Uno de los mecanismos favoritos para el desvío de recursos públicos consiste en el uso de las llamadas empresas fantasma. Ya sea llevando dinero a ellas mediante esquemas de triangulación –como sucedió entre diferentes secretarías de Estado y universidades estatales en La Estafa Maestra–, o entregándoles directamente contratos del gobierno –como hizo Javier Duarte durante años en Veracruz–.
Dado que son empresas que existen legalmente, y que en muchas ocasiones sí realizan transacciones en la realidad sólo que simulando una porción importante de sus operaciones, su detección requiere del escrutinio de sus movimientos financieros y declaraciones de impuestos para encontrar irregularidades. Esta función es realizada por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) que, además, desde 2014 publica de manera recurrente una lista de aquellas empresas que considera que son presuntamente fantasma, así como una base de datos de las que ha identificado de manera definitiva como tal. Esta lista se oficializa mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación, por lo que se esperaría que, dada su difusión y actualización desde el propio gobierno, ninguna de las empresas identificadas y sancionadas por el SAT recibiera contratos por parte del gobierno.
Sin embargo, desde abril de 2019, cuando “cruzamos” la base de datos de empresas fantasma del SAT con los contratos que el gobierno había firmado hasta ese momento disponibles en la plataforma Compranet, encontramos que había dos empresas fantasma que ya habían recibido contratos por parte del IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Comunicaciones (SCT) por un total de 16.7 millones de pesos. En ese momento, Valeria Durán y yo señalamos que esto era posible porque, a pesar de la centralización de ciertas contrataciones en la Oficialía Mayor de Hacienda y del discurso del fin de la corrupción, seguían abiertas varias ventanas legales y se mantenían procedimientos que permitían que las empresas fantasmas siguieran recibiendo contratos públicos.
Medio año después, repitiendo el ejercicio de seguimiento y contraste entre ambas bases de datos, el resultado es escandaloso, aunque previsible: entre enero y octubre de 2019, siete dependencias del gobierno federal han firmado 16 contratos con seis empresas fantasma por un total de 123.4 millones de pesos.
En la primera revisión sólo habíamos detectado a dos empresas, Interacción Biomédica e Índico RT, pero ahora hay cuatro empresas fantasma adicionales: Construcción Instrumentación y Servicios, Servicios Empresariales Neo-Net, Infraestructura en Construcción y Electro Riegos. Estas cuatro compañías fueron declaradas de manera definitiva como irregulares por el SAT después de la firma de los contratos con el gobierno, pero llama la atención que todas habían sido señaladas como presuntas empresas fantasma desde mucho antes del proceso de contratación (incluso desde 2016). Es decir, aunque no había una certeza jurídica de su situación definitiva, sí había una especie de “tarjeta amarilla” colocada desde la autoridad tributaria; llama la atención que Electro Riegos fue declarada empresa fantasma de manera definitiva el mismo día en que inició la vigencia de su contrato con la Comisión Nacional del agua (Conagua).
De estas empresas fantasma, la más beneficiada fue Construcción Instrumentación y Servicios: El 1 de marzo de 2019 comenzó un contrato con la SCT por 7 millones de pesos, y el 1 de mayo de 2019 firmó otro contrato por 85.6 millones de pesos, también con la SCT, para la “[m]odernización y ampliación de la Carretera Federal No. 02 tramo: Janos-Agua Prieta, del km. 98+000 al km. 100+000 y del km. 104+900 al km. 107+000, en el estado de Sonora”. La empresa ya había sido identificada como presunta fantasma desde octubre de 2018 y fue señalada de manera definitiva sólo 15 días después de que este último contrato inició.
