La coalición Por México al Frente
exigió separar del cargo al titular de la Subprocuraduría Especializada en
Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), Israel Lira, por afectar la
imagen del candidato presidencial Ricardo Anaya.
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Electoral federal determinó que tanto Lira,
como el director de Comunicación Social de la PGR, Rafael Lugo, hicieron uso
indebido de recursos públicos al difundir un video donde aparece Anaya al
momento de acudir a preguntar si había un proceso en su contra.
"Si la Sala Especializada da
esta resolución, pues ahora lo que exigimos es una disculpa pública a la PGR y
no sólo eso: la renuncia de estos dos inculpados, por haberse excedido en sus
funciones y haber utilizado recursos públicos para dañar la imagen de un
candidato", reprochó Ángel Ávila, secretario general del PRD.
Al respecto, Anaya destacó que la
resolución confirma que el Gobierno federal intervino de manera ilegal en el
proceso electoral, utilizando de manera facciosa a las instituciones del Estado
mexicano en su contra.
NOTA RELACIONADA:
"Reitero mi exigencia de que
el Gobierno federal saque las manos del proceso electoral y permita que sean,
en plena libertad, las ciudadanas y los ciudadanos, quienes decidan quién será
el próximo Presidente de México", dijo en conferencia.
El dirigente nacional del PAN,
Damián Zepeda, coincidió en que se dio un abuso indebido del Gobierno y así se
evidenció con la resolución del Tribunal federal.
"Fue un ataque sin
precedente, brutal, pero no nos logró quitar ni un solo punto", sostuvo en
entrevista.
En tanto, el coordinador de los
Diputados del PAN, Marko Cortés, lanzó un llamado a la PGR para que deje el
proceso electoral en manos de los candidatos y de las autoridades electorales.
Mientras tanto, el Tribunal
Electoral federal ya dio vista al Órgano Interno de Control de la PGR, así como
al INAI para que determinen las sanciones correspondientes.
La resolución de la Sala Regional
Especializada todavía puede ser llevada a la Sala Superior del Trife, la cual
tendrá la ultima voz en caso de que los funcionarios impugnen la decisión.
Fuente.-
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