En México, los procesos para acceder a la justicia son largos, costosos, poco flexibles y en la mayoría de los casos ni siquiera son útiles para resolver los problemas de la ciudadanía.
Mexico,D.F 27/Abr/2015 Pero además, lo complicado de acceder a lajusticia ha provocado que se perciba el concepto como algo lejano e incomprensible y que los ciudadanos no sepan a donde acudir cuando necesitan resolver un conflicto. Estas son las conclusiones del Informe de Justicia Cotidiana que realizó el Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) a petición del presidente Enrique Peña Nieto, como parte de la reforma de seguridad, justicia y Estado de Derecho que presentó en noviembre del año pasado.
Tras realizar consultas con 425 expertos en 15 foros distintos, recopilar 485 testimonios y 600 propuestas, el CIDE entregó este lunes a Peña Nieto un Informe de conclusiones y recomendaciones para identificar los principales problemas para acceder a la justicia cotidiana, es decir, aquella que involucra actividades comunes de cualquier sociedad con la familia, entre trabajadores o comunidades.
Según el informe, se encontraron diversos problemas que pudieron ser catalogados en seis grandes temas:
- La falta de información que tienen los ciudadanos para acceder a la justicia;
- la mala calidad de abogados, defensores, jueces o ministerios públicos;
- resistencia de las instituciones pare renovar procesos;
- la mala calidad de las leyes;
- falta de capacidad en los sistema de justicia para resolver conflictos;
- y el diseño de procedimientos complicados que no privilegian las necesidades de la ciudadanía.
El objetivo del CIDE con el Informe entregado este lunes a Peña Nieto durante una ceremonia en el Museo Nacional de Antropología es que se elabore una política pública de acceso a la justicia de corto, mediana y largo plazo.
En ésta, hace énfasis la institución académica, es indispensable la participación de sociedad civil y academia; pero sobre todo de los estados, pues la justicia cotidiana recae principalmente en ámbitos locales.
En total, el CIDE y otras instituciones académicas que participaron en el informe como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entregaron al Ejecutivo 20 recomendaciones generales para mejorar el acceso de la ciudadanía a la justicia cotidiana.
- Impulsar una cultura de derecho. La población tiene poco o nulo conocimiento sobre sus derechos y obligaciones, concluye el CIDE. La propuesta es que haya una estrategia de comunicación que permita a la sociedad familiarizarse con sus derechos y obligaciones.
- La falta de coordinación entre órdenes de gobierno provoca que las políticas, leyes y reglamentos no sean efectivos en el país, lo que no sólo provoca fallas en el acceso a la justicia sino corrupción. Se propone crear un programa con convenios de colaboración sobre medidas de acceso a la justicia, entre los tres niveles de gobierno.
- Diseñar procedimientos y mecanismos que faciliten y homologuen los requisitos para obtener documentos oficiales como actas de estado civil, títulos de propiedad o testamentos. El objetivo es reducir la marginación jurídica actual de la ciudadanía.
- Se deben mejorar los servicios jurídicos profesionales, lo que incluye abogados, jueces o ministerios públicos; por lo que es necesario revisar programas de formación y la regulación del ejercicio de la profesión.
- Revisar de manera documentada y rigurosa el diseño de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, pues la información recabada en el informe concluye que su desempeño no es el idóneo y tienen graves problemas en la operación.
- Fortalecer el sistema nacional de protección al consumidor que actualmente lidera la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
- Iniciar un Programa de Implementación de Juicios Orales Mercantiles en todo el país a favor de los emprendedores.
- Crear la figura del defensores de los emprendedores, pues actualmente se enfrentan a órganos jurisdiccionales, gubernamentales y regulatorios que desconocen la realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas; lo que genera la aplicación desproporcional de la ley.
- Se propone incorporar al sistema la función de jueces itinerantes para comunidades pequeñas o rurales, lo que permitirá que en esos sitios se cuente con mecanismos para la resolución de conflictos.
- Crear una policía de proximidad para resolver conflictos sencillos e identificar factores de riesgo que pudieran generar conflictos mayores.
- Los migrantes mexicanos carecen de medios para reinsertarse en sus comunidades de origen, lo que genera situaciones extremas de marginación y un problema grave de acceso a la justicia. Se propone fortalecer los programas del Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Educación Pública y Relaciones Exteriores para crear políticas públicas que garanticen la reinserción en sus comunidades, con especial atención a que puedan tener una identificación e incorporarse a sistemas de educación y salud.
- El informe propone que para las trabajadores domésticas, víctimas constantes de injusticia, se adopten medidas para garantizar sus derechos sociales y se diseñen contratos para regular su situación laboral.
- Los órganos de gobierno no trabajan para resolver los conflictos de la ciudadanía, se propone regular la labor discrecional de funcionarios y mejorar la atención en el seguimiento de litigios.
- Crear un mecanismo de coordinación nacional para los impartidores de justicia con el fin de facilitar acciones conjuntas entre sistemas estatales.
- Ampliar el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias, es decir, procesos de mediación, conciliación o arbitraje. Para ello, se propone mejorar el diseño de Centros de Justicia Alternativa y crear nuevas figuras de negociación para resolver conflictos legales.
- Crear y distribuir manuales con protocolos de actuación para autoridades escolares que deben resolver conflictos en las escuelas.
- Que el Ejecutivo federal convoque a una instancia que proponga una política de acceso a la justicia en los términos del informe del CIDE. En ésta deberán participar los tres poderes, tres niveles de gobierno, academia, sociedad civil y órganos con autonomía constitucional.
- Otra de las propuestas es la creación de centros de asistencia jurídica temprana para orientar, canalizar y apoyar a las personas con conflictos.
- Se recomienda la creación de un grupo de trabajo interinstitucional con participación de los poderes judiciales estatales para diseñar un nuevo modelo de justicia familiar que puede ser probado y aplicado gradual y diferenciadamente en todo el país.
- La falta de una entidad federal que coordine la acción del gobierno federal en materia de justicia provoca desigualdades en el acceso y la calidad de la justicia. Se recomienda la creación de una instancia (puede ser una dependencia o entidad ya existente o una nueva) que sea responsable de la coordinación del Ejecutivo con el poder judicial, estados y defensorías de oficio.
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