Destaca, por número de instituciones de las que recibió recursos, la compañía Servicios Empresariales Neo-Net, que firmó contratos con tres dependencias diferentes. En primer lugar, en febrero, firmó un contrato con la Fiscalía General de la República para venderle “Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativa, de readaptación social (alimento para detenidos)”. En segundo lugar, el 14 de febrero, inició un contrato para ofrecer el “Servicio integral de limpieza” para el Servicio Postal Mexicano. En tercer lugar, en marzo, comenzó a operar el “servicio de comedor para el personal” del Instituto Mexicano del Transporte (órgano desconcentrado de la SCT). La empresa fue declarada fantasma el 25 de septiembre de 2019, pero el señalamiento del SAT como presunta empresa irregular fue en agosto del año anterior.
La empresa Infraestructura en Construcción sólo firmó un contrato por 5.8 millones de pesos que inició el 21 de agosto de 2019 para la “Conservación consistente en fresado del pavimento, reposición de base hidráulica y carpeta asfáltica, bacheo profundo, riego de sello premezclado, obras de drenaje y señalamiento del camino: E.C. (Tuxtepec – Palomares) – El Tomate – Rio Manzo del km. 0+000 al km. 4+000 con una meta de 4.00 km. en el Municipio de Playa Vicente del estado de Veracruz”, pero llama la atención que, al igual que en el caso de las dos empresas anteriores, la entidad contratante fue la SCT. También vale la pena destacar que la declaración definitiva de su situación irregular sucedió apenas seis días después de que inició el contrato, mientras que su señalamiento como presunta empresa fantasma venía desde octubre de 2016.
Finalmente, y llevando al límite esta cercanía entre la declaración definitiva del SAT y el inicio de sus contratos con el gobierno, la empresa Electro Riegos fue señalada formalmente por el SAT el 27 de agosto de 2019, el mismo día en que comenzó con la Conagua un contrato para la “[r]ehabilitación de la obra electromecánica y civil de la presa de almacenamiento José López Portillo en el municipio de Cosalá estado de Sinaloa” por 2.6 millones de pesos.
Sumadas con las dos empresas que ya habíamos identificado desde abril, en total hay 16 contratos con seis empresas fantasma que suman 123 millones de pesos. Esta cantidad no es particularmente significativa si se le compara con otros grandes rubros del Presupuesto de Egresos de la Federación o con escándalos de gran envergadura, como los más de siete mil millones del esquema de La Estafa Maestra, pero ciertamente no es un monto despreciable. Sirva de ejemplo que para 2020 se tiene previsto que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) tendrá un presupuesto de 453 millones de pesos. Es decir, los contratos con estas empresas fantasma equivalen a una cuarta parte de los recursos destinados al órgano que debe evaluar los programas sociales del gobierno (cuyo presupuesto fue criticado por AMLO durante el conflicto con Hernández Licona).
Estos hallazgos ponen sobre la mesa una discusión que se abrió desde el ascenso del discurso anticorrupción de López Obrador: ¿es suficiente con decir que el presidente es honesto para eliminar la corrupción del resto del sistema político? ¿Basta con decretar el fin de la corrupción para eliminar los mecanismos de desvío de recursos del pasado? ¿Con sólo voluntad puede eliminarse la corrupción sistémica de México? La respuesta parece ser que todos estos elementos son necesarios, mas no suficientes.
Además de la pirotecnia discursiva y el grito a los cuatro vientos de la llegada de una nueva ética pública, es necesario sentarse en el escritorio para diseñar cambios sistemáticos, reformas y capacidades institucionales que permitan implementar medidas concretas que cierren las ventanas de oportunidad para la corrupción que no sólo han sido plenamente identificadas en el pasado, sino que siguen existiendo en la actualidad. De lo contrario, tendremos un nuevo discurso, pero con resultados que repiten los errores del pasado, como que tres de cada cuatro contratos de esta administración se sigan entregando por vía de la adjudicación directa o que, peor aún, que en plena “Cuarta Transformación” las empresas fantasma puedan seguir recibiendo recursos del gobierno.
Fuente.-Leonardo Núñez González
Integrante de la Unidad de Investigación Aplicada en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Twitter: @leonugo.
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