La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda reveló la existencia de una red de empresas vinculadas al gobierno de Enrique Peña Nieto y al Estado de México, e incluye al Consejo Mexicano de Negocios (CMN), que realizó supuestas triangulaciones de recursos millonarios para una “campaña negra” contra el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador en la contienda electoral de 2018.
En la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, detalló el seguimiento al dinero de diversas empresas durante 2017 y 2018, las cuales aportaron al menos 82.7 millones de pesos para la realización del documental Populismo en América Latina, que fue realizado por La División, perteneciente a la empresa Piña Digital, S. de R.L. de C.V.
La serie documental fue lanzada en la campaña presidencial de 2018 y dedica un capítulo completo a resaltar el pasado priista y el supuesto populismo de López Obrador.
Nieto Castillo acudirá hoy a distintas instancias como la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y el Instituto Nacional Electoral (INE), a presentar la denuncia por lavado de dinero y delitos electorales.
Según la investigación de la UIF, distintas empresas financiaban a Alejandro Jesús Quintero Íñiguez, quien fue publicista del expresidente Enrique Peña Nieto y dueño de empresas que supuestamente elaboraron una “campaña negra” contra López Obrador. Además, se menciona a una empresa vinculada a desviaciones de la entonces Sedesol y de la Sedatu, cuando Rosario Robles fue cabeza de esas dependencias federales.
Quintero Íñiguez es accionista de TV Promo, S.A. de C.V. y Grupo TV Promo, S.A. de C.V., que según la indagatoria cuenta con una supuesta factura de julio de 2017 por casi 8 millones de pesos que demuestra el vínculo con Piña Digital.
En la triangulación de recursos entre 2017 y 2018, el CNM [entonces dirigido por Alejandro Ramírez] entregó 96.9 millones de pesos de julio a septiembre de 2017 (a inicios del proceso electoral) a la empresa CONAXIS S.A. de C.V. que a su vez envió 18.5 millones de pesos (de julio a agosto de 2017) a Piña Digital, S. de R.L. de C.V. que elaboró el documental.
CONAXIS, S.A. de C.V., empresa de consultoría digital, también envió 34 millones de pesos a Martha Matilde Mejía Montes, intermediaria que remitió a Alejandro Jesús Quintero Íñiguez [publicista del expresidente Peña Nieto], 418 mil dólares (8.3 millones de pesos actuales) entre diciembre de 2017 y enero de 2018.
“Lo que estamos presentando aquí son las empresas que estuvieron financiando a dos personas en particular, Alejandro Quintero, el primero que acaba de ser mencionado aquí, el publicista. Y, segundo, el caso de Piña, como las personas que instrumentaron el modelo para pagar el documental El populismo en América Latina y, por tanto, la investigación será contra cualquier persona que esté vinculada con los hechos, evidentemente”, explicó Nieto Castillo.
También, Quintero Íñiguez, según la UIF, fue apoderado legal de Telepersonal, S.A. de C.V., empresa resultante de la fusión de Radar Comunicación y Mercadotecnia, S.A. de C.V., y Radar Servicios y Especializados de Mercadotecnia, S.A. de C.V. La primera es una empresa relacionada con la creación de spots y mensajes presidenciales del anterior gobierno federal y la segunda es mencionada como partícipe de una campaña a favor de Enrique Peña Nieto.
Grupo TV Promo, de Quintero Íñiguez, es también vinculada a la empresa Bufete de Proyectos, Información y Análisis, S.A. de C.V., señalada por el sistema financiero como una presunta empresa fachada, así como parte de una red de empresas relacionadas a un esquema de desvío de recursos públicos para favorecer campañas políticas.
Esta empresa de los hermanos Federico y Ariel Berrueto Pruneda (relacionados con el PRI y supuestamente encargada de la guerra sucia contra el ahora presidente cuando era candidato de Morena en 2018) fue reportada por el sector financiero por haber sido utilizada para desviar recursos de Sedesol (2012-2015) y Sedatu (2015-2018) durante la gestión de Rosario Robles Berlanga, además de operaciones fuera de su perfil transaccional, efectuadas de manera estructurada, no permanencia de recursos en la cuenta y como una posible empresa fachada.
“La ruta del dinero permite ver desde grupos empresariales, empresas de naturaleza privada, personas físicas que reciben el dinero para concentrarlo en dos personas en particular, que son las encargadas de, a partir de La División, generar el proyecto de Populismo en América Latina”, expuso el encargado de la UIF.
La denuncia, que se presentará antes de que se promulgue la ley que convierte a los delitos electorales en graves, va dirigida contra Alejandro Jesús Quintero, así como sus hermanos (Germán, Carlos, David, María Elena y Adriana).
El presidente López Obrador aclaró que la denuncia no es por venganza por la campaña en su contra, sino para hacerle un reconocimiento a Santiago Nieto, que por hacer una denuncia en su tiempo fue cesado.
Aunque la penalidad más alta sería de 15 años de prisión, si el asunto se judicializa y se determina la responsabilidad penal podría terminar en un procedimiento abreviado, aceptando la culpabilidad sin que hubiera prisión y con un acuerdo reparatorio.
Sobre este tema, algunos senadores reaccionaron. Xóchitl Gálvez (PAN) retó a Santiago Nieto a denunciar casos como Odebrecht, las gasolinerías que vendían huachicol y al fideicomiso del sismo de Morena de 50 mil pesos. Miguel Ángel Mancera (PRD) asentó que confía en que no se trate de “censura” ni de uso de las instituciones, sino que haya una investigación seria por parte de la Fiscalía.
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