Diputados de Morena y sus aliados aprobaron la anulación para el mandato del presidente a través de una consulta ciudadana, pero este mecanismo podría ser impugnado por el mismo mandatario si no está de acuerdo con el resultado.
La Cámara de Diputados aprobó ayer cambios a la Constitución para establecer la revocación de mandato, mecanismo que operará a medias porque no será determinante para decidir si el presidente continúa en funciones o no.
A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que siempre respetará la voluntad popular, esto podría no ocurrir así en el 2021, cuando planea someterse a un proceso de votación para definir si sigue o no en el gobierno.
Esto, porque la reforma aprobada ayer por los diputados establece que el presidente puede inconformarse con el resultado.
De acuerdo con el dictamen aprobado ayer, una vez que se realice el proceso de votación y el Instituto Nacional Electoral (INE) declare como un hecho la revocación de mandato, el presidente puede impugnar esa declaratoria ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en los 30 días siguientes.
Desde su campaña política, López Obrador ofreció someterse a un proceso de revocación de mandato a los tres años de su ejercicio, para que el pueblo decidiera si debía seguir como presidente o no
Esto significa que, si el resultado de la votación de revocación de mandato le es adverso, el primer mandatario puede no estar de acuerdo y someter a juicio el proceso.
En caso de que no impugne el resultado o pierda el recurso legal, el presidente tendría 60 días para dejar el cargo, si el resultado del proceso de revocación de mandato no le favorece.
También se aprobaron reformas para suavizar los requisitos de la consulta popular; ahora, en lugar del 2 por ciento del padrón electoral necesario para solicitar la realización de una consulta, solo se pedirá el 1 por ciento.
La aprobación se dio con 328 votos a favor, 153 en contra y 2 abstenciones; ahora irá al Senado para su análisis.
EL CAMINO DE LA REVOCACIÓN
Desde su campaña política, López Obrador ofreció someterse a un proceso de revocación de mandato a los tres años de su ejercicio, para que el pueblo decidiera si debía seguir como presidente o no.
Así, su partido, Morena, llevó al pleno de la Cámara de Diputados la reforma constitucional.
De acuerdo a lo aprobado, el proceso de revocación de mandato será iniciado por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República; del 33 por ciento de los legisladores de cualquiera de las Cámaras; y firmas de ciudadanos equivalentes al 3 por ciento del listado nominal (2 millones 615 mil 777 personas).
El resultado de la votación de este proceso sería vinculatorio solo sí acudieran a las urnas el 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal.
La solicitud de revocación de mandato se tendrá que realizar en el primer periodo de sesiones del segundo año de ejercicio de la Legislatura en curso y se llevaría a cabo en las elecciones federales intermedias, cuando se vota por diputados federales.
La organización del proceso y el conteo de votos estará en manos del INE.
El TEPJF validará el proceso y hará la declaración de validez. De darse el visto bueno del Tribunal, el presidente deberá dejar su cargo al día siguiente.
Sin embargo, los legisladores dejaron abierta una puerta para que, de tener un resultado adverso, el jefe del Ejecutivo pueda impugnar el resultado.
“Cuando sea determinada la revocación por el Instituto Nacional Electoral, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos tiene el derecho de impugnar dicha declaratoria en un plazo de 30 días naturales ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si no procede o no impugne, el presidente cesará en sus funciones en un plazo improrrogable de 60 días hábiles”, señala el dictamen.
La Constitución establecerá que este mismo procedimiento se podrá aplicar en los estados.
Respecto a la consulta popular, se bajó el umbral de firmas para poder solicitarla; actualmente se requiere el 2 por ciento del listado nominal y con esta reforma se pedirá solo el 1 por ciento.
ACUSAN SIMULACIÓN
Diputados de oposición advirtieron que esta reforma se trata de una simulación y un primer paso hacia una posible reelección del presidente López Obrador.
Martha Tagle, diputada por Movimiento Ciudadano, criticó que se pidan más firmas para pedir la revocación de mandato que para ser candidato independiente a la Presidencia.
“Yo les pregunto, así como a los diputados decían: ‘¿A qué le tienen miedo? Pero ¿a qué le tienen miedo ustedes, legisladores de Morena? ¿A qué le tienen miedo cuando esperan que el presidente de la República es el que tenga la llave para activar el mecanismo de consulta?
“Si es verdad que hay tanto ánimo popular por apoyar a Morena, ¿por qué no dejan que sea la ciudadanía la que realmente hable en el mecanismo de revocación de ciudadanos?”
Raúl Gracia, diputado por el PAN, afirmó que es previsible que el presidente López Obrador no cumpla su palabra en caso de perder el proceso de revocación de mandato.
“Ustedes creen que si no reconoció el triunfo de (Felipe) Calderón y de (Enrique) Peña Nieto, ¿va a reconocer que pierde contra sí mismo? No lo va a hacer”, lanzó.
Héctor Yunes, diputado por el PRI, afirmó que Morena trata de que Andrés Manuel López Obrador aparezca en la boleta electoral en el 2021 para impulsar así a los candidatos de su partido.
“La inclusión del presidente de la República en la boleta electoral de 2021 es, además de populista, mañosa, porque busca nuevamente trepar en sus valencianas a quienes competirán bajo las siglas de Morena, para que, como muchos del grupo parlamentario mayoritario de esta legislatura, diputados y senadores, reciban una constancia de mayoría como cuando se gana una rifa de pocos boletos o en un simple volado.
“Esta iniciativa es una trampa, es el paso más firme en la ruta morenista para instituir la reelección presidencial”, sentenció Yunes.
Los diputados de Morena y sus aliados defendieron el dictamen de la revocación, argumentando que no se trata de un intento de reelección, sino de darle al pueblo el poder de decidir si un gobernante se mantiene o no en el cargo
Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, incluso auguró que los partidos de oposición se mantendrán así por varios años más.
“Les auguro que si siguen ese camino, pasarán décadas en la oposición (…) no habrá reelección, les vamos a ganar bien en la siguiente elección. Yo calculo que estarán unos 30 años en la oposición; pero a como los veo, quizá hasta estén unos 50 años”
Una vez aprobada la reforma en la Cámara de Diputados, pasará al Senado para su análisis. De ahí, deberá continuar en los congresos locales.
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