de por medio, tendríamos que confiar ciegamente en las autoridades para asegurar que no se dejan llevar por la tentación de encarcelar a críticos del sistema, como ocurre al por mayor en el mundo.
En Cuestione publicamos un artículo sobre la manera en la que el gobierno de la India ha encarcelado a activistas musulmanes de Cachemira-India, aprovechando la agitación de las protestas y bajo los cargos de “desinformación peligrosa”, en el contexto de una persecución religiosa que no es muy mencionada en el resto del mundo.
Lo que sí es muy comentado, es el sistema de persecución política que se ha llevado a cabo en Venezuela. Según Human Rights Watch, en 2017 se detuvo a más 5,400 personas durante las manifestaciones en contra del gobierno. “Aunque entre los detenidos hubo manifestantes, transeúntes y personas que filmaban, ese año hubo un aumento en la cantidad de detenciones realizadas por agentes de inteligencia o de seguridad en incidentes sin ninguna relación con las protestas”.
Eso quiere decir que el gobierno venezolano aprovechó las protestas para mandar a aprehender a “opositores políticos, incluidos activistas menos conocidos, o personas a quienes el gobierno les atribuía nexos con la oposición política”. En algunos casos los detenidos fueron sacados de sus viviendas o arrestados por horas o días después de que ocurrieron manifestaciones, en incidentes que no tuvieron relación alguna con protestas.
Artistas en prisión preventiva
Existen casos que utilizan la prisión preventiva no solo para intimidar a opositores, sino para callar voces críticas.
Como el famoso caso del colectivo feminista de punk-rock Pussy Riot en Rusia, quienes fueron encarceladas de manera preventiva durante dos años por el delito de “vandalismo planificado por odio religioso”, por pedirle a la Virgen María que se convirtiera en feminista en un acto público.
También existen ejemplos menos sonados, como el del ilustrador Ramón Osono Ebalé, quien utiliza las caricaturas para criticar el sistema político de su país y que fue víctima de la figura de prisión preventiva por el delito de falsificación de moneda. Aunque nunca se le encontró culpable de ese delito, sí estuvo más de un año en la famosa Prisión Playa Negra.
En cuanto a la prensa, está el caso del fotoperiodista egipcio “Shawkan”, quien por andar capturando actos violentos del ejército egipcio, enfrentó la prisión preventiva más de dos años por el delito de “pertenencia a un grupo prohibido”, cuando en realidad solo estaba haciendo su trabajo.
¿Qué pasa en México?
En México la prisión preventiva ha llevado a que las personas pasen más de 10 años en la cárcel sin ningún tipo de investigación de por medio. Y esta medida es utilizada como persecución política en otras partes del mundo.
Al observar que dentro de la oposición mexicana se encuentran exgobernantes que no hicieron un buen ejercicio del poder, quizá se puede pensar que cada vez que son investigados por lavado de dinero o delitos electorales, se merecen enfrentar su proceso en prisión.
Sin embargo hay que recordar que no solo los políticos hacen política. No hay que perder de vista a los activistas que están en contra de algunos de los megaproyectos del gobierno, como el Tren Maya, el cual atravesará comunidades, que están bien organizadas.
Según La Jornada, "Armando Pérez Vázquez, estudiante de la Escuela Normal Rural de Mactumactzá, en Chiapas, indicó que en esa entidad se vive un proceso acelerado de militarización de la seguridad pública, sobre todo a través de la Guardia Nacional, para sofocar las actividades de organizaciones populares”.
En otro países se ha frenado al activismo con acusaciones de terrorismo o pertenencia a grupos prohibidos. Bajo este marco, es importante revisar las acusaciones de delincuencia organizada y otros delitos en los que se contempla la prisión preventiva, que provengan de comunidades que se oponen a los proyectos del gobierno federal.
Sobre todo porque en la próxima reforma judicial podría desaparecer la vinculación a proceso y mantener la prisión preventiva oficiosa.
Según menciona el abogado Alejandro Jiménez Padilla, especialista en Derechos Humanos, “solo bastaría que el ministerio público formule una imputación por algún delito del catálogo del Artículo 19 constitucional para mantener en prisión preventiva a una persona hasta por dos años, sin necesidad de satisfacer estándar probatorio alguno”.
Una noticia preocupante, si se revisa el mapa de luchas sociales y deudas históricas con varias comunidades en el país.
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