México está en rojo. En todos los mapas mundiales de las organizaciones de protección a periodistas, el país se distingue por el color del peligro. Ningún otro sitio suma tantas agresiones y asesinatos a periodistas como México. Ni Siria, ni Afganistán, ambos en conflicto armado.
Según la fuente —Reporteros Sin Fronteras, Comité para la Protección a Periodistas o Artículo 19— son entre tres y cinco los asesinatos de periodistas en lo que va de 2019, casos que podrían tener relación con la labor periodística. Ese número tiene al país en rojo.
Telésforo Santiago Enríquez fue asesinado a balazos en Oaxaca el 2 de mayo, justo antes del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Se dirigía a la estación de radio comunitaria Estéreo Cafetal donde tenía un programa, y en las semanas recientes denunció corrupción de las autoridades municipales de San Agustín Loxicha. Es la agresión más reciente.
Hay otro mapa, uno que no se basa en números sino en historias. La periodista Alejandra Sánchez editó para el proyecto Tenemos que hablar, en el portal de www.horizontal.mx 10 historias del mismo número de estados del país, una visión panorámica donde los periodistas narran las condiciones en que ejercen el oficio en su región. Dice que hay coincidencias: exponen violencia, agresiones, censura, el mecanismo de protección, derechos laborales. Pero a pesar de las dificultades sobresale y se repite drásticamente que no hay garantías para ejercer el trabajo ni a quien reclamarle.
“Gobierno, crimen organizado, paramilitares, autodefensas o políticos armados. Son distintos grupos que operan al margen de la ley, o se disfrazan de la ley y no dejan hacer el trabajo periodístico…no se sabe de dónde viene la bala” concluye Sánchez Inzunza.
Ni borrón ni cuenta nueva
En el sexto mes del nuevo gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, aun “no hemos visto un cambio sustantivo”, dice Leopoldo Maldonado, subdirector regional de la organización Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de prensa. Aunque admite que es un tiempo de definiciones, porque la Fiscalía General de la República tendrá que presentar un plan maestro de reestructuración donde esperan que las agresiones y los delitos contra la libertad de expresión formen parte importante de él. Se tiene que generar un enfoque especializado, dotarlos de recursos.
“El avance en términos del abatimiento de la impunidad respecto a los crímenes de periodistas a nivel federal depende de esa reestructuración que se haga en la Fiscalía General. La FEADLE (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión) como parte del cuerpo, de un todo, corre la misma suerte de la idea que tenga el actual Fiscal Alejandro Gertz”, dice Maldonado.
El pasado abril, la organización Artículo 19 presentó el informe Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva, una manera de fijar la postura del momento actual en México, donde persiste el “círculo vicioso de la violencia, la impunidad y la corrupción y su relación con el derecho a la libertad de expresión”, señala el extenso informe de 256 páginas.
“…reconocemos que la impunidad del presente es la impunidad del pasado, y que una política de Estado que busca transformar debe reconocer que sin justicia y verdad no habrá perdón… la necesidad de saber para no repetir; la importancia de reconocer las fallas institucionales que han dado pauta a la negación y el ocultamiento”, añade el informe.
Años de impunidad y de insistencia en el tema, llevan a Maldonado a concluir que las fallas son sistémicas a nivel federal y estatal.
“No sabemos qué va a pasar con la FEADLE. Desafortunadamente no es una Fiscalía especializada que podamos defender mucho por sus resultados. Arroja una efectividad prácticamente nula en la persecución de los delitos”.
“Las Fiscalías locales no están dando una respuesta. Si la impunidad en la Fiscalía especializada es prácticamente absoluta, en las otras es igual. En los estados con lo que nos topamos es que no hay ningún interés en agotar las líneas de investigación relacionadas con el trabajo periodístico de las víctimas. Estamos en un panorama más desolador”.
Un país en blanco
La descripción de un país en blanco —no en rojo como México— en el Índice Mundial de Libertad de Prensa de RSF es como sigue:
Suecia, el primer país en el mundo en adoptar una ley de libertad de prensa, en 1776, tiene todos sus números en cero. No hay periodistas o ciudadanos periodistas asesinados, tampoco algún colaborador de medios. La preocupación es el ciberacoso “cuando investigan temas relacionados con la religión o el crimen organizado. El gobierno sueco proporcionó más recursos a la policía y a la justicia para combatir estas amenazas”. En Suecia, como en otros países en blanco, las preocupaciones son la concentración de la propiedad de los medios en unos pocos actores.
