El 3 y 4 de mayo de 2006 ocurrió uno de los hechos represivos más deleznables cometidos por el Estado mexicano contra la sociedad. Ese día más de 2,500 policías federales y del Estado de México entraron la madrugada a San Salvador Atenco para reprimir a una población cuyo pecado había sido defender su tierra del despojo que pretendía llevar a cabo el gobierno federal de Vicente Fox Quesada, con el propósito de construir en sus tierras el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
Miles de policías entraron al pueblo y a las casas de los pobladores sin orden alguna, golpeando indiscriminadamente a quienes se encontraban a su paso. La represión se saldó con dos muertos (Alexis Benhumea y Javier Cortés), decenas de heridos, y 207 detenidos. Además, durante las detenciones 27 mujeres fueron violadas y vejadas sexualmente por los policías que los detuvieron.
Cinco meses después de los hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación donde señaló que las autoridades incurrieron en graves violaciones, como al derecho a la vida, violaciones sexuales, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incomunicación, lesiones, detención arbitraria, allanamiento de morada, retenciones ilegales, violaciones a los principios de legalidad y seguridad jurídica.
Fue un hecho represivo de gran envergadura cuyos responsables políticos siguen impunes: Vicente Fox entonces presidente de la república que ordenó la intervención de las fuerzas federales, y el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.
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Este hecho represivo, desatado a partir de un conflicto con comerciantes ambulantes en Texcoco, en realidad fue una venganza del gobierno de Fox y de Peña Nieto contra un pueblo que se negó a que se les impusiera el despojo capitalista nombrado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Desde esa fecha, hace doce años, once mujeres del total que fueron vejadas y violadas sexualmente, se mantuvieron firmes y dignas exigiendo la verdad y la justicia por la represión que se ordenó en su contra.
Aunque tarde, la justicia llegó para estas mujeres. El pasado 21 de diciembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, emitió una sentencia en la que condena al Estado mexicano por la tortura sexual a estas mujeres en Atenco en mayo de 2006.
Así lo señaló la Corte: “En la sentencia notificada el día de hoy en el Caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco Vs. México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte” o “Tribunal”) encontró a los Estados Unidos Mexicanos responsable de la violencia sexual, violación y tortura sufridas por Yolanda Muñoz Diosdada, Norma Aidé Jiménez Osorio, María Patricia Romero Hernández, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Ana María Velasco Rodríguez, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Bárbara Italia Méndez Moreno, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Claudia Hernández Martínez durante su detención y posterior traslado al Centro de Readaptación Social “Santiaguito”) durante los días 3 y 4 de mayo de 2006”.
Los jueces de la Corte Interamericana destacaron la represión y la tortura en el operativo ordenado por el gobierno contra los pobladores de Atenco y pueblos aledaños: “(…) el Tribunal concluyó que la actuación de las autoridades de seguridad al desarrollar los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 se caracterizó por el uso de la fuerza de manera indiscriminada y excesiva contra toda persona que asumieran que formaba parte de las manifestaciones. Señaló que las once mujeres víctimas del caso, de conformidad con la información aportada, estaban ejerciendo conductas pacíficas o de resguardo de su integridad cuando fueron detenidas. Por tanto, el uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas”.
La Corte ordenó al Estado mexicano la reparación del daño y continuar e iniciar (en su caso) “investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas, incluyendo una perspectiva de género, que sean necesarias para determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por las once mujeres víctimas de este caso”. Además exige una disculpa pública por parte del Estado mexicano para las víctimas mujeres, pero que al mismo tiempo será una disculpa contra todos los agraviados en Atenco en mayo de 2006.
Sin embargo, esta buena noticia, que es resultado de la tenaz lucha de las mujeres agraviadas sexualmente en Atenco, aparece en un contexto de peligro para las libertades políticas de los mexicanos, debido a que el nuevo gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, insiste en una política de seguridad pública que apuesta por la militarización de las fuerzas de seguridad.
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No solo es mala, es una pésima noticia. Ahora que la CIDH condenó al Estado mexicano por la violación a las mujeres en Atenco vale la pena imaginar lo que podría ocurrir con la Guardia Nacional en contextos de intensificación de la protesta social. En lo que va de este siglo se han producido varias luchas y movimientos sociales que han sido duramente reprimidos por fuerzas de seguridad tanto estatales como federales.
Entre esos casos destacan el caso de Atenco ya referida, y en ese mismo año de 2006 el operativo represivo ordenado por el mismo Vicente Fox para sofocar la revuelta popular de Oaxaca, que se saldó con varios heridos y detenidos. Recientemente la insurgencia magisterial de los años 2013 y 2016 contra la Reforma Educativa, también fue reprimida brutalmente tanto por policías federales (como en Nochixtlán, Oaxaca en junio de 2016), como en otros estados por fuerzas locales.
Si prospera la propuesta de López Obrador y de los legisladores de Morena, en los próximos meses y años, los movimientos sociales y de protesta se enfrentarán ahora a una cuarta fuerza armada en labores de seguridad pública: la Guardia Nacional.
Es decir, futuros conflictos políticos derivados de resistencias y movimientos sociales contra megaproyectos o despojos o reformas antipopulares, podrían correr el riesgo de ser reprimidos por una Guardia Nacional militarizada y baja la dirección de mandos castrenses. López Obrador ha prometido que la nueva guardia no reprimirá al pueblo, pero igual prometió que no habría Guardia Nacional.
El riesgo mayor, más allá del incumplimiento de promesas de los gobernantes, es la naturaleza de los cuerpos militares: están hechos para recibir órdenes y para ejercer la violencia. Y si recordamos la historia de las fuerzas armadas en México, han sido un instrumento de represión en contra del pueblo de México al servicio del poder político o de los grupos de poder en el país. Parece claro que los riesgos de represión contra las luchas y movimientos sociales en México, se incrementarán con la militarización de las fuerzas de seguridad. Debemos parar este riesgo.
fuente.-Rueben Martin/
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