Es necesario adoptar mecanismos institucionales que
permitan la participación ciudadana en la planificación y evaluación de la
actuación policial en México, y contar con diagnósticos confiables de la
situación general y del desempeño de todas las corporaciones policiales del
país.
Mexico,D.F 25/Abr/2015 Este es análisis elaborado por la Dirección General de Investigación
Estratégica del Instituto Belisario Domínguez “La seguridad en los municipios:
los términos del debate actual”, se indica que esos dos elementos podrían
servir para orientar las labores de mejora de la seguridad en ese orden de
gobierno.
Dicho reporte recoge los argumentos vertidos en el debate público que
se ha realizado en el Senado de la República sobre la iniciativa de reforma
constitucional, presentada el 1 de diciembre de 2014 por el Presidente la
República, la cual propone la creación de policías estatales únicas y la
intervención federal por infiltración del crimen organizado en los municipios.
Se destaca que la mayor coincidencia entre los participantes -- aun manteniendo
posturas encontradas respecto al modelo deseable de mando policial -- fue la
importancia de establecer mecanismos de participación de la sociedad civil
tanto en el diseño de las fuerzas policiacas como en la evaluación de su
desempeño.
Asimismo, se menciona que son escasas las instituciones policiales
en México que cuentan con mecanismos que permitan la participación ciudadana en
la planificación y la evaluación de su desempeño, por lo que es fundamental analizar
a mayor profundidad este tema, así como de impulsar su adopción práctica. En
este sentido, se recomienda facilitar la participación de la sociedad y de las
instituciones policiales en la planeación, diseño, ejecución y evaluación de
las políticas públicas de seguridad y la justicia, establecer protocolos de
interlocución entre los ciudadanos y el personal policial, además de protocolos
de actuación y operación de los cuerpos de seguridad.
Del mismo modo, llevar a
cabo recorridos regulares de los policías por calle, colonia o barrio, a fin de
explicar a la ciudadanía sus atribuciones y facultades, proveer datos de
contacto del responsable del cuadrante y para conocer las necesidades,
fortalezas y oportunidades de las comunidades, zonas, poblaciones y territorios
en riesgo de involucrarse en procesos violentos.
Los expertos también
recomendaron establecer la obligación para el personal policiaco de
involucrarse al menos 12 horas al mes en procesos comunitarios destinados a la
recuperación, apropiación y utilización de espacios públicos y la mejora de la
calidad de vida de las personas y las comunidades. Por otro lado, se menciona
que las cifras sobre la situación actual de las policías municipales que se
señalan en la iniciativa presidencial no pueden ser corroboradas ni
contrastadas con otros documentos públicos provenientes de fuentes oficiales,
pues no se han publicado diagnósticos gubernamentales sobre las corporaciones
policiacas en México.
Se ejemplifica que las estadísticas mencionadas en la propuesta
del Presidente de la República no reportan cifras delictivas para todos los
municipios del país, pues sólo presenta datos para alrededor de mil 800 de un
total de 2 mil 450. Frente a esta problemática, se subraya, es importante hacer
notar que hasta el momento no existe una fuete estadística ni un diagnostico
detallado que permita examinar la incidencia delictiva y la situación de la
seguridad publica en todos los municipios del país. Indica que en la iniciativa
se menciona que los niveles de confianza obtenidos por las policías municipales
son muy similares a los conseguidos por las estatales y judiciales, “todos
ellos muy por debajo de los correspondientes al Ejército y a la Marina” “Si se
considera que estos datos son los suficientemente sólidos como para plantear la
desaparición de las policías municipales, entonces estas mismas cifras indican
la urgente necesidad de plantear la transformación de fondo para las policías
estatales, judiciales y ministeriales”, se apunta en el documento.
Es por ello que
se propone llevar a cabo un diagnóstico más adecuado sobre la situación de las
policías en todo el país antes de proponer el mando único estatal, crear un
sistema de información en tiempo real para su monitoreo, seguimiento y
evaluación. Asimismo, generar y divulgar proactivamente información objetiva,
veraz, oportuna y completa sobre la seguridad y la justicia, desagregada por
población y por territorio. En el reporte se explica que en las discusiones que
se han realizado en el Senado, organizaciones y especialistas señalaron que la
iniciativa parte del supuesto de que los gobiernos municipales son los únicos
afectados por el crimen organizado, sin tomar en cuenta que éste se ha
infiltrado en otros ámbitos de gobierno.
Aunado a ello, se menciona que la guerra
contra el narcotráfico es una política federal, pero los gobiernos locales son
los más afectados; el municipio se encuentra postrado no solamente ante la
industria criminal, sino ante un sistema político-judicial que ha hecho posible
que el crimen organizado tenga secuestrada a la política local.
Refiere que la
mayoría de los ataques criminales en contra de autoridades y líderes políticos
locales se concentra en ocho estados: Tamaulipas, Baja California, Chihuahua,
Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Por último, se puntualiza que
castigar al municipio sin entender las responsabilidades del Estado en su
conjunto nos llevaría a minar, más que a construir, un Estado democrático de
derecho.
fuente.-Quadratin
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