Pero Balbina Flores, no vive en un país blanco. Balbina Flores vive en México, un país en rojo desde hace mucho tiempo en los índices mundiales. La representante en México de Reporteros Sin Fronteras día con día se enfrenta a una situación tan grave, que el organismo internacional consideró interponer una denuncia ante instancias internacionales.
RSF acudió a la Corte Penal Internacional, en La Haya, después de un análisis de los dos periodos presidenciales pasados, Enrique Peña y Felipe Calderón, los más letales para la prensa, contando asesinatos y desapariciones. Con datos de países en guerra, cuando México está en paz.
Balbina Flores da las razones: “Por considerar que esos delitos, los ataques de periodistas, se han convertido en delitos de lesa humanidad porque son ataques sistemáticos, generalizados, y graves contra el gremio periodístico”.
Dice que Reporteros Sin Fronteras buscamos que el gobierno mexicano reaccione, y entonces se dedique a “emprender medidas enérgicas para romper el cerco de impunidad que hay a la fecha, en torno a los ataques a periodistas. El gobierno mexicano tendrá que hacer su parte, y estar informando”.
La periodista señala que es necesario que el gobierno federal informe sobre la auditoría que se realizaría al mecanismo de protección a periodistas, como lo anunció hace meses Alejandro Encinas, el Subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos. Pero aunque el tema de la protección es relevante, dice que hay uno mayor: ¿Qué va a pasar con la FEADLE en el marco de la nueva Fiscalía General?
Es la misma pregunta que se hizo Leopoldo Maldonado, en la entrevista por separado para Ríodoce.
Balbina Flores dice: “Indudablemente la Fiscalía está incluida en este balance, y no escuchamos una palabra en ese sentido. También nos preocupa que no sepamos cuál va a ser la nueva política para avanzar en las investigaciones a los ataques a los periodistas”.
La amenaza permanente
El año de 2017 es el más violento para la prensa de México en las últimas tres décadas. Las organizaciones no gubernamentales de defensa de la prensa que llevan un seguimiento constante de agresiones y asesinatos no coinciden en el dato exacto, pero sí en el año.
Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19 documentan 12 periodistas asesinados ese 2017, y el Comité para la Protección a Periodistas —CPJ— documenta seis casos confirmados como causa del ejercicio del oficio y tres más que están por confirmarse, suman nueve crímenes contra periodistas.
Entre los asesinatos de 2017, donde está confirmado que el móvil del crimen es la actividad periodística, sobresalen los del periodista sinaloense Javier Valdez, fundador del semanario Ríodoce, y la chihuahuense Miroslava Breach. El peor sitio en México fue Veracruz, donde ese año mataron a cuatro periodistas.
Rebasando todo límite, México se ubicó junto con Siria como el país más peligroso del mundo para los periodistas y su trabajo en 2017. El año siguiente, 2018, no fue muy diferente. CPJ documenta 14 asesinatos, entre confirmados o por confirmar si se trató por su labor periodística; Artículo 19 y RSF reportan nueve crímenes.
El panorama en lo que va de 2019 no muestra cambios, coinciden Balbina Flores y Leopoldo Maldonado. “Las cosas continúan. Y tiene una explicación muy sencilla: Las condiciones de violencia no han cambiado, se mantienen en todo el país”, dice Flores. “La violencia sigue, y hay tendencia a la alza. Mientras no se tomen cartas en el asunto y siga la impunidad, esta tendencia no va a bajar”, dice Maldonado.
Artículo 19 planteó una agenda para 2019 justamente encaminada a disminuir la impunidad, donde el gobierno federal y los estatales tendrían que enfocar sus esfuerzos en eso, tomando en cuenta que la mayoría de las agresiones a la prensa son cometidas por funcionarios públicos o están implicados de alguna manera.
“Ahí es donde tuvo cierta lógica que al Ministerio Público de la Federación se le dotara de la facultad de atracción…pero también esto se ha viciado, hay un subejercicio de la facultad de atracción, hay una discrecionalidad sobre todo de orden político, y la FEADLE atrae unos casos y otros no o avanza en unos a medias y en otros nada. Eso evidentemente va generando más frustración y va mandando un mensaje muy negativo de que estos crímenes van a quedar impunes”, señala Maldonado
Hasta el día de hoy —10 de mayo— cinco periodistas han sido asesinados en el mundo, todos con la confirmación de que los mataron por desarrollar su trabajo como comunicadores. Uno de esos cinco vivía en México. La diferencia es que en México están otros cuatro periodistas asesinados, para sumar cinco en total, que esperan una investigación sobre los responsables y si tienen relación con el ejercicio del oficio.
Artículo publicado el 12 de mayo de 2019 en la edición 850 del semanario Ríodoce.
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