Alguna vez escuché esta anécdota. Le preguntaron a Antonio Ortiz Mena qué se necesitaba para que los mexicanos respetaran la ley. “Un dólar”, contestó el entonces secretario de Hacienda. “¿Cómo que un dólar?”, le replicaron con sorpresa. “Sí, un dólar: lo que cuesta pasar el puente de México a Estados Unidos”. Desconozco si la anécdota es verídica pero es muy buena por ilustrativa. ¿Por qué los mexicanos que en Ciudad Juárez se pasan los altos y echan basura en la banqueta no hacen lo mismo cuando se cruzan a El Paso? ¿Qué ocurre en ese tránsito de un puente que mide 120 metros de longitud? ¿Por qué la gente no respeta la ley del lado mexicano pero sí del estadunidense? La respuesta es obvia: porque allá sí se aplica la ley; el que la hace, la paga; se castiga al que viola la norma. En suma: no hay impunidad.
Bueno, ni totalmente de un lado ni totalmente del otro. No es que en Estados Unidos no haya nada de impunidad y aquí en México sea absoluta. Por eso me gusta mucho el primer Índice Global de Impunidad (IGI) elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla. Coordinado por Juan Antonio Le Clercq Ortega yGerardo Rodríguez Sánchez Lara, el estudio tiene como objetivo medir la impunidad en 59 países del mundo donde existe información para desarrollar el índice (en las demás naciones es imposible hacerlo).
La impunidad, de acuerdo a este estudio, tiene tres dimensiones: seguridad, justicia y derechos humanos. Por medio de múltiples variables, midieron qué tanta impunidad existía en cada uno de los 59 países. Los europeos son los más destacados. Para mi sorpresa, en los primeros lugares se encuentran varios de los que antes estaban en la órbita de la ex Unión Soviética: Croacia, Eslovenia, República Checa, Montenegro, Bulgaria, Malta, Polonia, Lituania y Serbia. Luego aparecen las típicas naciones que son ejemplares en muchos rubros como Noruega, Dinamarca, Finlandia y los Países Bajos.
El primer país americano en lista con menos impunidad, en el lugar 24, es Canadá. El segundo no es Estados Unidos sino Costa Rica en el lugar 32. Nuestro vecino del norte, de hecho, aparece hasta el lugar 45. Resulta, entonces, que la anécdota atribuida a Ortiz Mena no es tan buena que digamos. El hecho, sin embargo, es que los estadunidenses sí están mejor que nosotros porque México, agárrese usted, ocupa el lugar 58 de 59 en impunidad. Sí: somos el penúltimo en la lista. Sólo nos gana Filipinas (le recuerdo que esto es en los países donde hay indicadores para medirla ya que en la mayoría de los 193 estados miembros de las Naciones Unidas es imposible hacerlo).
De acuerdo al reporte, México está muy mal en “la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia”. No es ninguna sorpresa. El CESIJ argumenta que es necesario ejecutar con mayor efectividad “los procesos de averiguación de la mayor parte de las personas que tienen algún contacto formal con los cuerpos de seguridad”. Ya no se requiere “invertir cada vez más recursos para aumentar el número de policías” sino “en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones”.
Un punto interesante es la necesidad de contar con más jueces ya que esto permitirá “reducir el número de personas encarceladas esperando sentencia y con ello también reducir la sobrepoblación de las cárceles”. En las 59 naciones que comprende el estudio hay un promedio de 17 jueces por cada 100 mil mientras que en México hay solo 4 por cada 100 mil (en Croacia, el país con menos impunidad, hay 45).
Sobre la funcionalidad del sistema de justicia mexicano, los datos son alarmantes: “casi la mitad de la población detenida sin sentencia (46%); poca correspondencia entre la cantidad de personas encarceladas por homicidios respecto a los casos denunciados con este delito; número reducido de jueces frente a la cantidad de casos que llegan a tribunales”.
Una buena noticia es que México es uno de los países que está “a la vanguardia en la generación de información estadística en materia de seguridad y justicia”. Felicitemos, entonces, al INEGI. Pero resulta que tenemos buena información pero pésimos resultados. Y si bien es cierto, como reconoce el reporte, que este problema no comenzó con este gobierno, ya es tiempo de corregir este grave problema porque la impunidad es, sin duda, la causa principal de la delincuencia y corrupción que azota a nuestro país.
Fuente.-Excelsior/@leozuckermann
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